Es incuestionable que el deporte del fútbol, impulsado por la aceptación mundial del espectáculo que es, ha adquirido no solo una difusión enorme, sino también una importancia inusitada. En el mundo entero su fuerza es indiscutible. Los campeonatos son seguidos por millones de espectadores a través de la televisión. Pero en España todavía es más especial. A la pasión de muchedumbres enfervorizadas se han sumado los éxitos internacionales recientes, de la selección nacional y de varios clubes, en una progresión de triunfos que hace que los entendidos, con casi  unanimidad universal, hayan dicho que en este país están  los mejores equipos que existen en este momento.  Y de otra parte, hay que recordar que el gobierno de turno del país anticipada y sorprendentemente, como si fuera su profeta, calificó un partido un partido de fútbol como bien de interés público. Claro que en ello intervino un periodista que clamaba por la retransmisión del acontecimiento y cuyas críticas quizá suscitaban el mayor temor para los políticos decisores.

Este año las diversas competiciones y las expectativas del común de vecinos  parecían discurrir por los cauces habituales, con las alternativas lógicas de la mejor o peor forma de algunos jugadores clave, y de los avatares económicos que acucian a algunos clubes. Los aficionados seguían con interés los resultados cada semana, sin otra consecuencia que la alegría del vencedor y la tristeza del perdedor. Pero hace unas semanas han sonado alarmas  amenazantes. FIFA y UEFA pueden considerar incumplidas sus normas por el Estado español. Si se valoran como infracciones ciertos hechos que no se aclaran en un decreto ley -manía de recurrir a la urgencia-, se habla de la posibilidad de que tanto la selección nacional como los equipos españoles de club sean sancionados con la prohibición de  participar en competiciones internacionales.

Esa exclusión produciría efectos desoladores entre el pueblo seguidor y un grave perjuicio en los intereses de quien los tenga y los tiene en este negocio. Sería un desastre y no el de una mera huelga a la que tienen derecho los trabajadores. Es decir, sin contrapartida para nadie. Ante ese vaticinio temible hay que preguntarse: ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo un gobierno que califica un partido de futbol de interés público puede poner en riesgo ese interés? ¿Cómo permite que se mezclen tantos elementos -derechos laborales, posible quebranto de normas,  intereses personales en lucha por el poder y hasta posible deseo de apuntarse un éxito algún político? ¿Quién pone en peligro la estabilidad de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y de los clubes en ella integrados, en el marco de  FIFA y la UEFA? ¿Y por qué? ¿Es que no importa la suerte de los profesionales cuyo sustento es el fútbol?

FIFA es la entidad internacional que organiza hegemónicamente la competición futbolística en el ámbito territorial mundial, como UEFA hace lo propio en el europeo. Constituidas conforme al derecho suizo, son entidades privadas, regidas por sus propios estatutos y reglamentos. Se reservan todos los derechos sobre la organización, control y  explotación comercial de las mismas. Y para el cumplimiento de sus fines mantienen y exigen una total independencia en su actuación respecto a las organizaciones estatales de los países cuyas federaciones nacionales admiten como asociadas. Con el fin de mantener esa independencia, se atribuyen en exclusiva la facultad de dictar las normas de competición, el régimen disciplinario y su aplicación, los requisitos para participar en la competición, la exclusión de sus asociados o la suspensión de sus derechos y todo lo relacionado con sus torneos que son de carácter privado, aunque aquí se les haya dado carácter público.

Las competiciones que organizan FIFA y UEFA son de su propiedad. Son ellas quienes perciben los beneficios de su explotación y negocian y hacen copartícipes a los equipos que formen parte de ellas. Todo ello con el debido respeto a los derechos fundamentales de los seres humanos que les prestan sus servicios y actuando en su defensa. Pero, sobre todo, son quienes deciden quién tiene derecho a participar y quién está excluido por actos propios o de su gobierno nacional.

Las competiciones que organizan FIFA y UEFA son de su propiedad. Son ellas quienes deciden quién tiene derecho a participar y quién está excluido

En el Estado español la organización futbolística está en manos de la federación nacional asociada a las internacionales citadas. Históricamente, los diversos gobiernos del país han sabido siempre negociar sin que se pusieran en cuestión las normas internas, y que se sepa nunca ha habido conflicto alguno que no se resolviera.  

