En diciembre de 2007 Ana Garrido (Málaga, 1966) envió una carta a Esperanza Aguirre en la que denunciaba corruptelas en el Ayuntamiento de Boadilla, donde trabajaba como coordinadora en el Área de Juventud. En el momento en el que vio que su trabajo podía peligrar por no participar en esas prácticas recabó información sobre las irregularidades que se estaban cometiendo y así poder  denunciarlas.

En aquel momento le hablaron de un sindicato de funcionarios que se encargaba a denunciar casos de corrupción. Era Manos Limpias, cuyo responsable está acusado hoy por delitos de extorsión. Garrido envió sus indagaciones, que más tarde, junto con las informaciones denunciadas por José Luis Peñas, concejal popular de Majadahonda, constituyeron el inicio de la mayor investigación de corrupción política en España, la trama Gürtel.

La exposición pública de Garrido y sus denuncias en prensa le costaron amenazas y acoso laboral en su puesto de trabajo, incluso después de que la cúpula del Ayuntamiento fuera encausada judicialmente. Dos tribunales le han dado la razón, pero los sucesivos recursos interpuestos por parte del Consistorio mantienen en vilo la indemnización de más de 96.000 euros por despido improcedente y daño moral.

La plataforma de apoyo a su causa que se originó tras las denuncias acabó derivando en la Plataforma por la Honestidad. A ella se han sumado voluntarios y otros afectados por casos de corrupción —como el exteniente del Ejército Luis Gonzalo Segura— que buscan un cambio en la legislación para establecer garantías a los whistleblowers, denunciantes de la corrupción, y así que alzar la voz ante las irregularidades que se cometen no conlleve una persecución ni situaciones de desamparo.

¿En qué consiste el proyecto de ley que la plataforma ha presentado a los grupos parlamentarios?

Sus cuatro pilares son garantizar el anonimato, el blindaje laboral, la asistencia jurídica y la asistencia psicológica y médica. Nosotros queremos una ley completa que ampare tanto a filtradores o whistleblowers, como a denunciantes y testigos. Porque igual no eres denunciante, pero eres testigo y te ves inmerso en la misma situación.

Recibiría presiones o vería peligrar su puesto de trabajo igualmente...

Totalmente. Da igual. En el momento en el que aportas información y sale a la luz tu nombre y se levanta el secreto de sumario, estás perdido.

¿Cree que con la ley que proponen no habría tenido esta exposición?

Yo tuve que salir a la luz pública por motivos de seguridad, pero si estuviera vigente esta ley no me habríais conocido y yo seguiría trabajando en Boadilla. Así de claro. Es cierto que habría tenido que denunciar por negarme a firmar ciertas cosas pero no estaría en el punto de mira en el que estoy ahora mismo. Si se preservara el anonimato mi nombre no hubiera salido a la luz, no estaría expuesta como estoy ahora mismo ni sufriendo esta persecución tan brutal a todos los niveles. También hay más cuestiones que tenemos que abordar, como la protección de nuestras comunicaciones, porque tanto a Luis (Gonzalo Segura) como a mí nos han espiado. No tienes la certeza porque no tienes los medios para ir a un perito. Por eso queremos una base legal que nos proteja.

¿Qué respuesta les han dado los partidos?

Estoy muy agradecida por la buena predisposición de algunos porque incluso nos han dado ideas. Por ejemplo, Victoria Rosell (Podemos), que es jueza, nos propuso que todas las cuestiones jurídicas relacionadas acaben en una misma causa. En nuestros casos se derivan una gran cantidad de pleitos, unos como denunciantes y otros como denunciados. Y si yo denuncio aquí amenazas de muerte, en otro lado pongo una denuncia porque me han abierto las puertas del coche y en otra localidad hay unas injurias, lo suyo es que todo acabe en el mismo asunto jurídico. ¿Qué sabe el juez que juzga una amenaza de muerte que yo soy testigo de la Fiscalía Anticorrupción? Yo lo asemejo mucho al tema de la violencia de género. En ese caso, los juicios exprés son fundamentales. Si estás sufriendo acoso laboral, fruto de tu condición de denunciante, no te puedes eternizar ocho años para una sentencia. Hay muchos puntos en común. E igual que hay un juzgado especializado planteamos que haya unos juzgados específicos para denunciantes de corrupción en algunos territorios de referencia.

