Que levante la mano el que, conociendo este tipo de irregularidades, las denunciaría. Esta petición se lanzó hace un par de semanas en un evento cerrado para profesionales de prevención de blanqueo de capitales que tuvo lugar en Madrid. La sala estaba abarrotada de empleados de banca especializados en la materia.

El tema sobre el que los expertos debían manifestarse era el escándalo financiero del momento: la denuncia del Tesoro de EEUU a la Banca Privada de Andorra (BPA) y a su filial Banco Madrid por colaborar con diversas mafias en el blanqueo de capitales, y la implicación directa de sus máximos directivos.

Entre denunciar al jefe y conservar el trabajo, los trabajadores de banca no dudaron. Nadie alzó la mano.

Las leyes de prevención de blanqueo de capitales están diseñadas para que sean los bancos, además de otros sujetos obligados como notarios, abogados, marchantes de arte, etcétera los que denuncien las operaciones sospechosas que detecten, vigilen a los clientes, sus negocios e incluso a sus familias. Pero, ¿qué ocurre si quienes están implicados en la trama de blanqueo, como apuntan las primeras investigaciones en Banco Madrid y BPA, son los altos directivos? Esa colaboración activa desaparece. "No hay nadie mejor que un empleado de banca para detectar las irregularidades, pero sin la existencia de una adecuada política de whistleblowing (denuncias de malas prácticas financieras en el marco de las organizaciones empresariales) que proteja la confidencialidad del que denuncia es imposible esperar esa colaboración”, asegura un abogado especializado en la lucha contra el blanqueo de capitales que prefiere no ser identificado.

Lo que está fuera de dudas es que la lucha desde el exterior de las organizaciones contra el blanqueo no parece ser muy eficaz. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional aseguran que cada año se lavan en el mundo entre 600.000 millones y 1,8 billones de dólares procedentes del crimen organizado. Aun así, la cuantía de dinero sucio que consigue entrar en el sistema equivale al PIB de la octava mayor economía del planeta, según ha destacado en diversas ocasiones Antonio María Costa, exdirector de la Agencia de Naciones Unidas Contra la Droga y el Crimen Organizado. De ellos, apenas el 1% es detectado por las autoridades.

El dinero negro necesita una puerta para entrar en el sistema financiero y durante muchos años la trastienda de la gran banca ha sido el acceso más directo y barato para conseguirlo. Según suele explicar el inspector de Hacienda José María Peláez, montar un banco en Samoa o Barbudas apenas cuesta un millón de euros. Calderilla para cualquier mafia. Son los denominados bancos pantalla. Con ellos, se pone la primera piedra de un entramado financiero compuesto por sociedades interpuestas con sede en diferentes paraísos fiscales que, gracias a su opacidad, permiten ocultar sin demasiada complicación el origen del dinero y la identidad de sus propietarios.

Claro que, ¿quién tiene la necesidad de irse a lugares tan remotos cuando las cosas se ponen fáciles en pleno Paseo de la Castellana de Madrid?

Desde el estallido de la crisis financiera y el compromiso del G20 de luchar contra los paraísos fiscales, los bancos gastan un 53% más en aplicar medidas de prevención de blanqueo, según un estudio de la consultora KPMG. Además, los paraísos fiscales no han parado de firmar acuerdos internacionales de intercambio de información. Hasta tal punto de que la famosa lista de Paraísos Fiscales de la OCDE ya casi está desierta.

Pero visto lo visto, estos esfuerzos parecen papel mojado. Según denunció el Tesoro estadounidense el 10 de marzo, “los directivos de BPA han facilitado, a un altísimo nivel, operaciones de blanqueo de capitales a organizaciones criminales de Rusia, Venezuela y China” a través de entramados financieros entre sus sedes de Andorra, Madrid, Uruguay... Además, el Departamento del Tesoro de EEUU acusa a los directivos de cobrar "sobornos" y "comisiones exorbitantes" de redes de crimen organizado.

Los principales identificados en España son Ping, empresario chino que en 2012 fue cabecilla de una trama criminal cuya investigación todavía está abierta en la Audiencia Nacional; Andrei Petrov, cabecilla de una mafia rusa arrestado en España en 2013, y diversos políticos y empresarios venezolanos.

La noticia no pilló por sorpresa a nadie involucrado en la prevención de blanqueo en España. De hecho, apenas 24 horas después se conoció que el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, un organismo que funciona con personal del Banco de España, pero que está bajo la supervisión del Ministerio de Economía, llevaba meses investigando la actividad del banco andorrano. Su actuación ha sido objeto de muchas críticas, ya que el informe se dio a conocer apenas unas horas después de que se publicara el del Tesoro americano. ¿Lo tenían y no lo querían publicar? ¿Ha presionado EEUU? De momento, lo que se sabe es que los investigadores españoles, entre otras cosas, habían concluido que 46 clientes debían ser objeto de vigilancia especial, y habían detectado seis operaciones sospechosas.

