Tras varias reuniones y desencuentros entre las organizaciones LGTBIQ+ y la Generalitat Valenciana, la tradicional marcha del Orgullo, que Lambda y otros colectivos convocan desde hace 37 años, no tendrá su fiesta posterior en la plaza del Ayuntamiento de València. En su lugar habrá un acto reivindicativo para protestar por el pinkwashing institucional. Los colectivos LGTBIQ+ denuncian la “injerencia” por parte del director general de Diversidad, el popular Stephane Soriano, en los actos del Orgullo.

Fran Fernández, coordinador general de Lambda, explica, en declaraciones a CTXT, que “esto no se entendería el 8 de marzo, ni el día del Trabajo, por lo tanto, no lo vamos a admitir el día del Orgullo. No necesitamos que nos coordine nadie”. Fernández relata que, en la reunión mantenida en octubre con Soriano, este les dijo que “quien no colabore en los comités creados por el PP, no recibirá subvenciones para el Orgullo”, ante lo que ellos replicaron que “el derecho a la manifestación es un derecho garantizado por la Constitución”.  “Si para obtener subvenciones para el Orgullo hemos de plegarnos a sus pretensiones, saldremos a la calle sin dinero, porque para manifestarnos solo hace falta la gente”. Lambda tiene un convenio con el Ayuntamiento de València de cuatro años de duración y 12.000 euros anuales para la realización del Orgullo, los premios Margarita Borrás, un programa de emergencia social con la comunidad LGTBIQ+ y otras acciones de sensibilización. El acuerdo expira ahora. 

Fernández asegura que en las reuniones que han mantenido con la actual concejala de Bienestar Social y Deportes del Ayuntamiento, Rocío Gil, esta condicionaba la continuidad del convenio a “ver qué pasa con el Orgullo y cómo acabamos de contentas”. A su juicio, es “una coacción en toda regla”. 

Lambda denuncia que “Soriano se ha propuesto hundirnos y así lo dice en los corrillos. La estrategia está siendo asfixiarnos e intentar desprestigiarnos”

El coordinador general de Lambda también denuncia que “Soriano se ha propuesto hundirnos y así lo dice en los corrillos en los que se le quiere escuchar. La estrategia está siendo asfixiarnos e intentar desprestigiarnos”. Y pone como ejemplo los 14 requerimientos que han recibido para auditar las cuentas de la entidad desde que ofrecieron una rueda de prensa denunciando injerencias hace un mes. 

La vicepresidenta segunda del Gobierno valenciano y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero (PP), tuvo que responder a la oposición en las Cortes Valencianas en relación a este asunto. Camarero, que votó en contra del matrimonio igualitario cuando era diputada en el Congreso, aseguró entonces  que Lambda está “molesta con el actual Consell porque está perdiendo privilegios” y el “monopolio” que tenía con el Botànic. Según ella, son “la asociación de cabecera creada y nacida en Compromís”. Para Fernández, “esta señora está muy mal asesorada, ya que Lambda nace en 1986, quince años antes de Compromís y tres antes que el PP”. 

El pasado 21 de junio, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València celebraron una fiesta “institucional” LGTBIQ+ que apenas reunió a un millar de personas, según los organizadores. Con el lema “Celebrem”, la propuesta visual, inspirada en el tradicional pasodoble valenciano, contaba con la cantante Rosa López como plato fuerte. La artista declinó hacer el pregón y días antes manifestó que solo actuaba por obligación contractual, ya que nadie le había comunicado que esa fiesta no contaba con el apoyo de los colectivos LGTBIQ+. 

Consejo Consultivo Trans sin personas trans

En mayo, los colectivos LGTBIQ+ del País Valencià rechazaron públicamente el nombramiento de un alcalde del PP en el Consejo de Inclusión que conformó la Consellera de Igualdad, Susana Camarero. Se trata del regidor de Gátova, Jesús Salmerón, que fue diputado de Ciudadanos en la pasada legislatura. Las entidades emitieron un comunicado conjunto en el que denunciaban el nombramiento “irregular” y que otras propuestas que la Generalitat atribuye al Consejo LGTBIQ+ tampoco habían pasado por el organismo, como es preceptivo según la ley.

Fernández, que asegura “que pretenden dar apariencia de democracia”, muestra su preocupación por el intento de “tener controlado un consejo que es importantísimo, ya que es el que luego emite los informes y dictámenes sobre la legislación que nos afecta”.

