El pasado enero, España se enfrentó a su último examen ante la comunidad internacional sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), con datos muy poco favorables: en 2007 el número de parados rondaba los dos millones; al finalizar 2014, eran 5,5 millones. Quienes han conseguido incorporarse al mercado laboral lo han hecho a tiempo parcial en 4,62 puntos porcentuales más que en 2007 y la tendencia es que este tipo de contratos siga en aumento. El año pasado suponía ya uno de cada siete contratos, tal y como ha alertado la Organización Internacional del Trabajo.

La falta de empleo o el empleo precario son los causantes principales de que casi 13 millones de españoles estén en riesgo de pobreza y exclusión. Se trata del 27,3% del total de la población, según un reciente informe de la European Anti-Poverty Network (EAPN).

Este riesgo se ha cebado especialmente con los más jóvenes: el 26,7% de los menores de 16 años vive en situación de pobreza, según la EAPN. El motivo de que la pobreza infantil esté más de seis puntos por encima de la tasa que corresponde al conjunto de la población es la mayor vulnerabilidad de los hogares monoparentales, en general con mujeres solas que tienen que sacar adelante a su hijos.

Además del desempleo, otro factor determinante que contribuye al incremento de la exclusión es haber perdido la vivienda habitual. Según el INE, en el tercer trimestre del año pasado 6.700 personas fueron desahuciadas de su vivienda, un 13,5% más que en el mismo periodo de 2013. El cómputo total de deshaucios que recoge el Consejo General de Poder Judicial desde que comenzó a elaborar sus estadísticas en enero de 2008 hasta hoy asciende a 360.125.

Desde que el Gobierno empezó a poner en práctica sus medidas de austeridad, no solo no ha parado de incrementarse la exclusión social, sino también la desigualdad. Las 20 mayores fortunas españolas poseen hoy tanto capital como el 30% más pobre de la población (casi 14 millones de personas), según alerta Oxfam Intermón. Eso hace que España sea el país de la UE donde más han aumentado las desigualdades económicas, lo que lo sitúa como segundo país más desigual de la UE, tan solo por delante de Letonia, según la OCDE.

"El hecho de no disponer de una vivienda digna, de un empleo o no tener acceso a una atención sanitaria adecuada puede minar otros derechos fundamentales, incluido el derecho a la vida. En una crisis económica las personas que pierden el empleo, y por tanto la capacidad adquisitiva, se convierten en más vulnerables", señala Marta Mendiola, responsable de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Amnistía Internacional España.

Los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) no son derechos menos importantes que otros derechos humanos. Pese a esto, los Estados pueden debilitarlos seriamente cuando los enuncian o los  tratan como si no fueran derechos; cuando introducen o mantienen obstáculos en su derecho interno o en la práctica; y cuando no arbitran vías y procedimientos efectivos.

La Constitución española recoge los Derechos Económicos Sociales y Culturales con un menor nivel de garantías que los civiles y políticos. Sin embargo, España ha ratificado, entre otros tratados internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) por lo que está jurídicamente obligada a cumplirlos. Según el artículo 11.1 del PIDESC, los Derechos Económicos Sociales y Culturales comprenden, entre otros, "el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia".

España también ratificó y firmó un protocolo adicional de ese mismo pacto, gracias al cual es posible que quienes hayan sufrido alguna vulneración de derechos humanos por parte del Estado español puedan denunciarlo ante la ONU. España es el único país europeo que ha ratificado y firmado ese protocolo adicional, lo que le hace tener mayor responsabilidad sobre el cumplimiento de estos derechos.

Sin embargo, existe una seria preocupación sobre el respaldo jurídico de los DESC y las consecuencias sobre la vida de las personas. El déficit de garantías y los obstáculos en la ley y en la práctica para hacerlos valer y reclamarlos es la tónica predominante en lo que a la respuesta del Estado se refiere, según denuncia Amnistía Internacional.

Conforme a lo firmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cualquier Estado, antes de llevar a cabo medidas regresivas en temas de derechos humanos, tiene que cumplir una serie de obligaciones. Una de ellas es demostrar que ha utilizado el máximo de recursos económicos disponibles para evitarlo.

