En los primeros días de marzo, el Gobierno de Javier Milei apagó el servicio de la agencia pública de noticias Télam: no más cables informativos, ni fotografías, ni página web con notas sobre política, cultura, economía, deporte. Los medios de comunicación abonados al servicio dejaron de recibir reportes. Prácticamente todo lo que sucede lejos de la ciudad de Buenos Aires –donde están radicados los principales medios de alcance nacional en un país con un territorio extenso y vastas zonas rurales– ha dejado de ser noticia. Télam era la segunda agencia periodística de habla hispana en importancia, luego de la española EFE, que es una empresa pública. Télam era un portal informativo online sin muro de pago  al que acceder para conocer las noticias del día, mientras buena parte de las empresas periodísticas se vuelcan en el modelo de negocio basado en la suscripción. Ya no. Cualquiera que busque ahora mismo una imagen de las protestas que llevan una semana ocupando las calles de la provincia de Misiones verá fotos tomadas por agencias de noticias extranjeras, atraídas por la magnitud de una movilización que incluye a policías uniformados marchando en reclamo de mejores salarios. Los acontecimientos provinciales que no entren en este radar quedarán sin cobertura en los medios nacionales.

Otras noticias de los últimos seis meses. El Gobierno cerró sucursales del Correo Argentino –la empresa prestadora del servicio de correo en el país– en decenas de pueblos y las complicaciones para la vida de sus residentes son innumerables. El Gobierno anuló la condición de servicio esencial de la prestación de internet; así, las pocas empresas que ofrecen conexión pueden subir las tarifas sin control; por supuesto, lo hacen. El Gobierno ha dejado de fomentar los medios de comunicación no comerciales; las radios comunitarias, con más de treinta años de historia en la Argentina, se  han visto obligadas a reducir su programación porque no puede afrontar el aumento de las tarifas de la electricidad ni recibir el apoyo de sus audiencias, cada vez más empobrecidas. El Gobierno cerró las redes sociales de todos los medios públicos, incluidos los canales de televisión educativos, sin explicación. El Gobierno sigue cobrando el impuesto al cine incluido en las entradas, pero frenó el sistema de subsidios a la realización de películas, que ahora deben financiarse únicamente con ese impuesto.

A la hora de justificar estas decisiones, el presidente Milei, los ministros y su vocero utilizan dos tipos de argumentos. Uno es que los medios públicos son vectores de adoctrinamiento político. El término “adoctrinamiento” va siempre asociado a lo que los libertarios argentinos llaman “la izquierda”, una reunión (ficcional) del peronismo, los feminismos, los defensores de derechos (incluidos los de tradición liberal), los ambientalistas, la comunidad LGTBIQ y el trotskismo. El otro argumento lo resumió la ministra de Seguridad: “Hoy la agencia [Télam] es Twitter”. Las dos justificaciones sintetizan el dogma de la ultraderecha argentina: que el mercado sea el único ecosistema posible no es ideología, no es política, es Verdad. Es lo que debe ser y punto.

El ataque del presidente Milei a las y los periodistas –sobre todo a las– sintoniza con esa vocación de clausura. La ira presidencial, el insulto, la búsqueda de la humillación, del escarnio es el principal mensaje de sus redes sociales. Desde que comenzó su gobierno, todas las asociaciones profesionales de los medios de comunicación –con históricas diferencias ideológicas– se pronunciaron para denunciar este tipo de agravios, más de una vez. Pero, los repudios no hacen mella. La tropa presidencial en las redes sociales realiza ataques orquestados contra las voces críticas, de manera sistemática, cotidiana, infinita. No se trata de victimizar a nadie sino de subrayar que esta estrategia está dirigida a destruir el espacio público que podría existir en las redes sociales. No se puede cerrar X [antes Twitter], pero, en cambio, se puede transformar en un campo en el que nadie quiere estar y, mucho menos, pronunciarse. 

El achicamiento de las instituciones públicas y de las políticas de fomento y subsidio tiene el consenso de un sector grande de la sociedad que votó a la ultraderecha. Ese consenso tiene explicaciones de diverso tipo. Una es la estigmatización de los trabajadores estatales, a los que se les asocia con empleados privilegiados, una corriente de opinión que creció durante la pandemia. El cierre de las instituciones culturales, al igual que la reducción de los planes de asistencia social, tienen un aire de revancha. 

En ese campo de descontentos, la ultraderecha encuentra adhesión para llevar adelante una restauración jerárquica. La salida no es democratizar más la gestión de lo público, pensarlo, mejorarlo, refundarlo, abrirlo al escrutinio, hacerlo más eficaz. Su proyecto histórico es clausurarlo. Como si se dijera: que no se hable es mejor a que se hable demasiado. Y no es solo eso, lo que habrá después de cerrar lo público será la mercantilización total. Como si se quemara un bosque a donde todxs íbamos a recoger leña para luego vender la tierra y construir allí un hotel de lujo.

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Paula Litvachky y Ximena Tordini forman parte del Centro de Estudios Legales y Sociales.