Lo que ocurrió después ha sido contado con exhaustividad por la prensa. Dimisión de la cúpula directiva española de Banco Madrid. Encarcelación del consejero delegado en Andorra. Intervención de la entidad madrileña por parte del Banco de España. Desbandada de depósitos. Corralito. Declaración de quiebra.

La operación está llena de dudas también para los profesionales. No se parece en nada al procedimiento habitual que se sigue en estos casos, ni en España ni fuera, según afirma un exdirectivo de la lucha internacional contra el blanqueo que exige el anonimato: “Denuncia. Intervención. Liquidación y quiebra de una entidad por blanqueo. Todo en menos de una semana. Y, además, con filtraciones continuas a la prensa de los datos del informe del Sepblac. Es algo inaudito. Mucho más cuando hablamos de un banco minúsculo en el entramado financiero mundial. La única explicación que veo es que EEUU quiera ponerlo como ejemplo. Pero ni siquiera eso me convence totalmente”, asegura.

Hasta ahora, la actuación que se había seguido en casos similares no pasaba de las sanciones. En muchos casos han sido millonarias, pero irrisorias para el volumen de dinero que manejan las mafias. De hecho, el escaso efecto disuasorio de las multas ha sido una de las debilidades que el principal organismo mundial de lucha contra el blanqueo, el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero (GAFI),  ha denunciado en su último informe sobre España, en el que también afeaba a nuestro país por la lentitud en los procedimientos de investigación judicial.

La multa más alta por este motivo que se conoce en España la recibió Bankinter en el verano de 2013, cuando fue condenado con 1,2 millones de euros por "no esforzarse lo suficiente en frenar el blanqueo a través de sus oficinas de Gran Canaria". El récord mundial lo tiene el suizo Credit Suisse, que fue multado, en mayo de 2014, con 1.824 millones de euros por ayudar a miles de ciudadanos a evadir impuestos. Pero si se trata de blanqueo de dinero procedente de mafias, la multa más cuantiosa la recibió en 2013 el HSBC. Nada menos que 1.379 millones de euros por facilitar el lavado a los cárteles de la droga de México y Colombia. JPMorgan, Standard Chartered, RBS, ING, incluso Coutts&Co, el banco privado que gestiona la fortuna de la reina Isabel II de Inglaterra, han tenido que pagar multas por delitos relacionados con el blanqueo.

"Todos siguen funcionando. Nunca se planteó su intervención ni, mucho menos, su quiebra. ¿por qué se ha actuado de esta forma con BPA y Banco Madrid? Es un misterio que no sé si algún día se resolverá", comenta el exdirectivo de la lucha contra el blanqueo.

Todas estas multas reflejan que el coqueteo entre mafias y bancos ha sido una práctica habitual en los últimos años. En 2009, en plena crisis financiera mundial, el entonces director de la Agencia de Naciones Unidas Contra la Droga y el Crimen Organizado, Antonio María Costa, acusó a la banca de aprovecharse de la liquidez que ofrecían las mafias. “Algunos bancos han sido rescatados de esa forma”, aseguraba el alto funcionario italiano. No fue el único en denunciar esa realidad. La Autoridad Financiera Británica (FSA) lanzó en 2011 un duro informe en el que detallaba los principales agujeros del sistema financiero y acusaba a la banca de facilitar en exceso la labor de blanqueo. “Los bancos británicos ningunean las normas de lavado de dinero”, llegó a decir.

Es un secreto a voces que los bancos son una pieza clave en el engranaje mundial del blanqueo. La otra es la opacidad que siguen cultivando los paraísos fiscales, a pesar de sus promesas de colaboración.

El BPA pudo comprar Banco Madrid en 2010 gracias a que Andorra, paraíso fiscal por excelencia, prometió abolir el secreto bancario y compartir información con el resto de países. Andorra solo firmó oficialmente ese acuerdo en 2012. Lo mismo han hecho muchos otros paraísos como Suiza, Panamá o Uruguay. El diablo de esos contratos entre bancos y gobiernos está en la letra pequeña. En ella se dice que el intercambio de información sólo se hará cuando sea solicitada expresamente por las autoridades y referida a casos concretos. Hasta finales de 2017 no se ha establecido el intercambio de información automática. Un compromiso que apenas han firmado 54 países. La realidad es que conseguir datos concretos es casi imposible dadas las trabas burocráticas que ponen los teóricos exparaísos, según han denunciado en muchas ocasiones los inspectores fiscales españoles.

Por si esto no complicara suficientemente las cosas, hay que sumar la propia complejidad del sistema de interconexiones de la banca mundial, diseñado para minimizar los movimientos de dinero físico, pero casi un regalo a los blanqueadores. Según ese sistema, si un banco E (español) recibe un día a diversos clientes británicos que quieren enviar en total 15.000 euros a un banco GB (británico), y en éste hay clientes españoles ordenando transferencias al banco E por valor de 10.000 euros, a lo largo del día se hacen las anotaciones pertinentes y al final de la jornada se liquida el saldo. El banco español le tiene que dar al británico 5.000 euros.

