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El pasado día 13, la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) hacía pública su previsión de que, hasta 2022, las pensiones se van a revalorizar muy por debajo del aumento del coste de la vida: aplicando el índice aprobado por el Partido Popular, crecerán a una tasa anual de sólo el 0,25%. Como consecuencia, en estos próximos cinco años los pensionistas habrán perdido un 7% de su poder adquisitivo. Es decir, se confirma lo que ya sabíamos y lo que vienen advirtiendo los sucesivos estudios: que las llamadas “reformas de las pensiones” han sido, en realidad, recortes. Porque a la decisión de desligar del IPC la revisión de las pensiones hay que añadir el resto de aspectos de estas reformas: retraso en la edad de jubilación, cálculo más desfavorable de la pensión inicial y aplicación del llamado “factor de sostenibilidad”.

La misión que el Fondo Monetario Internacional ha enviado a España durante la pasada semana acaba de decir que estas reformas le parecen muy positivas, y nos animan a aplicarlas “en su totalidad, evitando los ajustes puntuales”. Con desparpajo, afirman incluso que estas reformas “aseguran la revalorización nominal” de todas las pensiones (señores del FMI: sabemos qué es la inflación, y sabemos restarla de los aumentos nominales: 0,25% nominal - 2% de inflación =    -1,75% real). El FMI califica esta pérdida de poder adquisitivo como una “transición suave” hacia un sistema “socialmente aceptable”.

En los próximos cinco años los pensionistas habrán perdido un 7% de su poder adquisitivo. Se confirma lo que ya sabíamos: las llamadas “reformas de las pensiones” han sido, en realidad, recortes

Conviene detenerse en los tres argumentos que el FMI ofrece para apoyar su recomendación de recortar las pensiones, que de forma tan entusiasta está aplicando nuestro gobierno.

El primer argumento es ya conocido: hace falta garantizar la suficiencia financiera y prevenir los posibles efectos del envejecimiento. Aparte de la elevada incertidumbre que existe sobre la dimensión de estas previsiones demográficas, es importante recordar siempre que reducir las pensiones (hasta ajustarlas a unos ingresos dados como porcentaje del PIB) no es la única forma de abordar este problema. La sostenibilidad financiera también puede asegurarse con una financiación suficiente de la Seguridad Social mediante medidas que incrementen los ingresos (hasta ajustarlos a lo necesario para garantizar unas pensiones dignas). De esta forma, además, cumpliríamos con nuestra propia Constitución, según la cual debe asegurarse la suficiencia de las prestaciones de la Seguridad Social.

Esta es la cuestión clave: articular un sistema de financiación que garantice el principio de suficiencia, y no a la inversa. Esto pasa por la aplicación de una política económica centrada en la creación de empleo de calidad (puesto que los salarios basura generan cotizaciones basura) y por medidas concretas e inmediatas para asegurar los ingresos del sistema.

El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Marea-En Comú Podem ha presentado una Proposición de Ley de Pensiones que va precisamente en la dirección de  “reformar las reformas” de 2011 y 2013, apuntalando tanto la sostenibilidad financiera del sistema como las prestaciones futuras. En la propuesta de reforma se contempla la necesidad de recuperar y ampliar los ingresos por cotizaciones  (incluyendo el destope de los salarios más altos o la eliminación de las deducciones actualmente existentes), así como la posibilidad de ampliar la financiación de la Seguridad Social con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

En segundo lugar, el FMI parece sugerir que, al fin y al cabo, España tiene ya un sistema de pensiones bastante generoso, que puede asumir estos ajustes. Sólo algunos datos, para espantar tal despropósito. En el año 2015 aproximadamente 4.670.000 pensiones, la mitad del total, estuvieron por debajo del umbral de pobreza, es decir, fueron inferiores a 667 € mensuales. Y la pensión no contributiva media está incluso muy por debajo de ese umbral, en 376 €/mes (en 2016, por cierto, un 66,4% fueron percibidas por mujeres).

