Al conducir por La Marina (comarca de Alicante), uno comprueba que la vivienda es un virus. Cientos de construcciones resbalan por las faldas de las montañas, tropiezan unas con otras y se propagan hasta rozar el agua del Mediterráneo. Al borde de la orilla, se elevan rascacielos repentinos por aquí y por allá, sin armonía: la línea de costa parece el electroencefalograma de una agonía. La vivienda en Alicante es un virus de diseño que se elaboró cuidadosamente y se propagó a propósito sin que nadie se preocupara de preparar un antídoto.

Las toneladas de cemento que destrozan la costa levantina son el resultado de una cultura política implantada por Castedos, Fabras, Camps y Barberás, que ahora, de cara al 26J, empieza a mostrar síntomas definitivos de resquebrajamiento. Las elecciones autonómicas permitieron desbancar al PP del gobierno; la consolidación de esta tendencia en las generales ofrecería la oportunidad de asentar una nueva moral política que corte de raíz cualquier intento de expoliar el suelo.

Lo que se hizo bajo la batuta popular fue configurar un armatoste legal que abrillantara unas actuaciones que, según el sentido común, permanecían fuera de la sostenibilidad y el respeto a los derechos de los ciudadanos. Pero incluso el amparo legal se les quedó corto, los urbanistas y los políticos necesitaron el delito y la corrupción.

En las comarcas de La Marina (la Alta y la Baja) se edificaron de 2003 a 2013 más de 60.000 viviendas, equivalente a un nuevo Benidorm, según los datos del último Censo de Población y Vivienda del INE. Y mientras los promotores urbanísticos infectaban el terreno amparados en supuestos planes de viabilidad, resulta que, en la misma región, el número de casas vacías llegó a 52.600. Casi la misma cifra. Aun así, gracias a la labor de la sociedad civil, el panorama alcanzó unos niveles menores de lo que los Ortizes o Florentinos pretendían.

La asociación Abusos Urbanísticos No ha logrado paralizar un buen número de proyectos y ha tumbado Planes Generales de Ordenación Urbana. Esta asociación de asociaciones nació en muchos rincones de la Comunidad Valenciana, entre ellos en Benissa, uno de los 10 municipios de España con más porcentaje de viviendas vacías, un 44,7%, y esto a pesar de que se consiguió detener muchos de los afanes de las promotoras. Abel Cardona, portavoz municipal de Reinicia Benissa, cuenta que “la situación se ha incrementado por la despoblación sufrida en los últimos años a causa de la crisis del sector de la construcción. El número de habitantes ha disminuido en más de 2.500 personas aproximadamente”.

Una cifra semejante maneja Charles Svoboda, vicepresidente de Abusos Urbanísticos No, quien asegura que gran parte de los residentes extranjeros del pueblo se marcharon por miedo a las arbitrariedades con que se planteaban los PAI (Planes de Acción Integral) que pretendían cambiar el semblante de Benissa y adecuarlo al estilo de la época, con campos de golf y viviendas sin medida. Nos reunimos con él y con Enrique Climent, presidente de la asociación, en un bar del pueblo.

La asociación, que conseguiría que el Parlamento Europeo llamara al orden al Gobierno español para que derogara o rectificara la ley de urbanismo de la Comunidad Valenciana, surgió cuando los particulares comenzaron a sufrir los efectos de la legislación que diseminó el virus de la especulación urbanística. En virtud de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), los derechos de los pequeños propietarios eran machacados por el poder de los grandes capitales del sector.

Charles Svoboda salió un día de su casa y encontró dentro de su propiedad a unos topógrafos tomando medidas. “Les dije que se marcharan, pero dieron la vuelta y entraron por el lado opuesto a lo que no sabían que también era mi casa. Les dije de nuevo que se fueran o llamaba a la Guardia Civil”, recuerda. Su casa molestaba.

Lo mismo le ocurrió a Enrique Climent, el hombre que consiguió que Esteban González Pons se confesara un activista de vocación atrapado en los brazos de la política. “Por encima de mi casa querían pasar una calle de 25 metros de ancho, me costaba miles de euros las cargas urbanísticas y encima estábamos obligados a realizar cesiones obligatorias gratuitas”, cuenta Climent.