La información de estas operaciones viaja a través de las redes codificada en una jerga que hasta hace poco más de un año ni siquiera tenía que identificar a la persona que hacía la operación. Es lo que se conoce como código SWIFT (parecido al IBAN con el que ahora se identifican las cuentas de las personas físicas). El SEPBLAC denunció esta fuga de información ya en 2007, puesto que con ese sistema es casi imposible rastrear la identidad de sujetos sospechosos en muchas de las operaciones investigadas. En los últimos meses, la metodología está cambiando para incluir datos que ayuden a identificar a los clientes que ordenan las operaciones.

Esto, junto a los mencionados bancos pantalla y la llamada banca de corresponsales configuran el pack casi perfecto para el blanqueo. Un corresponsal es una persona física que representa a un banco fuera de su país; algo así como una oficina andante. Es la figura que utilizan los bancos de los paraísos fiscales para tener presencia en los principales focos financieros del planeta y estar cerca de las grandes fortunas.

Así que aquello de irse con la maleta cargada de billetes a Andorra, Suiza o las Islas Caimán es ya casi una imagen de película. Ahora, es suficiente con concertar una cita en cualquier lugar discreto con uno de esos corresponsales y entregarle el dinero a cambio de un ‘recibí’. Si además este sujeto puede acercarse al Banco Madrid, por ejemplo, y entregarlo sin que le hagan preguntas indiscretas, todo se facilita. El sistema lleva décadas funcionando en lugares como Italia. El Istituto per le Opere Religiose (IOR), el paraíso fiscal del Vaticano, contra el que sigue luchando el papa Francisco, ha lavado millones de euros de las mafias.  

Hay que recordar que las leyes de prevención están centradas en controlar a las personas físicas y sus negocios, pero no a otros bancos. Los corresponsales son tratados como cualquier oficina bancaria. Sin preguntas.

El siguiente paso de la operación de blanqueo es establecer el modo de recuperar el dinero ya introducido en el sistema; el menú queda al gusto del mafioso de turno. Según las fuentes consultadas para este reportaje, los productos estrella en Banco Madrid eran las sociedades interpuestas a través de entramados entre diferentes paraísos fiscales, los fondos de inversión ad hoc y los llamados “préstamos de regreso”. Se trata de simular un préstamo, normalmente concedido por un banco extranjero, por la cantidad de dinero blanqueada. En el caso del Banco Madrid, los préstamos se ofrecían desde Andorra.

Sin duda, tras la operación BPA-Banco Madrid el blanqueo se va a complicar, al menos en Europa. Con intención o sin ella, el aviso está sobre la mesa. “El riesgo para la reputación de la banca es cada vez más alto y la tendencia es imparable. Aunque cueste unos años, estamos en el camino de que los blanqueadores profesionales dejen de tener cuentas en Europa”, asegura María García, abogada especializada en prevención de blanqueo de Amber Legal & Advisor, y vicepresidenta de la Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo (ASEPBLAC).

Pero eso no significa que el final del blanqueo esté cerca. “Simplemente se les complica y se encarecen un poco más las operaciones. Sin la connivencia de la banca, donde con una comisión a los empleados estaba todo solucionado, deberán volver a los sistemas más tradicionales y más costosos", explica un exdirectivo de organismos internacionales de lucha contra el blanqueo, que añade que el boom inmobiliario que están viviendo Londres y Nueva York refleja la lucha del dinero negro por aflorar.

Escriturar pisos por encima de su valor real, y abrir negocios casi sin actividad o lavanderías como hacía Al Capone son estrategias que vuelven a utilizarse. Pero solo entre las mafias más nostálgicas. Para los más modernos, la llave del blanqueo es Internet. “Los casinos on line se amparan en las jurisdicciones territoriales para realizar sus sospechosas, a veces, actividades de juego. Sobre todo son muy dañinos cuando la propiedad de los casinos pertenece a mafias u organizaciones criminales. Las monedas digitales son otro medio de trasladar montantes de dinero de curso legal a dinero digital para su posterior reconversión”, explica Domingo Martínez, miembro de la Junta Directiva y vocal del Instituto de Expertos en Prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo (INBLAC).

Lo más inabarcable de todo, añade este especialista, es la intensa actividad criminal que se desarrolla en la internet profunda. Considerando Internet un iceberg, la internet profunda es todo aquello que no se ve. Según la publicación especializada Popsci, la Internet que todos conocemos, la que rastrean Google y otros buscadores, tiene 147 terabytes; la internet profunda en la que se manejan las mafias y las redes terroristas además de los investigadores más frikis tiene 91.000 terabytes.

Mientras legisladores y autoridades imponen leyes para luchar contra el blanqueo del siglo XX, las mafias ya está inmersas en las inmensas posibilidades que les ofrece el siglo XXI. Y es que, como se dijo hace una semana en una convención sobre blanqueo que se celebró en Los Ángeles,  “el lavado de dinero evoluciona rápidamente y cada vez es más difícil desmontar las capas”.