Internacional

Los papeles de Panamá

Un equipo de más de 370 periodistas de un centenar de medios de 76 países –coordinados por el ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación)– ha analizado, durante un año, 11,5 millones de documentos internos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, encargado de la creación de miles de sociedades offshore en paraísos fiscales. En España, el trabajo y la publicación han sido desarrollado por El Confidencial y La Sexta. 

La investigación señala a 140 políticos de 50 países, incluidos jefes de Estado actuales o pasados, varios de ellos dictadores. A ellos se unen personalidades del mundo de la cultura y el deporte, además de amigos y familiares de los círculos de poder.

“Mossack Fonseca ayudó a españoles a ocultar su patrimonio en paraísos fiscales. Al menos 1.200 sociedades, 558 accionistas, 166 clientes intermediarios y 89 beneficiarios con dirección postal española aparecen en los documentos secretos de la firma panameña”, informa El Confidencial.

Europa años 30

Alrededor de seis millones de refugiados procedentes de Siria se encuentran en Jordania, Líbano y Turquía. La UE aceptó entre 2011 y 2014 conceder asilo a 200.000 sirios. Es solo un 12% de los 1.800.000 que lo solicitaron en ese periodo.

Del plan acordado para reasentar a 160.000 personas, la UE sólo ha recolocado a unos centenares cerrando casi por completo sus fronteras.

En el mundo hay aproximadamente 60 millones de personas desplazadas. Tan sólo un 14% ha llegado a países desarrollados.

Huelga general en Francia

El actual ministro de Economía francés, Emmanuel Macron, formalizó en febrero de 2015 sus prometidas rebajas fiscales de 41.000 millones de euros a las empresas.

Ahora, en 2016, la ministra de Empleo, Myriam El Khomri, ha aprobado una nueva ley relativa al empleo, que permitirá a las empresas despedir trabajadores si reducen beneficios sin entrar en pérdidas y las bajas laborales por enfermedad dejarán de estar garantizadas por ley. Las indemnizaciones por despido improcedente también se verán reducidas: pasarán de un mínimo de 12 meses de salario a 6 meses y solamente si el trabajador llevaba al menos dos años en la empresa.

El rechazo a esta nueva ley es masivo y transversal en Francia: el 71% de los franceses está en contra. Los votantes del Frente Nacional, con un 83%, son los más reacios, seguidos por los de izquierda (70%). La derecha también están mayoritariamente en contra (55%).

La mala situación de la economía gala llevó a Hollande a declarar la “emergencia económica y social” en enero. Con una tasa de desempleo del 10% y cerca del estancamiento económico, la economía francesa no acaba de despegar tras la crisis de 2008. A estos datos se añade un déficit superior al 3%. La ley El Khomri se enmarca entre las medidas gubernamentales contra el paro, del 25% en menores de 25 años.

La huelga del 31 de marzo tuvo un seguimiento casi nulo en el sector privado. Entre los funcionarios, la participación fue mayor: uno de cada cuatro ferroviarios no ha acudido a su puesto según la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses. La autoridad civil de aviación pidió anular a las compañías el 20% de los vuelos con salida o llegada en el aeropuerto parisino de Orly. Según CGT y el sindicato Fuerza Obrera (FO), más de un millón de manifestantes salió a las calles en toda Francia en las más de 260 manifestaciones y concentraciones convocadas. Las autoridades, sin embargo, cifran los participantes en 390.000. 

Las predicciones del TTIP

Los estudios sobre el impacto del TTIP del CEPR (Centre for Economic Policy Research) predicen un crecimiento para la UE del 0,5% del PIB. Esta variación no se corresponde con un 0,5% anual, sino que es la variación desde el inicio del acuerdo hasta un nuevo punto de equilibrio. Si el horizonte temporal establecido en el estudio es de 10 años, esto supone un crecimiento anual del PIB de sólo el 0,05% en la Unión Europea. 

Estas pequeñas variaciones del PIB se han intentado contraponer con unos mayores incrementos en la renta personal de los hogares. Según el estudio, los hogares de la UE ganarían una media de 12.300 euros más durante toda la vida laboral de los miembros del hogar de cerrarse el acuerdo. El CEPR estima para cada hogar con 4 miembros una ganancia de entre 306 y 545 euros cada año en la UE y de entre 336 y 655 euros en EE.UU. La humildad de estas cifras se pone en evidencia si se piensa, por ejemplo, que los 545 euros anuales de un hogar de la UE supondrían 2,61 euros a la semana por persona.

