Inmerso en una época convulsa definida por las luchas políticas, el siglo XXI ha sido testigo de una infinidad de desafíos mundiales. Desde la actual ineficacia de las Naciones Unidas hasta su inercia a la hora de resolver la crisis de la Primavera Árabe y la erosión de las libertades en las naciones árabes durante la última década, así como el conflicto ruso-ucraniano y el impasse de la lucha israelo-palestina, las denuncias de violaciones de derechos humanos, ocupación y uso desproporcionado de la fuerza exigen un urgente escrutinio por parte de la comunidad internacional. Aunque algunos aboguen por un enfoque mesurado, es primordial hacer frente a las consecuencias a largo plazo derivadas de permitir que cualquier nación, incluida Israel, actúe más allá de los límites del derecho internacional. 

La cuestión de exigir responsabilidades a Israel por sus acciones ha suscitado un amplio debate y críticas en todo el mundo. Las acusaciones por las violaciones de los derechos humanos, la ocupación y el uso desproporcionado de la fuerza subrayan la urgente necesidad de un escrutinio internacional.  

Esta política se manifiesta en diversos contextos, ya sea a través de escaladas militares contra los palestinos o de posturas diplomáticas y políticas en la escena internacional. Desde su creación en 1948, Israel se ha visto envuelto en una compleja red de conflictos en Oriente Próximo, que revela un patrón constante de doble rasero. Especialmente reforzado por estrechas alianzas, sobre todo con entidades poderosas como Estados Unidos y Europa, Israel ha sido eximido de una verdadera rendición de cuentas.

La historia de la impunidad de Israel

A lo largo de las décadas, una serie de acontecimientos y alianzas han facilitado la posibilidad de que Israel actuara con relativa impunidad en la escena mundial, lo cual ha socavado la justicia y ha perpetuado la injusticia en la región.

La crisis de Suez de 1956 constituye un momento fundamental en la historia de Israel para eludir las consecuencias de sus acciones. En connivencia con Francia y el Reino Unido, Israel lanzó una campaña militar para hacerse con el control del canal haciendo caso omiso del derecho y a pesar de la condena generalizada, especialmente por parte de las Naciones Unidas.

Tras la guerra de los Seis Días de 1967, Israel ocupó los territorios palestinos de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este, lo que constituyó una clara violación del derecho internacional y de numerosas resoluciones de la ONU. A pesar de las peticiones para que se retirara y de la condena de la comunidad internacional, no solo mantuvo su ocupación, sino que amplió sus asentamientos y, de este modo, afianzó aún más su control sobre las tierras palestinas.

Al diseccionar la enrevesada narrativa de Israel surge un tema recurrente: la impunidad, a menudo encubierta bajo el disfraz de la lucha contra el antisemitismo. Un momento crucial de esta narrativa se remonta a 1975, cuando las Naciones Unidas aprobaron la Resolución 3379, que calificaba el sionismo como una forma de racismo y discriminación racial. 

Esta afirmación provocó la vehemente oposición del entonces embajador de Israel, Chaim Herzog, cuya intervención se hizo famosa al hacer trizas la resolución y denunciarla como una manifestación de antisemitismo global. Sin embargo, con el paso del tiempo, las perspectivas han cambiado. Lo que en su día se anunció como la piedra angular legítima de la patria judía se encuentra ahora inmerso en debates en torno a la soberanía y la protección de los derechos humanos. 

A lo largo del proceso de Paz de Oslo y de las negociaciones posteriores, Israel siguió ampliando sus asentamientos en los territorios ocupados

La guerra del Líbano de 1982 fue testigo de la incursión militar de Israel en este país; causó numerosas víctimas civiles y una destrucción generalizada. La masacre de los campos de refugiados de Sabra y Shatila, perpetrada por las milicias cristianas libanesas aliadas de Israel, conmocionó al mundo y provocó llamamientos a la rendición de cuentas. Sin embargo, la investigación posterior de Israel exoneró de cualquier responsabilidad a sus dirigentes militares y políticos, lo que permitió que prevaleciera la impunidad.

