1- Las manifestaciones a favor de una vivienda asequible son la verbalización de un problema, sin respuesta política, formulado hace ya dos décadas, se dice rápido. Por lo mismo son un fenómeno inconcluso, que puede ser que ahora, como antaño, tan solo esté ensayando forma, hasta adquirir la definitiva para un periodo. Podrían ser acampadas, huelgas de alquileres, o X, siendo X algo nuevo, incalculable, muy costoso electoralmente para el PSOE, e importante para visualizar lo que ha pasado. Lo que ha pasado: el incumplimiento, en modo chiste, de manera gratuita, sin prever las consecuencias sociales, políticas y electorales, del pacto de gobierno –de la anterior legislatura– para limitar el precio del alquiler. Una omisión que, de repente, zas, se ha vuelto muy costosa y metafórica: recordemos, hermanos, que en aquella primera legislatura de un gobierno de coalición, el negociado vivienda lo llevaba, snif, un tal José Luis Punto Ábalos.

2- Por otra parte, la mayoría parlamentaria gubernamental de pronto es más cara que la semana pasada. Lo que indica que flota en el ambiente cierta desconfianza ante el futuro del Gobierno, que no está claro que llegue a emitir presupuestos. Los apoyos parlamentarios al Gobierno hoy se pagan, por ello, con monedas caras y nuevas –como vocalías en el consejo de RTVE; una bicoca–. A su vez, tanto Sumar –ojo: un partido gubernamental– como Podemos se distancian de Moncloa, buscando la percepción de su individualidad ante su electorado. Podemos, un partido de Guerra Cultural –están creciendo en número; ya hay cinco, o seis, según el día, en el Congreso; es la época–, cabe suponer que marque sus distancias a través de espectaculares y crispantes –y estériles, salvo para crear electricidad en su público– batallas culturales. No pinta, por cierto, que en caso de apretón electoral haya una unificación funcional de Podemos y Sumar, esas dos socialdemocracias similares, diferenciadas por el uso o no de Guerra Cultural. Con la que está cayendo –en toda Europa–, la función de sus líderes solo tendría que ser esa: unificarse de alguna manera precaria, y evitar así la victoria por KO de la mayor amenaza a la democracia desde los años treinta. Y no parece ser el caso. Los líderes de la izquierda a la izquierda de etc. nunca han estado, históricamente, muy pallá, pero parece que la hornada de 2014 está dibujando un nuevo jalón en esa tradición que Gregorio Morán denominó de grandeza, sí, pero también del tema que nos ocupa: miseria. En cuanto a Sumar, esa otra fracción de la grandeza y miseria, parece que va a orientar sus intentos de marcar distancia con Moncloa a partir de incumplimientos del pacto de gobierno, y a partir de temas que vaya forjando la actualidad. La vivienda entra dentro de esos dos packs. A lo bestia.

El Gobierno, en todo caso, descubrió hace una semana el tema vivienda

3- El Gobierno, en todo caso, descubrió hace una semana el tema vivienda. Lo descubrió a partir del aludido clima preelectoral, de las manifestaciones rollizas en Madrid y València –y a la espera de la de Barcelona; ojo con ella–, de la observación de la búsqueda de individualidad de Sumar. Y a partir de un terror, nuevo y aún no confirmado por la realidad: que la vivienda no es tan solo un problema para el votante de izquierdas o progresista, sino que es un problema horizontal, por lo que la derecha podría descubrir el filón. La derecha de Guerra Cultural, en ese sentido, puede declarar, exigir, legislar lo que quiera a favor de la vivienda pública, con absoluta libertad y pasión, y a cambio tan solo de no hacerlo. Es más, ahora que esas derechas –PP, Vox, Junts– dominan, gestionan el léxico del tema de la inmigración, podrían hacer lo propio con el de la vivienda. No les costaría nada. Palabras. Léxico.

