Cartas desde París
La muerte de Adama Traoré, un escándalo de Estado
El fallecimiento de un joven negro detenido por la gendarmería no constituye sólo un exceso policial. Bajo el pretexto de combatir el terrorismo, este gobierno pretende preservar a las fuerzas del orden de toda crítica.
Éric Fassin 17/08/2016
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Marcha para reclamar justicia para Adama Traoré el pasado 31 de julio en París.
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Si podemos hablar de crimen de Estado es porque estas tragedias repetidas, de las que son víctimas franceses negros o árabes, no constituyen sólo un exceso. Éstas contradicen los discursos oficiales, pero confirman una elección política efectiva reiterada por los sucesivos gobiernos, que se traduce en actos sobre el terreno. Hemos hablado más de la violencia policial desde la instauración del Estado de emergencia, en particular en las manifestaciones contra el proyecto de reforma laboral. Ahora bien, antes de esta represión política, las personas racializadas la sufrían desde hacía bastante tiempo en medio de una cierta indiferencia. Esta represión cotidiana hacia los habitantes de los “barrios” debería, sin embargo, haber servido de advertencia a toda la sociedad: el Estado de excepción es también un Estado ordinario.
No hemos olvidado que François Hollande, una vez elegido para la presidencia de la República, renunció rápidamente al proyecto de que la policía estuviese obligada a entregar unos resguardos en sus controles de identidad, para luchar contra los controles por rasgos faciales. Antes de ceder frente a su ministro del Interior, el primer ministro Jean-Marc Ayrault, había recordado, el 1 de junio de 2012, el interés de este compromiso electoral: “Será útil para todos” – no sólo— “para las personas controladas”, sino también “para los policías, puesto que éstos necesitan reencontrar la confianza y el respecto”. Aún más grave, cuando esta práctica ordinaria le supuso al Estado una condena por falta grave en 2015, su sucesor, Manuel Valls, se aferró a recurrir ante el Supremo. Peor aún, en 2016, ya no es sólo que el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, declare en la Asamblea Nacional, visto el escaso número de quejas por discriminación, que se trata de un fenómeno “totalemente marginal”, sino que además el Estado llega incluso a justificar los controles por rasgos faciales.
En efecto, para buscar a extranjeros en situación irregular, según una memoria dirigida al tribunal por el representante del Estado, y hecha pública por Mediapart, ¿no estamos forzados a apuntar a “la única población que parece que podría ser extranjera”? Dicho de otro modo, el Estado considera explícitamente que los árabes y los negros tienen cabezas de extranjeros. O al contrario, que los franceses normalmente son blancos. He aquí por qué podemos decir que una política racial de Estado ha matado a Adama Traore, que huía en bicicleta por no tener sus papeles encima: si él no era culpable, lo era su hermano (al que los gendarmes acababan de arrestar) o si no, alguno de los suyos.
Podemos hablar también de un asunto de Estado en la medida en la que el fiscal de la República ha practicado lo que Le Monde llama con moderación “una comunicación selectiva”. En efecto, después de la primera autopsia, Yves Jannier habló de una “infección muy grave”, que “afectaba a varios órganos”; y puesto que el forense no había revelado “huellas de violencia significativa”, el magistrado concluía: la causa de la defunción “parece ser médica en un sujeto manifiestamente en hipertemia en el momento de ser examinado por los servicios de emergencia”. Esposado, tendido en pleno calor en el patio de la gendarmería, después de haber declarado tener problemas para respirar, perdió el conocimiento. Un hombre muere con 24 años horas después de su arresto. ¡Pero el problema será su estado de salud, no el Estado!
Sin embargo, tras la segunda autopsia, ya no se trata de la patología cardiaca evocada por el fiscal. Éste insiste de nuevo en la ausencia de una “huella susceptible de explicar el fallecimiento”, pero aún no dice nada de los síntomas de asfixia, que figuran en los dos informes de la autopsia (“Por respecto a la dignidad humana” la justicia rechaza una tercera). Ahora bien, como revela L’Obs, a partir del testimonio de los gendarmes, la víctima “recibió el peso de nuestros cuerpos, los tres, en el momento de su detención”. Manifiestamente, el fiscal de la República no tiene más que un objetivo: descartar toda sospecha sobre las fuerzas del orden. Lo que es lo mismo que decir que la separación de poderes se reduce, como nos enseña Mediapart, a no transmitir al juez de instrucción varios informes, el del servicio móvil de urgencia y reanimación (SMUR), el de los bomberos que intervinieron y el de la policía técnica y científica sobre el vehículo de los gendarmes.
El vínculo entre el crimen y el asunto es el Estado y su política, que pasa por la prohibición de expresar políticamente lo que acaba de ocurrir. Lo hemos visto con la marcha “por la verdad” del 30 de julio, que “se acortó”, según el eufemismo de Le Figaro. En realidad, la prefectura de policía de París la impidió en el último momento por “razones ligadas a la protección de las instituciones”, “a la preservación del orden público” y para asegurar “la propia seguridad de los manifestantes”. ¿Estas tres lógicas van realmente en el mismo sentido? ¿No es del apoyo a la familia de Adama Traoré de lo que las instituciones quieren protegerse? ¿Y la prohibición de protestar contra los abusos estatales, lejos de preservar el orden público, no lo altera?
Bajo el pretexto de combatir el terrorismo, este gobierno pretende preservar a las fuerzas del orden de toda crítica. En realidad, esto equivale a agravar la hostilidad de una parte de la población hacia ellas. Decretar su irresponsabilidad no les protege, más bien al contrario. De hecho, este desorden del Estado amenaza profundamente la legitimidad de nuestras instituciones. El rechazo de los ciudadanos hacia ellas, tan propagado en los barrios populares, se ha difundido a partes enteras de la sociedad. Para muchos franceses, la República no aparece ya como la cosa pública, sino como un eslogan sin eco. De ahora en adelante, sólo sabremos hablar del “país de los derechos humanos” con ironía. Frente a aquellos que, como Nicolas Sarkozy, reducen el Estado de Derecho a “argucias jurídicas”, las hermosas palabras de Manuel Valls sobre una “línea infranqueable” suenan huecas, terriblemente huecas.
Traducción de Amanda Andrades.
Este artículo fue originalmente publicado en el blog del autor en Mediapart.
Si podemos hablar de crimen de Estado es porque estas tragedias repetidas, de las que son víctimas franceses negros o árabes, no constituyen sólo un exceso. Éstas contradicen los discursos oficiales, pero confirman una elección política efectiva reiterada por los sucesivos gobiernos, que se traduce en actos sobre...
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Éric Fassin
Sociólogo y profesor en la Universidad de Paris-8. Ha publicado recientemente 'Populismo de izquierdas y neoliberalismo' (Herder, 2018) y Misère de l'anti-intellectualisme. Du procès en wokisme au chantage à l'antisémitisme (Textuel, 2024).
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