Entramos en la fase final del proceso de negociación llevado a cabo en España para formar gobierno. Transcurridos más de cien días desde las elecciones, la cuadratura del círculo entre PSOE, C’s y PS parece complicada, pero no imposible. Lo que ya parece más difícil es lo que se ha popularizado como “gobierno a la valenciana”. 

¿Por qué se ha truncado la posibilidad que apuntaba a una investidura por la izquierda? ¿A qué preferencias e intereses han ido respondiendo las acciones de los representantes? ¿Qué papel han jugado los programas? ¿Y las encuestas? ¿Han influido los intereses personales y de partido? ¿Y las presiones de la oligarquía económica? ¿Alguien tuvo realmente en cuenta los intereses de clase?

Finalmente, ¿estamos contentos de cómo se nos ha representado desde el 20D? 

Uno de los grandes debates a inicios de la representación política moderna residía en los intereses que debía defender el representante. Edmund Burke, como en su momento analizó Hanna Pitkin, sostenía que el representante era elegido para que desde su razón y buen juicio, desde la deliberación con el resto de parlamentarios, encontrara la solución correcta a los problemas políticos de la nación. El país en su conjunto tenía un interés objetivo e identificable por descubrir. El resto de intereses regionales y sectoriales no resultaban conflictivos con aquel sino que se añadían entre sí, se reconciliaban, sumándose para conformar un gran interés nacional. 

Burke despreciaba la voluntad volátil, desinformada y subjetiva de los votantes. Es más, a menudo los electores tenían opiniones que iban contra sus propios intereses. En estas ocasiones los representantes debían responder a esos intereses que, ellos sí, eran capaces de descubrir. Con el tiempo las decisiones de los representantes irían siendo ratificadas por el pueblo, capaz de reconocer que era finalmente bien atendido. 

Al otro lado del Atlántico, los autores del Federalista comenzaron a articular en su defensa de la naciente Constitución norteamericana un modelo donde los intereses se ligaban personalmente a los individuos. Ya no hablábamos del interés agrícola o de tal ciudad en abstracto, tampoco de intereses de clase. Estábamos ante intereses personales, subjetivos y cambiantes, que entraban a menudo en conflicto con el bienestar nacional. Reaparece así el miedo atávico a las facciones, entendidas aquí como grupos de interés. Se debe por tanto domesticar el conflicto y para ello las instituciones han de canalizarlo, encapsularlo a ser posible. Hay un elogio latente del orden, del individualismo, así como un rechazo expreso a la participación democrática directa. 

Los representantes pueden ser sabios patrióticos y virtuosos, pero también hombres facciosos con amor a las intrigas, fáciles de caer en corruptelas o de moverse únicamente por intereses personales. Estos podrán así traicionar fácilmente los intereses del pueblo. Los famosos pesos y contrapesos de la Constitución estadounidense son una respuesta frente a este peligro: mecanismos institucionales y de veto impedirán que ninguna facción se erija en mayoritaria, mientras la nueva escala ampliada de lo político multiplica de tal manera los intereses en pugna que será imposible un único dominio. 

Estas son las distintas bases de la representación moderna liberal. La respuesta socialista clásica que surge del marxismo afirma por su parte que no hay posibilidad de reconciliar intereses de clase antagónicos. El Estado burgués trata de negar este conflicto mientras defiende los intereses oligárquicos, por lo que no es ni mucho menos neutral. La experiencia de la Comuna de París caló hasta tal punto en Karl Marx que le llevaría a escribir un elogioso informe de la misma defendiendo una alternativa democrática radical frente al modelo representativo liberal. 

En la cuestión que nos atañe, estos viejos debates pueden ayudarnos a echar luz sobre la visión general e intereses que han tomado en cuenta los diversos representantes a la hora de posicionarse en los pactos. Analicemos aquellos partidos que se dicen o se perciben como de izquierdas, a fin de entender por qué el deseado acuerdo a la valenciana no ha tenido lugar. 

