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En pleno proceso de absorción del Banco Popular, el Banco Santander ha sorprendido al mercado con el lanzamiento de los denominados “bonos de fidelización” con los que pretende (así lo ha expresado la entidad) compensar las pérdidas derivadas de la intervención del Popular sufridas por sus accionistas minoristas, sean estos personas físicas o jurídicas. Por un importe aproximado de 980 millones de euros, Santander emitiría deuda perpetua con una rentabilidad explícita para su tenedor del 1% anual hasta que, pasados siete años, la entidad decidiese recomprarlos y devolver entre el 50% y el 100% de la inversión en función de las cantidades invertidas.

Aparentemente, se trata de una acción comercial que tiene sentido para mejorar la imagen y reputación de Banco Santander, especialmente de cara a los accionistas pequeños de Popular que en un gran porcentaje además son empleados del propio banco. Sin embargo, como suele ocurrir con la política de creación de productos de Santander, esta estrategia lleva aparejados numerosos riesgos que o bien están ocultos al cliente final o bien son ignorados en los correspondientes contratos.

Veremos hasta qué punto los clientes minoristas de Popular confían en Santander sus ahorros o por el contrario siguen la estela de los más de 700.000 depositantes que han abandonado el banco cántabro en el último año  

En primer lugar, Santander “regala” a los antiguos accionistas de Popular un producto de naturaleza enredosa que no pasa ni una sola de las condiciones del test MiFID de conveniencia e idoneidad para un cliente minorista. Mientras que las acciones eran productos no complejos, este “bono de fidelización” tal como está planteado es un producto complejo que, aunque se negociará en un mercado secundario organizado como es el AIAF, tendrá un importante riesgo de contrapartida (¿quién va a dar precio y liquidez diaria a este tipo de producto?) y cuyo riesgo de quebranto para el tenedor es alto.

Esta acción de “regalar” un producto financiero por parte de Santander se hace bajo el pretexto de que, como se le ha regalado, no puede perder nada de su inversión inicial porque es nula. Sin embargo, se olvida un hecho clave: la responsabilidad legal y financiera que deriva la tenencia de este título y, sobre todo, que en el momento de tomar el “regalo”, el inversor ya tiene un activo cuyo valor incorpora a su patrimonio. Con lo cual, si sufre un deterioro de esta inversión, el cliente estará perdiendo dinero por mucho que no haya invertido nada en el principio.

En segundo lugar, el producto en sí está generando importantes dudas en el mercado acerca de su calidad crediticia. En principio, es un bono híbrido y, por tanto, convertible en capital en circunstancias excepcionales de crisis de solvencia de la entidad. Dicho de otra forma: alguien que posea estos títulos en un momento de crisis financiera tiene un enorme riesgo de perder toda su inversión (incluso aunque el coste inicial haya sido nulo porque le han “regalado” los títulos).

En tercer y último lugar, los 980 millones de emisión, lejos de ser una carga para Santander, forman parte de una operación a gran escala para emitir instrumentos híbridos (que ni son deuda ni son capital) por un importe de 57.000 millones de euros antes de 2019 que se conoce como “colchón anticrisis”. En este momento, los grandes bancos internacionales están sacando toneladas de papel de este tipo --el nombre técnico es “bonos senior non-preferred”-- al mercado para captar dinero. Con estos, los inversores, a cambio de una rentabilidad relativamente alta si la comparamos con cómo están los tipos de interés, asumen el riesgo de que en un futuro, ante problemas graves de solvencia de la entidad, su inversión se reduzca a 0.

En este sentido, Santander “mata dos pájaros de un tiro” colocando este tipo de deuda entre antiguos accionistas de Popular a un coste más bajo que el resto de los bonos anticrisis que está vendiendo en el mercado (1% frente a cupones del 2,5-3%), asegura su colocación entre los minoristas de Popular saltándose los más elementales estándares de conveniencia e idoneidad que dicta la MiFID y además con una negociación cuya liquidez no está clara.

En resumidas cuentas: bajo la apariencia de un “regalo” y una muestra de buena fe de Santander, lo que se esconde es un producto con peores condiciones que si lo tuviese que emitir en el mercado buscando demanda, con más riesgos tanto a corto como a largo plazo y para unos clientes cuyos conocimientos financieros son limitados. Veremos hasta qué punto los clientes minoristas de Popular confían en Santander sus ahorros o por el contrario siguen la estela de los más de 700.000 depositantes que han abandonado el banco cántabro en el último año.