Manuel Valls acaba de ser "blanqueado" por la justicia:  el 8 de octubre se rechazó la apelación de la asociación la Voix des Roms  (su abogado va a recurrir ante el Tribunal Supremo). El primer ministro había sido demandado por incitación a la discriminación racial debido a unas declaraciones realizadas en 2013  sobre la "vocación" de los romaníes. El entonces ministro del Interior declaró que estos "no desean integrarse en nuestro país por razones culturales o porque están en manos de redes dedicadas a la  mendicidad o a la prostitución" y añadía que "tienen un modo de vida enormemente diferente al nuestro que, evidentemente, se opone al nuestro": "es bien sabido, la proximidad de esos campamentos provoca la mendicidad y los robos y, por tanto, la delincuencia". Y terminaba diciendo: los romaníes están destinados  a volver a Rumanía o a Bulgaria".

El periodista Éric Zemmour ha sido asimismo absuelto el 22 de septiembre. Estaba también acusado de incitación al odio racial y de difamación racial: en su crónica de la emisora RTL, había denunciado "a las bandas de chechenos, romaníes, kosovares, magrebíes, africanos que se dedican a atracar, violentar o desvalijar". El tribunal consideró que esas declaraciones solo van dirigidas contra una parte de las comunidades aludidas y no contra todas ellas en su conjunto. Sin embargo, en 2011 este polemista fue condenado por los mismos cargos por unas declaraciones del mismo tipo en las que justificaba los controles policiales en función de los rasgos faciales: "La mayoría de los traficantes son negros y árabes, es un hecho". Y tampoco pretendía que todos los negros y todos los árabes fueran delincuentes...

Si la justicia se ha mostrado ahora clemente con Éric Zemmour es porque el polemista invocó en su defensa la impunidad de Manuel Valls. ¿Por qué lo que se le permite a un miembro del Gobierno va a prohibirse a un simple cronista? El 24 de julio ironizó ante el tribunal: "Hace cuatro años, el fiscal me explicó que mi gran notoriedad tenía como contrapartida una responsabilidad igual de grande. Constato que en cuatro años he subido en el escalafón ya que soy más responsable y, por tanto, más condenable que el propio ministro del Interior". De hecho, hoy, la justicia considera a ambos por igual exentos de responsabilidad.

El 2 de julio de 2015, en la apelación, el tribunal no tenía que juzgar el fondo (¿son racistas las declaraciones de Manuel Valls?) sino que se trataba más bien de: ¿estas declaraciones escapan a la ley dado que expresarían la política de Francia?

El MRAP (Movimiento contra el racismo y a favor de la amistad entre los pueblos, en sus siglas en francés) interpuso una primera denuncia contra Manuel Valls ante el Tribunal de Justicia de la República (CJR, en sus siglas en francés), pero el 19 de diciembre esa jurisdicción, encargada  de juzgar las infracciones cometidas por los miembros del Gobierno durante el ejercicio de sus funciones, archivó el caso: "Las declaraciones incriminadas se insertan en un debate de interés público relativo al problema, calificado por el ministro de 'difícil y complejo', de la integración de los romaníes". Esta decisión asume el punto de vista del político: "Esencialmente solo ha expuesto lo que los poderes públicos intentaban establecer", explica el CJR, "una política  que haga posible alcanzar soluciones aceptables y viables respetando a esas poblaciones y su modo de vivir". ¿Hay que deducir de ello que la política del Estado no puede ser racista por definición, o bien, que lo puede ser impunemente porque el Gobierno de Francia está por encima de las leyes?

