Decía Oscar Wilde –quien a su manera no dejó de ser un niño– que el mejor medio para hacer buenos a los niños es hacerlos felices. El problema es qué clase de felicidad pueden transmitir a los niños los adultos de este mundo (y quién se pone de acuerdo, también, sobre lo que es bueno).

Quedándonos solo en España, podemos aventurar sin riesgo que en una sociedad sufriente de un largo proceso de depauperación, con sus adultos viviendo con cada vez mayores miedos –tangibles y abstractos–, los niños crecerán en una atmósfera paralelamente asfixiante y violenta. Es posible que sean a la postre quienes más perciban los efectos de ese fenómeno que se da en llamar crisis, sumándose, a las taras propias de cualquier sociedad, el deterioro de los mecanismos de asistencia (es decir, de convivencia).

En el Congreso de los Diputados comparecieron recientemente tres portavoces de tres ONG en la Comisión (no legislativa) de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, dejando claro que asuntos como la pobreza, la exclusión social y la violencia pueden cebarse en los menores con mayor crueldad sin que en el mundo paralelo de los adultos haya una reacción equivalente. Las comparecientes, que reclamaron una ley orgánica de la infancia que trate de atajar de manera transversal los problemas, dibujaron un panorama que, a la luz de los datos, no resulta feliz en absoluto para un volumen creciente de niños en España.

Durante los años de la crisis los niños de familias con menos recursos se han empobrecido hasta cinco veces más que los de los estratos más pudientes

Niños de muy diverso tipo. Aldeas Infantiles SOS es una organización especializada en menores en situación especialmente vulnerable, que atiende a alrededor de 5.000 chavales en toda España que no pueden vivir con su familia por diversas cuestiones de las llamadas desestructurales (negligencia, abandono, malos tratos, abusos...). Son el perfil más oscuro, por desdibujado, de la infancia, al tratarse de los menores procedentes de familias en peor situación social. Sus problemas han ido en aumento, según María Jesús Rodríguez Costa, responsable de Sensibilización de la ONG, mientras que la inversión pública en políticas de infancia “disminuyó un 16,4% entre 2010 y 2013”.

Aldeas Infantiles considera que el sistema de prestaciones español tiene “una baja intensidad protectora para las familias vulnerables”. La reducción en ayudas públicas ha producido también que las ONG estén haciendo en ocasiones el papel de apoyo social que correspondería a las administraciones públicas. Costa señaló que se detecta un aumento de quienes necesitan recibir becas-comedor en sus centros de día (niños que antes sólo iban a recibir apoyo escolar o atención en planes de higiene u ocio). “Antes dábamos una merienda a los niños, pero al ver que probablemente no iban a cenar, damos también bolsas de alimentos para las familias. Ésta es la realidad que registramos. El impacto que la pobreza puede tener a largo plazo es tremendo”.

Aldeas Infantiles alerta de que en España “faltan familias preparadas para la acogida”, si bien se carece de un sistema de datos fiable para ilustrar la vulnerabilidad: “Las necesidades reales aún permanecen invisibles, la intervención social en las familias es tardía”. Por otra parte, los apoyos económicos difieren de una comunidad autónoma a otra: “Hay grandes diferencias normativas y los niños deben tener los mismos derechos independientemente del lugar en el que vivan”. También advirtió de que los menores con trastornos de salud mental “necesitan un apoyo específico que están cubriendo las ONG pero debería proceder del sistema de salud público”, y de que el 50% de los menores institucionalizados no acaba la ESO, por lo que “carecen de la formación necesaria para la inserción laboral” una vez que dejan de recibir ayudas, a los 18 años, aunque una reciente reforma de la Ley del Menor prevé ampliarlas hasta los 21.

Desde la ONG Save the Children el diagnóstico es similar, pero una cifra destaca por encima de cualquier ponderación: según sus datos, la pobreza afecta a casi un millón y medio de niños en España, la mayoría de ellos sin encontrarse en situaciones familiares como las anteriormente descritas. Ana Sastre, directora de Sensibilización de la organización en España, lo ilustra con el caso de cualquier familia con dos hijos y unos ingresos por debajo de los 800 euros al mes.