Las competencias que ostentan FIFA y UEFA en el marco internacional están atribuidas, en principio, en el Estado español, a la federación nacional citada. Pero no totalmente, porque la organización de la competición profesional está encomendada a la Liga de Fútbol Profesional (LFP), que debe llevar a cabo esta función en coordinación con la Federación. Esta Liga profesional es dependiente en cierta medida de la Federación, en la que se integra, pero tiene personalidad jurídica independiente. Difícil y complicada estructura nacida de la ley española que inevitablemente puede generar problemas. Otros aspectos y materias que podrían causar problemas han sido salvados, como el de la disciplina deportiva, que podría estar envuelto en una relativa confusión. Sin embargo, en este tema, una hábil normativa interna de España armoniza un asunto que podría haber sido espinoso. Concretamente, la capacidad sancionadora que se considera materia de orden público. La fórmula es muy ingeniosa y fruto de un acertado trabajo. El derecho disciplinario se aplica por la federación nacional, pero el ejercicio de la potestad sancionadora se fundamenta en que las normas internas se otorgan a la Administración pública española, y esta se reserva la revisión de los acuerdos sancionadores, en última instancia deportiva, a través de un tribunal reconocido por la federación (órgano deportivo) formado por juristas absolutamente independientes de la Administración. Lo hace con carácter previo a la vía jurisdiccional. Ahora el tema se ha empañado. Se ha incrementado, con referencia a situaciones económicas de los clubes, el cuadro de infracciones deportivas, se han atribuido competencias en esa materia a la Liga de Fútbol Profesional – entidad, como se señala, totalmente distinta a la Federación- y los miembros del tribunal administrativo tienen que ser funcionarios, es decir, dependientes del poder público

La competición en su más alto nivel, de la que es organizadora esencial y controladora la Federación, se ha profesionalizado. Era inevitable por los intereses económicos que maneja. Pero la especial organización que tenemos en España exacerba  la pretensión de la Liga de Fútbol Profesional de hacerse con todas las competencias, dejando a la Federación solo el fútbol aficionado. Y el Gobierno quiere controlar el cumplimento de los clubes con Hacienda y la Seguridad Social.

Los futbolistas profesionales han perdido su condición de meros deportistas y pasan a ser asalariados integrados en un sindicato al que la patronal (la Liga) paga una subvención. No es negativo que se profesionalice el espectáculo deportivo siempre que a los futbolistas se les respete y reconozca sus derechos. Es negativo que el interés económico exija  ganar a costa de todo. Y lo que es definitivamente dañino es que el interés económico contamine el fútbol aficionado, sobre todo el juvenil e infantil del que se nutrirá en corto espacio de tiempo el profesional. Y, por más que se quiera, la interrelación de ambos es ineludible.

FIFA, que no es ajena a los intereses económicos del espectáculo pero dentro de principios éticos, ha detectado el peligro de que al mundo del fútbol llegue una situación de trata de personas. Ha establecido sanciones contra la contratación de menores de edad por clubes para sus futuras formaciones profesionales. La Liga profesional española no se interesa por ese terreno infractor ni lo estará. Lo desconoce. Como la federación nacional, que lo tendrá que hacer.  Y es evidente que, como dijo el entrenador argentino, el señor Ángel Cappa, al que es justo citar, a esos niños comúnmente necesitados, que se recogen en lugares deprimidos materialmente, se les da enseñanza y se les ofrecen posibilidades que unos aprovecharán y otros no tendrán oportunidad, pero, siempre y a todos, se les roba su infancia.

Si el afán de control por parte del Gobierno y el deseo de acaparar la organización del fútbol profesional en España por parte de la Liga de Fútbol Profesional priman sobre las funciones atribuidas a la Real Federación Española de Fútbol podría darse el caso de que nuestra selección y clubes tuvieran cerradas las puertas de las competiciones internacionales.

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 Rafael Andrés Mombiedro fue presidente del Comité Superior de Disciplina Deportiva