El caso de Aurora es uno más de entre las miles de personas desahuciadas. Todas se han quedado sin hogar porque la vivienda se ha convertido en objeto de especulación de caseros pequeños, medianos o grandes.

Aurora, mi madre, vivía en un edificio de Getafe, Madrid, desde hacía más de diez años y, en total, pasó 76 años viviendo entre esa calle y la calle perpendicular, a la que daba su balcón.

El previo 

En julio de 2022, los dos hermanos propietarios del edificio se reunieron con los vecinos para comunicarles la subida del alquiler. Estos pidieron que acabara el contrato para aceptarla. Uno de los dos propietarios comentó que no tenía dinero (aunque con la ley actual hubiera sido calificado de gran tenedor); que la subida tenía que ser efectiva a partir del mes siguiente o que de lo contrario vendería la finca. A los pocos días, envió un burofax a todos los vecinos y les dio un mes para abandonar las viviendas. Aproximadamente al mes, llegaron las demandas por finalización de contrato. El antiguo y el nuevo propietario, la empresa Dapamali Works, iban a compartir abogado.

Las visitas

Poco después llegó un hombre con una tarjeta (bastante fea) en la que se leía ‘Desokupa’. Se la fue dejando a todas las vecinas excepto a mi madre, que la rechazó. No tardó en aparecer de nuevo para decirle a mi vecina que tenía que irse de la casa: una migrante separada y madre de un niño pequeño y una bebé. Llamamos a la policía, pero no lo identificaron.

El hombre de Desokupa le dijo a mi vecina, migrante y madre separada de dos niños, que se fuera de su casa

Estuvo visitándonos durante dos años. También nos enviaba mensajes por WhatsApp. El día de Reyes de 2024 nos trajo un regalo: el anuncio de que el edificio había sido declarado en ruinas y que nos iban a desalojar. Contestamos diciendo que ya iríamos nosotros al departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Getafe para que nos lo confirmara. Aquel hombre subestimó nuestros conocimientos y nuestras capacidades.

El juicio

La fecha del juicio se aplazó de abril hasta octubre de 2023. En abril se vendió la finca a Dapamali Works. Recibimos asistencia jurídica a través del turno de oficio. El día del juicio no se presentó la procuradora y gracias a una amiga abogada que estaba en el juzgado me enteré de que se la podía sancionar. No entro en detalles del juicio por inseguridad legal.

La sentencia

El juez firmó la sentencia rápidamente. Y en efecto, el Juzgado Nº3 de Getafe da la razón a la propiedad y da por finalizado el contrato. No entendí por qué me condenaron a pagar los alquileres dado que le habíamos seguido pagando al antiguo propietario hasta un mes después de celebrarse el juicio. Lo hicimos así porque no teníamos los datos de la nueva empresa propietaria (recientemente, el Sindicato de Inquilinos nos informó de que los nuevos propietarios están obligados a comunicar la dirección por burofax. Pero nosotros nunca recibimos esa comunicación).

El abogado nos dijo que no se puede recurrir la sentencia porque había que abonar la cantidad que se indicaba.

El intento de compra

Este verano, a mediados de julio, aparecen –¡por fin!– el nuevo propietario y otra persona que no figura en la S.L. y que actúa como intermediario. Vienen a “negociar”. Les preguntamos si podíamos alquilarles el piso y contestaron que ellos no eran rentistas. Entonces, nos ofrecemos a comprarlo: una hipoteca es más barata que un alquiler en Getafe. Nos dicen que sí. A las dos semanas, nos dan la cifra que piden por el inmueble. Tras realizar intentos infructuosos para buscar información sobre el inmueble a través de la Nota Simple del Registro de la Propiedad, terminamos por renunciar a la compra.

Cómo nos enteramos de la fecha del desahucio 

En esas conversaciones de julio para comprar la vivienda, el intermediario nos envió por WhatsApp un auto de ejecución fechado en mayo con el desahucio programado para el 11 de septiembre. Era la primera noticia que teníamos. Escribimos al abogado y le pedimos que solicitara el aplazamiento que ofrece el Real Decreto-ley 1/2024 en casos como este. Este se lo pensó durante cinco días alegando que había un informe de vulnerabilidad y que era suficiente para celebrarse una “mini vistilla”. Al final accedió y la documentación llegó al juzgado el 29 de julio. Agosto es un mes inhábil.

La reunión con la Alcaldía

Según la alcaldesa de Getafe, no hay viviendas disponibles. Nos ofrece el apoyo de la Concejalía de Bienestar Social y la asistencia de la abogada de Vivienda, especialmente al ser un desahucio solicitado por una S.L.