¿Se han reunido con todos los grupos?

Con todos los grupos menos con el PP, que mandó un acuse de recibo y no dio ninguna explicación ni mostró interés. Los que más han aportado y se han implicado han sido Podemos, Ciudadanos e IU-Unidad Popular. Otros nos han dicho que no podían cambiar el programa electoral a estas alturas. En el PSOE vimos muy poco grado de implicación. Nos dijeron que llevaban muchos años trabajando en eso y estaba en su programa. Es verdad que hacía alusión a la protección de denunciantes de corrupción pero de una forma muy general.

Entonces, independientemente del resultado de las próximas elecciones, los grupos se han comprometido a llevar esta cuestión al Parlamento.

Sí, pero yo prefiero que no nos prometan el oro y el moro si no lo van a cumplir. No nos han puesto plazo, pero les hemos pedido que nos envíen sus compromisos, además de lo que lleven en su programa electoral.

¿Se habría sentado a hablar con el PP si hubieran estado receptivos después de todo lo que ha pasado?

Que hay corrupción en el PP, en el PSOE, en Coalición Canaria o en otros sitios lo sabemos todos, pero hemos querido hablar con todos porque lo que nos interesa es que salga la ley. Me da igual quién se cuelgue la medalla. Aquí tenemos que dejar de un lado los temas personales, aunque si me llega a recibir el PP hubiera sido muy difícil mantener el tipo sabiendo lo que me han hecho. Pero yo no puedo entrar contraatacando en una reunión. Llevo 20 años trabajando con políticos y conozco el percal. Hay que mantener el tipo. Y eso sabiendo que tengo dos causas judiciales abiertas en mi contra por un ayuntamiento y un alcalde del PP. Una por infidelidad en la custodia de documentos, por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte; y otra una denuncia por vulneración del honor de su alcalde (Antonio González Terol). Además, teniendo su propio gabinete jurídico, contrata grandes despachos de abogados. Ni la oposición ha conseguido ver lo que se ha gastado el Ayuntamiento en litigios contra mí.

González Terol ha ido en las listas del PP al Congreso y probablemente repita en las próximas elecciones.

El Ayuntamiento de Boadilla, siendo él alcalde, ha sido condenado por acoso laboral. Una de las pruebas que se aportaron al juicio es que mi jefe inmediato, mi concejal, me decía que tenía directrices de hacerme la vida imposible. Y lo tengo documentado. En el juicio yo tenía muy claro quién era mi acosador después de mi concejal inmediato. Otra cosa es que le haya denunciado, porque no puedo demandar a más gente. Yo he dicho que le considero a él, al alcalde, el máximo responsable de mi acoso. Y lo diré las veces que lo tenga que decir. Eso quedándome corta, si es que él no ha recibido directrices por encima. Ahí ya me pierdo, aunque tengo muchos motivos para pensar que venían de mucho más arriba.

Arturo González Panero, alcalde de Boadilla en el momento en el que salta el escándalo e imputado en la trama, ha aparecido recientemente en los medios, sugiriendo la financiación ilegal del PP.

Me ha resultado curioso, pero mi teoría es que está haciendo pactos con otros imputados. De las cosas que ha dicho hay algunas que son verdad. Se jacta de que rompió sus relaciones con Correa y Bárcenas porque no le convenía lo que estaban haciendo, pero habría que ver si rompió la baraja porque en vez de darle (la mordida) al partido se lo estaba quedando él. Porque en la época en la que yo estaba investigando, y tal y como declaré luego al juez Pedreira, me llegó un concejal afirmando que le había llamado Bárcenas para enterarse de por qué el millón de euros de Teconsa no había llegado donde tenía que llegar, es decir, al partido, y qué había hecho este tipo con el millón de euros. En su momento, como Esperanza Aguirre no se podía cargar directamente a este tipo de gente, lo que hacía era utilizar los medios para quemarlos y enseñarles la puerta de salida. Ahora El Albondiguilla (mote con el que se conocía a González Panero) habla porque aprovecha un momento de debilidad de Aguirre y Granados, que están a la baja.

