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La guerra en Siria entra en su séptimo año y el balance no puede resultar más aterrador. Entre 320.000 y 450.000 muertos, más de 1,5 millones de heridos, entre 6 y 7 millones de desplazados internos y 5 millones de refugiados, la mayoría de los cuales se hacinan en campos improvisados en países limítrofes. La población total de Siria es de unos 22 millones.

La toma de Alepo por parte del régimen de Bashar al-Assad, en diciembre de 2016, fue el resultado de una campaña de ataques indiscriminados sobre la población civil y objetivos militares, tal y como describe un informe elaborado por una comisión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Además, entre otros crímenes de guerra, se determina que la evacuación de la parte oriental de Alepo equivale al “crimen de guerra de desplazamiento forzado de la población civil”.

El balance de los ya 7 años de guerra no puede resultar más aterrador. Entre 320.000 y 450.000 muertos, más de 1,5 millones de heridos, entre 6 y 7 millones de desplazados internos y 5 de refugiados

La salida de toda la población civil de la parte oriental de Alepo fue acordada por el gobierno sirio y los grupos armados a mediados de diciembre de 2016, tras cinco meses de asedio. La evacuación fue suscrita por Rusia y Turquía, y supervisada por el Comité Internacional de la Cruz Roja. En el mismo acuerdo, por exigencia de las milicias iraníes que forman parte de la coalición progubernamental, se incluyó la evacuación de los heridos y de sus familiares de dos localidades chiíes en la provincia de Idlib, Al-Fua y Kefraya, sometidas a asedio por parte de grupos insurgentes.

De acuerdo con el informe, la evacuación de Alepo se llevó a cabo “por razones estratégicas, y no por la seguridad de los civiles ni por imperativos militares”, únicos motivos que podrían haber permitido el desplazamiento forzoso de miles de personas.

La evacuación —señala el informe— “ha dejado a miles de civiles en una situación de riesgo”. Las fuerzas progubernamentales separaron a las mujeres de los hombres y condujeron a centros de detención a quienes fueron identificados como combatientes. Otros varones fueron alistados forzosamente en el ejército sirio, incluidos jóvenes de apenas 16 años. Además, se trasladó a unas cinco mil personas al campamento de Yibrín, un antiguo polígono industrial en los alrededores de Alepo, donde se realizó un nuevo cribado y se derivó a parte de los hombres a centros de detención. Se documentó también que “algunas fuerzas progubernamentales llevaron a cabo ejecuciones en represalia”.

Además, en virtud del acuerdo alcanzado entre las partes, otras muchas personas evacuadas fueron trasladadas en autobuses fletados por el gobierno sirio y en vehículos particulares a Idlib, a unos sesenta kilómetros al suroeste de Alepo. Esta ciudad y la región de Idlib —actualmente bajo el control de grupos islamistas— están en estos momentos sufriendo una gran ofensiva de las fuerzas progubernamentales.

Entre sus recomendaciones, el informe propone que las partes “se abstengan de concertar futuros acuerdos de evacuación que entrañen el desplazamiento forzado de la población civil por intereses militares”.

El informe ha sido elaborado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria, y fue publicado por el Consejo de Derechos Humanos el pasado 1 de marzo (si bien tiene fecha de 2 de febrero). La Comisión está compuesta por Paulo Sérgio Pinheiro (presidente), experto en los derechos de la infancia, que fue relator especial para los Derechos Humanos en Myanmar y en Burundi y miembro de la Comisión de la Verdad brasileña; Carla Del Ponte, jurista y que fue fiscal jefe de los tribunales internacionales para Ruanda y para la antigua Yugoslavia, donde se procesó a Slobodan Milošević y se calificó la masacre de Srebrenica como genocidio; y Karen Koning AbuZayd, que ha desarrollado una larga carrera en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y ha sido Comisaria General de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA), entre otros cargos.

