Volviendo el pasado martes de Berlín, el ministro griego de Economía, Yannis Varoufakis, me hizo notar que el uso actual de la palabra "reforma" tiene sus orígenes en el periodo intermedio de la Unión Soviética, sobre todo con Jruschov, cuando los especialistas académicos trataban de introducir elementos de descentralización y procesos de mercado en un sistema de planificación esclerótico. En aquellos años, cuando la lucha norteamericana se centraba en los derechos y algunos jóvenes europeos todavía soñaban con la revolución, "reforma" no se utilizaba mucho en Occidente. Hoy, en un curioso giro de convergencia, se ha convertido en consigna de la clase dominante. 

La palabra reforma constituye el meollo del tira y afloja entre Grecia y sus acreedores. Quizá fuera posible una nueva reducción de la deuda, pero sólo si los griegos se avienen a "reformas". Pero ¿qué reformas y con qué fin? La prensa ha utilizado el término reforma en el contexto griego como si hubiera un amplio consenso sobre su significado. 

Las reformas concretas exigidas por los acreedores de Grecia son una medida peculiar. Y tienen como objeto reducir el Estado; en este sentido van "orientadas al mercado". Pero son lo más alejado de la descentralización y la diversidad. Por el contrario, trabajan para destruir instituciones locales e imponer un modelo de política único en toda Europa, en el que Grecia no andaría a la cola sino que estaría a la vanguardia. En este otro sentido, las propuestas son totalitarias y, aunque el padre filosófico sea Friedrich von Hayek, el antecesor político es, por decirlo toscamente, Stalin.

La versión de la moderna Europa del estalinismo de mercado, en la medida en que afecta a Grecia, tiene tres puntas principales. La primera se refiere a las pensiones, la segunda, a los mercados laborales, y la tercera, a las privatizaciones. Y luego hay una cuestión dominante, la de los impuestos, la austeridad y la sostenibilidad de la deuda, a la que podemos volver luego.   

Con respecto a las pensiones, los acreedores exigen que se recorte este año cerca de un 1% del PIB en pensiones, en un país en el que la mitad de estas está en cantidades por debajo de la línea de pobreza. Esa petición específica supondría recortar cerca de 120 euros de pensiones que se encuentran en una escala de 350 euros o menos al mes. El gobierno responde que, si bien el sistema precisa de reformas – la pronta edad de jubilación actual resulta insostenible –, esas reformas sólo pueden hacerse gradualmente y acompañadas de la introducción de un programa eficaz de seguridad en el empleo.    

En el mercado de trabajo, los acreedores ya han impuesto la casi completa eliminación de la negociación colectiva y la reducción del salario mínimo. El gobierno señala que sus efectos consisten en hacer informal el mercado laboral, de modo que el trabajo no deje constancia y no haya que pagar pensiones contributivas, lo que a su vez socava el sistema de pensiones. La propuesta griega consiste en diseñar un nuevo sistema de negociación colectiva que cumpla las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Respecto a la privatización, los acreedores han exigido la venta de aeropuertos, puertos de mar y servicios públicos eléctricos, entre otros activos, y que todo esto se haga rápidamente. En esto las objeciones griegas no se refieren a la gestión privada o extranjera de ciertos activos sino que se oponen a malvenderlas o deshacerse de ellas sin condiciones o sin conservar participaciones. Así, por ejemplo, en la privatización en marcha del Puerto del Pireo para la empresa china Cosco, el gobierno ha insistido en un plan de inversiones y en los derechos laborales (para completar el giro lingüístico postmoderno, aquí un gobierno de izquierdas de un país capitalista impone derechos sindicales a una empresa multinacional de un país comunista).

Pasando a los impuestos, los acreedores han exigido un gravoso incremento en el impuesto del valor añadido (IVA), que tiene ya una tarifa máxima del 23%. Entre otras cosas, el gravamen recaería en las medicinas (y por tanto en los ancianos) y en las tarifas especiales de las que se benefician las islas griegas (cerca del 10% de la población del país), en las que se concentra el turismo y donde los costes son en cualquier caso más elevados. El gobierno señala que los incrementos fiscales sobre el turismo dañan su competitividad y que el resultado conjunto del aumento del gravamen fiscal consistirá en reducir la actividad y empeorar el problema de la deuda. Lo que se necesita, por el contrario, es ejecutar la recaudación de impuestos; reducir la evasión del IVA podría permitir, bastante fácilmente, rebajar las tasas del mismo.