En una de estas últimas entrevistas, Arturo González Panero revela que Granados pidió a los alcaldes un millón de euros para los gastos de la campaña electoral de 2007.

Efectivamente, esas reuniones se sabían en el Ayuntamiento. No sabía que la encabezaba Paco Granados, pensaba que era Aguirre directamente. Pero a mí me llegó que les había pedido a cada alcalde de cada municipio un dinero para la campaña de Aguirre. No sabía que había sido a posteriori. Creía que era antes de la campaña.

Usted afirma que llegó a colaborar con la UDEF cuando se hacían registros en el Ayuntamiento.

Cuando la Policía comenzó a hacer registros en el Ayuntamiento vi que había trituradoras de documentos a mansalva y se llevaban los expedientes incompletos. A través de una amiga contacté con ellos y les orientaba. Les decía que hablaran con tal funcionario y no con otro porque estaba metido en la trama. Les pedí anonimato, sabía que había policías que estaban infiltrados. Y cuando volví al ayuntamiento y volví a sufrir acoso les pedí ayuda. Me dijeron que sin una orden del juez no podían hacer nada. Yo les entiendo, pero creo que había formas de ayudar y me dejaron con el culo al aire. Luego conocí a un policía que me dijo que nos vendieron a todos los que colaboramos. Y no fueron los agentes, sino uno de los comisarios de la Policía, José Luis Olivera. Todo el mundo con el que he hablado me dice que es quien paraliza las investigaciones. Al final, colaboré con la UDEF y me han dejado más vendida que nada.

¿No llegó a plantear si podía acogerse al sistema de protección de testigos?

Cuando hablan de testigo protegido me descojono. Estuve hablando con la secretaria judicial del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional y después de explicar mi situación me dijeron que no cumplía los requisitos para serlo. Cuando nos hemos reunido con Podemos, Juan Pedro Yllanes (exjuez, diputado de Podemos) me contaba que en Baleares funcionaba muy bien la Fiscalía Anticorrupción en ese sentido, protege mucho a los denunciantes. Hemos quedado en tener una reunión con la Fiscalía Anticorrupción para ver qué ideas podemos tener y si es necesario cambiar la ley. Por lo que decía Yllanes, la Ley de Protección de testigos y peritos estaba hecha en la época de ETA y se había quedado ahí.

Si se adoptaran medidas al respecto aflorarían más casos...

Seguro. Mira, mi caso ha sido mediático porque lo que he destapado es la Gürtel. Si yo destapo un caso de corrupción de un pueblo de tres al cuarto a mí me fríen... Conozco casos de gente que lleva 15 años con esa persecución. Hasta comprar el edificio en el que vives. Esa gente acaba mal de la cabeza. Y conozco otros casos de gente que quiere denunciar corrupción, corrupción a alto nivel, y no se atreven. Y no me extraña que no se atrevan. Una vez hablando con un policía me dijo que si denunciaba una información todo el mundo iba a saber que era él. Porque era el único que manejaba esa información. El otro día acompañé a una persona a la Fiscalía a la que recomendé no hacerlo con nombres y apellidos. Me decía: ‘Yo solo voy a denunciar lo que me ha pasado a mí. Sé lo que hay detrás pero no lo voy a decir porque si no me matan. Igual tiran del hilo y averiguan lo que hay detrás'. Pero que tengamos que buscar estas triquiñuelas... Para mí es la fórmula clave para que se denuncie la corrupción. Se está perdiendo dinero sin esta ley. Cuando me dijo un diputado que tenían que cuantificar cuánto costaría la ley le comenté: ‘Me parece muy bien, pero cuando lo cuantifiques ten en cuenta lo que hemos recuperado para las arcas del Estado las personas que hemos denunciado la corrupción. Ya verás cómo te salen las cuentas'.

En aquella época no existían buzones anónimos como los que existen ahora para poder denunciar casos de corrupción, pero el dossier tampoco lo entregó a la Fiscalía Anticorrupción.

No, ese fue uno de mis errores. No sabía dónde entregarlo. No quería ir a dar mi nombre y apellidos a la Fiscalía Anticorrupción, entre otras cosas porque trabajaba en el Ayuntamiento. Me dijeron que había un sindicato de funcionarios que denunciaba casos de corrupción, que era Manos Limpias.

