“Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico”. Ha dicho solemnemente la recién elegida presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, entre el aplauso enfervorecido de quienes quisieron ver una moción de censura judicial al presidente Sánchez y al colonialismo sanchista y el silencio pávido de quienes prefieren evitarse problemas y ser señalados ante la plebe como colaboradores del sanchismo. 

Cualquiera que haya escuchado a la presidenta del CGPJ ha debido quedarse con la impresión de que los jueces y magistrados españoles, aparte de ser un poco machistas, componen un colectivo de excelentes servidores de la ley cuyo inmaculado trabajo solo tiene dos inconvenientes: que los demás poderes del Estado no hacen más que interferir y que les insultan cuando no gustan sus siempre atinadas decisiones. Sería bueno que, en esta línea de decirle la verdad al poder, la presidenta nos explicará por qué ellos solitos, sin interferencias de los malvados políticos, han tardado más de un mes en elegirla y han debido saltarse sus propias reglas para hacerlo.

“El Banco de España no es un ente fiscalizador del Gobierno. No es un contrapoder del Gobierno… En su propia ley, tiene escrito que tiene que asesorar al Gobierno. Por supuesto que debe ser independiente y autónomo, que es lo que me sirve como ministro de Economía. No quiero que me replique lo que yo ya tengo dentro del ministerio”, ha declarado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, preguntado por el polémico nombramiento de José Luís Escrivá como gobernador de la institución monetaria. Palabras que han proporcionado argumentos, tanto a quienes defienden la designación como un ejemplo prístino de selección ejemplar para comandar uno de los altos organismos del Estado, como a quienes denuncian el penúltimo golpe de mano del insaciable colonialismo institucional sanchista. 

En esta función pedagógica de explicar pacientemente al mundo para qué sirven las instituciones del Estado, puede que no fuese mala idea que el ministro que está deseando que le pregunte la oposición nos explicase si la estructura del Banco de España no resulta un tanto excesiva para acabar funcionando como una simple asesoría, o si para obtener criterios independientes y autónomos basta con salir del ministerio o también conviene salir del Ejecutivo o incluso de más lejos. 

“Esa es la estrategia y de ahí las reuniones que se llaman bilaterales, como si fuéramos distintos Estados…. Si hay una reunión, sea para ir todos juntos… No nos va a sobornar uno a uno en la Moncloa. No podemos hablar de terruños. Quieren comprar nuestro futuro juntos y esto no va de dinero, va de España”. Eso ha dicho la presidenta de la comunidad de Madrid en el arranque de su curso político, dando pie a que unos vean el enésimo intento de marcarle el paso al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, mientras otros la aclaman como la heroica lideresa que España necesita hoy para derrotar a la amenaza sanchista. 

En un momento de sosiego entre tanto furor ayusista, tal vez resultaría interesante cuestionar qué resulta más sorprendente, que Diaz Ayuso exija en público a otros presidentes que se comporten como disciplinados militantes de la estrategia de su partido y no como máximas autoridades de sus territorios y sus habitantes, les hayan votado o no; o que la dirección del partido diga también en público que da libertad a esos militantes para comportarse como presidentes si quieren y acudir a Moncloa a defender y promover los intereses de los territorios que gobiernan. 

Usted se estará preguntando ahora mismo por qué me cuenta esto y qué tienen en común estas afirmaciones. Se lo cuento porque incluyen un grado preocupante de extravagancia democrática. A la presidenta del CGPJ sería bueno recordarle que el ordenamiento jurídico no es propiedad de los jueces. Las instrucciones se les dan en forma de leyes. Parte de los problemas que tenemos se deben a que varias entre sus señorías se comportan como si su interpretación fuera previa y fuente de legitimidad y como si fuesen la ley y el legislador quienes debieran adaptarse a ellos para resultar legítimas. Al ministro tal vez sería conveniente apuntarle que el Banco de España no trabaja para su ministerio, sino que tiene un papel y una responsabilidad propia en el funcionamiento de nuestra economía. A la presidenta Ayuso habría que volver a insistirle en la necesidad de diferenciar entre partido y gobierno; básicamente porque no son lo mismo. 

A lo mejor deberíamos empezar a plantearnos repartir manuales de instrucciones entre los operadores institucionales. La democracia es una maquinaria compleja que conviene manejar con precisión y cautela.