Durante el asedio —afirma el informe— los civiles atrapados permanecieron sin alimentos ni suministros médicos suficientes y sin la posibilidad de escapar a zonas más seguras. Las tropas progubernamentales recurrieron a una campaña aérea concertada con las fuerzas terrestres y “emplearon tácticas brutales para obligar a los grupos armados a rendirse”, lo que produjo cientos de muertos y la reducción a escombros de hospitales, escuelas, mercados, viviendas… “Solo en los primeros cuatro días de la ofensiva murieron unas 300 personas, incluidos 96 niños”, afirma el informe.

El informe ha sido elaborado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria

Se señala también el uso reiterado del asedio como arma de guerra: “la utilización de la táctica de ‘rendir por hambre’ por las fuerzas progubernamentales, frecuente durante el conflicto, que ha resultado desastrosa para la población civil, les ha permitido recuperar territorios que estaban en poder de la oposición”.

La Comisión, en consecuencia, recomienda a todas las partes que “pongan fin a todos los asedios y a las estrategias conexas, como las de hambrear y denegar el acceso a la ayuda humanitaria, incluidos alimentos, agua y medicamentos, que afectan principalmente a la población civil”.

El desplazamiento forzado no es el único crimen de guerra que señala el informe. Al igual que en informes anteriores, la Comisión señala que constituyen crímenes de guerra los ataques indiscriminados sobre la población civil o sobre otros objetivos protegidos, como los hospitales, el personal médico y sanitario, los convoyes humanitarios, etc.

Los ataques sobre hospitales siguieron la pauta observada durante la primera mitad de 2016, de modo que cuando las fuerzas gubernamentales recobraron el control de la parte oriental de Alepo no quedaba ningún hospital en funcionamiento. Estos ataques —añade el informe— fueron ejecutados por la aviación siria, por la aviación rusa, o por ambas.

Se han utilizado, además, armas prohibidas, como bombas de cloro, munición en racimo y munición incendiaria. El uso del cloro —afirma el informe— sigue la pauta ya observada en 2014 y 2015. Así, las fuerzas sirias utilizaron bombas de cloro sobre hospitales y zonas residenciales, lo que ha causado centenares de bajas civiles. No consta, en cambio, la utilización de materiales tóxicos como arma de guerra por parte de las fuerzas rusas. Por el contrario, la munición en racimo y la munición incendiaria han sido utilizadas tanto por las fuerzas sirias como por las fuerzas rusas.

Todas las partes han hecho caso omiso de las normas del Derecho Internacional Humanitario. No obstante, el informe atribuye distintas responsabilidades 

Consecuentemente, la Comisión recomienda a la comunidad internacional que “frene el suministro de armas a las partes beligerantes y su proliferación, especialmente de municiones en racimo y armas incendiarias, que tienen efectos indiscriminados cuando se utilizan en zonas habitadas por civiles y siguen suponiendo una amenaza para la población durante años después del cese de las hostilidades”.

El informe insiste en que todas las partes han hecho caso omiso de las normas del Derecho Internacional Humanitario, singularmente en cuanto a la proporcionalidad y discriminación de los ataques. No obstante, atribuye distintas responsabilidades en función del armamento y de la capacidad de las partes beligerantes.

Así, se señala que el espacio aéreo es dominado en exclusiva por Siria y Rusia, por lo que los ataques desde el aire no pueden ser atribuidos sino a estos actores. Ambos aliados emplean el mismo tipo de aeronaves y de armamento, lo cual en ocasiones hace difícil atribuir a uno u otro la responsabilidad sobre hechos concretos. No obstante, no cabe la responsabilidad de los grupos rebeldes, que carecen de fuerza aérea, ni de la aviación de la coalición internacional que lucha contra el Estado Islámico, que no actuó sobre Alepo en las fechas investigadas.