Un tercer argumento –particularmente preocupante– aparece también en escena: el empeoramiento de las condiciones de vida de los pensionistas se quiere justificar a través del conflicto entre generaciones. Así, si no recortamos las pensiones, viene a decir el FMI, su sostenimiento se producirá a costa de los ingresos de la siguiente generación. Pensamos que es positivo que se introduzca en el debate la cuestión de la distribución, pero esta es la peor forma de hacerlo.

En 2015 aproximadamente 4.670.000 pensiones, la mitad del total, estuvieron por debajo del umbral de pobreza, es decir, fueron inferiores a 667 € mensuales. Y la pensión no contributiva media está muy por debajo de ese umbral, en 376 €/mes

El conflicto distributivo que hay que resolver no es el que, supuestamente, enfrenta a unos pensionistas empobrecidos contra unos trabajadores precarios con salarios menguantes (y que, en muchos casos, acaban dependiendo de una pensión para que la familia llegue a fin de mes). El que de verdad hay que resolver es el que se deriva de la desigualdad creciente entre las rentas del trabajo y las del capital.

Desde 1995, el peso de las rentas salariales en el PIB se ha reducido en 5 puntos, 2 de los cuales corresponden al último periodo de gobierno del Partido Popular. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios entre 2008 y 2014 superó el 10%, y además los salarios siguen estancados a pesar del crecimiento del PIB: en el primer trimestre de 2017, el coste laboral por hora ha caído un 0,1% respecto al año anterior.

A esta creciente desigualdad en la distribución de la renta ha contribuido sin duda la política de devaluación salarial impulsada por organismos como el FMI y aplicada por el gobierno del Partido Popular, principalmente a través del desmantelamiento de la negociación colectiva. Y esta devaluación salarial tiene además un sesgo generacional: según la última Encuesta de Estructura Salarial del INE, el salario de quienes tienen menos de 40 años se ha reducido aún en mayor medida que el del resto de asalariados

Por ello, si tanto preocupa al FMI la carga del ajuste que asumirán los jóvenes españoles, bien haría en reevaluar el impacto que los recortes salariales han tenido en este colectivo. La extensión de los bajos salarios se suma además a los efectos de las reformas de pensiones: son precisamente los jóvenes quienes experimentarán un mayor retraso de su futura edad de jubilación así como un mayor recorte de sus prestaciones (al entrar en vigor plenamente las denominadas “medidas paramétricas”). Sin embargo, en toda la declaración hecha pública por el FMI no se menciona ni una sola vez este problema de los salarios, aunque sí se reconoce que el crecimiento del PIB que registra la economía española es compatible con la cronificación de la precariedad: mucho más empleo temporal que indefinido y trabajadores sin más remedio que aceptar trabajar a tiempo parcial, queriendo hacerlo a jornada completa.

Son precisamente los jóvenes quienes experimentarán un mayor retraso de su futura edad de jubilación así como un mayor recorte de sus prestaciones

A pesar de reconocer esto, el FMI no hace autocrítica alguna a sus repetidas recomendaciones a favor de la reforma laboral. La precariedad que ésta favorece, y la inexistencia de unas pensiones dignas, es lo que amenaza el porvenir de los jóvenes. Sin olvidar que el círculo vicioso se cierra cuando los bajos salarios provocan cotizaciones insuficientes, y esto se utiliza para justificar las bajadas de las pensiones.

Si se quiere asegurar el bienestar de toda la población, jóvenes y mayores, la solución no está ni en los recortes de las pensiones ni en un mercado de trabajo con derechos y salarios menguantes. Al contrario, lo que se necesita es romper el bucle de precariedad y recortes, impulsar un cambio en el patrón de distribución y desarrollar políticas públicas activas que favorezcan una verdadera transformación de nuestro modelo de crecimiento. En pocas palabras: hacer lo contrario de lo que recomienda el FMI.

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Jorge Uxó. Profesor de la Universidad de Castilla – La Mancha. Secretaría de Economía de Podemos.

Carlos Ochando. Profesor de la Universidad de Valencia.

Nacho Álvarez. Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y secretario de Economía de Podemos.