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Tribuna

Cinco cosas que han de cambiar ahora que ‘hijas e hijos’ también son víctimas de la violencia de género

El reconocimiento legal como víctimas a los menores de edad que viven en hogares violentos es un avance, pero no es suficiente

Violeta Assiego 17/02/2016

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1. Son víctimas sí o sí, hayan presenciado o no los hechos

Hasta que no se aprobó la Ley de la Infancia y la Adolescencia, la calificación de víctima de violencia de género a las hijas e hijos de la mujer dependía de que aquellos hubieran o no presenciado los incidentes contra su madre. Esta nueva perspectiva es determinante, máxime cuando se sabe que en muchas ocasiones los niños son utilizados por el maltratador para ejercer violencia contra la madre con aquello que más les duele.

A partir de ahora siempre deberá tomarse declaración a las hijas e hijos de la mujer, al ser identificados como una víctima de la situación denunciada, se haya ejercido contra ellos la violencia, o la hayan o no presenciado. Por tanto, los jueces deben estar pronunciándose ya (en la actualidad) sobre las medidas cautelares que pueden garantizar  la seguridad, integridad y recuperación del menor, además de la mujer. Se deberá también realizar un seguimiento periódico de la evolución del caso.

2. Las medidas de protección civiles tienen que empezar a reflejar este avance legal

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género tiene pendiente publicar los datos del último trimestre del 2015. Estos deberían reflejar un cambio de tendencia en el número de medidas de protección de las víctimas al incluirse como tales a hijas e hijos. 

En los tres primeros meses de 2015 poco más de un 3% de las medidas de protección civiles fue para suspender el régimen de visitas. La suspensión de la guarda y custodia se ha dado en un 7,1% de los casos mientras que la de la patria potestad apenas alcanzó el 0,5%. Un porcentaje muy similar (0,7%) corresponde a las medidas de protección al menor para evitarle un peligro o perjuicio. En todos estos supuestos destaca el escasísimo porcentaje de medidas dictadas como cautelares. 

3. Las creencias sexistas de los operadores jurídicos no pueden  interferir en sus decisiones 

Los datos del Observatorio contrastan sobremanera con los de la última Macroencuesta publicada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). En más de la mitad de los hogares en los que la mujer ha sido víctima de violencia física o económica, vivían menores (52,2% y 51,2%, respectivamente). Cuando la violencia es psicológica de control (44,1%) o emocional (43,5%), los porcentajes son algo inferiores. En conjunto, el 64,2% de las mujeres dice que sus hijos han sufrido directamente maltrato psicológico, físico o sexual. Lo más preocupante es que el 68,1% las mujeres que han padecido la violencia sexual declara que sus hijos menores también han sido víctimas de violencia. 

Es necesario que los operadores jurídicos se desempolven de las creencias que les impiden concebir que el sujeto que maltrata a su pareja o expareja es automáticamente un buen padre por el hecho de serlo. En el año 2005, la Fiscalía establecía en una circular que "fijar la suspensión absoluta del régimen de visitas del agresor para con los hijos puede no resultar oportuno ya que se puede romper, de manera inadecuada, una relación paterno-filial bien estructurada". Son este tipo de creencias estereotipadas y los falsos mitos sobre la violencia de género los que deben ser superados por los responsables de nuestro sistema judicial. 

Los menores de edad, y las consecuencias que sobre ellos tiene la violencia de género, son prácticamente invisibles todavía a pesar de estos avances. Un ejemplo es que hasta hace unos meses no se les ha reconocido su estatus de víctimas y hasta el año 2013 no empezaron a aparecer en las estadísticas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Desde esa fecha, sabemos que son 14 los menores asesinados (que pueden ser 20 porque hay 6 casos investigándose) y 140 los que se han quedado huérfanos de madre. Pero no mucho más.

 4. Los huérfanos de ‘las asesinadas’ deben ser tratados como víctimas del terrorismo

Una de las modificaciones incorporadas por la Ley de Infancia y Adolescencia ha sido confirmar que los menores puedan cobrar la pensión de orfandad completa. Queda sin resolver que ésta pueda cobrarse de manera inmediata por parte de los adultos que asumen la guarda y custodia del menor. Este es otro de los puntos calientes, la lentitud de los trámites, incluidos los de la concesión de esa guarda, algo que provoca –en no pocas ocasiones-- que los menores deban permanecer en centros de protección a pesar de contar con un entorno familiar que les puede arropar y tutelar.  Sin duda, el tema de las ayudas y beneficios fiscales es otro de los temas pendientes. Hacerlo a semejanza del tratamiento que reciben los huérfanos del terrorismo ya no es que sea cuestión de justicia, es que sería lo más rápido y eficaz puesto que lo que hasta ahora está sucediendo es que estas niñas, niños y adolescentes quedan a su suerte, desamparados del Estado. 

 5. Se necesitan estadísticas y estudios que hablen de las hijas e hijos víctimas de la violencia de género

Resulta muy complicado poder tener una idea clara de cómo está impactando la violencia de género en las hijas e hijos víctimas. La terrible casuística a la que se enfrentan día a día los profesionales que trabajan en contacto con esta realidad apenas queda reflejada en una base documental que permita a los operadores jurídicos, a los partidos políticos y a diversos agentes sociales conocer los entresijos de un tipo de violencia que, al ser estructural, requiere de un análisis y estudio mucho más exhaustivos de lo que hasta ahora se está llevando a cabo. A modo de ejemplo, sería necesario que en la próxima Macroencuesta  se incorporara (al menos), dentro de la variable de convivencia de cada uno de los tipos de violencia, el número de hijos/as que  la mujer tiene. Asimismo, habrá que reconsiderar cómo se está recogiendo la información relativa a las medidas de protección, especialmente la suspensión del régimen de visitas puesto que nada queda recogido sobre el cumplimiento de estas medidas por parte de los maltratadores (presuntos, denunciados o condenados).

La violencia de género tiene raíces muy profundas en la sociedad española. El reconocimiento legal como víctimas a los menores de edad que viven en el hogar donde ésta se produce es un avance, pero no suficiente mientras haya mentalidades que no empiecen a cambiar. Un dato poco conocido es que el recién aprobado Estatuto de la Víctima –cuyo texto venía a reforzar la protección a los menores víctimas de violencia de género– no contaba con una memoria económica. Sin inversión pública no es posible educar en igualdad en las escuelas, ni formar a los agentes que están en contacto con esta realidad sobre las especificidades de los perfiles de las víctimas y los agresores, ni presupuestar ayudas sociales y económicas, ni dar estabilidad y continuidad a los recursos de alojamiento y de apoyo psicológico que necesitan las víctimas… Mientras hay quienes cuestionan que esta inversión tenga que llegar en forma de Pacto de Estado son ya 10 las mujeres asesinadas y 5 los menores huérfanos en el mes y medio que llevamos de año. Para que la violencia de género deje de ser una cuestión de ‘Poder’ y pase a ser una cuestión de ‘Querer’ hacen falta mucho más, hace falta toda una sociedad.

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Violeta Assiego es abogada y activista por los Derechos Humanos. 

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