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El proyecto de la conocida como “Gran Ley de Derogación” (Repeal Bill), presentado por el gobierno británico a mediados de julio y que busca poner fin a la primacía del derecho europeo sobre la legislación británica, otorga el poder a los ministros de Theresa May para que reescriban extensas secciones de la legislación británica sin que haya ninguna supervisión democrática. No solo no habrá un equivalente de la sentencia Francovich, sino que el proyecto de ley también cercenará los derechos humanos, cívicos, sociales y medioambientales, además de reforzar considerablemente la posición del ejecutivo. Una carta de derechos británica y unos tratados comerciales ‘libres’ reemplazarán a la Ley de Derechos Humanos, derivada del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y a la jurisdicción de la Corte Europea de Justicia. Además, los acuerdos de comercio posibilitarán que las corporaciones mundiales puedan demandar al gobierno en cortes secretas siempre que la “regulación estatal” se interponga en el camino del beneficio corporativo. Se trata ni más ni menos que de un asalto neoliberal contra la democracia y los derechos humanos.

En Reino Unido no existe un tribunal que juzgue la constitucionalidad de una ley, ni un ciudadano puede demandar al gobierno sobre la base de que una ley es inconstitucional

Actualmente, cualquier ciudadano puede demandar al gobierno amparándose en la sentencia Francovich, emitida por el Tribunal Europeo de Justicia en 1991. Según esta resolución jurídica, un Estado miembro es responsable si un individuo o negocio sufre daños como consecuencia de que la legislación europea no haya entrado en vigor en ese país. El proyecto de ley de derogación contiene una cláusula que estipula que después de abandonar la UE nadie tendrá derecho, según la legislación nacional, a pedir indemnizaciones por daños causados por el gobierno. Teniendo en cuenta la peculiaridad del sistema político del Reino Unido, esto crea un enorme vacío.

Los tories actúan como si el proyecto de gran ley de derogación no fuera más que un tedioso trámite administrativo: el ejecutivo hará una selección de la legislación europea y la incorporará a la legislación del Reino Unido. En realidad, como describe Nick Dearden, de la organización Global Justice UK, la propuesta de ley supone el proyecto legislativo más importante de la historia del Reino Unido, ya que eliminará algunos derechos fundamentales de los ciudadanos. De acuerdo con esta ONG, el proyecto de ley concede poderes al gobierno que ningún otro gobierno moderno ha disfrutado jamás en tiempos de paz.

Pero acechan más problemas legales en el horizonte, porque ni siquiera está claro si es suficiente con un proyecto de ley para derogar la legislación europea, incluso aunque lo apruebe el Parlamento británico. Los tribunales del Reino Unido acaban de alterar el principio de soberanía parlamentaria al dictaminar que incorporar la legislación europea es un acto constitucional y que por tanto es necesario otro acto constitucional para derogarlo. El peso de este argumento y su poder político es aún incierto.

Ya existen prácticas legales que violan la Ley de Derechos Humanos. Su evolución más perversa es la expansión gradual de los tribunales secretos hacia los tribunales civiles

Todo esto es tan complicado y problemático porque el Reino Unido no tiene una constitución en el mismo sentido que la mayoría de los demás países. No existe un tribunal constitucional que juzgue la constitucionalidad de una ley, ni un ciudadano puede demandar al gobierno sobre la base de que una ley es inconstitucional. Si un juez dictamina en contra de una ley concreta, no puede suspenderla o devolverla al parlamento, como sucede en la mayoría de los demás países.

La Ley de Derechos Humanos

La Ley de Derechos Humanos también está en peligro. El Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) obliga a todos los signatarios a respetar los derechos humanos. Es décadas anterior a la UE --se redactó en 1950-- y el Reino Unido incorporó esta convención a su legislación a través de la Ley de Derechos Humanos en 1998. Y garantiza a los ciudadanos británicos la oportunidad de defenderse en los tribunales nacionales amparándose en derechos reconocidos por el Convenio.

