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La educación ha sido tradicionalmente en España una cuestión tan controvertida como electoralista. Siete leyes en democracia, siempre implantadas en solitario por cada uno de los dos partidos de gobierno para abarcar la legislatura de turno. Hasta ahora jamás debatidas con los agentes que conforman la comunidad educativa. 

Dentro del panorama estatal, Andalucía ha sido --y es-- uno de los principales escenarios de este debate educativo por el tamaño de la comunidad y la cantidad de docentes y alumnos que se han visto perjudicados durante los últimos años por los recortes. Las huelgas y manifestaciones convocadas por los sindicatos de estudiantes han sido acompañadas por la movilización del profesorado o el encierro de interinos que perseguían que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, escuchara sus reivindicaciones. La batalla por la educación es conjunta. Todos se están viendo afectados desde que en 2012 comenzaran a incidir los recortes de la Junta de Andalucía y Gobierno central. Recortes que, años después, han dejado mella en la ya dañada de forma histórica educación pública andaluza, la de mayor volumen de España, recortada en todos sus peldaños: desde Infantil hasta la Universidad. Una comunidad, Andalucía, que vuelve a situarse, una vez más, a la cola a nivel nacional según el recién presentado informe PISA.

Andalucía se sitúa como la segunda comunidad que menos invirtió por alumno, solo por detrás de Madrid (4.505€)

Una evidencia de estos tijeretazos es la inversión anual por alumno. En el caso de los centros públicos no universitarios fue de 4.595€ en el curso 2013-2014 (último del que se tienen datos), frente a los 4.802€ del curso anterior. Con esta reducción Andalucía se sitúa como la segunda comunidad que menos invirtió por alumno, solo por detrás de Madrid (4.505€) y muy alejada de comunidades como el País Vasco, donde se duplicó esta inversión (9.175€ por alumno).

Aunque es cierto que durante los últimos años los presupuestos en educación han ido aumentando de forma progresiva, ni siquiera se logra igualar la inversión anterior al inicio de los recortes, en 2012. En este sentido, UGT ha publicado un informe donde refleja cómo ha menguado la inversión en educación en las distintas Comunidades Autónomas en el periodo 2012-2016. Andalucía en este periodo recortó algo más de un 5% y, a pesar de que en los dos últimos años ha aumentado progresivamente, sigue lejos de igualar la inversión de 2012: 7.191 millones de euros.

El proyecto de presupuestos presentado por la Junta de Andalucía para 2017 destina 6.103 millones de euros a Educación, lo cual supone un crecimiento del 3,8%. Un proyecto de ley que el Gobierno andaluz anunció llevando por bandera la defensa de las políticas sociales. Sin embargo, son unos presupuestos que ya han recibido diversas críticas. Entre ellas las de los rectores de las diez universidades públicas andaluzas, contrarios al mínimo incremento del 1,06% presupuestario. Consideran que el aumento en inversión educativa es “claramente inferior a la subida de hasta el 14% observada en otras consejerías” y, en el caso particular de las universidades, “preocupante que no tengan la misma consideración que el resto del sistema educativo público andaluz”.

Con la crítica expuesta por los rectores coincide Rosalba Mancinas, profesora interina sustituta de Periodismo en la Universidad de Sevilla y miembro de CCOO, que se mantiene firme al asegurar que lo que están haciendo “es apretarle el cuello a la universidad pública, mientras se favorece a las privadas”. Coincide también al hablar de los rectores, asegurando que la vertiente más afectada por este tijeretazo es la de investigación: “Los investigadores que se forman en las universidades españolas después tienen que buscarse la vida en el extranjero, su formación fue una inversión que hizo la universidad española y ahora se aprovecha en otras partes del mundo”. Rosalba actualmente imparte clases en la Universidad de Sevilla pero forma parte de uno de los colectivos que mayor precariedad sufre desde que comenzaron a aplicarse los recortes: los profesores sustitutos interinos, situados en el escalafón más bajo en cuanto a derechos y estabilidad pues, como detalla esta profesora, “están con un sueldo precario, sin derecho a antigüedad, sin poder dirigir tesis doctorales, ni equipos de investigación, etc”.  

