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“Los mexicanos quieren un país seguro y tranquilo”, dijo Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012 como nuevo presidente de México, al anunciar su plan para acabar con la violencia. A un año de las elecciones presidenciales de 2018, su mandato arroja el balance de 80.000 muertes violentas, según las cifras recogidas por distintas entidades públicas. En el Estado de Sinaloa, una persona muere violentamente cada cinco horas y media, se produce un robo de automóvil cada 60 minutos, y de los 1.032 homicidios perpetrados en los siete primeros meses del año, sólo se ha abierto investigación en un puñado de casos.

A las 6 de la mañana no se escucha en Culiacán el canto del gallo, sino el sonido inconfundible del timbre de las alarmas que van desactivándose en diversos barrios de la capital sinaloense. Bip, bip, bip. Las familias más ricas han convertido sus residencias en fortificaciones con alarmas, rejas, alambradas, y dos o tres controles de acceso. Soldados de la Marina patrullan las calles con el rostro cubierto y fuertemente armados en camionetas de la Policía Municipal. Estas son las primeras señales inquietantes que recibe el visitante en este territorio del noroeste mexicano, que el Departamento de Estado de EEUU describe en sus mensajes de alerta como el feudo de “de una de las organizaciones criminales más poderosas de México”.

Ante la falta de un liderazgo incuestionable, cualquier célula cree que puede hacer su negocio. Los narcos hoy quieren usar a los periodistas como carne de cañón en esta guerra interna, para enviar mensajes a los enemigos

A las 9 de la mañana y en pleno centro de la ciudad, Culiacán ofrece una imagen bulliciosa, donde todo es aparentemente normal en comercios, bancos, bares, restaurantes. Hasta es posible presenciar una escena de civismo nórdico como la de un agente motorizado de la policía municipal, que requiere el permiso de conducir y la documentación al chófer de un tráiler enorme en una calle céntrica, y le advierte que le va a multar por circular en una hora prohibida para los vehículos de transporte. Todo muy normal, si no fuera por el detalle de que a la misma hora el fiscal del Estado admite en una conferencia de prensa que no tiene todavía ninguna información de los 12 secuestrados en un restaurante la noche anterior.

“Hoy nuestra jornada empezó en la madrugada, con un asesinato muy relevante, del hermano de Julio César Chávez, el campeón de boxeo más grande que ha dado México, al resistirse a un asalto en su casa”, explica Adrián López Ortiz, director del diario Noroeste, de Culiacán. “Nuestro artículo ya era viral a las pocas horas. Luego nos amanecimos con el levantón (secuestro) de 12 personas que cenaban en el restaurante Mar Sea. Un comando armado irrumpió en el local. Hemos pasado todo el día tratando de confirmar detalles de la noticia”.

La portada de Noroeste del pasado 26 de junio se completa con una tercera noticia: la revelación desde Estados Unidos de que la exdiputada del Congreso local Lucero Sánchez López, del Partido de Acción Nacional(PAN), que había sido detenida cinco días antes después de solicitar refugio en un puesto fronterizo de EEUU, operaba para el Cártel de Sinaloa, en labores de tráfico de drogas y lavado de dinero. “Es una portada para olvidar, pero las tres noticias explican cosas y da para sacar conclusiones sobre la magnitud de la descomposición en Sinaloa”, comenta el director del diario. No todo es tan normal, pese a que la vida sigue en esta tierra caliente.

“Hay sociedades en el mundo que llevan situaciones sostenidas de violencia o de atrocidad. Creo que es el caso de Culiacán. En la madrugada secuestraron a 12 personas en un restaurante. Una sociedad que no estuviera acostumbrada a eso no iría hoy ni de risa a ningún restaurante. Se quedaría en su casa, aterrada”, exclama Adrián López. Y la vida sigue. Muchos visitantes que llegan por primera vez a Sinaloa esperan ver la guerra en las calles. “Me decía una periodista de Associated Press, esto se ve bastante mejor de lo que esperaba, se ve el dinero, los restaurantes están llenos, las mujeres son guapas. De repente, esta ciudad tan normal, tan próspera, tan saludable, tiene brotes de violencia tan profundos. Hay una cierta hipocresía social desde las élites en Sinaloa: hemos normalizado esta violencia, porque en realidad la hemos negado a base decir que los narcos se matan entre ellos, en qué se habría metido…”. Hasta que de pronto el golpe llega a alguien por encima de toda sospecha.