A lo largo del proceso de Paz de Oslo, que tuvo lugar en la década de 1990, y de las negociaciones posteriores, Israel siguió ampliando sus asentamientos en los territorios ocupados, despreciando el derecho internacional y minando las perspectivas de un Estado palestino viable. A pesar de las condenas y resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, los poderosos aliados de Israel, en particular Estados Unidos, lo protegieron de repercusiones significativas.

En el siglo XXI, la impunidad de Israel ha alcanzado nuevas cotas, especialmente tras sus ofensivas militares en Gaza, como la Operación Plomo Fundido de 2008-2009, la Operación Borde Protector de 2014 y la Operación Guardián de los Muros de 2021. Estas campañas provocaron una destrucción generalizada, la pérdida de vidas civiles y acusaciones de crímenes de guerra. Sin embargo, Israel apenas ha recibido más que críticas simbólicas de la comunidad internacional, lo que envalentona su continuo desprecio por los derechos humanos y el derecho internacional.

La persistente política israelí de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este es otro ejemplo de impunidad

Además, la persistente política israelí de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este es otro ejemplo de impunidad. A pesar de las resoluciones internacionales que condenan los asentamientos israelíes como ilegales y contrarios al derecho internacional, Israel sigue construyendo y ampliando asentamientos, fragmentando aún más las tierras palestinas y dispersando a su población. A pesar de la constante condena internacional, las consecuencias por sus actos son mínimas.

A lo largo de este período, Israel ha utilizado eficazmente su influencia diplomática y sus alianzas estratégicas para desviar las críticas y obstaculizar los esfuerzos encaminados a una rendición de cuentas significativa. El poder de veto que ejerce Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha protegido repetidamente a Israel de sus continuas violaciones de los derechos y la soberanía palestinos.

Asimismo, Israel ha invocado a menudo la autodefensa y la seguridad para justificar sus acciones y, de este modo, ha ocultado las realidades subyacentes de ocupación y opresión a las que se enfrenta el pueblo palestino. La postura de Israel ante las organizaciones internacionales y el derecho internacional sigue siendo consistente. 

Las mayores masacres de la historia palestina

Durante los últimos 190 días, Israel ha seguido matando a civiles palestinos de forma generalizada mediante ataques aéreos y bombardeos contra zonas residenciales de la Franja de Gaza, así como mediante una escalada de asesinatos deliberados y ejecuciones extrajudiciales, incluidos el uso de francotiradores, ataques con drones y atentados con vehículos. Estas acciones constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad de acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Al mismo tiempo, estas violaciones constituyen una piedra angular del genocidio que Israel está cometiendo contra los habitantes de la Franja de Gaza desde el 7 de octubre del año pasado. 

El 17 de octubre, Israel cometió una espeluznante masacre al atreverse a atacar el patio del hospital Al-Ahli de Gaza

El 17 de octubre, Israel cometió una espeluznante masacre al atreverse a atacar el patio del hospital Al-Ahli de Gaza. El hospital, que era un refugio para los desplazados por los violentos bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza, se convirtió en una matanza con más de 500 mártires y cientos de heridos.

El Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos ha documentado varias masacres y genocidios, entre ellos el del hospital Al-Shifa, que registró una de las mayores matanzas de la historia palestina. Más de 1.500 personas –entre muertos, heridos y desaparecidos, la mitad de ellos mujeres y niños– se han visto afectados por la masacre israelí en el complejo hospitalario de Al-Shifa y sus alrededores. Esta información se basa en testimonios y observaciones, ya que, según los informes, cientos de cuerpos, incluidos cadáveres quemados y desmembrados, están esparcidos por el complejo y sus alrededores. 

Actual estado del complejo hospitalario de Al-Shifa tras la invasión israelí. / Mohammed al-Hajjar

Según Euro-Med, el número de víctimas mortales del incesante bombardeo israelí asciende a 41.496, entre ellas 15.370 niños y 9.671 mujeres, que se suman a 77.250 heridos. 