Otra consecuencia de los recortes son las plazas convocadas por oposición, que han ido menguando de forma drástica desde la fecha señalada a pesar de que el número de docentes aspirantes se ha mantenido en torno a los 30.000. La oferta total de plazas en 2011 era de 3.796. En 2015 se redujo a 1.000. Este descenso ha provocado que en ambas convocatorias se redujese también el porcentaje destinado a las distintas especialidades. Como ejemplo de ello, las especialidades de Infantil y Primaria, en las que el porcentaje de plazas ofertadas ha descendido por encima del 20%.

Este año, a pesar de la grandilocuencia del Gobierno andaluz al hablar de la mayor oferta pública de empleo docente en España, también hemos visto un descenso. La oferta total anunciada ha sido de 2.327 plazas, un dato inflado porque de éstas, 177 plazas se arrastraban de la convocatoria de 2015, y 340, destinadas a las especialidades de música y artes escénicas, no se convocarán hasta 2017. Por tanto, a pesar del afán de la Junta por mostrarse como la comunidad autónoma que más plazas ha ofrecido tras cubrirse por primera vez el 100% de la tasa de reposición, la oferta de 2.327 plazas no deja de ser un dato inflado, que se aleja bastante del real: 1.810.  

La educación andaluza sigue lejos de recuperar los puestos perdidos en estos últimos cuatro años, en los que ha sido la comunidad más afectada con la pérdida de hasta 7.379 empleos públicos

Un factor clave que ha marcado el panorama educativo es el RD 14/2012 que, a través de distintas medidas, ha destruido las plantillas docentes, echando a miles de profesores a la calle. La primera medida que incluyó fue la tasa de reposición. Con la entrada en vigor del citado decreto ésta bajó al 10% en la educación no universitaria, es decir, solo una de cada diez jubilaciones era cubierta por un nuevo docente. Este año se recuperó el 100%, un incremento que se ha presentado como el fin de todos los males de la educación, lo cual no deja de ser una falacia pues no implica más plazas ni más contrataciones, sino simplemente que se cubran todas las jubilaciones. Así, la educación andaluza sigue lejos de recuperar los puestos perdidos en estos últimos cuatro años, en los que ha sido la comunidad más afectada con la pérdida de hasta 7.379 empleos públicos. 

No obstante, aún más perjudicada se ha visto la universidad, donde la tasa de reposición se redujo a cero. De ahí el surgimiento de ese colectivo, los profesores sustitutos interinos, tan desfavorecido y que, como explica Rosalba Mancinas, nació de una violación a la ley: “Como no se contrataba a nadie se ponen sustitutos interinos que son falsos interinos, es una violación de la ley porque un interino está por una baja, aquí se crearon puestos de sustitutos interinos de manera artificial porque la ley no permitía crear puestos de trabajo". Desde entonces el colectivo solo pide igualdad, medidas que les garanticen algún tipo de protección interna, así como que las plazas de profesores sustitutos interinos que tienen ya diez y hasta quince años se conviertan en estructurales para la Universidad. 

La segunda medida que incluyó este decreto fue la subida a 25 horas lectivas en Infantil y Primaria y a 20 horas lectivas en las restantes enseñanzas no universitarias. Una subida que ha afectado gravemente tanto a los docentes, principalmente interinos, que han ido a la calle, como al alumnado, que ha visto mermar la calidad de su educación.  

Desde su entrada en vigor la vuelta a las 18 horas lectivas es la principal reivindicación de muchos docentes, principalmente de Secundaria, nivel más afectado por ésta pues, como explica Francisco, profesor de Secundaria en la especialidad de Biología y Geología y miembro del sindicato USTEA, “4.500 profesores interinos de Secundaria fueron a la calle, 4.500 proyectos de vida que se fueron al traste de un día para otro”. Los principales afectados por esta medida han sido, de nuevo, los interinos, que han visto cómo las clases que ellos impartían se han repartido ahora entre el resto de docentes que conforman las plantillas. Pero también estos últimos se han visto afectados pues, al ampliar su jornada lectiva, cuentan con menos horas para dedicarse al seguimiento de sus alumnos o incluso se ven obligados a realizar distintas funciones en horario extraescolar. 

Por ello, las principales reivindicaciones de este colectivo son la vuelta a las 18 horas y una situación de estabilidad tanto para los docentes como para la educación. "El problema está en la falta de previsión y sensibilidad de la Administración educativa, parece que estamos gestionados por máquinas y que el profesorado somos números o simples pañuelos desechables", sentencia Francisco. 

