En una carta dirigida a su padre Víctor Manuel, el flamante monarca Amadeo de Saboya le planteaba sus dudas respecto al que era su ministro de Gobernación, Ruiz Zorrilla, pues, según él, “en vez de trabajar en la consolidación de la dinastía, trabajaba de acuerdo con los republicanos para su caída”. Ciertamente, de todas las facultades que le faltaban al monarca para ejercer su labor –que eran muchas–, la intuición no era una de ellas. Ruiz Zorrilla, masón y famoso por sus enfrentamientos en la incipiente prensa escrita contra las posiciones ultracatólicas defendidas por los carlistas, acabaría dando la bienvenida a las fuerzas republicanas que se conjuraban para llevar por primera vez la república a España. La Primera República Española.

Huelga decir que el federalismo, en España, nunca ha sido una opción mayoritaria. No lo fue cuando Pi y Margall, el más convencido de los federalistas, ostentó durante un breve período de treinta y ocho días el cargo de presidente de la Primera República Española. El Partido Republicano Democrático Federal había arrasado en las elecciones del 10 de mayo de 1873, poco después de la abdicación del monarca, en unos comicios que no tuvieron ni la participación del bando monárquico –puesto que ni alfonsistas ni carlistas se postularon– ni, tampoco, de las facciones más radicales de la izquierda vinculada a la Internacional Socialista. La opción federal llegaba a España de golpe y sin un arraigo popular que sostuviera los cimientos del nuevo proyecto de Estado. Lo hacía, más bien, como una suerte de equilibrio defendido por el matemático Nash: ninguna de las principales opciones podía decantar la balanza a su favor, de modo que la opción federal se presentaba como la menos mala de las posibles alternativas. La Constitución Federal de 1873 nunca llegó a ser aprobada, puesto que los levantamientos cantonales y el inicio de la tercera guerra carlista se llevaron por delante el gobierno del último catalán que ha liderado un Ejecutivo español hasta la fecha.

El sueño de una España federal ha permanecido latente en el imaginario de la izquierda

El sueño de una España federal, sin embargo, ha permanecido –aunque aletargado– latente en el imaginario de una izquierda que se ha nutrido de las distintas identidades nacionales para reivindicar un modelo de Estado distinto al del centralismo a ultranza propio de monarcas y dictadores. Un sueño que, salvando las distancias con los eventos históricos de hace un siglo y medio, resurge silenciosamente en el contexto actual debido a una situación paralela a la que condujo a la Primera República Española, precisamente por la incapacidad de ninguno de los grandes bloques para fijar el rumbo del país de manera determinante. La derecha del Partido Popular necesita de la extrema derecha de Vox, con quien comparte una parte –no todo– del modelo territorial y económico. Pero, a su vez, la derecha y la extrema derecha requieren de las derechas catalanas y vascas, cuyo abrazo ideológico permanecerá vedado del todo hasta que se haya borrado el recuerdo y el mal sabor de boca de unos años turbulentos.

Primero el independentismo vasco mostró –Plan Ibarretxe mediante– que la negativa del Estado a aceptar por voluntad propia no era un capricho de un contexto determinado; está enraizada en la voluntad abstracta de todo Estado, e incluso quizás de manera más acusada en el caso de un país que pasó de poseer territorios a lo largo del globo, siendo llamado “Imperio”, a irlos perdiendo todos y cada uno de ellos, de manera paulatina, sin prisa pero sin pausa. Pocas cosas son más peligrosas que un trauma atragantado.

Después vino el ciclo independentista catalán, que puede encapsularse en la década larga (2012-2024) hasta el entierro tardío de Puigdemont, con su fuga ante los Mossos (“la nostra policia”) el mismo día que Salvador Illa tomaba posesión de la Generalitat después de trece años de gobiernos independentistas. Aquello acabó de disipar las fantasías de quienes creían que el unilateralismo era una opción viable y que las plegarias por la intervención divina de un ente abstracto llamado “comunidad internacional” podían dar resultado. Y ante la imposibilidad de la derecha de imponer un marco territorial de regresión centralizadora, así como de los fallidos proyectos soberanistas vasco y catalán, la opción federal vuelve a aflorar sin que nadie le dé aliento, como producto de un equilibrio de Nash que se establece por la imposibilidad de establecer orden alguno.