El fracaso en la lucha contra la impunidad de Israel

Los esfuerzos de Action Leadership para combatir la impunidad de Israel comenzaron a principios de año, cuando Sudáfrica interpuso una demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia.

Las audiencias públicas de dos días captaron la atención del mundo, ya que los representantes legales sudafricanos presentaron un caso bien documentado que demostraba cómo las palabras y las acciones del gobierno israelí en Gaza evidencian una intención genocida. Israel rechazó estas acusaciones calificándolas de “escandalosas y temerarias” y afirmó que sus ataques contra los gazatíes, que hasta la fecha han causado la muerte de más de 41.496 personas (el 70 % mujeres y niños), no iban dirigidos a civiles.

El caso presentado por Sudáfrica ha sido respaldado por más de 1.500 organizaciones de todo el mundo, con el apoyo de muchos países, entre ellos Turquía, Jordania, Brasil, Colombia, Bolivia, Pakistán, Malasia y los 57 Estados miembros de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI).

A pesar de que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia no pueden recurrirse, el tribunal carece de mecanismos de ejecución y a veces se ha hecho caso omiso de sus sentencias, como una de 2022 que ordenaba a Rusia suspender inmediatamente las operaciones militares en Ucrania, pero no hizo nada por detener el conflicto. Además, a pesar de su independencia, los jueces del Tribunal siguen sujetos a la influencia política de los gobiernos de sus países. Se espera que Estados Unidos –el aliado más cercano y firme defensor de Israel– desempeñe un papel fundamental a la hora de determinar la eficacia de cualquier posible sanción o medida contra Israel.

El Tribunal Internacional de Justicia, aunque dicta medidas preventivas contra los crímenes de guerra, carece de mecanismos de aplicación efectivos

Las implicaciones de esta impunidad van más allá de las fronteras de Israel y Palestina y amenazan la base misma de la gobernanza mundial. Permitir que un solo Estado viole el derecho internacional envía el peligroso mensaje de que los Estados poderosos pueden actuar sin consecuencias y erosionar los principios de justicia e igualdad sobre los que se fundó la comunidad internacional.

Sin embargo, el camino hacia la rendición de cuentas está plagado de dificultades. El Tribunal Internacional de Justicia, aunque dicta medidas preventivas contra los crímenes de guerra, carece de mecanismos de aplicación efectivos. Además, las consideraciones políticas y las alianzas diplomáticas impiden a menudo una acción significativa en la escena mundial.

Al final, el Tribunal Internacional de Justicia no hizo justicia a los palestinos ni detuvo la guerra, a pesar de que sí alertaba de que si Israel no paraba sus operaciones podía darse un genocidio en Gaza; a Israel no le importa ninguna ley internacional de castigo. 

El periodo de impotencia que atraviesa la ONU

La incapacidad de las Naciones Unidas para resolver el conflicto israelo-palestino es un ejemplo flagrante de las limitaciones de la organización para abordar disputas geopolíticas enquistadas. Desde el inicio del conflicto, la ONU ha lidiado con las complejidades y sensibilidades que rodean la cuestión, pero el progreso significativo hacia una resolución justa y duradera ha seguido siendo difícil de alcanzar.

Uno de los principales obstáculos a los esfuerzos de la ONU han sido las posiciones arraigadas de las partes implicadas, exacerbadas por décadas de desconfianza y hostilidad mutuas. A pesar de las numerosas resoluciones e iniciativas diplomáticas encaminadas a fomentar la paz, tanto Israel como los dirigentes palestinos se han encontrado a menudo enfrentados, poco dispuestos a hacer las concesiones necesarias para un acuerdo de paz viable.

Además, la estructura del Consejo de Seguridad, en particular el poder de veto que ejercen algunos miembros permanentes, ha obstaculizado la capacidad de la ONU para tomar medidas decisivas. Estados Unidos, en particular, ha utilizado históricamente su derecho de veto para proteger a Israel de la censura y bloquear resoluciones críticas con sus acciones, socavando, de este modo, la credibilidad y eficacia de los esfuerzos de la ONU por mantener la paz.