La segunda denuncia se interpuso ante el Tribunal de primera instancia (TGI, en sus siglas en francés) porque, en opinión de Henri Braun, abogado de la Voix des Roms, el caso no es competencia del CJR: "Como la República francesa no reconoce la idea de raza", Manuel Valls no "puede estar ejerciendo sus funciones cuando preconiza un tratamiento diferenciado de las personas debido a su origen". Sin embargo, la sala 17 de lo penal se declaró incompetente: el 19 de diciembre de 2014 consideró que el ministro no había "emitido una opinión como político en el marco de un debate de interés general sino que había sido invitado por los periodistas a expresarse en su calidad de ministro del Interior acerca de un tema directamente relacionado con la conducción del Estado". Este razonamiento contradice al del CJR sobre el "debate de interés público" pero para llegar al mismo resultado: la no responsabilidad penal del político.   

El 2 de julio de 2015, en la apelación, el tribunal no tenía que juzgar el fondo (¿son racistas las declaraciones de Manuel Valls?) sino que se trataba más bien de: ¿estas declaraciones escapan a la ley dado que expresarían la política de Francia? Y aquí es donde aparece una contradicción fundamental en la defensa del primer ministro; en mi declaración como testigo me esforcé en subrayarla. No son solo unas asociaciones las que cuestionan la política del Estado francés respecto a los romaníes; la ONU también se muestra indignada. El  11 de septiembre de 2015, el alto comisario de Naciones Unidas para los derechos humanos denunció "la política nacional sistemática contra las expulsiones forzosas de los romaníes" llevada a cabo por Francia desde 2012.

El  11 de septiembre de 2015, el alto comisario de Naciones Unidas para los derechos humanos denunció "la política nacional sistemática contra las expulsiones forzosas de los romaníes" llevada a cabo por Francia desde 2012

Cuando, el pasado 15 de mayo, el Comité de la ONU para la eliminación de la discriminación racial (CERD) mostraba su inquietud por esa política y por la "creciente estigmatización de los romaníes a través del discurso del odio racial, en la que se incluyen los cargos políticos elegidos", Francia respondió no solo que "la justicia condena las declaraciones discriminatorias al respecto", sino también que "la acción del Gobierno no está dirigida a unas poblaciones particulares sino a los campamentos en tanto que tales". En otras palabras, los romaníes no son objeto de una política específica; es más, las declaraciones racistas sobre ellos son reprimidas como deben serlo. Entonces, la alternativa es sencilla: o Francia ha mentido a la ONU; o, si ha dicho la verdad, las declaraciones de Manuel Valls no han podido hacerse "en el ejercicio de sus funciones", es decir, "directamente vinculadas a la dirección de los asuntos del Estado", como afirmaba el tribunal de primera instancia. En esta segunda hipótesis, la decisión compete a una jurisdicción de derecho común y no al CJR.

¿Tiene derecho un ministro a hacer declaraciones racistas? "No", respondía la justicia en 2010 condenando a Brice Hortefeuz por su chiste, aunque no estaba dirigido contra todos los árabes: "Cuando hay uno, la cosa funciona. Es cuando hay muchos cuando llegan los problemas". Y si el ministro de Nicolas Sarkozy fue declarado inocente por el  tribunal de apelación, fue únicamente porque el ultraje no había sido proferido en público. "Sí", respondió el CJR en 2013, poniéndose de parte de Manuel Valls, a condición, sin embargo, de que la palabra ministerial refleje la política gubernamental. Hoy, el tribunal de apelación va más lejos considerando que el ministro habla así de los romaníes en el ejercicio de sus funciones, a pesar de que el Gobierno francés se defiende ante la ONU de la acusación de discriminación alegando que su política no está dirigida contra los romaníes.