El 20 de agosto nos recibió la abogada de Vivienda y nos informó de varias cuestiones. Entre otras, que la sentencia se podía haber recurrido a la Audiencia Provincial de Madrid porque la demanda era por finalización de contrato, no por alquileres. Además, valoró que el caso es digno de beneficiarse del aplazamiento recogido en el Real Decreto.

Los días previos al desahucio

La abogada de Vivienda nos volvió a citar el 5 de septiembre. Durante la misma cita, llamó al juzgado Nº3 y le comentaron que estaban con el asunto. Nada concreto.

El lunes 9 llamé yo: me dijeron que el juez fallaba ese mismo día. A la mañana siguiente, día 10, la abogada de Vivienda nos llamó para decirnos que el juez había denegado el aplazamiento. Esa misma tarde recurrimos el auto. Por la noche pedimos acompañamiento al Sindicato de Inquilinos y accedieron rápidamente.

El 11 de septiembre a las 9:30h tuvimos la cita con la Comisión Judicial porque es la fecha del lanzamiento. Vuelvo a recordar que la única comunicación de desahucio es la que me envió por WhatsApp el intermediario de la propiedad. La Comisión llegó 15 minutos antes. Lo que ocurrió con la Comisión Judicial es complicado de explicar porque no podemos probar lo que vivimos durante cuatro horas. Nos dieron cinco días más de plazo para irnos.

El día 12 de septiembre el recurso es admitido a trámite. Al día siguiente, Dapamali Works S.L. presenta su alegación. A día de hoy, el juez del Juzgado Nº3 de Getafe sigue sin pronunciarse.

La solución habitacional

Gracias a la convocatoria del Sindicato de Inquilinos, un familiar se entera de nuestra situación y nos ofrece un plan B; mudarnos a la vivienda de sus padres, que estaba cerrada. El plan A era “repartirnos” en dos viviendas.

A las 7:15 ya había cuatro efectivos de la UIP en la puerta del portal y dos lecheras en la calle

El desahucio

Solo necesitábamos dos días más. Prácticamente habíamos podido sacar todos nuestros enseres durante el fin de semana.

La Comisión Judicial tenía que llegar el 16 de septiembre a las 10:30, la convocatoria del Sindicato era a las 8:30, pero a las 7:15 ya había cuatro efectivos de la UIP en la puerta del portal y dos lecheras en la calle. Cortan todos los accesos. Según relatan algunos de los participantes en la concentración, había un total de 16 furgonetas de UIP rodeando la manzana.

La Comisión Judicial volvió a llegar 15 minutos antes de la cita y la policía impidió que la abogada de Vivienda y dos personas de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Getafe acompañasen a mi madre. 

Me acompañaron dos policías municipales. Una vez allí, me informan de que tengo 45 minutos para recoger todo

Después del lanzamiento no tengo acceso a recoger mis objetos personales. Gracias al juez de guardia y a la abogada de Vivienda consigo una cita al día siguiente para poder acceder a la vivienda. Me acompañaron dos policías municipales y un representante de la empresa. Una vez allí, me informan de que solo tengo 45 minutos para recoger todo.

El estrés me jugó una mala pasada y recordé que había olvidado algunas cosas importantes. Escribimos al abogado de la otra parte y nos dijo que Dapamali Works, S.L. le había dicho que dejé la vivienda vacía. Falso. Pedí el testimonio de los dos policías municipales y, a día de hoy, no hemos tenido respuesta.

Hace pocos días pude recuperar casi todos los objetos gracias al aviso de un vecino: “Ha llegado un camión y están bajando las cosas”. Las recuperé por casualidad, porque impidieron que tocara nada a la vez que me comentaron que era basura y que se las llevaban al vertedero. Llamé a la Policía Local y me dijeron que ellos no intervienen en estos casos. La Policía Nacional tampoco apareció: alegaron que ellos no pueden hacer nada y que haga fotos para ir a denunciarlo a la comisaría. Nota importante: mi padre llegó antes que yo y un policía municipal le impidió que se llevara dos bolsas a pesar de que hubo un vecino que atestiguó la relación con la familia. ¿Puede ir la Policía Municipal o no?

Todo el proceso me genera una serie de preguntas a los actores involucrados, un comentario a la Comunidad de Madrid y algunas reflexiones.

