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Miércoles. Parlament. Sí, voy un poco retrasado. Pero es que describir la velocidad es lo más lento del mundo. Salvando las distancias, Turner tardaba un huevo en pintar una tempestad, otro retrato, por lo demás, también del viento. Anyway. Hoy el Parlament discute la supresión de las sentencias judiciales del Franquismo. El título mola. Como todo en este Parlament. Sugiere una velocidad imparable/una tempestad. Lamentablemente --y esto es un spoiler como un pino a esta crónica--, la supresión de las sentencias judiciales franquistas, si bien fueron aprobadas en sesión en su primera fase, nunca se producirá, algo enteramente normal en el país europeo con el único fascismo sin Nuremberg. Y algo, por otra parte, snif, normal en este Parlament, que parece el de Matrix.

Antes de esta sesión, no obstante, les describo su entorno. Los últimos días y fenómenos acaecidos en la DOC Catalunya. Para que quede más ordenado, lo he ordenado en títulos que, en lo que es una superproducción, he puesto en negrita. 

La cosa desobediencia. Aparentemente, estamos bien servidos. El TSJC ya ha empezado los trámites para el empure solemne de Forcadell. Por lo demás, en lo que es un indicio del estado de la materia en Catalunya, 40 ayuntamientos han practicado la desobediencia el pasado 12 de octubre, Fiesta Nacional de la España Gore, y permanecieron abiertos, ofreciendo sus habituales servicios y tocadas de narices a la ciudadanía. Sólo uno de los que se declararon laborables practicó la desobediencia à la catalane/sí pero no. El de Badalona. El único al que se le obligó, desde amenazas penales, a no realizarla, y el único en escenificar la desobediencia sin llegar a hacerla, lo que no le impedirá, a su vez, que lo empuren. Por lo demás, se han detectado más y distintos epicentros de desobediencia. En Berga --Catalunya interior--, un grupo libertario empezó a cambiar, por su cuenta, los nombres de las calles de curas por nombres de resistentes catalanes en el espacio-tiempo. A su vez, fueron empurados, me dicen, por el ayuntamiento, de la CUP. El mundo de la desobediencia, nítido, prístino --desobediencia es sí cuando te dicen no, es no-quiero-comerme-la-sopa, aquí y en Lima--, es un lío en Catalunya, lo que indica que tendrá serias dificultades para realizarse a tutiplén el día que toque. Como, por otra parte, siempre que ha tocado desde que empezó la cosa Procés. 

La cosa TC. El TC --siglas de Tribunal Constitucional, pero también, glups, de Tribunal para Catalunya-- ha vuelto a invalidar leyes catalanas que, no obstante, se aplican sin mosqueo alguno en otras zonas del Estado. Ha sucedido con la prohibición de las corridas de toros, patrimonio cultural del Estado innegociable. En Catalunya, que no en Canarias, por ejemplo. Lo que hace unos años se presentaba a sí mismo como el Estado más federalizante --federalizante, por otra parte, es un palabro que no existe-- de Europa, y que en la sentencia del TC al Estatut pasó a ser un Estado unitario, con administración parcialmente descentralizada, esta mañana a primera hora parece ser un Estado que no permite a sus autonomías legislar, no ya sobre bípedos, sino sobre cuadrúpedos. Un fin de Régimen es también la percepción de un Régimen más allá de lo que el Régimen ha ido diciendo de sí los últimos 40 años. Y eso es lo que está pasando. Tal vez, es lo único que está pasando.

La cosa Procés, por ejemplo, sigue pasando sin pasar. Esta semana, en la prensa extranjera, Mas ha declarado que, en caso --muy probable-- de que no haya referéndum pactado, se pasaría a la casilla elecciones. Como siempre. Puigdemont, en una conferencia en París, ha venido a decir lo mismo, pero de manera más larga. Ah, un dato importante. Hace unas semanas el secretario del Parlament se dio de baja, aduciendo problemas personales. Podría ser. Pero es el segundo Secre que se da de baja. El primero --la primera, vamos; se trataba de la Secre eterna del Parlament, una antigua empleada de De la Rosa; sí, este Parlament es, históricamente, la milk-- pidió su pase a la situación B a inicios de esta legislatura. Los secretariólogos consultados me explican que cuando los Secres se piran, es un indicio de que no creen en lo que se está legislando. Es decir, que lo legislado, más que un problema para el marco legal, lo es para el secretario, que ya no sabe a qué lado mirar. 

