Hace dos semanas, el periodista Miguel Ángel Aguilar recibió una llamada de El País en la que se le comunicaba que el diario prescindía de su colaboración semanal después de 21 años, y que la decisión era consecuencia de unas declaraciones de Aguilar a The New York Times. El rotativo norteamericano había publicado unos días antes, con llamada en su portada, un reportaje titulado “Los medios en España se encuentran ahogados por el Gobierno y la deuda”. Entre otros testimonios de profesionales se recogía el de Aguilar, que recordaba la época en la que “trabajar en El País era el sueño de cualquier periodista español”, pero denunciaba que “ahora hay gente tan exasperada [en la redacción] que se está yendo, a veces incluso con la sensación de que la situación ha alcanzado niveles de censura”.

El veterano, inteligente y zumbón Aguilar no ha querido alimentar ninguna disputa posterior con su experiódico. Entre otras razones porque ha dirigido y dirige periódicos (en la actualidad preside y edita el semanario Ahora) y sabe que la dirección de un medio tiene todo el derecho a incorporar a una firma o a prescindir de ella en el momento que considere oportuno. (Otra cuestión son las formas, la regla de honor de dar la cara ante el compañero despedido o la torpeza de dejarse arrastrar por la ira y demostrar que no se acepta la crítica aunque proceda de una voz respetada e identificada con la propia historia de la cabecera. Hay que reconocer la profesionalidad con la que ha respondido la Defensora del Lector de El País a las protestas de numerosos lectores).

Preguntas en el aire

Lo trascendente del caso (como suele ocurrir) es lo que se esconde tras la historia del incidente de ese despido. Lo importante son las preguntas que quedan en el aire. ¿Es o no es cierto lo que reflejaba The New York Times sobre la presión política y económico-financiera a la que están sometidos los principales medios de comunicación en España? ¿Qué avispero removió el reportaje del NYT para que Juan Luis Cebrián (presidente de El País) decidiera no sólo prescindir de una de sus firmas más acreditadas sino además “cancelar de forma definitiva” una alianza editorial entre El País y el rotativo norteamericano de la que siempre se ha presumido desde el grupo Prisa como referencia de “calidad y prestigio de dos cabeceras representativas”? ¿Tan sumamente débil es la libertad de prensa en España como para tener que enterarse en un medio extranjero de los obstáculos a los que se enfrenta? ¿Tiene este episodio alguna otra explicación relacionada con los intereses empresariales de El País en América Latina y concretamente en México, donde el New York Times anuncia edición propia? ¿Se ha intensificado la presión desde ámbitos económicos y políticos ante la cita electoral del 20D?

Lo cierto es que las principales cabeceras de papel no han informado en España ni del caso Aguilar ni de la declaración de ‘ruptura unilateral’ por parte de El País de su colaboración con el periódico más influyente de occidente. Es más: el diario presidido por Juan Luis Cebrián no ha informado aún a sus lectores de lo que oficialmente confirmó a infoLibre sobre el cese “definitivo” de la publicación del suplemento del New York Times que se distribuía en castellano desde hace once años. El País sí publicó una pieza ¿informativa? en la que lanzaba dudas sobre la independencia editorial y la solvencia económica del New York Times. Y lo hizo el mismo día que la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) emitió un comunicado en el que definía como “caricatura a la realidad informativa” el reportaje de New York Times. La AEDE, presidida por el consejero delegado de Prisa José Luis Sáinz, argumenta en defensa del carácter “plural” de los medios de comunicación españoles el hecho de que “continuamente están naciendo nuevos medios de comunicación con líneas editoriales variadas”. Cabe deducir que el comunicado se refiere a iniciativas periodísticas en el ámbito digital, donde, por cierto, un suscriptor de infoLibre paga el 21% de IVA frente al 4% del suscriptor de un medio en papel, discriminación y castigo sobre el que AEDE no mueve una ceja mientras las subvenciones gubernamentales le lleguen a conveniencia.

Para ahorrar tinta y saliva a los aficionados a la conspiranoia: el arriba firmante participa en el intento de sostener un periódico digital llamado infoLibre (y un mensual en papel llamado tintaLibre), y no es “neutral” a la hora de juzgar el fondo de este asunto. Por supuesto. Uno no es neutral en esto (tampoco en cualquier asunto que afecte, por ejemplo, a los derechos humanos), porque considera que independencia y neutralidad son dos conceptos muy diferentes aunque en este país haya muchos colegas (y lectores) que tienden a confundirlos. El arriba firmante es lector, comprador o suscriptor de El País desde 1976, de modo que escribe no sólo como periodista sino también (y antes) como ciudadano. Y por eso uno de los grandes problemas es comprobar de nuevo que quienes creen saberlo todo quizás no hayan entendido nada. Quienes proclaman que el papel ha muerto y que el futuro es digital, al minuto siguiente desprecian lo digital y además ocultan a sus lectores la realidad. Dicho de otra forma: demuestran que su concepto de lo digital es puro negocio, entretenimiento o suma de clicks.