Y en este punto Adrián López hace la siguiente reflexión: “Los sinaloenses nos hemos autoengañado para no asumir que ése que mataron allí no se lo merecía, porque si era narco tenía que estar en la cárcel, si era asesino debió haber sido presentado ante un juez, no debería estar muerto. Nadie más debió haber hecho justicia por su cuenta. Porque si ése es igual que yo, tengo una responsabilidad. El dolor corresponsabiliza, y eso no queremos. Hemos aprendido a vivir con este miedo ya sin notarlo.”

En este escenario, uno se pregunta en qué condiciones trabajan los periodistas. “Tenemos una redacción versátil, en la que todo el mundo está preparado para cubrir una noticia de violencia, porque te puede tocar mientras estás en un concierto musical o preparando un reportaje de gastronomía”, responde López Ortiz. “El mayor riesgo está en la investigación y en la publicación. Tratamos siempre de pecar de prudentes, y aquí entran nuestros protocolos de seguridad y códigos operativos. Hay que decidir si la nota la firma el reportero o la redacción”.

Prudencia y seguridad son términos más propios del humor negro a la luz de los zarpazos de la violencia contra el periodismo en distintos puntos de México. Bajo el Gobierno de Peña Nieto, nada menos que 39 periodistas han sido asesinados. Salvo contadas excepciones, no hay noticias de los autores ni de los instigadores de los crímenes. ¿Acaso no es un ejemplo de humor negro la existencia de una Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que sólo ha resuelto tres casos en su historia, pese a haber abierto más de 800 investigaciones, es decir, un 99,75% de impunidad? Según Article19, organización independiente fundada en Londres en 1987, que defiende el derecho de libertad de expresión y el acceso a la información de todas las personas, más de la mitad de ataques a periodistas en México han sido perpetrados por el Estado.

Según ‘Article19’, ONG que defiende el derecho de libertad de expresión y el acceso a la información de todas las personas, más de la mitad de ataques a periodistas en México han sido perpetrados por el Estado

En Sinaloa nació uno de los carteles de narcotraficantes más poderosos del país y, sin duda, con mayor eco mediático. Nombres de capos como el Chapo Guzmán, Mayo Zambada, Félix Gallardo o los Bertrán Leyva, son tan conocidos por la opinión pública como los artistas mexicanos más populares. De manera más o menos perceptible para el foráneo el narco está presente en la vida de los sinaloenses. “No se puede hacer periodismo en Sinaloa sin tocar el tema del narcotráfico, aun con los riesgos que implica. Lo que tenemos que debatir es cómo lo cubrimos, cuáles son las líneas editoriales, que no se confunda el trabajo periodístico con el trabajo policial”, subraya Ismael Bojórquez, director del semanario Ríodoce, que fundó en febrero de 2003. La publicación es, en palabras de su director, “un esfuerzo periodístico que, desde su nacimiento, tomó como causas la verdad, las libertades, la democracia, la justicia social, la lucha contra la corrupción y los derechos humanos”.

Asesinato de Javier Valdez

Ríodoce sufre un golpe durísimo el pasado 15 de mayo, cuando el periodista Javier Valdez Cárdenas, cofundador junto a Bojórquez y corresponsal del diario La Jornada, es asesinado por un sicario en plena calle poco después de salir de la redacción. El semanario publica el mismo día un editorial titulado “Hoy nos pegaron en el corazón” en el que afirma con rotundidad: “No tenemos ninguna duda: el origen del crimen de Javier Valdez está en su trabajo periodístico relacionado con los temas del narcotráfico”.

La extradición a Estados Unidos del jefe del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, deja un vacío que abre la espita de una violenta disputa interna. Dámaso López Núñez, El Licenciado, hoy detenido, contra José Alfredo y Joaquín Archivaldo Guzmán: el lugarteniente y los hijos del gran jefe caído, enfrentados en una guerra sin cuartel. Es una guerra no sólo por el territorio, sino por las relaciones, los nexos, el negocio con Colombia, con Perú, con Bolivia…El trasiego. Ante la falta de un liderazgo incuestionable, cualquier célula cree que puede hacer su negocio. Los narcos hoy quieren usar a los periodistas como carne de cañón en esta guerra interna, para enviar mensajes a los enemigos. Y aquí entra el asesinato de Javier.