Calculan que durante los años de la crisis los niños de familias con menos recursos se han empobrecido hasta cinco veces más que los de los estratos más pudientes, merced a los bajos ingresos y a “costes de vivienda y de servicios básicos desorbitados”. La vivienda, dijo Sastre, “es una losa para las familias más pobres”, que pueden llegar a invertir en ella el 40% de sus ingresos. Tienen muchas peores condiciones para asumir los gastos del “dentista, el oculista o el logopeda”, y abandonan mucho antes el sistema educativo, que, opinan, “está dejando de ser el ascensor social que debería”.

Save the Children cifró en 3.349 los menores que fueron víctimas de malos tratos en el ámbito familiar en 2014

Ana Sastre señaló que es urgente mejorar la prestación social por hijo a cargo (de 291 euros) para ayudar a las familias con mayores dificultades (numerosas, monoparentales, inmigrantes...), aumentar las plazas educativas de 0 a 3 años, ya que los niños en situación de pobreza se encuentran “infrarrepresentados” en esa franja de edad, y poner en marcha “un plan contra la segregación y de reforma del sistema de becas” para los más mayores.

La representante de Aldeas Infantiles ya había hablado de crear presupuestos específicos destinados a la infancia gestionados a través de los servicios sociales. Se trata, como siempre, de la prueba del algodón en cuestión de solvencia respecto a las medidas de cualquier tipo, procedentes de cualquier administración: si hay o no dinero para pasar de las palabras a los hechos, ya que si no se invierte en personas y recursos poco puede materializarse.

En este sentido, el diputado de ERC Joan Oloriz Serra –miembro asimismo de la Comisión de Educación– señaló que, “si preguntamos a 100 congresistas, 99 nos dirán que las leyes sin memoria económica no acaban de fructificar”. A pesar de que “se habla más que nunca de infancia en riesgo”, dijo, “no se están haciendo iniciativas parlamentarias en ese sentido”. “Deberíamos recoger ese guante” de impulsar una ley orgánica de protección de la infancia, pero “necesitamos situar punto por punto hacia dónde queremos ir. Ustedes y otras entidades nos ayudan con los indicadores, pero nos falta información por parte del Estado y de las autonomías, correcta y al día, para trabajar”.

La representante de Save the Children alertó también de que, en lo relativo a la violencia, “no somos capaces de proteger a los niños”. Según datos del Gobierno, “casi la mitad de las agresiones contra la libertad y la identidad sexual” son cometidas contra ellos. De ahí, también, la necesidad de una ley orgánica que trate de atajar “los abusos, el acoso escolar, la prostitución, la violencia de todo tipo”, dijo Sastre, por lo que “hay que buscar no sólo el consenso sino la eficacia en las políticas”. “Yo no me atrevería a decir que hay más violencia que antes; lo que sí sabemos es que todavía hay mucha violencia que no se ve, y ésa es la que más nos preocupa”. Esta organización cifró en 3.349 los menores que fueron víctimas de malos tratos en el ámbito familiar en 2014.

Sobre esto último habló María Sevilla, presidenta de la asociación Infancia Libre (especializada en abuso sexual infantil) para CTXT. Lo más difícil es detectar ese tipo de abuso, aunque, cuando los niños hablan, aun “escuetamente”, son “muy contundentes”. Hablan, muchas veces, a través del juego, de los dibujos, de su forma de expresión más habitual. “Lo que sucede es que no hay un sistema preparado para detectarlo”.

Se trataría de impulsar sistemas que permitieran saber con mucha mayor certeza qué les sucede, sea por violencia sexual o por abusos de otro tipo –acoso, ciberacoso, bullying... –: “Hasta que los niños no lo cuentan no podemos protegerlos”. Por ello, uno de los reclamos de diversos colectivos respecto a la posible ley de protección infantil pasaría por la conformación de equipos multidisciplinares (profesores, pediatras, psicólogos, servicios sociales...) que, ante un posible caso de abuso sexual, trabajasen de manera conjunta en un informe que trasladar al juez.

Porque lo primero sería “escucharles”. Y empezar a verlos como –según apuntaban desde Save the Children– “sujetos a los que afectan todas las políticas públicas; todas”.  

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Espacio de información realizado con la colaboración del Observatorio Social de “la Caixa”.