Si el Reino Unido abandona la UE y sustituye la Ley de Derechos Humanos por un compendio de “derechos británicos”, cortará el vínculo entre los tribunales británicos y el Convenio europeo. En el futuro, los ciudadanos del Reino Unido tendrán que llevar los casos relacionados con los derechos humanos al tribunal de Estrasburgo, lo que complicaría sustancialmente el proceso, ya que si el Reino Unido abandona el Consejo de Europa, la jurisdicción del CEDH desaparecería por completo.Es necesario recordar que esta era una de las intenciones de May cuando, el año pasado, hizo campaña en contra del Brexit. Como dijo la primera ministra: “No es la UE lo que hay que abandonar, sino el CEDH y la jurisdicción de sus tribunales”.

El proyecto de gran ley de derogación abre una insondable caja de pandora. Actualmente ya existen prácticas legales que violan abiertamente la Ley de Derechos Humanos. La evolución más perversa de esto es la expansión gradual de los tribunales secretos, conocidos como procedimientos de material reservado (CMP, por sus siglas en inglés), hacia los tribunales civiles. Originalmente, los CMP se usaban para lidiar con información cuya exposición pública podría dañar los intereses nacionales, como por ejemplo en los casos de terrorismo. Esto es altamente problemático en sí mismo, porque los “abogados especiales” que trabajan en estos casos no son libres de facilitar a sus clientes detalles precisos de las pruebas en su contra. El resultado es que los acusados podrían no saber cuáles son todas las acusaciones por las que acaban siendo condenados. Aun así, los CMP se usan cada vez más en tribunales laborales, apelaciones de inmigración y tribunales que tramitan las quejas contra los servicios de inteligencia. Solo imaginar cómo evolucionará esta situación tan negra una vez que desaparezca su principal obstáculo, la Ley de Derechos Humanos, provoca terror.

¿Qué viene en su lugar?

Todos los tratados comerciales que el secretario de Comercio, Liam Fox, está negociando abogan por una mayor desregulación y menores derechos para la ciudadanía. Un ejemplo de esto es el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es la liberalización completa de los servicios (finanzas, seguros, telecomunicaciones, transporte, servicios energéticos, educación y atención sanitaria). El TiSA cuenta con una cláusula que establece un posible ajuste posterior de derechos (ratchet clause), que hace que la privatización de los servicios sea irreversible, puesto que obliga a los países a garantizar a perpetuidad el acceso de las empresas a sus mercados.

Los lobbies empresariales del Reino Unido están aprovechando esta oportunidad para impulsar un programa de desregulación financiera, privatización de los servicios públicos, reducción de los derechos de los trabajadores y expansión de los tribunales comerciales que no tienen que rendir cuentas frente a nadie.

las multinacionales adquirirán derechos para demandar al gobierno en tribunales de arbitraje secretos cada vez que sostengan que la “regulación del Estado” perjudica sus beneficios

Estos ‘tribunales’, conocidos formalmente como resolución de litigios entre inversores y Estados (RLIE), ya están presentes en numerosos acuerdos de inversión. Muchos países ya han sido demandados, por ejemplo por aplicar una moratoria al fracking o eliminar sustancias tóxicas del petróleo. El gobierno británico ha sido uno de los países que más ha insistido en instaurar este tipo de tribunales.

Las negociaciones para alcanzar un futuro acuerdo comercial entre EE.UU. y Reino Unido ya se están produciendo en secreto, al igual que sucedió con los abortados (¿por el momento?) acuerdos comerciales trasatlántico y transpacífico (TTIP y TPP). Mientras que los ciudadanos británicos perderán su capacidad para obligar al Estado a rendir cuentas, las multinacionales extranjeras adquirirán derechos para demandar al gobierno en tribunales de arbitraje secretos cada vez que una multinacional sostenga que la “regulación del Estado” perjudica sus beneficios.

Este es el asalto neoliberal contra la democracia, o lo que queda de ella. Los conservadores británicos dan la bienvenida a la oportunidad de eliminar la “engorrosa regulación”. La prensa nacional británica está vendiendo esta usurpación de la democracia como si se tratara de “recuperar el control”. Los tories consideran que el proyecto de gran ley de derogación es una oportunidad para echar a la hoguera la reglamentación comunitaria y terminar el trabajo que inició la desregulación nacional de la década de 1980. Liam Fox ha declarado que: “Hay que comenzar desregulando el mercado de trabajo y hacer caso omiso de las objeciones políticas”. La secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Priti Patel, ha manifestado su esperanza en que la nueva emancipación del Reino Unido “reduzca a la mitad los obstáculos de la legislación social y laboral de la UE”. Uno de los aliados más próximos a Theresa May, el diputado George Foreman, se opone a los derechos laborales, a las vacaciones remuneradas, a la igualdad salarial entre hombres y mujeres y al salario mínimo.