“Nosotros entrevistamos en febrero a Dámaso y publicamos la entrevista”, explica Bojórquez. “A los hijos del Chapo no les gustó esto. Intentaron requisar la edición comprando todos los ejemplares de aquella edición. Eso generó un ambiente de mucha tensión y mucho nerviosismo, entre nosotros, con Javier. Se pensó en sacarlo del país, a Argentina, con ayuda del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ). Pero era muy complicado por su familia. El día que lo mataron habíamos hablado del tema de su salida de México”. A partir de la muerte de Javier, los periodistas se hacen muchas preguntas, dónde estamos, qué hacemos, qué necesitamos hacer. “En términos periodísticos, no vamos a cambiar. Cada semana hemos estando dándole duro, sobre todo al Gobierno. Para nosotros el objetivo principal de la investigación es el Gobierno y la corrupción. Cada semana hablamos de las protestas por el asesinato de Javier”, añade Bojórquez.

El director del diario Noroeste estima, por su parte, que la repercusión del asesinato de Valdez tiene que ver con la personalidad de la víctima y con el respeto que se había ganado por su trabajo. “Ciertos asesinatos de periodistas alcanzan para unas cosas y ciertos asesinatos para otras. El asesinato de Javier sí ha dado para más, por el nivel de la protesta y la indignación, la repercusión internacional, escuchamos al secretario de Estado de Estados Unidos, a dirigentes de la Unesco, la Asociación Mundial de Periódicos...”

Han transcurrido casi tres meses --Ríodoce recuerda cada día que el crimen permanece en la más absoluta impunidad--, y la consigna “Javier Valdez vive” sigue visible en carteles y pintadas en todo Culiacán. La vida ha cambiado para muchos compañeros del periodista asesinado, según reconoce Ismael Bojórquez: “Lo que más nos mueve ahora es algo que yo en lo personal nunca había hecho en más de 25 años que llevo en el periodismo: nos estamos metiendo a hacer algo más que periodismo y a trabajar como ciudadanos también”. El mismo día del asesinato, Ríodoce convocó a la sociedad civil a movilizarse en las cinco ciudades más importantes de Sinaloa. En Culiacán salieron a la calle 600 personas, en Mazatlán unas 400, en Los Mochis 200. A pesar de estas cifras muchos de los asistentes comentaban que nunca habían presenciado una marcha de protesta tan enérgica y tan emotiva.

El punto de inflexión más importante es que ahora Ríodoce convoca la protesta. “Somos un periódico y seguiremos respetando las reglas del periodismo que para nosotros son sagradas. Pero además de este trabajo, seguiremos convocando movilizaciones y llamando a la organización en todo el país. A la verga con el rollo de que sólo somos periodistas. En este país no hay líderes, los partidos valen madre, sólo están preocupados por pillar comisiones. Hacen falta líderes y hace falta más sociedad, necesitamos mover a la sociedad. Que haya manifestaciones en otras ciudades, en Ciudad de México, Chihuahua, Monterrey, donde también han matado a periodistas. Que los crímenes no queden impunes. No queremos salir a las calles sólo a gritar y a llorar”, clama Bojórquez.

De enero a julio nueve periodistas han sido asesinados. El mismo día que era acribillado Javier Valdez, también caía bajo las balas Jonathan Rodríguez, del semanario El Costeño de Autlán, de Jalisco. El 23 de marzo, Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua y una de las periodistas más respetadas de aquel estado, recibió ocho balazos cuando llevaba a su hijo a la escuela. El 14 de junio fueron encontrados en un paraje de Michoacán los restos calcinados de Salvador Adame, director de Canal 6 TV en la localidad de Nueva Italia, que había sido secuestrado el 18 de mayo por un grupo de hombres armados. Según la  Sociedad Interamericana de Prensa, Adame, de 45 años, criticó las arbitrariedades cometidas por autoridades municipales, estatales y federales.