Antes había denunciado las irregularidades que se estaban cometiendo en Boadilla a la propia Esperanza Aguirre.

Una cosa que nos define a casi todos los denunciantes de corrupción es que a la primera persona que se lo hemos contado ha sido a nuestro jefe. Porque nadie pensaba que estaba metido en el ajo. Había concejales que no estaban metidos en la trama y que habían sido jefes míos. Y cuando se lo conté me dijeron que estaban hartos de decirlo en Génova y no les hacían ni caso. Les pregunté si no les importaba entregar en mano una carta escrita por funcionarios en la que se dijera que nuestro puesto de trabajo estaba supeditado a si colaborabas o no colaborabas y que si no lo hacías era imposible trabajar. La respuesta que me dieron fue que lo moviéramos a través de los medios de comunicación. Yo ahí flipé, porque si la presidenta no puede echar a quien quiera es que está tan pringada como ellos.

Hoy los responsables de Manos Limpias están acusados de extorsión. ¿No vio algo raro entonces que ahora le ayude a  entender ciertas cosas?

Hay cosas que no me cuadran. No entendí que cuando me iba me dijo ‘no te preocupes porque he tenido una reunión con Esperanza Aguirre y Güemes y me han dicho que esto para adelante’. Yo me pregunté '¿a quién he entregado yo el dossier?'. Porque además, no se me olvidará, me dijo, ‘y además nos vamos a cargar a Baltasar Garzón por la Memoria Histórica'. Yo no sabía ni que yo había denunciado la Gürtel ni que estaba instruyendo el caso Garzón. Pero es que al día siguiente me llama una periodista para contarme que estaba con Miguel Bernad y le había dicho que yo era la persona que había hecho ese dossier. Independientemente de que no me pueda fiar de Manos Limpias, es verdad que era la única acusación particular en el caso de la Infanta. Te queda la duda.

Denuncia haber sufrido amenazas e incluso seguimientos para intentar amedrentarla.

Me doy cuenta de que no puedo tener una vida normal. Estoy agotada de toda esta historia. Lo que me parece más triste es tener que vivir en una casa que no es mi casa y con la inseguridad de que como es una casa embargada por el banco y ya ha salido a subasta, en cualquier momento me veo en un desahucio. Otra de las cosas que me preocupa es que si decido marcharme de España y empezar una vida nueva es que aquí, dentro de lo que cabe, estoy segura. Porque si a mí me pasa algo es un escándalo. Pero imagínate que me voy a México y aparezco muerta...

Puede pensarse que es un accidente.

Claro. Una de las cosas que no he planteado hasta ahora en firme es que personas como yo igual debemos tener la posibilidad de tener una identidad diferente para poder rehacer tu vida en otro lugar.

¿Sigue recibiendo anónimos?

Esto va por oleadas. Normalmente, cuando tengo juicio por algo me brean desde un mes antes. Últimamente, no. El mes antes del juicio por acoso laboral recibí del orden de 40 anónimos diarios. Cada vez que presento denuncias por amenazas me las intentan archivar por autor desconocido, sin abrir diligencias siquiera. Los dos anónimos más fuertes que he recibido han sido dos gifts a través de Twitter. Serían sacados de alguna película. Uno era una chica apuntándome con una pistola y el otro que me hacía así (se pone el dedo índice en los labios y después lo pasa por la garganta). Tuve que investigar yo y antes de que el juez archivara el caso aportar los datos de la persona que me había denunciado. Por eso creo que si todo estuviera focalizado en un juzgado, se lo tomarían de otra manera.

Es relevante que sea desde la propia sociedad civil desde donde salgan medidas como la que lleva su  plataforma para poder facilitar las denuncias de corrupción.

Sí, pero me he llevado la decepción de que la mayoría de las asociaciones anticorrupción, aunque surjan de la sociedad civil, hay cosas que no me gustan. Porque si yo derivo a gente que quiere denunciar casos de corrupción y dependiendo del caso que sea va para adelante o no... Y suele coincidir con temas de carácter político... ¿De qué estamos hablando? ¿De que hay asociaciones contra la corrupción de izquierdas y de derechas? Eso es lo que no entiendo.