La Comisión Antiviolencia tiene la importante tarea de realizar recomendaciones para prevenir posibles incidentes de los aficionados en los estadios y también la de proponer sanciones cuando en las gradas se producen hechos de tipo violento, racista, xenófobo o intolerantes. Sus decisiones pueden acabar con fuertes castigos a clubes y a espectadores, tanto económicos como de cierre de gradas o prohibición temporal de asistir a partidos. Estudia y juzga cuestiones de las que están pendientes millones de personas. Y sin embargo, las identidades de sus integrantes no son públicas, lo que va en contra de la política de transparencia que debe primar en cualquier organismo público.

Adscrita orgánicamente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, su nombre oficial, ha sido noticia en las últimas semanas. Más allá de su rutinario trabajo, a raíz de diferentes incidentes ocurridos en algunos campos de fútbol, sus decisiones han generado polémica entre los hinchas de distintos equipos, dada su mayor o menor celeridad o dureza en las sanciones propuestas a la hora de valorar diferentes casos. Eso ha puesto el foco sobre la actividad de esta comisión y sus integrantes, y ahí se ha descubierto el secretismo que existe sobre sus componentes.

Jerárquicamente, la Comisión se compone de un pleno compuesto por 33 miembros repartidos de la siguiente manera, según el Real Decreto 748/2008 de 9 de mayo: cuatro puestos por el Ministerio de Educación; cuatro por el Ministerio del Interior; uno por el Ministerio de Trabajo; uno por el Ministerio de Sanidad; un miembro de la carrera Fiscal, designado por el Fiscal General del Estado; tres en representación de las comunidades autónomas; uno propuesto por la Federación de Fútbol y otro por la de Baloncesto, y otro miembro a propuesta del resto de las Federaciones deportivas; dos de cada una de las ligas profesionales; dos de las Asociaciones de deportistas donde exista competición profesional; tres elegidas por el Ministro del Interior entre personas de reconocido prestigio en el ámbito de las competencias de la Comisión; un representante de la Asociación de Prensa Deportiva; un representante de los colectivos arbitrales en que haya competición profesional; y tres de entre miembros de asociaciones de aficionados u organizaciones no gubernamentales. Su permanencia en la Comisión es de cuatro años, aunque su puesto puede ser renovado.

El órgano ejecutivo del Pleno es la comisión permanente, que se suele reunir cada 15 días y es la que estudia los casos y hace las propuestas de sanciones, que en último caso serán ratificadas o no por las Delegaciones de Gobierno, la Secretaría de Estado de Interior o en el caso de las más graves, por el Consejo de ministros. Esta comisión permanente está compuesta por dos funcionarios designados en representación del CSD; dos funcionarios designados en representación del Ministerio del Interior; dos más designados en representación de la Secretaría de Estado de Seguridad, entre miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, respectivamente; un representante de la Federación Española de Fútbol; dos personas en representación, respectivamente, de las Ligas profesionales de fútbol y baloncesto; una persona en representación de las Comunidades Autónomas; y un miembro de la carrera Fiscal, designado por el Fiscal General del Estado. Todos ellos tienen voz y voto.

¿Por qué no son públicas tampoco las actas de las reuniones con sus votaciones? 

Pues bien, puestos en contacto con el Consejo Superior de Deportes para solicitar los nombres de las personas que integran, al menos, esta Comisión Permanente, la respuesta recibida por parte del gabinete de prensa es esta: “Los miembros de la Comisión no son nombrados expresa y nominalmente, sino que son designados como representantes de los organismos y entidades que la forman. Por tanto, los acuerdos y decisiones tomadas en el seno de dicha Comisión no responden a criterios de valoración personales sino que se ajustan a las directrices de los órganos y entidades representadas y siempre en cumplimiento de la normativa vigente”.

Es decir, según esa respuesta, parece dar lo mismo que en la comisión permanente esté una persona que otra, que tenga un criterio personal u otro, no importa si tiene más experiencia en una materia u otra, porque lo único que va a hacer es votar según la ‘directriz’ que le venga marcada desde el organismo al que representa. ¿Y qué pasa si esas instituciones tienen algún interés particular en un momento dado, si existe una supuesta alarma social, según sean los casos más o menos mediáticos, que haga que ‘la normativa vigente’ se interprete de una forma u otra y por lo tanto la indicación en el voto vaya en un sentido o en otro? ¿Por qué no son públicas tampoco las actas de las reuniones con sus votaciones? Si se supone que las personas elegidas son ‘de reconocido prestigio’, ¿por qué no suponerles la suficiente capacidad para decidir su voto sin que tenga que venir ya dictado de instancias superiores? 

Es más, ¿resulta ético que alguno de los máximos responsables de los organismos representados en la comisión, como el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, o su jefa, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, acudan de forma frecuente al palco de un campo, como el Santiago Bernabéu, y tengan relación cercana con un dirigente como Florentino Pérez y lazos afectivos con el Real Madrid? ¿Qué puede pensar la gente cuando ve antiguos comentarios de Uribes en las redes sociales diciendo: “Como el Atlético gane la Champions, no digamos las dos cosas, Madrid va a ser invivible” o también: “Si gana el Real Madrid los dos títulos será una maravilla. No digamos si gana los tres”.

¿Resulta ético que alguno de los máximos responsables de los organismos representados en la comisión acudan frecuentemente al palco del Bernabéu?

Esta decisión de no dar a conocer los actuales integrantes de la Comisión Antiviolencia, que va en contra del espíritu que promulga la Ley de Transparencia 19/2013, de 9 de diciembre, a la que está sujeta el CSD, como índica en su propia página web, y por lógica los comités que dependen de él, debe tener como motivación la de no fijar en personas concretas la toma de decisiones que pueden ocasionar polémicas en un mundo tan polarizado como el del fútbol, haciendo que de cara a la opinión pública sea un ente impersonal, la citada comisión, la que comunique sus decisiones. Da la impresión de ser todo tan secreto, tan jerarquizado, con tan poco espacio al debate y la discrepancia, que daría lo mismo que lo hiciera un robot al que cada dos semanas se le metieran unos parámetros determinados.

La última imagen que tenemos de la citada comisión es de hace casi dos años, cuando se dejaron fotografiar con motivo de una reunión por otro caso de alarma social, el muñeco colgado en un puente que representaba al futbolista del Real Madrid, Vinicius. Ahí se puede ver al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, junto a la directora general de política interior del ministerio del Interior, Carmen López García, que según una nota de prensa del Ministerio de Interior localizada en la red (después de mucho mirar) que data de octubre de 2023, era citada como presidenta de la Comisión Antiviolencia. ¿Sigue siéndolo hoy en día? ¿Se han renovado los miembros? ¿Cuándo, por qué? Demasiado secretismo, demasiadas incógnitas en algo que necesita de mayor transparencia de forma urgente.