A finales de mayo, un grupo de padres de uno de los barrios más pobres de Barcelona*, Ciudad Meridiana, dejó de llevar a sus hijos a la escuela por miedo a sufrir lo que llaman un “desahucio a traición”: sin previo aviso y aprovechando que todos están fuera --como ocurrió en cinco ocasiones en apenas dos semanas-- se cambian las cerraduras de sus casas. “Se pretende así que no haya más sucesos de este tipo, puesto que estando los niños en casa no se podrá llevar a cabo el cambio de cerradura o colocación de puerta blindada”, explican los padres.

Este lunes por la mañana, como casi cada día, los bancos frente a la Asociación de Vecinos de Ciutat Meridiana en Barcelona están ocupados en su mayoría por mujeres que esperan su turno. En este distrito de Nou Barris la asociación sirve de punto de encuentro para los habitantes en búsqueda de asesoramiento social, legal o de un simple apoyo moral. 

Esta mañana, Fili, el presidente de la AVV, no pudo abrir el local y llegará más tarde, así que Sandra López, junto a dos otros compañeros que van y vienen, atiende a sus vecinos a la vez que se disculpa por retrasar nuestro encuentro. Esta joven de 28 años no se separa nunca de su agenda, llena como si fuera la de un ministro --pósits de colores aparte--. Mientras una vecina bromea con otro voluntario de la asociación sobre las vistas, el calor y la ubicación de su alojamiento, Sandra apunta los datos de otra vecina.

En realidad, casi todos vienen para hablar de lo mismo en un barrio que los datos, los medios de comunicación y ellos mismos llaman “Ciudad desahucio”. Finalmente, entramos en una sala del local, la misma en la que se reúnen cada semana los vecinos para hablar de sus problemas, esperanzas y propuestas. 

Sandra forma parte del grupo de padres que el pasado 25 de mayo no llevó a sus hijos a la escuela por miedo a sufrir un “desahucio a traición”. En el manifiesto, que llevaron al pleno del ayuntamiento el 19 de mayo, Sandra lee: “Carmen B. llegó un día de trabajar con su hijo de 4 años de la mano pero no pudo entrar en casa puesto que había venido el banco BBVA, la comisión judicial, el cerrajero y le cambiaron la cerradura”. 

Este desahucio es similar a su propia historia: madre soltera de un niño de 4 años perdió su trabajo, su casa y lleva unos meses ocupando ilegalmente un piso en este barrio. “Cada día, cuando salgo de casa para llevar mi hijo a la escuela, pienso: ¿podré abrir cuando vuelva? Pero no me queda otra”, confiesa.  

En Ciudad Meridiana viven sus padres, abuelos y hermano en unos 50 metros cuadrados. Cuando se quedó sin casa, volvió a este barrio que la vio crecer pero era imposible --además de ilegal– irse a vivir con su hijo en un lugar ya sobreocupado. 

Encontró un piso “con la puerta abierta” y decidió ocuparlo. “Ni me lo pensé”, añade. En principio, el banco propietario de la vivienda no se puso en contacto con ella, pero unos vecinos que no vieron con buen ojo su llegada la denunciaron: “Desde el primer momento fui a empadronarme así que ellos saben que estoy ahí pero sé que hay vecinos, uno en concreto, que ha llamado para decir que estoy de okupa.” 

Okupa. Un término que tiene un eco distinto en la ciudad estos últimos días tras las revueltas por el desalojo del Banc expropiat en el barrio de Gràcia. Sandra, de hecho, aborda el asunto por miedo a ser víctima de críticas: “Con el tema de Gràcia, parece que los okupas somos todos perroflautas y que esperamos a que el ayuntamiento nos lo pague todo; pero estoy en una situación en la que tengo que elegir entre pagar una hipoteca o darle de comer a mi hijo. Que me llamen perroflauta, que me llamen lo que quieran... mi hijo va a ir al colegio con el estómago lleno sí o sí.”

Sandra empezó a trabajar con 16 años y con 24 ya tenía mucha experiencia en su sector (el transporte), casa en el Alto Penedés y trabajo fijo. Pero su empresa cerró y, después de separarse de su pareja, acumular trabajos precarios y conseguir la dación en pago de su casa, se encuentra hoy en una situación a la que nunca pensó que llegaría: ocupando ilegalmente un piso, parada cobrando el subsidio y sin encontrar ya ni siquiera un trabajo precario.  

“El primer mes que ocupamos la vivienda, no me atrevía a salir ni para llevar a mi hijo a la escuela ni para ir a servicios sociales para buscar los alimentos porque pensaba: ¿y si cuando salgo, vienen y me ponen una puerta de hierro? Ahora ya es más real, ya pasó a varios del barrio”, señala. 

La ley obliga a que los servicios sociales estén presentes en un desahucio con menores de edad. La “trampa”, según denuncian los padres afectados, “es que si no está el menor en casa, no hace falta avisar a servicios sociales”. Como respuesta, los padres en riesgo de desahucio estuvieron un día encerrados en casa: “No nos pueden echar si los niños están dentro”. 

Sandra admite que, con el nuevo ayuntamiento, los vecinos de Ciudad Meridiana siempre han contado con algún mediador para que echara una mano en los desahucios que intentan parar casi a diario. Agradecen el esfuerzo aunque, en el caso de este nuevo tipo de desahucios, no han tenido gran respuesta del consistorio: “Cuando les entregamos el manifiesto nos dijeron que no entendían qué había pasado y que iban a intentar mediar... pero mientras tanto se produjo el quinto desahucio que denunciamos”. 

Mientras charlamos, una mujer vino a pedirle ayuda. Llevaba mucho esperando fuera y necesitaba saber si el alquiler social que le proponían para evitar su desahucio era buena opción o no. Sandra lo apuntó todo en su agenda, se disculpó, y me explicó que su lucha es diaria. La AVV de Ciudad Meridiana cuenta con más de 900 familias afiliadas por un total de 10.000 habitantes. 

Al mediodía, Fili (por Filiberto Bravo) volvió. Sandra y sus compañeros aprovecharon para reunirse y comentar lo ocurrido durante la mañana. De momento, los desahucios “a traición” ha parado en el barrio aunque tampoco saben si volverán a ocurrir.  

En este barrio situado en el extremo norte de la capital catalana, los desahucios han dejado de ser noticia aunque se sigan ejecutando varios a la semana. Unos pocos teletipos informaron de la noticia tras la lectura del manifiesto en el pleno del ayuntamiento por las familias afectadas. Preguntado sobre el tema, el servicio de prensa “no tiene constancia”.  

---------------------------

* La renta familiar no llega al 40 %  de la media de la ciudad (39,2) y baja respecto al año anterior según las propias cifras del ayuntamiento publicadas a principio de año y correspondientes al año 2014.