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Más de la mitad de la población mundial, casi 4.000 millones de personas, ya vive en ciudades. Y el incremento de los flujos migratorios causados por los conflictos armados, la desigualdad y el cambio climático están provocando un aumento exponencial del movimiento de personas hacia las áreas urbanas. Esto supone un reto para la estabilidad económica y política del mundo globalizado. Porque, aunque la urbanización permite diseñar políticas que mejoren el acceso a la educación, a los recursos energéticos o a la sanidad, una mala gestión de este proceso resulta en conflictos, pobreza y desigualdad.

En el ámbito académico, pero también en el político, cada vez más voces argumentan que estamos ante un cambio de patrón en la gobernanza. Y prevén, entre otras cosas, que el poder local jugará un papel cada vez más destacado en las relaciones internacionales. El rol de las autoridades locales en el abordaje de retos europeos como el de la migración ha crecido hasta el punto de que Federica Mogherini, jefa de política exterior de la UE, se refirió ya en octubre de 2015 a la "diplomacia de las ciudades" y reconoció que, en el contexto de la crisis europea de asilo y con los Estados miembros percibidos como demasiado alejados de sus ciudadanos, las autoridades locales están ganando y deben seguir recibiendo mayor reconocimiento.

De facto, los municipios ya tienen el poder de gestionar ciertas cuestiones libremente, fuera del marco de las políticas e instituciones nacionales. Uno de los ejemplos del papel que las ciudades pueden jugar a la hora de ofrecer soluciones locales a problemas globales es la respuesta que estas están ofreciendo ante la crisis del sistema europeo de asilo. Muchas están tratando de tomar las riendas, aprovechar los años de experiencia en la integración de los migrantes en la comunidad local para diseñar y ejecutar políticas que difieren de las aplicadas por el Estado.

Como nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos, los ayuntamientos tienen una posición central respecto a los retos sociales y financieros a los que el sistema de asilo europeo se está enfrentando. Son las responsables de proveer protección y servicios de atención primaria a los refugiados, así como asistencia jurídica y sanitaria o alojamiento. Pero para que iniciativas municipales, como lo fue la creación de una red española de ciudades refugio en septiembre de 2015, tuvieran éxito, éstas deberían poder coordinarse con las autoridades nacionales y supranacionales. La toma de decisiones respecto a las cuotas de reubicación, asistencia financiera y modelos de integración requiere una cooperación sostenida en el tiempo.

En septiembre de 2015, la Comisión Europea diseñó un programa para reubicar en otros Estados miembros a 160.000 solicitantes de asilo desde Grecia e Italia. El plan fue ampliado con una segunda iniciativa para reasentar dentro de la UE a otras 22.000 personas, ya con el estatuto de refugiadas, instaladas en los países limítrofes al conflicto, como Turquía, Líbano y Jordania.

Según el Ministerio del Interior, han llegado oficialmente a España 398 solicitantes de asilo reubicados desde Italia y Grecia

Más de un año más tarde, el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy sigue teniendo que enfrentarse al desafío de dar cumplimiento a sus compromisos con la Comisión y acoger a cerca de 17.680 refugiados antes de septiembre de 2017. España se comprometió a que, de estos, 16.231 provendrían de los campamentos de Grecia e Italia, y el resto, 1.449, de países vecinos de Siria como Líbano o Turquía.

Según el Ministerio del Interior, han llegado oficialmente a España 398 solicitantes de asilo reubicados desde Italia y Grecia. En cuanto a los reasentamientos, hasta el 26 de octubre, lo hicieron 289 refugiados.

Tras la escasa repercusión que tuvo la red de ciudades refugio, en un intento más de reivindicar el papel de las ciudades, el pasado 16 de marzo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de quien fuera la propuesta de esta red, envió una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentando un acuerdo suscrito con el alcalde de Atenas, Yorgos Kaminis, por el que Barcelona acogería directamente a 100 refugiados que se encuentran en Atenas. La esperada negativa del Gobierno central a que Barcelona sobrepasase sus competencias en materia de asilo llegó pocos días más tarde.  

Medio año después, Barcelona vuelve a intentarlo. Y con ella, ciudades relevantes como Atenas o Berlín.  En el foro de asuntos sociales de las Eurocities (Social Affairs Forum de Eurocities) que se celebró en Atenas del pasado 17 al 19 de octubre, la red de ciudades europeas, a la que también pertenecen Bilbao, Gijón, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Zaragoza y Terrassa, volvieron a mostrar la disposición a acoger directamente a refugiados y, a propuesta de Atenas, presentaron la iniciativa Solidarity Cities (Ciudades Solidarias).

El objetivo principal es destacar el liderazgo político de las ciudades. La iniciativa pretende ganar visibilidad ante la Comisión Europea, para que esta permita a los gobiernos locales beneficiarse de los fondos que ahora se asignan de forma exclusiva a los Estados por cada persona refugiada acogida. Ganar autonomía y competencias.

La alianza de Solidarity Cities no solo desea ser un punto el intercambio de información, o una plataforma en la que los gobiernos locales puedan compartir las mejores prácticas, los retos y las soluciones adoptadas por las ciudades para la integración de estas personas. Busca impulsar desde la diplomacia y las instituciones la transferencia directa de personas refugiadas de ciudad a ciudad, al margen de los trámites de reubicación y de reasentamiento que deberían estar llevando a cabo los estados, con mucha mayor celeridad, según lo firmado.