El PSOE es un partido que entra dentro de la definición de atrapalotodo, es decir, que desde hace ya unas décadas trata de contentar transversalmente a amplias capas de la población que mantienen intereses distintos y en conflicto. Por eso no resulta sorprendente que haya virado a un pacto con Ciudadanos, el partido de la nueva derecha. En este acuerdo se anuncian algunas medidas de emergencia social mientras a la vez se defienden los intereses clásicos de la oligarquía en dos capítulos fundamentales: ingresos públicos y mercado laboral. Por supuesto, sobre la propiedad de los sectores estratégicos ni hablamos. Intereses en conflicto difícilmente reconciliables conviven solo sobre el papel; es decir, se proclaman medidas sociales sobre una estructura fiscal que los hace difícilmente posibles. 

Podemos, por su parte, inició las negociaciones poniendo una línea roja en el referéndum catalán. Algunos lo leyeron como un interés regional privilegiado que se superponía al nacional, otros como una exigencia democrática básica. En lo que casi todos coincidían era en que no iba a aceptarse, por lo que Podemos parecía estar forzando un adelanto electoral. Las encuestas le eran favorables y en la formación morada había calado la sensación de que con tres días más de campaña habrían superado al PSOE. 

Un interés de partido pareció por tanto dominar estos primeros días en Podemos, aunque bien se podría argüir que en realidad latía el interés más amplio de ganar en junio para poner en práctica unas políticas, las suyas, que beneficiaran a la mayoría social. El alto riesgo de triunfo de las derechas en junio parecía minusvalorarse en esta segunda hipótesis. 

Con el paso de las semanas, tras algunas escenificaciones donde intangibles como la confianza no se tuvieron demasiado en cuenta, las encuestas empezaron a cambiar de signo para Podemos. La manera de entrar en un pacto con el PSOE fue entonces el nuevo objetivo de la formación morada. Se llegó a presentar un documento donde el propio Pablo Iglesias se basaba en los pesos y contrapesos del Federalista (checks and balances, llego a decir) que traerían equilibrio al sistema. Todo ello a pesar de que su propuesta para altos cargos no reforzaba del todo la división de poderes. Recientemente, recordemos, Iglesias ha definido significativamente Podemos como “una fuerza de orden”. 

Las líneas rojas y los vetos para Podemos desaparecieron demasiado tarde, pues para la fecha que se sentaron a negociar (hablamos de 63 días después del 20D) el PSOE ya se había dejado seducir por Ciudadanos. Las relaciones personales entre Sánchez y Rivera, la confianza mutua y un pacto que entraba dentro de lo que había sido el PSOE en los últimos decenios parecían contentar a casi todos, militantes socialistas e IBEX 35 incluidos.

Por su parte, en UP-IU se mantuvo desde el mismo 21D que había una mayoría suficiente para poner en marcha medidas de izquierdas. En primer lugar para derogar las leyes sociales y de libertades regresivas del PP, y en segundo lugar para lograr acuerdos puntuales. Conscientes de que el PSOE se mueve en el plano descrito, desde UP-IU se apoyaba un pacto de investidura por la izquierda para frenar la dura ofensiva de la derecha estos últimos años, sí. Pero a la vez se veía con distancia la posibilidad de formar parte de un gobierno comandado por el PSOE. 

Los intereses que priorizaron en UP-IU eran “los de las clases populares”: salir del desempleo, la precariedad, los desahucios, la pobreza energética, la estructura fiscal injusta, la falta de libertades, entre otros. Era por ello urgente un acuerdo de investidura por la izquierda que mejorase esta situación, mientras en la oposición y en las calles se construía una alternativa transformadora capaz de cambiar el carácter esencial de este régimen, de oligárquico a democrático. Con una expectativa de voto aún baja y problemas económicos, otra campaña tampoco era lo mejor desde los intereses de partido. 

Esta postura inicial, junto a intangibles como una actitud ética coherente y la confianza inspirada por sus representantes al dialogar con otros partidos, impulsó una fuerte subida en los sondeos que no ha hecho variar la posición inicial. 

Más allá de este tipo de análisis, escrito a partir de una interpretación propia sobre los intereses que unos y otros han podido defender, la ciencia política contemporánea ha puesto el acento en las preferencias de los electores y la respuesta de los representantes. 