La sociedad se divide entre quienes defienden la ley como código ético, y quienes se identifican con las letras de los corridos, que vitorean a los narcos y sus enfrentamientos con la Policía y el Ejército

El impacto del asesinato de Valdez ha hecho que por primera vez los periodistas en México estén debatiendo. Por primera vez las condiciones de trabajo son objeto de discusión. Un ejemplo, el 95% de los reporteros de radio en Sinaloa no tiene seguro social. Hablo con López Ortiz de la situación de la prensa mexicana y señala, de entrada, la contradicción entre algunos “ejemplos individuales de gran periodismo”, y la escasa o nula independencia de los medios. “No hay independencia periodística si el 70% o el 80% de tu ingreso mensual sale de una oficina del Gobierno, disfrazado de publicidad oficial. Peña Nieto ha gastado cerca de 37.000 millones de pesos en publicidad oficial (unos 1.800 millones de euros) en lo que lleva de sexenio, y tiene el nivel de credibilidad más bajo de la historia. De nada ha servido todo el dinero que ha puesto en Televisa o en otros grupos de comunicación”.

La causa o el resultado, según se mire, de esta dependencia del Estado, es que los medios en México “no han construido modelos de negocio rentables que les permita hacer periodismo innovador y atractivo. No generan valor para las audiencias y las audiencias dejan solos a los medios. Y eso explica que en lo que va de año llevemos nueve periodistas asesinados y a la gente honestamente le importa un carajo. Porque no hacemos periodismo para la gente, hacemos periodismo para la dependencia, para el gobernante, el senador, el gobernador que nos mantiene”.

La violencia y el narcotráfico tiene origen y causa en Sinaloa. Como en cualquier otro lugar del mundo. El sociólogo y ensayista Ronaldo González Valdés, exsecretario de Cultura del Gobierno de Sinaloa, sitúa en las décadas de los sesenta y setenta los síntomas de una crisis social que acaba estallando en forma violenta. Por una parte, la explosión demográfica: la población se duplica en menos de 13 años, de 830.000 habitantes a 1,5 millones. Y por otra, la emigración del campo a la ciudad: en 1962, el 62% reside en comunidades rurales; en 1975, el 55% en centros urbanos. Este trasvase de población provoca un crecimiento de la economía informal ante la incapacidad de dar empleo a la masa rural emigrada, y la falta de iniciativas para los jóvenes de los barrios populares. Todo ello, explica González Valdés, en un contexto de un Estado muy injusto y desigual, en la propiedad de la tierra, en el acceso a la vivienda, a la alimentación y a la educación (más de la cuarta parta de mayores de seis años eran analfabetos).

La entrada de las drogas en Sinaloa tiene que ver con la llegada de los chinos a principios del siglo XX, que introducen el cultivo de amapola y el consumo y tráfico de opio. El escritor y periodista sinaloense Herberto Sinagawa Montoya documenta cómo numerosos grupos de chinos llegan a Sonora y Sinaloa tras huir de las condiciones de explotación en las minas de cobre de Santa Rosalía, en Baja California Sur, y empiezan a sembrar semilla de amapola en sus huertos, para consumo personal, un vicio muy arraigado que se transmitía de generación en generación.

El también escritor, autor teatral y periodista Antonio Haas, que escribió en los principales diarios de Sinaloa, apunta que la siembra industrial de amapola se inicia en la sierra de Sinaloa durante la Segunda Guerra Mundial a instancias y con financiación del Gobierno estadounidense de Franklin D. Roosevelt, para surtir de morfina a hospitales de las tropas aliadas. La única producción legal de opio, de Turquía, había quedado en manos del Eje. Es una época dorada para los campesinos sinaolenses. Terminada la guerra, México y EEUU deciden poner fin a los cultivos de amapola, y se les dice a los gomeros, que producen y exportan goma de opio, que vuelvan a plantar maíz y frijol.

El periodista Samuel Dillon, que durante más de 30 años cubrió como corresponsal México y Centroamérica, escribe que “las drogas permanecieron como pequeñas industrias hasta los años sesenta, cuando los barones de la cocaína de Colombia empezaron a contratar a traficantes mexicanos para contrabandear su producto hacia Estados Unidos”. El panorama cambia cuando Sinaloa deja de ser lugar de siembra y se convierte en entidad exportadora, de distribución, consumo y tránsito de drogas hacia el vecino del Norte. Un cambio radical en la economía de la zona y en las costumbres de sus habitantes.