Gay Games 2026 sin gays en el comité organizador

El otro frente que mantiene la comunidad LGTBIQ+ contra el Gobierno de PP y Vox es la organización de los Gay Games previstos en la capital del Turia en 2026. La Fundació València Diversitat (FDV), con sus entidades miembros –Lambda, Col·lectiu LGTBIQ+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar (Lambda), la Asociación de empresas y profesionales para lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de la CV (Avegal) y Club Esportiu LGTBIQ+ Dracs València–, anunciaron el pasado mes de mayo su retirada definitiva de la organización de los Gay Games en València debido a las políticas de recorte de derechos LGTBIQ+ y el secuestro del proyecto por parte del Gobierno del PP y Vox.

Los colectivos LGBTIQ+ daban así carpetazo a un proceso iniciado hace cuatro años, cuando gracias al esfuerzo conjunto con las instituciones del anterior gobierno del Botànic consiguieron imponer su candidatura a las de Múnich (Alemania) y Guadalajara (México) para ser sede de los XII Gay Games. Se calcula que el evento aportará más de 120 millones de euros a la ciudad de València.

Jorge García, secretario de la FVD, explica en conversación telefónica que el modelo deportivo de estos Gay Games pretendía “una participación no basada en las categorías binarias, sino en las características físicas de las personas que competían, de manera que siempre te enfrentabas con personas de tu mismo nivel. Y por supuesto, la promoción de las personas trans, tanto en la participación como en la contratación”. 

“Estos juegos son muy golosos porque suponen mucho dinero en turismo y no quieren renunciar a él. Pero al mismo tiempo lo que promueven va en contra de todas sus políticas”

“Estos juegos son muy golosos”, señala García, “porque suponen mucho dinero en turismo y no quieren renunciar a él. Pero al mismo tiempo lo que promueven va en contra de todas sus políticas, tanto del PP como principalmente de Vox. ¿Cómo van a aceptar unos juegos que lo que están promoviendo es precisamente la autodeterminación de género, la participación de las personas trans, acabar con el binarismo hombre-mujer a la hora de competir y optar por otros modelos diferentes, ojo, en concordancia con la ley LGTBIQ+, la ley trans y la ley del deporte?” García da la respuesta: “Lo borramos y nos quedamos con la fiesta, la paella, el turismo, el dinero gay y el pinkwashing”. 

El secretario de la FVD explica cómo le solicitaron a la concejala de Deporte y Diversidad que les firmara un compromiso expreso por parte del Ayuntamiento asegurando que se respetarían los tres pilares básicos del modelo presentado en la candidatura. A lo que la concejala les contestó que “el Ayuntamiento jamás podrá ofrecer ese compromiso porque tenemos los socios de gobierno que tenemos [en referencia a Vox] y eso nunca se va a poder cumplir”. Para García, “Vox quiere que los Games sean en Valencia, ellos están metidos en el comité organizador desde noviembre, desde mucho antes que las entidades supiéramos que ese comité organizador existía. Lo que pasa es que quieren que sean como ellos quieren: unos juegos donde no participen personas trans ni se visibilice la autodeterminación de género. Simplemente habrá deporte, turismo, paella, sol, playa, sangría y dinero”. 

Vox, la censura y la bandera de España

La ofensiva de Vox empezó en 2023 cuando retiraron libros infantiles de temática LGTBIQ+ del área infantil y juvenil de la biblioteca municipal de Burriana (Castellón). Según el comunicado de prensa del concejal de Cultura de Vox en el municipio, el objetivo era  “cumplir con la ley y el deber de proteger a los menores de contenidos pornográficos y escandalosos”. 

En marzo, el vicepresidente de la Generalitat y Conseller de Cultura, Vicente Barrera, se negó a adherirse al programa institucional “Orgull de Comunitat” porque consideraba que “en la Comunidad Valenciana no existe un problema de discriminación, inclusión y respeto”. 

Y la última: días antes de lanzar la campaña institucional del Orgullo de la Generalitat impulsada por el PP, el concejal de Comercio, Consumo, Familia e Infancia de Castellón, Alberto Vidal (Vox), lanzaba un mensaje en sus redes sociales en el que afirmaba que su partido defiende “a las personas homosexuales sin distinciones ni etiquetas”. Y cargaba sobre el asociacionismo. “No te dejes engañar por el colectivo LGTBI, que quiere destruir tu individualidad y colectivizarte en su rebaño de colorines para usarte ideológicamente”, decía el concejal de extrema derecha mientras enarbolaba una bandera española por las calles de Castellón