Una obra de Martin Gilens, publicada en 2013 y ya con importantes premios, supone un punto de inflexión en este sentido para los estudios de representación política. Sería además interesante emularla para el caso español. 

Gilens muestra en su trabajo cómo los gobiernos norteamericanos, principalmente entre 1981 y 2002, a la hora de acometer políticas públicas defendieron las preferencias expresas del 10% más rico cuando estas chocaban con las preferencias del 10%, del 50% y hasta del 70% más pobre. Estos últimos solo lograban que el gobierno respondiera a sus demandas expresas —recopiladas en cientos de cuestionarios durante años— cuando coincidían con las preferencias del 10% más rico. Gilens destaca que únicamente en períodos preelectorales la política pública gubernamental se acercaba ligeramente a las preferencias de los no ricos. 

Si volvemos a los pactos de gobierno en España podemos decir que, como era de esperar en lo que ya es casi una precampaña, los partidos han estado muy atentos a las preferencias de sus electores y los de partidos cercanos. Los descensos en los últimos sondeos de PSOE y Podemos quizá indiquen que no han sabido ofrecerles una respuesta adecuada. 

Un asunto polémico, en todo caso, tiene que ver con la relación entre las preferencias expresas de los electores y sus intereses reales. El fenómeno que desde el marxismo a menudo se ha calificado como de “falsa conciencia” tiene en este punto un incómodo punto de conexión con el elitismo burkeano, a saber: las clases populares no conocen en gran parte sus intereses reales, por lo que es una vanguardia ilustrada la que debe defenderlos y tratar de hacérselos ver. Gilens, de manera lúcida, muestra en cambio que a veces los electores expresan sus preferencias siendo muy conscientes de sus propios intereses, pero pueden más las nociones de justicia que defienden.

La solución de parte de Podemos a este dilema ha residido en simplificar los mensajes, abrazar la política espectáculo y ocupar los platós de televisión para llegar así a la población más alienada. “Construir pueblo”, dicen. Por el camino, y desde la vieja idea atrapalotodo de la transversalidad, no solo se prioriza la construcción de relatos que intentan englobar amplias identidades sino que, finalmente, estos discursos cada vez más ligeros y atemorizados obtienen su reflejo en los programas y los pactos. Lo comprobamos cuando van desapareciendo propuestas como las nacionalizaciones, la salida de la OTAN o el proceso constituyente, entre otras. También en las negociaciones de estos días, donde se han planteado cesiones tan relevantes como la reforma laboral del PSOE en 2010. Los conceptos de patria y gente parecen conducir así de nuevo a la casilla de salida ya conocida del PSOE. 

La apuesta de UP-IU por un proceso constituyente, detrás de la cual no hay otra cosa que un intento de cambiar el carácter oligárquico del régimen, pasaría por disputar las nociones de justicia dominantes. Y ahí entra desde la defensa de la ilegitimidad de ciertas deudas o la injusticia de la actual relación capital-trabajo hasta la firmeza en las guerras culturales jaleadas por la derecha. Como vínculo terrenal y lanzadera de todo ello han de estar los intereses socioeconómicos compartidos. La renovada apuesta de UP-IU por el conflicto social y la democracia radical trata, asimismo, de apartarse del modelo elitista predominante en los partidos. El que se vaya consiguiendo o no lo iremos viendo en los próximos meses.  

Si vamos a nuevas elecciones estos intereses de las clases populares y sus preferencias serán mejor defendidos desde una amplia alianza a la izquierda del PSOE, que apueste por medidas transformadoras y que parta por reconocer la imposibilidad de reconciliar las metas populares con las de la oligarquía. Habrá de ser una alianza democrática, no elitista y respetuosa con cada colectivo, que cuente con el protagonismo de la ciudadanía desde una genuina confianza en ella. Así posiblemente no solo se supere al PSOE, sino que se pondrán las bases definitivas para cambiar el carácter injusto de este régimen. 

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Víctor Alonso Rocafort es Doctor en Teoría Política. Autor de Retórica, democracia y crisis. Un estudio de teoría política (CEPC, Madrid, 2010). Miembro del Colectivo Novecento. Candidato al Congreso en la lista de Unidad Popular-IU por Madrid.