La cosa Govern. El Govern ha ganado una nueva escenografía. ERC y CDC, amigos y residentes en Junts pel Sí, han creado una válvula de escape, en la que se dan de leches non-stop, liberando con ello estrés. Se trata de la Conselleria de Sanitat, ocupada por Antoni Comín --de ERC; es el hijo, por cierto, de Alfonso Comín, intelectual que acercó el cristianismo al marxismo--, que ha paliado un tanto el acoso y derribo a la sanidad pública del anterior Govern Mas. Está por ver si Sanitat será el área en la que el invento JxS se irá al garete, o será el punto en el que se alivien sus tensiones ideológicas hasta final de legislatura.

Ahora sí. El pleno y su propuesta de una ley --sí, una ley, nada de propuesta no de ley o de resolución; una propuesta de ley es algo que va en serio-- para la supresión de sentencias franquistas. Por tal motivo, las tribunas del Parlament se han llenado de abuelitos represaliados por el fascismo, de sus hijos, de sus nietos. Algunos, con las fotos de sus antepasados asesinados. El fascismo, independientemente de que fabrique seats 600 y minifaldas, consiste en dar miedo. Y la esencia del miedo es la represión. En ocasiones, el asesinato, legal o a la brava. Sobre el asesinato legal --tan solo una región del asesinato--, es preciso señalar que las sentencias que lo permitieron sigue vigentes. Es decir, dibujan una razón de Estado, aún comprensible, por tanto, para el Estado. El inicio del trámite de la ley que se propone hoy, ¿servirá para paliar aquel abuso continuado del Estado? Pues no. Por dos razones. La primera es que un parlamento --cualquiera-- no puede suprimir una sentencia. Por Montesquieu System/división de poderes. Si fuera posible suprimirlas, Vera, Barrionuevo, Matas --y, en el futuro, pongamos, los all stars de Gürtel-- jamás habrían pisado la cárcel. La segunda razón es que en España están operativas dos leyes de punto final.

La primera es la Ley de Amnistía de 1977, celebrada, en su dia y hasta hace muy poco por las izquierdas locales, que no supieron ver, o que lo vieron y les pareció la mar de bien, que no sólo era una ley que amnistiaba a los reprimidos por el Franquismo, sino también --y mucho; todo-- a los represores. Sí, los delitos contra la Humanidad y el abuso de Estado continuado no prescriben. Eso, por cierto, lo sabemos gracias a la resistencia jurídica argentina contra le Ley de Punto Final, un intento fallido de amnistía española del 77, emitido en Argentina. Pero, snif, aquí las izquierdas no recurrieron a instancias internacionales aquella amnistía, sino que, lo dicho, celebraron en su día la ocurrencia. Por otra parte, tanto derechas como izquierdas no han estado por la labor de adecuar aquella ley --es decir, de suprimirla parcialmente-- a la normativa internacional posterior al fallo internacional sobre la ley argentina. Es más, el Estado se comporta como si la jurisprudencia internacional no fuera con él, como ha quedado claro con la orden de la Interpol de que varios ministros franquistas implicados en la represión, así como el artesano Billy el Niño, acudan a Argentina para ser interrogados. La poética del Estado quedó clara, también, con la defenestración de Garzón, cuando se propuso investigar el Franquismo a través de las posibilidades abiertas por Argentina. 