La evolución de las decisiones judiciales de 2010 a 2015 es un síntoma al mismo tiempo que un catalizador de la escalada de las políticas de racialización. En este sentido, el Estado no obliga a respetar la obligación municipal de matricular a los niños romaníes, como al resto, en las escuelas. Y lo que es peor: lejos de perseguir a los políticos recalcitrantes, el ministerio fiscal llegó a pedir la absolución de la alcaldesa de Sucy-en-Brie, lo que logró el pasado 2 de septiembre, apoyándola frente al Défenseur des Droits, homólogo francés del Defensor del Pueblo español. Está probado que esta política de Estado, con un discurso público que se suma a la práctica, influye en la opinión pública. La encuesta anual de la Commision National Consultative des Droits del Homme (Comisión nacional consultiva de los derechos humanos, CNCDH, en sus siglas en francés) demuestra que, en efecto, el rechazo a esas poblaciones aumenta en la misma medida en que lo hace la estigmatización y las persecuciones políticas: "En 2013, más de un 87% de la población consideraba a los romaníes un "grupo aparte" de la sociedad, 21 puntos más que enero de 2011, mientras que el porcentaje de los que consideran a los romaníes un "grupo abierto a los demás" ha disminuido un 50% (de un 8 a un 4%). Los clichés racistas sirven para justificar una política de apartheid, según el término usado por Manuel Valls; y a su vez, el discurso de un ministro, que le ha supuesto el ascenso a la jefatura del Gobierno, legitima ese racismo habitual.

¿Cómo explicar el clamoroso silencio de los medios de comunicación franceses ante la denuncia actual? La que interpuso el MRAP no mantuvo su atención por mucho tiempo; pero la de la Voix des Roms ni siquiera la ha provocado

Queda por hacer una pregunta:¿cómo explicar el clamoroso silencio de los medios de comunicación franceses ante la denuncia actual? La que interpuso el MRAP no mantuvo su atención por mucho tiempo; pero la de la Voix des Roms ni siquiera la ha provocado. Aunque la citación para comparecer ante el tribunal es de marzo de 2014, menos de tres semanas antes de la nominación de Manuel Valls como primer ministro, ninguna agencia de prensa recogió la información que ya circulaba por las redes sociales y ningún medio de comunicación la mencionó. Es cierto que una información de la AFP hizo referencia a ello el 4 de diciembre de 2014, pero fue para adelantar la decisión que se tomaría dos semanas después adoptando el punto de vista del ministerio fiscal: "El tribunal no es competente para juzgar a Manuel Valls". Cuando se celebró el juicio por apelación, el 2 de julio de 2015, solo una periodista (de Mediapart) estaba presente; los otros medios de comunicación optaron por no enviar a nadie. En cuanto el corresponsal de la AFP en los juzgados, se paró en el pasillo y se dio media vuelta sin entrar en la sala. ¿Es necesario recordar el ruido mediático que provocó el juicio a Brice Hortefeux?

Este silencio llama aún más la atención si se considera que la prensa extranjera no ha permanecido muda: mientras The New York Times denunciaba en un editorial del 5 de septiembre la política francesa para con los romaníes, en España, El País está informando sobre la denuncia de la Voix des Roms desde el 17 de junio de 2014. ¿Cómo interpretar la reserva francesa? ¿Por qué razón los medios de comunicación han estimado colectivamente que semejante información carecía de interés?  Tres hipótesis podrían explicar este mutismo colectivo. La primera es que tachar al jefe del Gobierno de racismo puede ser costoso: los medios no se sentirían libres para hacerlo. La segunda sería que los diarios, radios y televisiones han tenido miedo de ir en contra de su público, dado que los sondeos revelan una hostilidad creciente contra los romaníes. La tercera es que muchos de los periodistas están fundamentalmente de acuerdo con esta política. ¿Prudencia frente al poder, sumisión a la opinión pública o adhesión política? En cualquier caso, los medios de comunicación contribuyen con la Justicia a legitimar la caza a los romaníes: silenciarla es permitir que dejar que ocurra, es decir, ayudar a que ocurra. Las huellas de esos silencios serán otros tantos elementos del juicio que mañana instruirán los historiadores franceses o, más frecuentemente, extranjeros: comprender lo incomprensible es tratar de pensar lo impensable, es decir, el hundimiento político que amenaza a Francia.   

Traducción: María Cordón.

Este artículo fue publicado inicialmente en Mediapart, medio amigo de CTXT.