El Centro Académico Afonso Pena (CAAP), asociación estudiantil perteneciente a la Facultad de Derecho de la Universidad Federal del Estado de Minas Gerais (UFMG) y una de las organizaciones más representativas y de mayor peso simbólico en la lucha por la libertad en Brasil, se ha visto sorprendido este último viernes por una decisión judicial en la que se decretaba la prohibición cautelar de su asamblea. Convocada dos días antes, dicha asamblea pretendía establecer un debate sobre el proceso de destitución de la presidenta de la república Dilma Rousseff, aprobado por la Cámara de Diputados de Brasil el pasado 17 de abril.

La jueza Moema Miranda Gonçalvez, del 9º juzgado de Belo Horizonte, ha suspendido cautelarmente la asamblea convocada por el CAAP y la Asamblea General de Estudiantes (AGE) tras la denuncia interpuesta por dos estudiantes que acusaban al CAAP de estar obedeciendo intereses partidarios y haber dejado de representar a los alumnos. La argumentación de la jueza para aceptar la denuncia y llevar a cabo la prohibición, algo que no ocurría desde el fin de la dictadura militar en 1985, es que “los asuntos relativos al Impeachment de la Presidenta de la República” escapan “a las atribuciones de los estatutos de la AGE”. El documento oficial, con fecha 29 de abril de 2016, insta a la Asamblea General de Estudiantes a “que se abstenga de llevar a cabo cualquier tipo de movimiento huelguista estudiantil con motivación político-partidaria”, declarando igualmente la ilegalidad de toda asamblea o debate relativo a la propia prohibición.

Los convocantes de la asamblea, que consideran la acción de la jueza una violación de la Constitución brasileña en sus artículos 3 y 5, se vieron sorprendidos en torno a las cinco de la tarde del viernes 29 –hora brasileña– cuando un funcionario de justicia se personó en la facultad con el mandato judicial de no llevar a cabo el debate bajo pena de multa por valor de 500 reales (unos 125 euros) diarios desde el día de la asamblea hasta la aparición de una resolución definitiva sobre la misma.

El Centro Académico Afonso Pena, que cuenta con un largo historial de conflictos y prohibiciones en la lucha por la democracia desde su fundación en 1908, ya ha anunciado que recurrirá la decisión de la jueza. Sin embargo, lo que parece estar tras este acto es la suspensión de todo debate y acción política al menos hasta que la destitución de la presidenta de la república sea ya un hecho consumado, por lo que es previsible que el recurso se demore al menos hasta dentro de un mes.

La prohibición cautelar de la asamblea supone una violación clara de los artículos 19 y 20 de la Declaración de los Derechos Humanos, relativos al derecho a la libertad de expresión y de reunión y asociación pacíficas, añadiendo a la difícil situación económica y social del país la sombra de la censura. A la fuerte recesión económica y la estratificación social que ni el Gobierno de Lula ni el de Dilma han sido capaces de hacer frente, se une ahora la incertidumbre política por un congreso hundido en la corrupción, y el recorte progresivo de libertad de expresión en relación a un impeachment que no deja de generar sospechas de ser un golpe de Estado encubierto. Brasil parece abocado a su momento político más difícil desde el fin de la dictadura militar.