Ni PP, ni PSOE, ni Podemos, ni Ciudadanos. La opción electoral preferida por los españoles el pasado 20 de diciembre fue la abstención. El dato definitivo, publicado en el BOE el 29 de enero de 2016, señala que el 30,32% del censo, más de 11,07 millones de potenciales votantes (incluidos los 1,8 millones registrados en el censo exterior, CERA), no acudieron a las urnas. La formación más votada, el PP, quedó a casi cuatro millones de votos distancia. Aunque los medios y los líderes políticos afirmaron, de forma precipitada, que la participación fue alta y se situó en el 73,2%, el dato es falso pues faltaban por contabilizar los residentes en el extranjero. Por culpa del sistema del voto rogado, aprobado por el PSOE en 2010 con el apoyo de PP, PNV y CiU, la abstención de los 1,88 millones de residentes expatriados inscritos se elevó hasta el 95,3%: solo votaron 88.739 personas, el 4,7% de los censados fuera del territorio nacional.

Si se cumplen los pronósticos de las encuestas –la estimación de Jaime y Miquel para Público.es es del 31%– para el 26J, la abstención repetirá en primer lugar, y será más alta que en diciembre pasado: al menos 11,3 millones de personas no acudirán a las urnas, si se usa como referencia el último censo electoral publicado por el INE. En cuanto al CERA, el número de inscritos ha subido hasta 1,92 millones. De ellos, aproximadamente el 8% ha rogado el voto, pero no todos participarán. En diciembre rogó su voto el 7,6% del censo exterior, pero sólo terminaron enviando la papeleta el 4,7%. Se espera, por lo tanto, que la abstención desde el extranjero esté cerca de los 1,8 millones: de nuevo, como si una ciudad del tamaño de Barcelona no votara.

Desde la llegada de la democracia a España, solo en tres ocasiones se ha alcanzado un porcentaje tan alto de desafección como en diciembre de 2015. Fue en los comicios de marzo de 1979 (31,9%), marzo de 2000 (31,29%) y noviembre de 2011 (31,06%). En el lado opuesto se sitúan las elecciones de octubre de 1982. Aquel año, primero del felipismo, sólo se abstuvo el 20,03% del electorado.

Desánimo

Politólogos y sociólogos coinciden en señalar que cuando el desánimo político es grande, la participación se resiente, y los últimos datos ofrecidos por el CIS en mayo no auguran, en principio, una gran movilización: el 61,2% de los votantes considera que la situación política es mala o muy mala. No es la única circunstancia que influye a la hora de ir a votar. Repasando la intención de voto en los dos últimos comicios generales, hay una variable que salta a la vista: el nivel de renta familiar. A medida que éste decrece, aumenta la abstención.

En medio de la campaña electoral, cuando candidatos y equipos hacen sus cálculos sobre cómo les afectará la decisión de votar o no de los ciudadanos, podría ser también un buen momento para que se preguntaran por qué aquellos más desfavorecidos prefieren quedarse en casa o, al menos, no aparecer por el colegio electoral.

Edad, estudios, tamaño de la población de residencia o estatus socioeconómico son otras de las variables que analiza el CIS en sus barómetros, y muestran cómo los factores socioeconómicos y sociodemográficos condicionan la intención de voto y abstención de la población. Sirva como ejemplo la brecha generacional. Desde 2005, la población de 18 a 24 años ha demostrado, salvo momentos puntuales, una intención de abstenerse bastante más alta que la mayor de 65 años. El desencanto con la gestión de la crisis económica de los partidos tradicionales –PSOE y PP mantienen horquillas de edad bastante elevadas– fomentaba esta situación. A partir de 2014, con el surgimiento de Podemos y más adelante con el crecimiento de Ciudadanos, la intención de abstenerse de los jóvenes ha descendido significativamente desde el pico registrado en abril de 2013 (26,7%), aunque no ha alcanzado su mínimo histórico.