El real decreto 16/2012 aprobado por el Gobierno dejó al menos a 870.000 personas en situación administrativa irregular excluidas del sistema sanitario. Mientras que el Gobierno defiende un ahorro de más de 5.000 millones de euros, Amnistía Internacional denuncia que nunca llegó a demostrarlo. Tampoco demostró si contaba con más recursos económicos para evitarlo, algo a lo que también estaba obligado. Un informe de la Defensora del Pueblo denuncia que la reforma sanitaria no produjo un ahorro apreciable, más bien al contrario: "Se produce un incremento del coste a largo plazo por los tratamientos curativos frente a la menor onerosidad de la prevención y el diagnóstico temprano". Es decir, sale más caro curar que prevenir.

En el ámbito de la vivienda la ley no prevé que los jueces, en el marco de ejecuciones hipotecarias, puedan examinar caso por caso cuál es la situación de vulnerabilidad a la que se enfrenta cada persona. Durante los procesos judiciales los magistrados no saben si se enfrentan al desahucio de una primera vivienda, segunda residencia o un local comercial.

A la hora de efectuar los desalojos hay una normativa internacional que establece una serie de garantías de protección de derechos humanos que deben cumplirse en el marco de cualquier desalojo, sea por causas económicas o por causas de disciplina urbanística, erradicación de chabolismo, etcétera. Las personas tienen que tener recursos jurídicos suficientes que les permitan defenderse; acceso a un alojamiento alternativo, en caso de no poder afrontar ellos mismos una segunda vivienda; recibir toda la información en tiempo y forma para entender cuál es su situación y de qué forma poder defenderse.

Otro de los temas más graves en materia de vivienda es la ausencia de cifras oficiales sobre cuántas personas se están viendo afectadas por los desahucios. “Antes de llevar a cabo cualquier tipo de legislación sobre vivienda, como Estado tienes que enfrentarte a la realidad de: ¿cuánta vivienda social tengo? ¿cuánta más necesito? Si no, en vez de mejorar, el problema se agrava”, asegura Marta Mendiola, responsable de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Amnistía Internacional España. Esa información es fundamental a la hora de garantizar los estándares mínimos en materia de vivienda que el Estado está obligado a cumplir.

Para poder hacer frente a esta situación se deben conocer datos segregados imprescindibles sobre cuántas de las personas son inmigrantes en situación irregular, cuántas desempleadas, cuántas mujeres solas con hijos a su cargo... Y el itinerario que sigue cada una de ellas una vez han sido desahuciados: a cuántos las autoridades proveyeron de vivienda, cuántos se alojaron en casa de algún familiar y en qué condiciones, cuántos han acabado en la calle...“El Estado no tiene, o por lo menos no hace público, un mapa de cómo afectan a los derechos humanos las ejecuciones hipotecarias”, asegura Mendiola.

Lo mismo sucede respecto de las consecuencias de  la reforma sanitaria en la salud y las vidas de las alrededor de 870.000 personas excluidas del sistema sanitario. Se desconoce.

La asistencia y el seguimiento a las familias y colectivos que están en situación de vulnerabilidad es fundamental para Oxfam Intermón, no solo en el momento en el que caen en situación de precariedad, sino también a largo plazo. "Si no se invierte ahora en hacer un seguimiento adecuado de estos colectivos vulnerables es muy posible que, en el caso de una eventual recuperación económica, estas familias no se puedan sumar al carro del desarrollo ni a una integración social y económica plena", apunta Teresa Cavero, responsable de investigación de Oxfam Intermón.

"Si esto se hubiera previsto antes de la crisis y durante la crisis, hoy España estaría ante una situación de menor vulnerabilidad social que en la que está", concluye.

La actuación del Gobierno ya ha tenido varias reprobaciones internacionales. La última ha sido el pasado enero. Tras el Examen Periódico Universal de la ONU, nueve países pidieron a España que garantizara la universalidad del derecho a la salud a todas las personas de dentro de su jurisdicción.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha advertido a España en varias ocasiones de que la crisis económica ni extingue ni atenúa las obligaciones jurídicas que tiene como Estado con respecto a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de todas las personas. Le recomienda que retire cualquier reforma legislativa que suponga un retroceso en el avance de los DESC.