Hoy puede afirmarse que, tras casi medio siglo desde que España se contara como una democracia homologable a las de sus vecinos continentales, el proyecto autonómico nacido de la Transición llega a su fin. Es precisamente esto lo que transmiten las recientes palabras de Felipe González en un acto con su colega, y también expresidente, Mariano Rajoy Brey, cuando afirmó que “Te pongas como te pongas, hay que llegar a acuerdos de Estado. Si no, nos iremos todos por el sumidero”. Felipe habla de reforma constitucional (algo inaudito, si recordamos que la Constitución solamente se ha tocado tres veces; una con Zapatero, para imponer un techo de déficit estructural de acuerdo a la normativa europea; otra para cambiar la ley de sucesión monárquica y habilitar así el camino real para Leonor; y una tercera, que aún debe ser ratificada en el Senado, para sustituir el término “disminuidos” por otro que sea más políticamente correcto) con una intención política clara: que sea su voz e ideología, y no otra, la que se imponga en la reforma.

Y aquí es donde entra el “finançament singular”, el auténtico caballo de Troya del federalismo. Nadie quiere que Catalunya lo tenga de manera exclusiva. No lo quiere la derecha, por supuesto. Es más, en Catalunya tampoco parecen quererlo Junts per Catalunya ni la CUP, que lo interpretan como un denigrante premio de consolación; decían querer “el pa sencer” (el pan entero), y ahora, conformarse con las “engrunes” (migajas) no acaba de saciar su apetito electoral. Pero es que tampoco lo quiere el PSOE; no lo quiere ni su ala derecha capitaneada por García Paje, ni tampoco, aunque lo reivindique con la boca pequeña, el ala no tan a la derecha de la familia socialista. Y aunque el debate esté relativamente silenciado, la propuesta despierta también tensiones dentro de la llamada “izquierda española”, representada ahora por la participación de Sumar en el Ejecutivo.

Para la derecha derechísima, el modelo federal puede representar la mejor de las peores posibilidades

¿Y entonces, qué? Es lógico que ERC quiera forzar al PSC a cumplir su pacto de gobierno. Es comprensible, también, que el PSC haga lo propio con el PSOE, partido con el que –cosas del destino– mantiene una vinculación orgánica federal. Y es explícitamente evidente que el PSOE de Pedro Sánchez necesita de los primeros para seguir gobernando. Tan lógico como que, si da un paso en falso en cualquier dirección, todo corre el riesgo de desmoronarse. ¿Y cómo se respeta el pacto con ERC mientras se consigue que gran parte de la militancia castiza no rompa el carné de partido? Pues dando a las otras comunidades lo mismo que se le tiene que dar a Catalunya. Es una situación parecida, aunque invertida, a la de aquel chiste popular que el filósofo esloveno Slavoj Žižek utiliza a menudo: un día, un granjero es visitado por un genio, quien le dice que puede cumplir cualquier deseo que quiera, pero con una condición: de lo que él pida, su vecino recibirá el doble. Después de pensarlo un poco, el granjero responde: “¡Quítame un ojo!”.

El agio de los independentismos para abrazar el federalismo –siempre desde un parecer no quererlo– es sencillo de comprender: mejor tener más competencias que no tenerlas. Para la derecha derechísima, el modelo federal puede representar la mejor de las peores posibilidades ante la “amenaza” de la descomposición definitiva de la madre patria. Renovar el pacto constitucional español mediante una reforma federal aseguraría que España se mantenga como un Estado unitario (aunque, claro está, más descentralizado) durante algunas décadas más. Esta serviría, a su vez, para acabar con la extendida percepción de injusticia que provoca el actual marco territorial de un Estado autonómico asimétrico, donde algunas comunidades autónomas mantienen un nivel superior de desarrollo competencial que otras.

En este tablero de equilibrios frágiles, el momento federal asoma no tanto como una solución de consenso, sino como la última línea de flotación posible para reanimar, antes de que sea demasiado tarde, el proyecto político de esa tierra llamada España.