El equipo de Ada Colau llegó al Ayuntamiento de Barcelona con ganas de hacer un cambio radical. Casi un año más tarde, las dificultades para gobernar en minoría empujan a Barcelona hacia una coalición de izquierdas. La intrincada aprobación de los presupuestos ha sido el punto de inflexión.  

Colau ha sufrido para lograr in extremis la mayoría de izquierdas necesaria para ampliar en 275 millones de euros netos el presupuesto heredado del gobierno de CiU --el de 2016 es una prórroga del aprobado el año pasado-- y aumentar el gasto social. Con sólo 11 de los 41 concejales que integran el consistorio, Barcelona en Comú tiene muy limitado su margen de maniobra.

Por eso, el Ayuntamiento de Barcelona está muy cerca de abandonar el monocolor para tejer una coalición de izquierdas. Las negociaciones para que el PSC entre en el gobierno están bastante avanzadas. La nueva política se aliaría con el partido que durante más de más de treinta años --desde 1979 hasta 2011-- ha ocupado la alcaldía de la ciudad.

Barcelona entra en una nueva etapa en la que la prioridad es conseguir la gobernabilidad de una ciudad que cuenta con un Ayuntamiento más fragmentado políticamente que nunca, con concejales de siete partidos políticos. Las puertas del gobierno municipal están abiertas también para ERC y la CUP, explicó en una rueda de prensa la alcaldesa, Ada Colau.  “Tenemos un mandato de cambio y un mandato de diálogo y pactos”, aseguró en referencia a la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas.

En realidad, el cuatripartito es una posibilidad remota. Los republicanos han mostrado predisposición a hablar, pero marcan distancia con el PSC. Barcelona en Comú “debe escoger entre la nueva y la vieja política, entre la gente que siempre ha mandado y la gente sin mácula”, aseguró el presidente del grupo municipal de ERC, Alfred Bosch.

La formación anticapitalista CUP ha dejado claro que no se plantea entrar en el gobierno. Y, durante las negociaciones para aprobar la modificación de las cuentas, pusieron contra las cuerdas a Barcelona en Comú. Aunque el gobierno municipal en minoría se había asegurado el apoyo de PSC y ERC, hacía falta otro voto más para sacar adelante la ampliación presupuestaria y contaban con que la CUP, la formación con la que más coincidencias programáticas tiene, como mínimo se abstendría.

No fue así. Al menos, en el primer intento. Las asambleas de los barrios de Barcelona del partido anticapitalista se opusieron en bloque a la propuesta de Barcelona en Comú. El teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, mostró su  “perplejidad” ante esta decisión y aseguró que el pleno extraordinario previsto se celebraría igualmente porque era necesario un debate transparente. El día D los concejales recibieron un aviso: la sesión se suspendía. Barcelona en Comú evitaba escenificar su fracaso.

Tras el traspié, las conversaciones se retomaron con la esperanza de alcanzar un acuerdo y, diez días más tarde, consiguieron que la CUP se abstuviera para aprobar los presupuestos. “Somos consciente de que hemos negociado las migas”, advertía la concejal anticapitalista, Maria Rovira, pero para el año que viene quieren presionar para conseguir el “pan entero”.

Las migas son 5,2 millones de euros que salen de una partida de reserva de inversiones. Representan algo menos del 2% del total de la ampliación presupuestaria, pero servirán para cumplir de forma descafeinada algunas de las reivindicaciones de la CUP. Habrá 2 millones de euros para ayudas al alquiler, 700.000 euros para desarrollar un “carnet ciudadano” para acreditar a los inmigrantes sin papeles, algo más de 90.000 para remunicipalizar la gestión de los Puntos de Información y Atención a las Mujeres, 100.000 euros para hacer un censo de pisos vacíos y unos 2 millones de euros para estudiar la creación de una renta universal para las mujeres.

Las reivindicaciones de la CUP eran mucho más ambiciosas. Un ejemplo: pedían volver a municipalizar la televisión local, la gestión del agua y el mantenimiento de los parques y jardines de la ciudad.

Para entender el desbloqueo de las negociaciones, hay que tener en mente que uno de los puntos clave de la CUP era la eliminación del conocido como cuerpo antidisturbios de la Guardia Urbana. Técnicamente, la policía municipal no tiene un cuerpo exclusivamente antidisturbios, pero sí cuenta con una Unidad de Apoyo Policial que viste con un uniforme distinto, con escudos y material defensivo, y tiene atribuida la función de antidisturbios, entre otras tareas, como la protección de edificios del Ayuntamiento. Desde que Colau entró en el gobierno, no han realizado ninguna actuación como antidisturbios.