Por su parte, los grupos armados antigubernamentales han utilizado armas de fabricación manual, como morteros improvisados, cuyos disparos resultan muy imprecisos. Algunos de ellos, como el conocido como Yahannam o “cañón del infierno”, arrojan bombonas de gas de uso doméstico. Los mismos grupos han utilizado fuego indirecto sobre zonas con una alta concentración de civiles, lo que equivale al ataque indiscriminado y, por tanto, al crimen de guerra.

El informe destaca los ataques llevados a cabo por grupos armados antigubernamentales sobre el distrito de Sheij Maqsud, situado en una colina sobre el extremo septentrional de Alepo. Este distrito se halla bajo el control de las Unidades de Protección del Pueblo Kurdo desde 2012, cuando las fuerzas gubernamentales se retiraron en todo el país de las zonas de mayoría kurda para centrarse en el conflicto. Durante el periodo que investiga el informe, el distrito ha recibido ataques provenientes tanto de la zona rural de Alepo como de la parte asediada de la ciudad, ambas en manos de fuerzas antigubernamentales.

No se podrá aprobar una resolución condenatoria sin la aprobación del Consejo de Seguridad, donde, con toda probabilidad, Rusia y China volverían a ejercer su derecho al veto

Asimismo, se señalan diversos “ataques en la retaguardia”, esto es, ataques de los grupos antigubernamentales en contra de la población civil asediada. Así, tanto el grupo terrorista Fatah al-Sham (antes Al-Nusra, filial de Al-Qaeda) como otros grupos armados utilizaron la ayuda humanitaria en beneficio propio, incluso requisando y ocultando alimentos, e impidieron la salida de la población de distritos como Al-Firdus, utilizando a los civiles como escudos humanos.

También se refiere el informe a la masacre de Orum al-Kubra, del 19 de septiembre de 2016, cuando un convoy de las Naciones Unidas y la Media Luna Roja sufrió un ataque aéreo en el que murieron 14 trabajadores humanitarios y otros quince resultaron heridos. En el mismo ataque quedaron destruidos 17 camiones que transportaban alimentos, medicinas, ropa y otros artículos de ayuda humanitaria. Tras el ataque, las Naciones Unidas anunciaron la suspensión de todos los convoyes de ayuda humanitaria en Siria.

El convoy, que había viajado hasta Orum al-Kubra, en zona rebelde, con el conocimiento y la autorización de las autoridades gubernamentales, recibió el ataque en tres etapas, sobre las 19.10h.: primero varios helicópteros lanzaron varias bombas-barril sobre el almacén donde los trabajadores humanitarios descargaban la ayuda; luego, cuando otros trabajadores acudieron a socorrer a los heridos, los helicópteros volvieron a arrojar varias bombas-barril; a continuación, reactores Sukhoi ametrallaron a los supervivientes. En poco más de media hora —afirma el informe— nadie quedó ileso.

El informe concluye la responsabilidad de la aviación siria sobre la masacre: “los tipos de munición utilizados, la amplitud de la zona objetivo y la duración del ataque hacen pensar que se trató de un ataque cuidadosamente planificado y ejecutado de manera implacable por la aviación siria a fin de obstaculizar deliberadamente la prestación de asistencia humanitaria y de atentar contra el personal de ayuda humanitaria, lo que constituye los crímenes de guerra de atacar deliberadamente al personal de socorro humanitario, denegar la asistencia humanitaria y dirigir ataques contra civiles”.

El informe se presentó en el Panel de Discusión de los Derechos Humanos en Siria, celebrado el pasado 14 de marzo en el marco de la 34ª Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos (Ginebra, 27 de febrero a 24 de marzo de 2017).

En estos momentos, no se han publicado aún las decisiones y resoluciones correspondientes a este periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

No obstante, aunque el informe será muy probablemente avalado en su totalidad por el Consejo de Derechos Humanos, sus consecuencias sobre el terreno serán escasas, pues no se podrá referir a los responsables a la Corte Penal Internacional ni se podrá aprobar una resolución condenatoria sin la aprobación del Consejo de Seguridad, donde, con toda probabilidad, Rusia y China volverían a ejercer su derecho al veto.