El escritor y periodista Antonio Haas apunta que la siembra industrial de amapola se inicia en Sinaloa durante la II Guerra Mundial a instancias y con financiación del Gobierno de Roosevelt, para surtir de morfina a hospitales de las tropas aliadas

El boom del negocio del narcotráfico se produce en los años ochenta con la entrada de la cocaína. Ismael Bojórquezrecuerda que antes “aquí sólo había marihuana, amapola, heroína, goma de opio. Este crecimiento no puede explicarse sin el cobijo del Gobierno, en todos los niveles, llámese alcalde, gobernador, distintos estamentos del Gobierno federal, Ejército, Marina, Cisen (servicio de inteligencia), Fiscalía, Policía Federal, etc. El aumento del narcotráfico ha sido permanente en los últimos 40 años, con raíces en la sociedad, la cultura, la Iglesia…Con intereses en la economía, en la política, en los congresos locales, en el Congreso federal, en el Senado, en la Presidencia de la República, en las instituciones encargadas de combatirlo. El drama es que está más preparado el narcotráfico para sobrevivir que el Estado para acabar con el crimen organizado”.

La gran batalla se libra en el territorio donde el Cartel de Sinaloa ha sido el más poderoso comercialmente, porque está en juego el control de la frontera más rica, que es la frontera con California y su gran mercado. Un mercado que tiende a menguar, según Adrián López, “a medida que avanza la legalización de la marihuana en Estados Unidos”, lo que obliga a los narcotraficantes a diversificar el negocio, pasar a otras drogas, metanfetaminas, y a actividades criminales como trata de personas, alquiler de túneles para pasar la frontera, etc. Y sobre todo, el control de la plaza, es decir de tu región, como mercado para colocar las drogas que no se pueden introducir en EEUU.

El pasado 3 de julio, el director de Ríodoce pronunció un discurso en el Woodrow Wilson Center, invitado por la Washington Office on Latin America (WOLA), para hablar de periodismo y derechos humanos en México, 44 días después del asesinato de Javier Valdez. Ante una cualificada audiencia en la capital estadounidense relató los riesgos de los periodistas mexicanos que investigan y escriben sobre los capos “de las redes de distribución de drogas en buena parte del territorio norteamericano para que las drogas lleguen puntualmente a los barrios y a las mansiones de Chicago, San Francisco, Nueva York, Washington”.

Dijo en voz alta que el mayor peligro para ejercer el periodismo es “la narcopolítica, esa perversión criminal de los políticos que echan mano del dinero sucio del narcotráfico para escalar posiciones administrativas y de elección popular”. Recordó que el gobernador anterior, Mario López Valdez, “pactó con el Cártel de Sinaloa. Eso lo dijimos una y otra vez, pero nunca nadie, ni el Gobierno federal, lo investigó”. Y, mirando a los ojos de quienes estaban sentados enfrente, preguntó: “Hacia dónde voltear entonces si tenemos como vecino el mercado de las drogas más apetecible para las fauces de nuestros señores del narco?”

Agradeció la solidaridad del secretario de Estado, Rex Tillerson, y de la embajadora en México, Renata Jacobson, tras el asesinato de Javier Valdez. Pero pidió más: “La sociedad entera demanda del Gobierno norteamericano que ponga un alto al tráfico ilegal de armas a México. Y que si funcionarios de este país incurrieron en algún delito sean castigados”. Y concluyó: “La lucha contra la impunidad empieza en México, llevando a juicio a quienes matan a un periodista como Javier Valdez; pero hay mucho por hacer también en los Estados Unidos, para que proyectos como el Gunrunner (Traficante de armas) y operaciones como Rápido y Furioso no existan más”.

Ismael Bojórquez puso el dedo en la llaga, al mencionar la cuestión clave del origen y suministro de las armas de los narcotraficantes mexicanos. El operativo Rápido y Furioso, puesto en marcha desde 2005 por el Gobierno de EEUU a través la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), fue diseñado, aparentemente, para determinar el uso de armas estadounidenses por grupos criminales mexicanos. En cooperación con algunos vendedores legales, rastreó armas de compradores minoristas a quienes consideraba proveedores ilegales de los cárteles del narcotráfico mexicano.