Leer entre líneas

David Simon, guionista de la ya mítica serie The Wire y periodista antes que escritor, suele repetir que “el periodismo se jodió cuando los poderes financieros entraron en la propiedad de los medios”. Simon trabajó durante años en el principal periódico de Baltimore y conoce muy bien la crisis de las empresas periodísticas, de modo que el New York Times no necesita aterrizar en España para saber lo que significa la dependencia del periodismo respecto a poderes financieros. Pero Simon, defensor acérrimo del periodismo digital que cobra por sus contenidos frente a los que son de acceso gratuito y dependen sólo de la publicidad, apunta algo más profundo: “lo que distingue al buen periodismo es su capacidad para contar el porqué de las cosas que ocurren”.

Y aquí llegamos a la almendra del asunto en términos de obligación cívica. A estas alturas del ejercicio democrático no es de recibo que tengamos que leer “entre líneas” como ocurría en los últimos años del franquismo. No es de recibo que un periódico de Nueva York nos saque los colores sobre las restricciones evidentes que supone para la libertad de prensa el hecho comprobable de que las cabeceras más importantes dependen de sus propios acreedores (bancos y grandes empresas), de la publicidad institucional y de los acuerdos comerciales opacos. Si exigimos transparencia a todos y cada uno de los actores de lo público, debemos aplicárnosla los medios que consideramos también nuestra materia prima como un servicio público. ¿Es imaginable que en Estados Unidos fueran destituidos en el plazo de tres meses los directores de los tres principales periódicos sin que surgiera el más mínimo debate público, político o profesional? Pues en España ocurrió y aquí seguimos, tan bien desinformados como de costumbre.

Si de verdad defendemos la función esencial del periodismo, más allá de los llamados “modelos de negocio” y del empeño en confundir entretenimiento o comunicación con información independiente, entonces tendríamos que dar un paso al frente desde el propio oficio. Sobre todo en tiempos de ruido y de furia. Lo cual significa que nuestra obligación es hacer preguntas incómodas y exigir respuestas que distingan los datos de la propaganda. Significa que debemos reflejar el dolor y la solidaridad por los atentados de París sin que la emoción o los registros de audiencia fruto del temor colectivo difuminen los datos sobre fallos de seguridad, de inteligencia, de coordinación, o las lagunas de las que bebe el terrorismo yihadista gracias a la financiación y la venta de armas que fluyen desde occidente a través de presuntos aliados árabes que son “moderados” hasta que dejan de serlo.

Información y propaganda

Significa aquí, mucho más cerca, que es una obligación de los medios independientes distinguir electoralismo y políticas “de Estado”, señalar los discursos del miedo y desmontar algunas falacias que los sujetan. Significa que las grandes proclamas de firmeza, respuesta militar y “consenso” frente al yihadismo no deben ocultar a la población el rédito político que el Gobierno de turno (Hollande en Francia, Rajoy en España) aspira a sacar de esta angustiosa situación. A nadie se le escapa que Hollande se ve forzado a asumir o hasta superar los golpes patrióticos de pecho de Le Pen o Sarkozy ante unas elecciones regionales inminentes. Y estaría ciego y sordo quien no percibiera el machacón mensaje desde el PP como eje de la campaña para el 20D. En palabras de Cospedal (reiteradas un día sí y otro también por el propio Rajoy), “España necesita un Gobierno fuerte del PP para ofrecer certidumbre y confianza a los españoles”. Ya hablemos de economía, de empleo, de la supuesta “recuperación”, de la amenaza yihadista o de la presión independentista en Cataluña, se trata de utilizar la fuerza del BOE, la imagen de “autoridad competente”, la experiencia de gobierno y el más reaccionario de los manuales, el refranero: “más vale lo malo conocido”.

Tiene razón El País cuando reprocha a Rajoy que no acuda al debate que ha organizado con los candidatos principales del 20D. No tiene un pase que el presidente del Gobierno elija responder a las preguntas de Bertín Osborne en La1 y no discutir con Pedro Sánchez y con los cabezas de lista “emergentes”. Tampoco acepta Rajoy contestar a las preguntas de ciudadanos en La Sexta Noche o a Ana Pastor en El Objetivo. Se ve que saltar desde la pantalla de plasma a los cuestionarios abiertos es una regeneración demasiado brusca.

P.D. Al hilo de la regeneración y los partidos llamados “emergentes”: seguimos a la espera de que Albert Rivera responda si le parece bien o mal el uso de sociedades interpuestas para pagar menos impuestos, como ha hecho su mano derecha, José Manuel Villegas, al recibir cobros de Ciudadanos a través de su propia empresa. Lo intentó Ana Pastor este domingo noche, pero Rivera volvió a escabullirse. Quizás en el debate organizado por El País despeje las dudas. ¿Alguien imagina, por cierto, que una mayoría casi absoluta de los medios guardaría silencio si esta misma situación afectara al número dos de cualquier otro partido?