Los cálculos que los académicos han hecho de los resultados del estudio del CEPR señalan la pérdida en ingresos fiscales y los costes del desempleo que supondría el acuerdo. Según el CEPR, entre 430.000 y 1,1 millones de personas en la UE verían afectado su empleo en los diez años que contempla la simulación. Los académicos suponen que un 10% se convertiría en desempleados de larga duración, mientras que el 90% restante encontraría un nuevo empleo después de una media de seis meses desempleados. Teniendo en cuenta la pérdida de ingresos fiscales y los costes del desempleo, se calculan unos costes de ajuste (según escenario) de entre 3.000 y 6.000 millones de euros en diez años. Destacan la importancia de estas cifras tomando como referencia que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) tiene para esos años un presupuesto anual máximo de 150 millones y el Fondo Social Europeo de 11.000 millones de euros. 

Negocios occidentales en Egipto

El 14 de agosto del 2013, el desalojo de un campamento de protesta en Rabá Audawiya dejó cerca de 1.000 muertos. El régimen de Al Sisi, que había llegado al poder poco tiempo antes, recibió moderadas críticas desde Europa, y EE.UU. congeló parcialmente la ayuda militar que envía a El Cairo desde su acuerdo de paz con Israel. De hecho, Barack Obama ha eliminado condicionalidades relativas a los derechos humanos en el ‘cheque’ anual de más de 1.000 millones de euros que se envía al país africano.

Francia ha vendido cazabombarderos Raffale a Egipto por valor de 5.200 millones de euros.

La violencia y la represión han aumentado en los últimos años en Egipto. Entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2013 fallecieron en Egipto una decena de personas a causa de la violencia política. Entre junio y diciembre de 2015, hubo más de 350 muertos.

Nacional

Ajuste brutal

Si en 2016 España tuviera que cumplir los topes de déficit marcados por la Unión Europea, se vería obligada a pasar del 5,2% (dato real de 2015, un punto más del 4,2 comprometido) al 2,8%, que ya se pactó. Es decir, tendría que realizar un ajuste de 24.800 millones de euros, superior al que se realizó en 2012.

El PP se resquebraja

Para entender el fenómeno de la corrupción rara vez se recurre a fuerzas externas como los empresarios o la forma de Estado, heredero directo del Estado franquista. Mucho menos a un modus operandi recurrente organizado institucionalmente, como es el caso de la corrupción en el Partido Popular.

Tras la llegada de la democracia a España, 32.000 funcionarios del aparato duro del franquismo (sindicato vertical, movimiento nacional o prensa oficial) fueron absorbidos en su totalidad por otros ministerios. 

Este aparato heredado –donde destaca la burocracia de élite– se traduce en la actualidad en que el 10% de los abogados del Estado acaba en el Ibex, y 25 de las 35 empresas cuentan con al menos uno de ellos en sus filas.

En 2012, la amnistía fiscal del PP permitió a 31.529 personas regularizar unos 50.000 millones de euros (a cambio del pago del 10% calculado únicamente sobre los últimos cuatro años), que se mantenían fuera del control de Hacienda, siendo muchos de ellos de origen ilícito. Entre los que se acogieron a la medida están Bárcenas, Rato o Diego Torres.

La Sepblac –agencia del Ministerio de Economía– calculó entonces que existían cerca de 300 cargos públicos susceptibles de ser investigados por la unidad especial para casos de gran relevancia, la Onif.

Préstamos renta de la universidad

Los Préstamos Renta Universidad (PRU) –unos productos financieros complejos al estilo de los créditos universitarios americanos– fueron puestos en marcha por el Gobierno de Zapatero en 2007 y estaban destinados, exclusivamente, a financiar el estudio de másteres o doctorados. Su devolución se ligaba a una renta futura.

En la primera convocatoria, los dos primeros años de vigencia del préstamo eran de carencia obligatoria, el interés de devolución del mismo era 0% y se requería tener una renta superior a 22.000 euros al año para comenzar a hacer efectiva la devolución. La deuda desaparecía si transcurridos 15 años desde la operación no se había alcanzado ese nivel de renta mínima.

Las condiciones para devolver dicho dinero se han endurecido en las convocatorias posteriores, desapareciendo incluso el requisito de llegar a una renta mínima de 22.000€ anuales.