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El 6 de febrero de 2014, en la playa de El Tarajal en Ceuta, la Guardia Civil rechazaba a un numeroso grupo de inmigrantes que trataba de alcanzarla a nado. Fueron repelidos, desde la más absoluta indefensión, disparándoles pelotas de goma, de altísima lesividad, y gases fumígenos o lacrimógenos, hasta impedirles el acceso. Causaron, al menos, catorce muertes más otros tantos lesionados. Cinco cadáveres aparecieron en la costa española. Todos eran subsaharianos, principalmente de Camerún, Sierra Leona y Costa de Marfil. Fueron muertes que merecían la calificación de homicidios, al menos en la modalidad de imprudentes.

Ha sido uno de los momentos más trágicos de la política de fronteras aplicada por el gobierno del PP y, en particular, de su ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, quien, como viene siendo habitual, no cesó inmediatamente de dicho cargo. Pero, además, respaldada por el Juzgado de Instrucción nº 6 de Ceuta, con la complicidad de la Fiscalía. Juzgado que, después de una investigación absolutamente insuficiente y sesgada a favor de las Fuerzas de Seguridad, acuerda el archivo del procedimiento sin proceder penalmente contra quienes habían actuado contra la salud y la vida de los inmigrantes.

Estas personas fueron entregadas a Marruecos después de que “se pudiera haber ejercido una violencia gratuita contra algunas” de ellas y  “a pesar de que sufrían algunos menoscabos físicos"

En la Resolución de archivo constan apreciaciones que afrentan a la conciencia democrática: “No existe ningún indicio que permita afirmar que los agentes imputados hicieron un uso inadecuado del material antidisturbio, máxime cuando no existe un protocolo que regule la utilización de dicho material en el medio acuático”. Pero, sobre todo, consintió que la Guardia Civil actuara contra los principios democráticos que regulan la política de fronteras, especialmente, el art. 6.1 del Reglamento Comunitario 562/2006 que impone que “la guardia de fronteras respetará plenamente la dignidad humana”. Parece como si la jueza hubiera aceptado que hay dos categorías de personas y que aquellos inmigrantes formaran parte, en términos de Michel Agier, del “mundo de restos residuales, oscuros, enfermos e invisibles” que deben mantenerse a una distancia “infranqueable” del “mundo limpio, sano y visible” [1].

Por ello, es necesario que la jueza oiga estas palabras del padre de Bikai, uno de los cameruneses fallecidos. “He visto las imágenes de la actuación policial: es muy grave. Mi hijo era un inmigrante, sí. Pero también era mi hijo. Eso parece que se les olvida”, dice con serenidad. “He visto imágenes de zoos europeos en los que tratan muy bien a los leones, a los pájaros... ¿Por qué a mi hijo lo tratan así?!”, se pregunta en un reportaje de eldiario.es.

Afortunadamente, la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, a principios de este año ha acordado reabrir la investigación. Y concreta las causas. El cierre de las investigaciones fue “precipitado” y no alcanzó “los grados de suficiencia y eficacia que serían exigibles”. Y además, lo acuerda ”ante un supuesto de un calado humano, social y jurídico tan grande como el que nos ocupa…”,  en el que “las labores de investigación debían reforzarse en extrema medida” por dos razones: el uso por la Guardia Civil de “medios de contención no despreciables” y por la implicación en los hechos de las autoridades de Marruecos “en un punto del planeta relativamente sensible, como es la zona norte de África en su parte más próxima a Europa”.

La Audiencia mantiene, frente a las razones erróneas de la jueza, que las fuerzas de seguridad tienen encomendado “el deber de custodia de las fronteras” pero otra cosa es “hacerlo a cualquier precio” y no ajustarse, entre otros, al principio de proporcionalidad que exigían las circunstancias. Se crítica con dureza que la jueza no practicara diligencias esenciales que ella misma había acordado. Entre otras, y muy relevantes, la “identificación de los cadáveres que se enterraron en España” cuando se había ordenado a la autoridad competente la práctica de “gestiones para recabar a las autoridades camerunesas las fotografías de identificación y fichas decadactilares….” correspondientes a dos de las víctimas, datos que no fueron obtenidos, lo que no impidió que el proceso fuera archivado. Como, igualmente, después de cursarse una solicitud de auxilio internacional a Marruecos “sobre los informes médicos forenses de los cadáveres hallados en territorio marroquí”, que no fue cumplimentada, la ausencia de respuesta de Marruecos tampoco fue obstáculo para el archivo de la causa. Y, por no ampliar en exceso las deficiencias de la investigación judicial, fue muy grave “en lo relativo a la entrega de varias personas directamente a las autoridades marroquíes tras ser interceptados por la Guardia civil”, lo que se denomina “devoluciones en caliente”. Medida entonces no prevista en nuestra legislación y, por tanto, ilegal, y absolutamente contraria a los derechos humanos más elementales. Estas personas fueron entregadas no solo después de que “se pudiera haber ejercido una violencia gratuita contra algunas” de ellas sino, además, “a pesar de que sufrían algunos menoscabos físicos, prescindiéndose de prestarles asistencia médica”. Un ejemplo más de la carencia de principios democráticos con que actuó la Guardia Civil y, luego, la jueza de Instrucción.

Todo ello expresa el futuro que ofrece Europa a los inmigrantes. Inmigrantes que llaman a las puertas de Europa ante “el aumento que se ha producido por la creciente lista de Estados “en derrumbe” (o ya derrumbados), o de territorios que, a todos los efectos, son ya países sin Estado y, por lo tanto, también sin ley, escenarios de interminables guerras tribales y sectarias, de asesinatos en masa y de un bandidaje sin descanso impulsado por la máxima del “Sálvese quien pueda” [2].  Lo ocurrido en El Tarajal fue una deliberada respuesta, de contenido especialmente represivo, frente a quienes la sociedad occidental, en términos de Bauman, califica como “problemáticos, molestos, indeseados e inadmisibles”.  La Justicia, hasta ahora, ha corregido la primera respuesta ante aquel inmenso atropello. Pero, ¿quiénes responderán finalmente de los catorce homicidios?

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Notas:

El término Extraños del titular está extraído de la obra de Zygmunt Bauman Extraños llamando a la puerta, Editorial Paidós. 2016.

1. Z. Bauman, obra citada, pgs. 82-83.

2. Z. Bauman, pgs. 12-13.