Mientras que algunos países han apoyado los derechos de los palestinos y han abogado por una solución, otros han dado prioridad a las alianzas estratégicas con Israel

Asimismo, la falta de un planteamiento internacional unificado sobre el conflicto palestino-israelí ha dificultado aún más el avance hacia una solución. Mientras que algunos países han apoyado activamente los derechos de los palestinos y han abogado por una solución de dos Estados, otros han dado prioridad a las alianzas estratégicas con Israel, a menudo a expensas de las aspiraciones palestinas a constituir un Estado y a la autodeterminación.

Además, el coste humanitario del conflicto, que incluye desplazamientos generalizados, penurias económicas y violaciones de los derechos humanos, sigue exacerbando las tensiones y socavando las perspectivas de paz. La continua expansión de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados, en contravención del derecho internacional, complica aún más los esfuerzos por alcanzar una solución negociada.

La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU

El 25 de marzo de 2024, “con el apoyo de 14 miembros y la abstención de los Estados Unidos de América, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución nº 2728, que exige un alto el fuego inmediato en la guerra contra Gaza durante el mes de Ramadán, respetado por todas las partes, que conduzca a un ‘alto el fuego permanente y sostenible’. La liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes”.

A pesar de la emisión de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y de la aclamación internacional a favor de un alto el fuego, Hamás se ha adherido ahora a la resolución, mientras que Israel la ha rechazado.

Israel ha rechazado de un modo desafiante la resolución de alto el fuego y ha optado por continuar su ofensiva militar contra Gaza

La reciente dinámica en torno al conflicto entre Israel y Hamás ha puesto de relieve la complejidad de alcanzar una paz duradera en la región. Tras el estallido de violencia, la comunidad internacional se hizo eco de los llamamientos al alto el fuego, que culminaron en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU destinada a detener las hostilidades. Hamás reconoció y respetó rápidamente la resolución mostrando su compromiso con la desescalada y la protección de la vida de los civiles.

Sin embargo, la respuesta de Israel ha sido muy distinta. A pesar de la presión internacional y las propuestas diplomáticas, Israel ha rechazado de un modo desafiante la resolución de alto el fuego y ha optado por continuar su ofensiva militar contra Gaza. Esta obstinada negativa a atender los llamamientos internacionales en favor de la paz plantea serias dudas sobre el compromiso de Israel con la resolución del conflicto por medios pacíficos y su desprecio por la vida y el bienestar de los civiles palestinos.

La negativa israelí al alto el fuego también pone de manifiesto la dinámica de poder que hay en juego en la región, en particular la influencia desproporcionada que ejercen Israel y sus aliados en la configuración de la narrativa y los resultados del conflicto. A pesar de ser la potencia ocupante y la parte que tiene una capacidad militar muy superior, Israel se ha presentado sistemáticamente como la víctima y ha justificado sus acciones como una actuación en defensa propia, al tiempo que ha rechazado los esfuerzos internacionales para exigirle responsabilidades por los abusos contra los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional.

Además, la no aceptación de Israel del alto el fuego agrava aún más la crisis humanitaria que se vive en Gaza, donde las infraestructuras civiles han quedado diezmadas y miles de palestinos han sido desplazados o han muerto. Al prolongar la violencia y negarse a entablar un diálogo significativo, Israel corre el riesgo de perpetuar un ciclo de derramamiento de sangre y sufrimiento que solo sirve para ahondar los agravios y animosidades que alimentan el conflicto.

Por último, las masacres cometidas por Israel, la implacable expansión de los asentamientos y las devastadoras ofensivas militares en Gaza sirven como crudos recordatorios del coste humano del poder sin control. A pesar de la condena internacional y los llamamientos a la justicia, Israel sigue ignorando a las Naciones Unidas y sus organizaciones, escudado en poderosos aliados y maniobras estratégicas en la escena mundial.

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Traducción de Paloma Farré.