Se perdió el rastro de 2.000 armas de fuego del programa y algunas aparecieron en escenas de crímenes, en México y en EEUU, como el del agente de la Patrulla Fronteriza Brian A. Terry, asesinado en Arizona en diciembre de 2010.

La investigación judicial culpabilizó a la ATF (que depende del Departamento de Seguridad Interior de EEUU), a su agencia en Phoenix (Arizona) y a la oficina del secretario de Justicia en Arizona de la operación fallida.

Ismael Bojórquez subraya que “un fenómeno nuevo de gran importancia y que permea hacia la sociedad es la conversión de México en un gran mercado de drogas. Hace 20 años, en ciudades como Culiacán sólo las élites consumían cocaína y marihuana, hoy el consumo se ha extendido a todos los barrios. Esto ha cambiado el panorama, y ha facilitado la irrupción de pequeñas organizaciones y ha horizontalizado el negocio. Se acabaron las organizaciones piramidales que dirigía un líder, el Chapo, el Mayo, Félix Gallardo… Ahora hay un montón de apellidos. En una ciudad como Culiacán puede haber miles de hombres armados, hay centenares de casas de seguridad donde se guardan armas, dinero, droga.”

El narcotráfico inunda todos los poros de la sociedad regional y se instala la llamada narcocultura en los años ochenta, “pieza fundamental de la subcultura de la violencia en la región”, en palabras de González Valdés. La sociedad se divide entre quienes defienden la ley como código ético, y quienes se identifican con las letras de los corridos, que vitorean a los narcos y sus enfrentamientos con la Policía y el Ejército. Los narcotraficantes son vistos como héroes para un sector de la población y también como “jefes” deseados. El popular corrido Jefe de jefes simboliza el elogio del capo de una organización mafiosa, a quien todos respetan o temen.

Hay opiniones encontradas entre quienes hablan de presuntas acciones filantrópicas de los narcos en el mundo rural que les granjearía el apoyo de los más pobres, y quienes niegan un supuesto prestigio social y una buena reputación en sus regiones natales. Probablemente, no es ni blanco ni negro. Los narcotraficantes no son hermanitas de la caridad, pero tampoco los jueces y cuerpos de seguridad son los mejores ejemplos de probidad y confiabilidad. González Valdés lo resume así: “Tan denigrante (en este caso autodenigrante) es la apología de los narcotraficantes, como denigrante es la impunidad que ha prohijado esa desconfianza social en las instituciones y los programas de gobierno en materia de seguridad pública y justicia”.

La gran aportación, entre comillas, del nuevo gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, en el poder desde el 31 de diciembre pasado, es la militarización de la lucha contra el narcotráfico, con el despliegue por todo el Estado de 2.200 efectivos de la Marina y la Policía Militar enviados por el Gobierno federal. Una decisión pactada por el ministro de Defensa y el secretario de Seguridad del Estado, al margen del Congreso. La debilidad institucional en la seguridad pública es clamorosa, denuncia Adrián López Ortiz. “Sinaloa tiene un déficit en los cuerpos policiales de más del 52%. Nos faltan unos 5.000 agentes. Y de los 4.900 que tenemos el 60% ha sido reprobado en los exámenes de control y confianza. Tenemos sólo una cuarta parte de la policía en términos funcionales”.

Los venenos generan sus anticuerpos. A pesar de la gravedad de la situación en Sinaloa, el director de Noroeste está convencido de que los sinaloenses han generado anticuerpos de sociedad civil y de cultura. “Tenemos un buen tamaño de sociedad civil, formada por resiliencia, con un número creciente de organizaciones no gubernamentales enfocadas en construcción de paz. Sinaloa tiene la oportunidad de ser el referente en la construcción de paz. Tal vez podríamos llegar a ser el Medellín de México, sin pagar la curva de aprendizaje de los dos millones de muertos”.

¿Hay motivos para la esperanza? Ismael Bojórquez contesta sin dudar: “Si no viéramos una luz al final del túnel ya nos habríamos cruzado de brazos y habríamos cerrado el periódico. Seguimos sacando el periódico semana a semana porque tenemos esperanza de que pueden cambiar las cosas. Ahora con más cuidado que nunca. Acompañando el trabajo periodístico de la protesta ciudadana”.