Preguntas: 

1. ¿Un whatsapp del propietario basta para comunicar un desahucio?
2. ¿Por qué los recursos no paralizan un desahucio? Si el recurso prospera, ¿quién repara el daño?
3. ¿Son necesarias 16 furgonetas policiales para ejecutar un desahucio? ¿Qué protocolo de actuación se aplica? ¿Qué coste supone?
4. ¿Por qué no hay una ambulancia para asistir a posibles incidencias de salud que pueda presentar durante el desahucio una mujer de 79 años con tensión ocular y arterial alta?
5. ¿Por qué la Policía Nacional impidió a la abogada de Vivienda del Ayuntamiento de Getafe y a parte de la Concejalía de Asuntos Sociales del mismo ayuntamiento acompañar a Aurora con la Comisión Judicial? ¿Actuó bajo el mandato del Juzgado Nº3 de Getafe?
6. ¿Puede una Comisión Judicial prejuzgar? ¿Puede una Comisión Judicial amenazar? ¿Puede una Comisión Judicial negar el derecho de asistencia a una persona desahuciada dentro de su domicilio?
7. El Real Decreto es la única medida (no se quiso aprobar la Ley de Vivienda) para aplazar desahucios, al denegar estos de aplazamiento, ¿por qué en los autos siguen utilizando la palabra covid? En la prórroga del Real Decreto ya no se habla de covid. Por cierto, ni antes ni durante aparece en el Real Decreto que las personas que vivan solas y que tengan hijos no se les concede el aplazamiento (Gracias, Raquel de la R.).
8. El informe de vulnerabilidad no solo habla de la situación económica de una persona que va a ser desahuciada ¿por qué se aplica solo esa parte o directamente no se tiene en cuenta en un proceso? (¡Gracias, Lourdes!) Es el caso de Aurora: 500 euros de pensión no contributiva que otorga el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a las miles de mujeres que viven en Madrid.
9. Ministro del Interior. Van dos preguntas para usted: 

1ª: ¿Cuándo va a hacer público el protocolo de actuación por parte del Cuerpo Nacional de Policía cuando acuden a una llamada de una persona que sufre el acoso de Desokupa? Según su gabinete de prensa, existe, pero no es público. Muéstrelo.

2ª: ¿Qué hacemos cuando un policía impide a una persona realizar una denuncia en comisaría por el acoso de Desokupa? ¿Le llamamos a usted para informarle? ¿Debemos llamar al comisario?

10. Ministra de Vivienda, estoy segura de que recibirá inmediatamente a los representantes que participen en la próxima manifestación convocada el 13 de octubre. Si no es así, márchese: necesitamos un Ministerio competente ante la gravedad de la situación.

A la Comunidad de Madrid y a su presidenta

Su nueva ley del suelo deja vía libre para que, por ejemplo, las sociedades limitadas dedicadas a la vivienda puedan ponerse a destartalar edificios sin tener una licencia de obras: les basta con un documento de responsabilidad civil para comenzar con las obras hasta que llegue la licencia. En el caso de Aurora, esa licencia no llegó porque los escombros fueron volcados dentro del edificio, no en un contenedor de obra. Si no tiene compasión por una mujer de casi ochenta años, piense que hablamos de edificios de hace casi un siglo y se puede producir, aún más si cabe, una desgracia.

Cada vez acumulan más víctimas: las 7.291 mortales durante la covid y las no mortales por el acoso inmobiliario, la situación económica, el despojo de una vivienda sin solución habitacional y los desahuciados de hasta los albergues. Su violencia es digna de estudio. Su proceder es caníbal.

Reflexiones

Los ayuntamientos están atados de pies y manos por los juzgados y las empresas especuladoras de la vivienda

Los desahucios no son como un cuento de Dickens (¡gracias, Carlos!). Estas bestias van a por todas: lo importante es dónde vives.

Los ayuntamientos, sobre todo los de la Comunidad de Madrid, están atados de pies y manos por los juzgados y las empresas especuladoras de la vivienda. ¿Realmente las ciudades las gobiernan los representantes elegidos?

Termino dirigiéndome a quienes van a ser desahuciadas 

Antes que nada, poneos en contacto con el Sindicato de Inquilinas, la PAH, Stop Desahucios, etc.

Sed muy rigurosos con la documentación que os envía vuestro/a abogado/a y exigidle el reporte de que el/la procurador/a ha enviado la documentación: desde sentencias, informes o documentación sobre el desahucio. Esto último es muy importante. En el caso de Aurora, no fue informada de sus derechos y deberes sobre los objetos de la casa: ni por parte del abogado ni por parte de la Comisión Judicial. Si durante el desahucio la persona no señala sus pertenencias y no se hace un inventario, el dueño puede alegar que esos objetos han sido abandonados por el inquilino.

Agradecimientos

A los amigos que me habéis aguantado con este soniquete durante año y medio, reconfortándome con la escucha y el cariño. A Adri y a Andrés del Sindicato de Inquilinos. A las muchísimas personas que habéis llamado y nos habéis enviado muchísimo afecto y apoyo. Habéis sido maravillosas.

En mi cabeza están las mujeres y hombres no demasiado jóvenes que esperan su desahucio. Cuando se vive en primera persona entiendes cada palabra y cada gesto. Comprendes que su corazón está en vilo.