4- En todo caso, Moncloa lo está dando todo por el tema vivienda. Todo el léxico, quiero decir. Y eso que anteriormente ya dio mucho. En julio de 2024 Sánchez anunció la creación de 43.000 viviendas, para lo que se crearía, a su vez, una partida de 6.000 millones de euros –ni 5.000 ni 7.000– en préstamos, avales y cosas acabadas en ICO. Previamente, en abril de 2023, Sánchez anunció en el Senado, que no en la ducha de su casa, la construcción de 20.000 viviendas públicas de alquiler asequible, en terrenos del Ministerio de Defensa. A las que, si se les agregaba las viviendas públicas ya proyectadas por el infatigable Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana –el de José Luis Punto Ábalos–, en “los próximos años”, sic, “habilitaremos 183.000 viviendas de titularidad pública para alquiler”. Lo que vendría a ser calderilla, pues la idea era seguir construyendo, como si no hubiera un mañana, hasta alcanzar la media del 20% de vivienda pública –actualmente, esa media es del 1’1%; Españita es el cuarto país de la OCDE, empezando por la cola, con menos vivienda de alquiler social–. ¿Qué se sabe de todas estas chorrocientasmil viviendas a fecha de hoy? Que, oficialmente, unas 80.000 están en diversas fases de desarrollo –lo que no es mucho; yo mismo estoy en alguna fase de desarrollo–, en algún punto del país favorito de la Divina Providencia. Esperemos que no sea el fondo marino.

5- Esta misma semana, la ministra de Vivienda –Isabel Rodríguez– ha aportado más datos al asunto. Ha catalogado la situación de la vivienda como “emergencia social”, que será de alguna manera paliada a través de los próximos presupuestos –ay, uy–, mediante “una movilización histórica de recursos económicos”, la incorporación de “suelo público” y, ojo, cuidadín, de “nuevas medidas para limitar alquileres”, que deben ser curiosas, si tenemos en cuenta que las medidas antiguas y efectivas fueron despreciadas por años. La ministra también habló de negociar con la UE “un fondo europeo para la vivienda” –algo, me dicen, poco probable–, así como “blindar a perpetuidad el parque público” –algo complicado en tanto a), no lo hay, y el que hay b) pertenece más bien a las CC.AA.–. Por lo demás, y para ir arreando, la ministra puso como ejemplo de todo lo que se está haciendo, y de todo lo que se hará, el plan de vivienda del Govern Illa, en Catalunya. Lo que nos lleva a Catalunya, ese laboratorio de la Humanidad. No se lo pierdan.

6- La idea del Govern Illa, en estado de elaboración más adelantada que la española –más aún si tenemos en cuenta que el proyecto español, visto lo visto, puede parecerse a mi proyecto personal de dejar el Cardhú–, consiste en crear 50.000 viviendas hasta 2030, a partir de un fondo de 4.400M€ y –ojo a este dato, que nos puede matar, o no, de risa en el futuro inmediato–, a partir del lema de Illa y de su nuevo PSC: la colaboración público-privada. Que es, recordemos, hermanos, el lema que llevó a las diversas administraciones a la venta del parque público. En esta emisión, la Gene se compromete a que, independientemente de que las viviendas construidas sean públicas o privadas –lo que no solo es fundamental, sino que sería importante esclarecer–, siempre serían viviendas protegidas. Lo público-privado consistirá en chutar 1.100M€ anuales para el asunto, en facilitar solares públicos –a la iniciativa privada, que ahorraría ese monto; se especifica que esta mañana a primera hora ya hay solares para 20.000 pisos–, y en aportar mayor rapidez en la ejecución de paleo para obra nueva en zonas de fuerte demanda –es decir, tal vez en aportar mayor desregulación–. El desglose de esos 1.100M€ anuales por cuatro años sería el siguiente: a) 500 para créditos a los promotores –no serían ICO; sería del Incasòl, un ICO cat; una vez conocí una chica que trabajaba ahí; existe–, b) 500 en ayudas al pago de alquiler –para 100.000 familias en el límite de lo posible–, y c) 100 para ayudas a menores de 35 años, para la compra de una vivienda de segunda mano, y que cubriría el 20% de la compra de un piso que nunca podría revenderse en el mercado. La cosa se empezará a movilizar en febrero de 2025 –como ven, hay fecha; como en todos los planes cat, por muy marcianos que sean–, y depende de que existan, o no, Presupuestos de la Generalitat –pinta que sí, en este caso–. Tarragona será el primer municipio en ceder terreno. Se han anunciado reuniones ya con el Gremi de Constructors, la Federació de Municipis Catalans y el Col·legi d’Arquitectes. Si todo esto, si toda esta superproducción, que es espectacular, pita, el parque público cat pasaría del 2,5% –nada– al 6% –nada–. Para paliar la situación de la vivienda sería necesario, en fin, un esfuerzo mayor y más prolongado. La emisión de legislaciones –existentes en Europa– desde otra cultura de lo público, incluso de lo político. Y, en el trance de edificar, sería necesaria, otra vez, otra cultura –también existente en Europa, que no aquí abajo–, que fuera más allá de la colaboración público-privada tradicional y autóctona –ese pelotazo subvencionado–, puesta de largo y a prueba por este nuevo PSC, pack municipal, con la cosa American Cup, que, no se lo van a creer, ha sido un éxito privado, si bien un agujero público y social llamativo, en ocasiones cómico, y siguiendo la estética de la Escuela Levantina de colaboración público-privada, que tanto hizo por la creación de riqueza en el Zaplanato-Barberato. Lo que nos lleva al punto 7.

