“Es principio general, aun cuando no esté expresamente declarado en nuestras Leyes Fundamentales, la publicidad de la actividad de los Órganos del Estado, porque las cosas públicas que a todos interesan pueden y deben ser conocidas de todos”.

Esto que acaban de leer no forma parte de una ley de un Estado democrático avanzado. No. Es la norma vigente en España sobre Secretos Oficiales y data de 1968. Repito, 1968. Ni había llegado Carrero Blanco a ser el primer presidente de Gobierno de la dictadura (hasta entonces, Franco acumulaba este cargo al de Jefe del Estado).

Podría parecer un sarcasmo esa introducción transcrita pero lo que rige la existencia y el cerrojo a los secretos de Estado en España es una norma del régimen del general Franco. Han pasado muchos años y sigue vigente. Diez años después llegaría la Constitución democrática y, escasos días antes de esta, se “afinó” ligerísimamente para hacer realidad, una vez más, el principio lampedusiano. Tras ello, nada se ha hecho.

Lo que rige el cerrojo a los secretos de Estado en España es una norma del régimen de Franco

Así ha llegado en vigor hasta nuestras fechas. Ni un solo retoque tras la Constitución. Ni Suárez, ni Calvo-Sotelo, ni Aznar, ni González, ni Zapatero, ni Sánchez han modificado, sustituido ni retocado la ley del dictador sobre cómo ocultar ordenadamente secretos de Estado.

Pero esa ley de 1968 no precisa modificaciones o reforma (como algunos dicen), sino una sustitución total, pues sus postulados están basados en una concepción autoritaria y cerrada del poder. Y es esta una de las herencias que han influido en que no pocos pensáramos que, al atado y bien atado, solo se le soltaron algunos, bastantes, cordeles, mientras que otros se mantienen.

La sombra del franquismo es alargada y muchas semillas quedaron en la sociedad. Incluso algunos de los que se presentaron como reformistas y hasta rupturistas ayudaron con su acción de gobierno posterior a la continuidad de resortes o mecanismos de lo que eran efectos diseminados del régimen anterior, contrario a la democracia.

Tras muchos años de gobierno totalitario o simplemente unidireccional, es frecuente la pervivencia de tics. Resulta curioso que una ley tan franquista durase siete años en el régimen del dictador (hasta el 20 de noviembre de 1975), pero esté a punto de cumplir 50 años de vigencia desde la muerte de Franco.

En España, como antes señalaba, vemos cada vez más claro cómo elementos de nuestro proceso de reforma política, loable en su momento, sirvieron para mantener ciertos tics de la época anterior. Y estos están asentados tanto en una parte de la sociedad como en el régimen de partidos, donde comportamientos opacos, autoritarios y controladores asfixian la libertad y un mínimo pluralismo interno que permita respirar.

Es el caso del ocultismo de la historia para impedir que se conozcan hechos claves sobre los que se ha sostenido una etapa que fue calificada falsamente como idílica (la transición), pero que, desgraciadamente, encerraba sombras y trampas o, al menos, algunos las hemos ido percibiendo así con el tiempo. ¿Qué fue de quienes creíamos en la transición?, nos preguntábamos.

Es suficientemente revelador que siga vigente la Ley de Secretos Oficiales del general Franco, cincuenta años después de su muerte y tras una Constitución que califica a España como “un Estado Social y Democrático de Derecho” y con un Preámbulo (lo único que el PSOE dejó redactar a Tierno Galván, el denominado ‘silente del Derecho’ por el presidente de la Cámara) que señala la aspiración de alcanzar una “sociedad democrática avanzada”.

España es un país muy remiso a facilitar información sobre datos oficiales no sólo a investigadores e historiadores, sino también al pueblo en general. Se observa un contraste con otros Estados modernos que, aun teniendo sus rémoras, son mucho más transparentes en esta materia.

Así, en el caso de EEUU, se han desclasificado documentos relevantes como los que se refieren a preparativos del golpe militar contra Salvador Allende, la protección norteamericana a las dictaduras en Bolivia y Argentina o la invasión de Irak, entre otros. Por su parte, en Inglaterra se ha levantado el secreto sobre archivos del servicio secreto británico, la guerra de las Malvinas o la implicación del Gobierno británico también en la invasión de Irak, por ejemplo.

