Imagínese que decide a acudir a clases de formación para adultos y las docentes, en variadas ocasiones, le piden que salga fuera de su aula para mirar si tiene piojos en la cabeza. O que es una estudiante de auxiliar de enfermería y durante su periodo de prácticas en el Hospital de Alicante presencia cómo una señora, pese a no presentar ningún signo de falta de higiene, no es atendida por ninguna de sus compañeras porque les da asco limpiarla. O que es usted una joven con ganas de emanciparse y busca un piso en alquiler, encuentra el que le gusta, se pone en contacto con la inmobiliaria y, tras entregar su nómina y la documentación necesaria, la dueña le rechaza como inquilina.

Deje de imaginar. Son historias reales con un denominador común: las protagonistas son mujeres de etnia gitana. Son tres de los 151 casos de discriminación que recoge el Informe Discriminación y Comunidad Gitana 2014 de la Fundación Secretariado Gitano.

La población gitana, la minoría más numerosa en Europa (con una población estimada de entre diez y doce millones de personas), es la más discriminada y se enfrenta a unos niveles de pobreza y exclusión social cada vez mayores debido a la crisis económica.

Recientes publicaciones de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), el Mapa de la Discriminación en España y el Informe sobre desarrollo social y exclusión FOESSA apuntan que el 90% de las personas gitanas en Europa vive en la pobreza, y uno de cada cinco gitanos de la UE ha experimentado violencia racista.

En España, los datos muestran que el 72% de la población gitana vive en una situación de exclusión y el 54% de esa población en exclusión severa. Más del doble que hace 4 años (26%, FOESSA 2009) y cinco veces más que el resto de la sociedad (9,5%). La tasa de exclusión respecto al empleo es muy elevada entre la población gitana (78,6% en 2013), claramente superior a la del conjunto de la población.

Pese a ser una etnia tan discriminada, la encuesta Eu Midis sobre Minorías y Discriminación señala que el 80% de los casos de discriminación en Europa no se denuncia. En España la cifra se eleva al 96% de los casos, según el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica. Las principales causas por las que no se denuncia, según la Fundación Secretariado Gitano, son la falta de información de sus derechos, la desconfianza en el sistema de protección, la asimilación del rechazo y el desconocimiento de los procedimientos y servicios.

La Fundación Secretariado Gitano, en su informe anual, señala como causas de la discriminación hacia la etnia gitana la imagen social negativa que pesa sobre ella, los prejuicios y estereotipos con los que es muy difícil acabar, al estar arraigados en nuestra sociedad y ser potenciados por la mayor parte de los medios de comunicación. Más de un 35% de los casos analizados en los últimos 10 años de publicaciones relacionadas con la etnia gitana en medios españoles, según el informe de la FSG, ha contribuido a potenciar una imagen sesgada y prejuiciosa de la comunidad gitana. En este sentido, el 24 de octubre de 2013 el comisario europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muizieks, declaraba lo siguiente: "Estas formas irresponsables de hacer periodismo pueden tener efectos tremendos sobre las vidas de millones de personas gitanas y fomentar movimientos violentos antigitanos ya muy extendidos. Aunque los gitanos no son más proclives a comportamientos criminales que el resto de los ciudadanos, la insistencia de los medios de comunicación en mencionar el origen étnico en las noticias refuerza el mito de que las personas gitanas son criminales por naturaleza. Esto no solo es falso, sino que es peligroso, ya que corremos el riesgo de contribuir a empeorar las ya tensas relaciones entre la población gitana y la no gitana en toda Europa".

La discriminación impide la inclusión social de la etnia gitana en el ejercicio de sus derechos sociales básicos como el derecho al trabajo, a la educación, a la vivienda, a la salud y en el acceso a bienes y servicios. El empleo es el primero de los ámbitos en los que más casos de discriminación ha registrado la Fundación Secretariado Gitano en la última década.

Con respecto al derecho al empleo, entre muchos de los casos que recoge la Fundación Secretariado Gitana está el de una  joven no gitana que comienza trabajar en un restaurante como ayudante de cocina y firma un contrato de trabajo hasta fin de temporada a jornada completa. Sus compañeros están muy contentos con su trabajo hasta que al poco tiempo de estar trabajando una compañera se entera de que su marido es gitano. A partir de ese momento la joven comienza a notar un trato diferente hacia ella. Sin justificación alguna, le cambian de horario y le comunican que le van a cambiar de jornada completa a trabajar solo dos horas al día. Ella, ante su necesidad de trabajar, accede. Cuando se dispone a firmar las nuevas condiciones de su contrato, la responsable le comunica que va a prescindir de sus servicios y que su puesto lo va a ocupar su propio hermano.

A otras personas ni siquiera se les da la oportunidad de acceder al puesto de trabajo al ver que son de etnia gitana, con excusas o directamente comentándoles que a su empresa "no le interesa trabajar con gitanos", porque según señalan algunos responsables de recursos humanos "con esta gente siempre pasa lo mismo", haciendo referencia a que son vagos y poco de fiar.

En la actualidad, ante un delito con motivación racista, la respuesta judicial es débil, y ante otro tipo de ilícitos discriminatorios (no delitos) los mecanismos de reparación son prácticamente inexistentes. Como ejemplo está lo sucedido en Badalona. Su actual alcalde, Xavier García Albiol, durante la pasada campaña electoral profirió insultos racistas y xenófobos de manera reiterada, contumaz y pública contra la comunidad gitano-rumana de su ciudad.

Ante dichos hechos, y aunque la Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona investigó a García Albiol al entender que había cometido un delito de provocación al odio, la violencia y la discriminación tipificado en el artículo 510.2 del Código Penal, García Albiol fue absuelto.

El antigitanismo en España y en diversos países europeos es una realidad cotidiana. Se han producido actos discriminatorios y violentos en contra la comunidad gitana, actos que atentan contra el ejercicio de sus derechos fundamentales. Concretamente, expulsiones masivas, retorno de menores, escolarizaciones segregadas, actos de violencia racista, discurso de odio, etcétera. La respuesta de las instituciones europeas al respecto sigue siendo débil.

Algunos dirigentes políticos europeos se han escudado en la crisis para utilizar un discurso racista y xenófobo con fines electorales, señalando a los grupos más vulnerables como los culpables de la situación. Este tipo de discursos que vulneran la legislación europea han producido algunos efectos perversos en la convivencia y el rechazo social hacia estos grupos de población.

Con respecto a la normativa europea, España todavía no ha cumplido con efectividad con el mandato establecido por la directiva 2000/43/CE, respecto a la creación de un organismo independiente que promueva la igualdad de trato y la no discriminación de todas las personas. Las víctimas precisan mecanismos de protección prácticos y efectivos cuando ven vulnerado su derecho a la igualdad, una asignatura pendiente de nuestro sistema judicial y policial.