La posición social también afecta a la hora de ir a votar, según refleja el barómetro del CIS. Así, los que se sitúan en la franja de clase alta o media alta presentan el mayor porcentaje de participación (90,5%) frente al 79,4% de los obreros no cualificados que fueron a las urnas en diciembre de 2015 o al 78,7% de los obreros cualificados.

Mientras el 14,8% de los obreros cualificados prefirió no ir a votar, solo el 6,1% de la clase alta o media-alta optó por no ejercer su derecho. En el resto de grupos sociales, los que eligieron no ir a votar fueron: 10,9% la nueva clase media, 11,4% la vieja clase media y el 13,8% de los obreros no cualificados.

La abstención va por barrios

Los datos que proporciona el Ministerio del Interior desagregados por ciudades y secciones electorales (Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Málaga y Bilbao) ofrecen también información sobre el comportamiento de la abstención. En las siete capitales la participación es sustancialmente mayor en aquellos distritos que disfrutan de rentas más altas. Esa diferencia superó en diciembre de 2015 los 13 puntos en el caso de Sevilla y de Málaga (13,2). En Madrid fue de 12,5 puntos y en Zaragoza de 11,9.

La mayor abstención la encontramos en el barrio de La Merced de Málaga, donde se alcanzó el 36,8%. Dentro de esa demarcación se encuentran La Palma y La Palmilla, cuyos hogares disfrutan de apenas 17.000 euros anuales de renta. Los vecinos malagueños con mayor renta –los de La Malagueta, El Limonar y Cerro de Calderón– disponen de más de 46.000 euros de renta familiar (datos de 2012) y su participación en las elecciones de diciembre fue notablemente superior: solo se abstuvieron el 23,6%.

La tasa más baja de abstención la encontramos en Valencia en el barrio de L’Eixampla (16,1%), donde sus habitantes superan una renta per cápita de 25.600 euros. En las pedanías del Oeste (Benimàmet y Beniferri), donde apenas llega a los 15.841 euros, el 24,01% decidió no votar en diciembre.

En Madrid, la diferencia es sustancial. Retiro, con una renta familiar de 26.409 euros, presenta un índice de abstención 12,5 puntos por encima de Puente de Vallecas, con unos renta de 16.730. En el primero la abstención fue del 17,1% y en el segundo del 29,6%.

Los residentes en el extranjero

Desde la aprobación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 2010 las posibilidades de votar desde el extranjero se han reducido considerablemente debido a las dificultades del procedimiento y al hecho de que las personas que optan por esta solución pierden sus derechos de acceso a la sanidad pública. Si antes de esa ley votaba alrededor del 30% del censo en el exterior, en los últimos comicios esta cifra se redujo al 4,7%.

Esto, unido al crecimiento continuado del censo exterior (CERA) desde 1986 –primeras elecciones en las que se permitió votar desde el extranjero–, supone que un porcentaje cada vez más importante de la abstención corresponda a personas sujetas al procedimiento del voto rogado. En las elecciones de 2011, las primeras en las que había que realizar este tipo de trámites para votar, se abstuvo el 31,06% de la población. Si no se tiene en cuenta el censo exterior, es decir, si se calcula solo la abstención de la gente que podía votar desde España, el porcentaje baja hasta el 28,48%, casi dos puntos y medio menos. La diferencia fue aún más grande en 2015: 30,3% de abstención total frente al 26,8% de los residentes en territorio nacional.

Para explicar el fenómeno de la abstención es necesario tener en cuenta que, mientras siga vigente la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, una parte importante del porcentaje de aquellas personas que no van a votar quizás no lo hagan por desencanto o desinterés, sino por trabas y obstáculos burocráticos. En diciembre de 2015, casi un 20% de la abstención se debió en el voto desde el extranjero.

Por otra parte, la petición de voto por correo se ha incrementado en un 85,5% frente al 20 de diciembre: lo ha solicitado casi un millón y medio de electores.