En el caso español, en cuanto a textos oficiales que se refieren a situaciones históricas y que permitan a investigadores, historiadores y ciudadanos en general conocer algunos hechos de nuestro convulso siglo XX, nada de nada. Hace unos pocos años se anunció a bombo y platillo la desclasificación de hasta 1.900 páginas por el Ministerio de Defensa, pero el contenido, referido a 80 documentos, ¡trataba sobre… OVNIS! Desde que fue avistado el primer “objeto voluminoso de luz opaca”, en 1962 en el Ferrol (entonces “del Caudillo”).

No hay nada desclasificado oficialmente sobre la transición

Esa es en nuestro país toda la materia que ha dejado de ser secreta. Recuerda a ese dicho de “Santiago y cierra España”. Pero hay tantos otros “OVNIS” mucho más interesantes que desvelar. El poder se esconde tras una cortina o una losa o un manojo de llaves y existe una tendencia al ocultamiento, incluso porque sí, cuando su exposición pudiera poner en evidencia algunos comportamientos. No hay nada desclasificado oficialmente sobre la transición (hace ya más de cincuenta años), ni sobre el intento de golpe de Estado el 23-F, ni sobre el tardofranquismo, ni sobre lo que sucedió con no pocos asesinatos del aparato del Estado en los años ochenta, ni sobre nada.

Hace casi nueve años, por vez primera un partido, el PNV, presentó una proposición de ley que, entre otras cosas, pretendía derogar la Ley de 1968, y aprobar otra en la que se desclasificaran documentos secretos a los 25 años, diez más si se tratara de materias reservadas.

Pero la receptividad del gobierno “progresista” ha sido escasa, casi nula, y este asunto se ha ido dilatando sin pudor. El PNV, a través de su portavoz Aitor Esteban, ha presentado la iniciativa parlamentaria hasta en cinco legislaturas diferentes: las XI, XII, XIII, XIV y XV. Hace unos meses, con ocasión de lo que se denominó “plan de regeneración democrática” (bastante vacío, aparte del celofán), volvió a intentarlo y no le iban a decir que no, pero…

El gobierno del PSOE ha venido demostrando durante muchos años que no tiene voluntad de abrir ni un poco esa caja, con el temor de que sea la de Pandora que contenga, mitológicamente, todos los males. O acaso los fantasmas de España que convendría quizás sacar a ventilar.

Una de las dilaciones del Gobierno consistió en crear una comisión, una especie de estrategia de cuento chino, en la que se alargó el tiempo y la iniciativa quedó estrangulada. Por cierto, en esa comisión dilatoria parece que había una mejor disposición del Ministerio de Defensa y el Ejército, frente a la actitud remisa de la Guardia Civil. Todo quedó en nada porque concluyó la legislatura.

El gobierno del PSOE ha venido demostrando que no tiene voluntad de abrir ni un poco esa caja

Desde el pasado marzo, cuando se admitió una vez más (la quinta) a trámite parlamentario la iniciativa, se han sucedido más prórrogas. Aunque en principio no parece que la actual legislatura vaya a acortarse en exceso, un pequeño adelanto electoral podría suponer dejar de nuevo en el limbo, acaso para muchísimo tiempo, esta iniciativa. Otro escollo para aprobar la medida es que frente a los 25 años, más que razonables, que propone el PNV para desclasificar documentos, el Gobierno habla de 50 años. Del PP y de Vox ya conocemos lo que les interesa: llegar al poder, aunque sea por vía judicial, y poner más candados a todo.

En todo caso, dos contradicciones muestran la actitud renuente del PSOE respecto a esta necesaria nueva ley. En primer lugar, haber aprobado una Ley de Memoria Democrática a la que le falta un impulso real, dificultado también por las CCAA donde gobiernan, “solos o en unión del otro” los partidos de extrema derecha.

La segunda paradoja es muy reciente: la pretensión de celebrar un confuso aniversario sobre la muerte de Franco. Esto, dejando a un lado otras cuestiones, es una manifiesta contradicción con el bloqueo de la necesaria amplia reforma de lo que constituye hoy una anacrónica Ley de Secretos Oficiales, dictada por ese mismo general.

El Estado tiene ya varias deudas pendientes con la sociedad española a propósito de recuperar o conocer la memoria. ¡Y cuánto cuesta hacer efectivas las ya aprobadas! Pero mientras, muchos hechos muy relevantes de la historia contemporánea siguen guardados bajo llave, tapados y bien tapados. Son como un recuerdo de que “Franco vive”.