Un fallo del plan Illa es la ausencia de contactos oficiales con asociaciones vivas y funcionales

7- Un fallo del plan Illa, una orientación sobre sus posibles límites, sobre su inteligencia incluso, un elemento que explica la poética público-privada de la que nace, es la ausencia de contactos oficiales con asociaciones vivas y funcionales que han liderado la explicación de la crisis habitacional hasta hacerla perceptible en la sociedad, hasta inspirar la creación de planes como el de Illa. Se trata de asociaciones como la PAH –“El Govern no nos han dicho nada de su plan. De hecho, al PSC hay que perseguirlo para que te diga algo”–, y como el Sindicat de Llogaters, sin duda la entidad actual con más inteligencia social sobre el tema, y que lidera no solo la movilización, sino la investigación –recientemente ha aparecido un informe suyo que explica la situación del alquiler en BCN y MAD; no se lo pierdan; hay datos como que a) el 70% de la población MAD-BCN no heredará ningún piso, lo que es el acceso más factible y probable a la vivienda; que b) el alquiler ya no es un estadio pasajero, sino que la mayoría del inquilinato envejece en esa fórmula; que c) siete de cada diez madrileños no podrá acceder a la compra en toda su biografía; que d), para el periodo 2023-24, el 56% de las compras de pisos fue, zas, al contado; que e) la mitad de las compras de pisos, para el periodo 2008-20, fueron realizadas por empresas que poseían ya más de ocho inmuebles; que e) en la última década, el número de grandes propietarios, con más de diez inmuebles, ha aumentado un 20%–; que f) ese colectivo ha inflado, artificialmente, la demanda; que g) la propiedad está siendo concentrada por un nuevo sujeto: el gran propietario–. Sin hablar, sin integrar, sin pactar con esas asociaciones, con todo ese conocimiento y con toda esa experiencia colectiva, el plan puede ser, en primera instancia, a) un beneficio para los constructores, que construirían como posesos y, además, pasarían a ser también caseros, y b) una posible renovación de la deuda, ese género, entre los menores de 34 años. Y, todo ello, sin aportar un cambio significativo en la problemática. Hablo al respecto con Jaime Palomera, del Sindicat de Llogaters. Aparten a los niños.

8- “Está muy bien que se hable de cifras de vivienda pública nueva. El problema es que 50.000 viviendas, que son las prometidas por el Govern, son tan solo las que el mercado turístico secuestró entre 2015-22. Y ya van por más de 100.000. Hablo de los pisos turísticos con licencia, ni te digo las cifras de los pisos ilegales. Por no hablar tampoco de los 418.000 pisos vacíos o destinados a usos no residenciales. O los miles que se dedican a alquileres hiper-especulativos”. “No puedes resolver el problema social que tenemos haciendo unos cuantos pisos públicos. Debes hacerlos, sí, pero al mismo tiempo debes intervenir de múltiples maneras el mercado, para evitar la especulación: frenar las compras por parte de fondos y de rentistas, coser a impuestos el uso especulativo de la vivienda –pisos turísticos, vacíos, de temporada–, y un largo etcétera, que va más allá de tímidas regulaciones del precio del alquiler”. “El modelo no está muy lejos. Es Viena desde hace un siglo: hacer vivienda pública y, a la vez, dar la batalla al mercado, porque es ahí donde está la mayor parte de la vivienda, y donde se dan las dinámicas especulativas que lo distorsionan todo”. “Bruselas es otro ejemplo: el municipio persigue las viviendas vacías y las requisa, literalmente, para alquiler social, si el propietario no las pone en alquiler”.

9- Es importante la construcción de vivienda nueva social. Saber quién la detenta. Y saber también cómo se construye, bajo qué idea de vida cotidiana, de ciudadanía. Y, más aún, cómo se legisla y regula el mercado, que es lo que rodea y amenaza a esa vivienda nueva social. Si no tenemos de todo eso, lo único que sabemos es que podemos no tener nada. Hace años que no tenemos de todo eso. ¿Existe en los partidos, que han impedido todo eso, la cultura para crearlo? ¿Se está gestionando, allá donde se está gestionando, una respuesta al problema –ya dramático y estructural– de la vivienda? ¿O se está gestionando una, otra, colaboración público-privada? Veremos.