La vuelta a las 18 horas lectivas es la principal reivindicación de muchos docentes, principalmente de Secundaria, nivel más afectado por ésta

La vuelta a las 18 horas lectivas la podrían lograr gracias al decreto ley aprobado el pasado 10 de noviembre por la Junta de Andalucía con el que se devolvería a los empleados públicos las 35 horas semanales. Y hablamos en condicional porque la última palabra, como casi siempre, la tiene el Gobierno central, que ya ha recurrido decretos similares en otras comunidades, como Castilla La Mancha. Aun así, y ahí está el quid de la cuestión, esa vuelta aprobada por la Junta en Educación se haría de forma progresiva y a partir de 2017, de forma que, como indicaba Francisco, "será un proceso largo, en el próximo curso se bajará a 19 horas por lo que solo se recuperará la mitad de esa plantilla de compañeros que fueron a la calle". 

Por último, el mismo decreto establece que las sustituciones de profesores titulares por interinos no se produzcan hasta que no transcurran diez días lectivos, algo que según los docentes siempre se extiende a un mínimo de quince, teniendo dos graves consecuencias: que durante dos semanas los niños estén sin profesor y que, hasta la llegada del sustituto, el puesto se cubra por un profesor que ya está en la plantilla del centro, sin importar cuál sea su especialidad o que esto haga desaparecer la figura del maestro de apoyo.  

Ejemplo de esta situación es Vero, maestra de Educación Infantil: "Me incorporé veinte días después de que la chica se diera de baja, además era por embarazo, se sabía de antemano que se necesitaba la sustitución". Se presentó por primera vez a las oposiciones en 2011, consiguió plaza y comenzó a trabajar. Un trabajo que le duró un año, hasta junio de 2012. A excepción de esa baja que cubrió durante cuatro meses, Vero lleva cuatro años esperando que le llamen para trabajar, teniendo que buscar otros trabajos e incluso “dejar dos veces consecutivas el mismo”. 

“Se implantó el bilingüe y a coste de maestros de Primaria entró gente con B2, ahora el francés, además los especialistas cogen también tutorías, ¿dónde quedamos los maestros que nos especializamos en Primaria?”, se pregunta Jara, maestra de Educación Primaria y una de las docentes interinas que se encerró en el consistorio. 

La implantación de esta segunda lengua en Primaria es uno de los temas de mayor controversia en el arranque del curso escolar. Desde septiembre, docentes andaluces, principalmente interinos, se han movilizado en contra, no de que se implante esta asignatura en Primaria con su correspondiente profesor de Francés, sino de lo que consideran una "implantación a coste 0" o "2x1". 

Aunque desde la Consejería de Educación aseguran que el número de docentes en el sistema público no universitario se mantiene en 95.415, interinos como Jara aseguran que lo que “lo que ha hecho la Junta es quitar a un maestro de Primaria para meter al de Francés, de forma que éste, para cubrir el cupo horario establecido, da también tutorías en otras materias, papel que hasta ahora cumplíamos los maestros”.  

A todos estos factores se suman muchos otros, como la conciliación familiar y laboral, cada día más difícil en España, la reducción de becas o las incertidumbres de la LOMCE, que han llevado a que los estudiantes de Bachillerato hayan iniciado el curso sin saber cómo les iban a examinar, si tendrían que enfrentarse a las reválidas o se volvería a la selectividad pues, aunque Rajoy y Méndez Vigo hablan ahora en términos conciliadores con el supuesto logro de un pacto de Estado, este supuesto no es ninguna novedad. Cada legislatura ha partido acompañada de rumores sobre ese pacto y sobre una ley definitiva de educación que deje de mermar su calidad. Y, sin embargo, tampoco en estas últimas reuniones hemos visto ningún asiento reservado para algún agente de la comunidad educativa, lo que evidencia que el debate vuelve a girar en torno a lo electoral, que lejos queda una verdadera voluntad y demasiado cerca un afán por sosegar a esta comunidad. La ventaja es que, con el paso del tiempo y la dureza de los recortes, gran parte de esta comunidad se ha despertado, el hipnotismo y la anestesia de los primeros años quedan lejos y la lucha de alumnos, profesores y padres no solo es conjunta, sino que, además, es cada día más fuerte. Ya sea mediante huelgas, manifestaciones, encierros o miniconcentraciones, el objetivo es el mismo: que la educación deje de ser una cuestión electoral y vuelva a ser de calidad.