La CUP exigía que se disolviese completamente esta unidad. Los tiempos son importantes. El día antes del pleno en el que se acabó aprobando la ampliación del presupuesto, el teniente de alcalde Pisarello anunciaba que el nuevo plan director de la Guardia Urbana en el que están trabajando no incluirá la función de antidisturbios.

Aunque esta medida estaba en el programa electoral de Barcelona en Comú y Pisarello recalcó que no estaba vinculada a las negociaciones presupuestarias, la portavoz adjunta de CiU en el Ayuntamiento, Sonia Recansens, habló de “pactos ocultos” con la formación anticapitalista.

En todo el proceso de negociación, los tres concejales de la CUP han tenido mucho peso. La lógica de esta formación es distinta a la del resto de partidos políticos y se caracteriza tanto por su tradición municipalista como por su carácter asambleario. Todas las decisiones políticas tienen que recibir el visto bueno de las asambleas, donde militantes y simpatizantes votan. Las bases tienen el poder.

Su imprevisibilidad se acentúa porque cada asamblea es un “espacio de decisión soberana” y actúa de forma independiente. Y, aunque en el partido anticapitalista niegan que haya influido, las relaciones entre Barcelona en Comú y la CUP se podrían haber enfriado tras varias discrepancias: en la gestión de la huelga de metro y autobús durante la celebración del Congreso del Móvil y en los conflictos entre la guardia urbana y los manteros.

Las discrepancias, aunque más pronunciadas, no son una novedad. Antes de las últimas elecciones municipales, la CUP tanteó la posibilidad de presentarse en la lista conjunta de Barcelona en Comú, integrada entre otros, por ICV, Podemos y Guanyem (el grupo en torno a Colau). Fue una tentativa fallida que dejó una herida abierta.

La retórica de la CUP habla de ruptura y cambio. No quieren avalar el “continuismo maragallista”, en referencia a Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona durante 15 años y cuya gestión marcó el modelo de ciudad. Habrá que ver cómo conjugar estas exigencias con un gobierno municipal cada vez más cerca de los brazos socialistas.

La posible entrada del PSC en el gobierno puede acabar de aguar las relaciones entre Barcelona en Comú y la CUP. Juntos, el bipartito sumaría 15 concejales, que ayudarían a repartir la carga de trabajo, pero no garantizan una gobernabilidad cómoda. Están todavía lejos de la mayoría absoluta. Dependerán también de pactos con otras fuerzas políticas y la suma con ERC no es suficiente para alcanzar la mayoría absoluta.

Los nuevos presupuestos suponen pasar de los 2.276,8 millones de euros de las cuentas prorrogadas hasta los 2.549,4 millones de euros. En total, 275 millones de euros netos más, que tendrán un marcado acento social, pero también servirán para financiar grandes infraestructuras como la llegada de la línea 10 del metro a la Zona Franca.

La huella de ERC se plasma, principalmente, en los 15 millones de euros para impulsar esa línea de metro y en 2 millones de euros para acelerar la transformación de los centros penitenciarios Modelo y Trinitat Vella. Estas dos obras forman parte de las competencias autonómicas, pero el Ayuntamiento de Barcelona avanzará el dinero a la Generalitat. Hay también partidas destinadas a la educación, vivienda y a la mejora de equipamientos municipales en distintos barrios de la ciudad. En conjunto, las propuestas de los republicanos suponen un impacto de 35,9 millones de euros.

Las reivindicaciones de los socialistas se han concretado, por ejemplo, en los 43 millones de euros para cubrir parcialmente el gran cinturón viario de la Ronda de Dalt y realizar obras en otras calles, o en los 15 millones de euros dedicados a becas comedor.

Más allá de estas sumas, hay un goteo de cantidades más pequeñas dedicadas a medidas contra la desigualdad --por ejemplo con un plan de becas para cursar formación profesional--, mejoras en el modelo de urbanismo, con la creación ampliación en 300 kilómetros del carril bici, y a actuaciones concretas en los barrios.

Las cuentas del gobierno de Colau son un cambio tímido. El eje son las políticas sociales y las inversiones en los barrios, pero cuantitativamente es una ampliación presupuestaria que representa poco más del 10% del presupuesto total. Los primeros presupuestos del cambio quizá son los últimos de Barcelona en Comú en solitario. La carga de ser minoría se ha hecho sentir.