A partir de ahí comenzaron a organizarse y constituyeron Abusos Urbanísticos No, que acabaría sacando a 12.000 personas a las calles de Valencia para protestar contra la ley. La iniciativa de este grupo ante el Comité de Peticiones de la UE (que acabó reuniendo en un solo expediente unas 20.000 quejas de ciudadanos) desembocó, entre otros, en el Informe Auken (2009): una enmienda a la totalidad de la expansión inmobiliaria española que ponía negro sobre blanco el acoso a los derechos de los ciudadanos, la corrupción y el azote al medio ambiente.

Climent se define como un anarquista puro y pide agua mineral con una convicción absoluta. Ha provocado, sino el temor, sí la incomodidad y la exasperación entre los Atilas políticos de la especulación de la Comunitat. Con el fin de detectar huecos y trampas, ha leído desde la primera hasta la última línea los borradores de las leyes, los Planes Generales y PAI.

En Alicante, con un tercio de la provincia con problemas de desertificación, se proyectaba constantemente la construcción de campos de golf con unas necesidades de riego que eran insostenibles. “En uno de estos casos, le dije a un alcalde que tenía que solicitar, según la ley, un informe sobre los recursos hídricos. Me dijo que lo tenía y que era desfavorable, entonces le espeté que no podía seguir con el proyecto. No obstante, él me lo aclaró: la ley dice que lo tengo que pedir, no que sea vinculante”. Desde entonces aguzó las pupilas y se dedicó a rastrear todos los documentos que se pretendían aprobar.

No había que inventarse nada para derribar los Planes Generales o los PAI, muchos de ellos ya nacían rotos, solo que nadie los miraba. En un PAI debe estudiarse y asegurarse la viabilidad de un proyecto de urbanización concreto: si es sostenible económica y medioambientalmente, si cubre demandas de la población... Sin embargo, la impunidad y la desfachatez con que estos se redactaban evidencian que la especulación inmobiliaria se había mecanizado hasta el ridículo. “Muchos se hicieron cortando y pegando la información de otros PAI. El caso más bochornoso y simbólico fue que, mientras leía uno de un municipio, de pronto, en mitad del texto, empezó a referirse a otro pueblo”, relata Enrique Climent.

El sentimiento de inmunidad aristocrática que desarrollaron los políticos en la era Aznar también los llevó a cometer errores en los Planes Generales. Once años después de su aprobación, el Tribunal Supremo anuló el PGOU de Benissa porque, a última hora y a espaldas de los vecinos, se habían colado modificaciones sustanciales. Fuentes del grupo socialista en el ayuntamiento opinan que el movimiento iba orientado a favorecer a los “amiguetes”. El alcalde popular, Juan Bautista Roselló, ha mantenido buena relación con personajes de calcetín sucio como Enrique Ortiz. De hecho, el detenido por la operación Taula, Vicente Francés Serra, era el constructor de cabecera de Benissa.

La lucha de Abusos Urbanísticos No ha sido sin cuartel. Ejercieron presión y se reunieron con cada consejero de Ordenación del Territorio: “Esas reuniones no servían para nada. Nos recibían con cierta cordialidad y nos prometían cosas que no cumplían. Pero no esperábamos nada más, lo único que queríamos era hacerles ver que éramos muchos y seguíamos vivos”. Precisamente, fue el número de asociados (unos 16.000) lo que le abrió los ojos como platos a González Pons, a la sazón consejero de Territorio y Vivienda. El político se puso zalamero y se animó a colocar la mejor versión de su mano aduladora en el hombro de Climent y a confesarse, arrebatado: “Mira, te voy a decir una cosa, si yo no estuviera metido en política, estaría en tu asociación”. “No sabes qué alegría me das, pero, hala, qué ‘político’ eres”, respondió Climent, y aquel meneó su cráneo comprimido mientras reía, orgulloso de su fantasmeo.

Naturalmente, aquello no llegó a ninguna parte.