Lo que se echa en falta en las exigencias de los acreedores es, en fin, la reforma. Los recortes en las pensiones e incrementos del IVA no son reformas; no añaden nada a la actividad económica o a la competitividad. La privatización a precios de saldo puede conducir a depredadores monopolios privados, como sabe cualquiera que viva en América Latina o en Tejas. La desregulación del mercado laboral tiene la categoría de experimento poco ético, la imposición del sufrimiento como terapia, algo que confirman los registros internos del FMI por lo menos desde 2010. Nadie puede sugerir que los recortes salariales van a poner a Grecia en disposición de competir eficazmente por los puestos de trabajos en bienes comercializables con Alemania o Asia. En cambio, lo que sucederá es que se marchará cualquiera que tenga habilidades competitivas. 

La reforma de verdad es un proceso que exige tiempo, paciencia, planificación y dinero. Reformas son la reforma de las pensiones y la seguridad social, derechos laborales modernos, privatizaciones sensatas y una eficaz recaudación de impuestos. Otro tanto sucede con las medidas relativas a la administración pública, al sistema judicial, la aplicación de impuestos, la integridad estadística y otras cuestiones, sobre las que hay acuerdo en principio y que los griegos pondrían de inmediato en práctica si los acreedores se lo permitieran; salvo que por razones derivadas de la negociación, no lo hacen.

Lo mismo pasaría con un programa de inversiones que pusiera de relieve los servicios avanzados que Grecia bien puede proporcionar de manera adecuada, entre ellos la atención a los ancianos, la educación superior, la investigación y las artes. Esto exige reconocer que Grecia no puede tener éxito si es igual que los demás países; tiene que ser diferente: un país de tiendecitas, hoteles pequeños y playas abiertas. Una reestructuración de la deuda devolvería a Grecia a los mercados (y sí, sería factible, y los griegos tienen una propuesta para llevarla a cabo), y supondría, para cualquier estimación razonable, una reforma.   

El propósito a la vista del programa de acreedores no es por tanto la reforma. Se trata de redoblar la recaudación de la deuda frente al desastre. Los recortes de pensiones, los recortes salariales y el aumento de impuestos y las ventas a precio de ganga se ofrecen con el pensamiento mágico de que la economía se recuperará pese al gravamen de impuestos más altos, un poder adquisitivo más reducido y la repatriación al exterior de los beneficios de la privatización. La magia lleva ensayándose ya cinco años, sin éxito alguno en el caso griego. Esa es la razón por la que, en vez de recuperarse según lo previsto tras el rescate de 2010, Grecia ha sufrido una pérdida del 25% de su renta sin que haya un final en perspectiva. Y por esa razón es por lo que el gravamen de la deuda ha pasado de cerca del 100% al 180%, estimado en términos de valor nominal. Pero reconocer este fracaso, en el caso de Grecia, supondría socavar el conjunto del proyecto político europeo y la autoridad de quienes lo dirigen. 

Reconocer este fracaso, en el caso de Grecia, supondría socavar el conjunto del proyecto político europeo y la autoridad de quienes lo dirigen. 

Así es que las conversaciones griegas siguen en un callejón sin salida. En realidad, no es exactamente un callejón sin salida, puesto que los griegos se encuentran bajo una presión extrema. O bien ceden a la postura de los acreedores o pueden encontrarse con los bancos cerrados y obligados a salir del euro, lo que tendría consecuencias enormemente perturbadoras, al menos a corto plazo. Esto lo saben los acreedores. De modo que siguen poniendo a los griegos contra la pared, sin cambiar jamás de postura, al tiempo que se quejan de que el campo griego no trabaja con bastante rigor... Y a medida que los griegos van cediendo terreno, palmo a palmo, los acreedores simplemente presionan más y más.  

Es la fea dinámica de la negociación bajo coacción, entre una parte fuerte y otra débil, complicada en este caso por el hecho de que el lado de los acreedores no dispone de un liderazgo unificado, y por tanto nadie – a menos que Angela Merkel dé finalmente un paso adelante para encarnar ese papel – puede hacer concesiones razonables y obligar del todo a un acuerdo aceptable. De manera que se van cerrando las opciones.

O bien acabará concediendo demasiado el gobierno griego, perderá sus apoyos y se derrumbará, en cuyo caso, si el resultado final consiste en otra quiebra o en Alba Dorada, la democracia estará muerta en Europa.

Si el resultado final consiste en otra quiebra o en Alba Dorada, la democracia estará muerta en Europa.

O bien, al final, los griegos se verán obligados a tomar el destino en sus manos –con un enorme riesgo y coste– y a esperar ayuda de donde quiera que pueda llegar.

Este artículo se publicó el 15 de junio de 2015 en Social Europe Journal. Traducción de Lucas Antón para Sinpermiso.info