La segunda ley de punto final local es la Ley de la Memoria Histórica. Se trata de una ley declarativa --es decir, de buen rollo, sentimental, que aboga por bla-bla-bla, si bien no lo promueve en ningún momento--. Esa ley --una metáfora de Zapatero; una ley bienqueda; Zapatero igual fue el primer processista de la historia-- quizás hubiera sido el lugar adecuado para suprimir las sentencias Franquistas. Es decir, para dar pie a que los reprimidos y sus familiares recurrieran sus sentencias a los tribunales que, a la luz de una ley diáfana y vehemente en ese punto, hubieran tenido, en efecto, que suprimir las sentencias. Como en su día pasó, exactamente y gracias a textos parecidos, en Alemania, Austria y otros países que, si bien son favoritos de la Divina Providencia, no lo fueron tanto ni tanto tiempo como España. Con la ambigua y endeble Ley de Memoria Histórica en la mano, los familiares de Peiró --cenetista, ministro de la República y un buen hombre-- y de Puig-Antich --último anarquista ejecutado, cuando ya existían los Abba, que se dice rápido-- recurrieron la sentencia al Tribunal Supremo. El recurso fue, en ambos casos, desestimado. Con un par. Toma Ley de Memoria etc.

En fin. Ante hijos y nietos que no conocieron a su padre o abuelo, ante reprimidos que percibían un día histórico y una gran justicia latente, ante un público emocionado --una representación de las cerca de 80.000 personas encausadas por el Franquismo en Catalunya--, se sucede, en fin, la presentación del proyecto de ley y los turnos de palabra de los Grupos Parlamentarios. Nuet --CSQEP, emisor del proyecto-- y Montse Palau --CiU/JxS-- dibujan que la Ley de Amnistía no puede ser entendida como Ley de Punto Final, y que los crímenes contra la humanidad no prescriben. Ferran Pedret --PSC-- dibuja, discretamente, que la ley topará con obstáculos competenciales, Mireia Boya --CUP-- dice que con la ley "nos sacaremos de encima la legalidad fascista". Alejandro Fernández, tras un alegato republicano-sentimental --el PP es el único partido que nos da sorpresas; puede hacer lo que quiere--, no se opone a la Ley propuesta, pero matiza que todo ya fue fijado en la Ley de Amnistía. C's no dice nada en especial.

No hay ninguna enmienda a la totalidad, por lo que la ley sigue su trámite. El público se levanta y aplaude. Algunos lloran. Hace semanas, se presentó en los medios esta ley como una de las Lleis de Desconexión --un terreno, por tanto, tan nebuloso, que hay días en los que es una ley, y otros en los que son varias--. No lo es. No está entroncada con la cosa Procés. Es, sencillamente, un error legislativo. Es decir, algo que no puede emitir un parlamento. Un parlamento, recuerden, no puede invalidar una sentencia o un partido de Champions. Ignoro si la cosa nace de la buena fe, o de la dinámica processista --ya sabe, emitir propuestas que nunca tendrán traducción legal, para consumo interno--, en esta ocasión, adoptada, glups, por las izquierdas, que igual han visto el filón. Me apena por el público de la tribuna. Y me apena por un antepasado mío que igual, durante unas décimas de segundo, soñó con algo así mientras un agente de un cuerpo que aún existe le partía la cara en una habitación durante días. El fascismo en un país sin Nuremberg es algo más sucio, largo y confuso que en uno con.

Por la tarde, por cierto, el PSC hace otra propuesta. Mejor orientada. Cambiar la Ley de Memoria Histórica en su tramo sobre sentencias. Es decir, hacer algo con pies y cabeza en esa ley chorras, que podría ser uno de los asideros para, en efecto, suprimir las sentencias fascistas. La idea cuela. Ahora irá al Congreso, donde podrá ser subestimada gracias a los votos del PP --igual, incluso, se anima CDC--, a través de un argumentario como el esgrimido hoy por el Grupo Parlamentario Popular. Amnistía'77, pasado superado, convivencia, cohesión, mireusté.

La descripción de la velocidad hoy ha vuelto a consistir en la descripción de la ausencia de movimiento. Este país, en fin, está institucionalmente paralizado. O mejor, petrificado. En 1978. O, peor, en 1977. Como un cuadro de Turner sobre el viento, no se mueve nada.