La conexión entre los fundamentalistas del mercado libre, los negacionistas medioambientales y las fuerzas detrás del Brexit son innegables

El impuesto de sociedades sería de un 10%, después de los  primeros tres años en los que las nuevas empresas no pagarían impuestos y estarían exentas de cualquier tipo de regulación laboral. También se recortaría la protección al consumidor. Los documentos oficiales revelan la intención del gobierno de reducir las medidas contra el cambio climático para poder negociar con éxito acuerdos comerciales mundiales después del Brexit. El acaparamiento de poderes de Westminster es un peligro al acecho, que también va en detrimento de las asambleas descentralizadas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

La conexión entre los fundamentalistas del mercado libre que desean expulsar al gobierno, los negacionistas medioambientales y las fuerzas detrás del Brexit son innegables. Existen vínculos directos entre Donald Trump, el exestratega jefe de la Casa Blanca Steve Bannon y el director ejecutivo de American Media, y gran valedor corporativo del presidente norteamericano, Robert Mercer y dos empresas del Reino Unido propiedad de Mercer: Cambridge Analytica y Aggregate IQ. Y entre estas y el exlíder del UKIP Nigel Farage, los impulsores de la campaña Leave EU Arron Banks y Thomas Borwick, la empresa ASI Data y la iniciativa Veterans for Britain, entre otras. Los mismos nombres son algunas de las fuerzas motrices tras la red negacionista medioambiental que une a EE.UU. y el Reino Unido. Existen vínculos directos entre Donald Trump, el lobista Myron Ebell, el analista Steven Groves y las ultraconservadoras Heritage Foundation, las industrias Koch, Competitive Enterprise Institute, National Center for Policy Analysis, American Legislative Exchange Council (ALEC) y el Instituto Cato con el periodística y empresario Matt Ridley, el exsecretario de Estado de Medio Ambiente Owen Paterson, el eurodiputado conservador Daniel Hannan, Nigel Farage y Arron Banks en el Reino Unido y con instituciones como 55 Tufton Street, Atlantic Bridge, Global Warming Policy Foundation, Institute of Economic Affairs y las campañas Vote Leave y Leave EU, que tienen vínculos a su vez con destacables políticos conservadores como Liam Fox, David Davis, Boris Johnson y Andrea Leadsom.

¿Qué se puede hacer para evitarlo?

El acervo de la legislación comunitaria asciende a unas 12.000 normas y unos 7.900 instrumentos jurídicos que el Reino Unido utiliza para aplicar las directivas. Existen aproximadamente unas 186 leyes aprobadas entre 1980 y 2009 que incorporan directivas de la UE. Esto significa que hay cientos de miles de páginas de textos legales que convierten la derogación en un proyecto inmenso. Como el reloj que se puso en marcha al invocar el Artículo 50 no se detiene, el calendario para terminar este proceso es bastante limitado. Por este motivo, el gobierno ha declarado que habrá que “buscar un equilibrio entre la importancia del escrutinio y la velocidad del proceso”.

El redactor jefe de la revista politics.co.uk Ian Dunt defendió en este medio que se podrían llevar a cabo gran cantidad de acciones concretas si el gobierno quisiera hacerlo de forma democrática. Por ejemplo, se podría cambiar la legislación únicamente mediante una Ley Parlamentaria; o el Gobierno podría invitar a organismos externos, laboratorios de ideas, organizaciones caritativas y sindicatos a formar una comisión conjunta con los diputados, pero al Gobierno no le interesa y además “no hay tiempo”.

el parlamento no desempeña ningún papel, la Cámara de los Comunes sacará adelante el proyecto de ley porque rechazarlo significaría básicamente acabar con el Brexit

En su lugar, emplea “instrumentos jurídicos”. Este asunto es tedioso y aburrido, pero esto es política y también forma parte del “plan”: cuanto más complicado e inaccesible sea todo el proceso, menos probabilidades hay de que el público se entere de lo que sucede en realidad. Como explica Dunt, los instrumentos jurídicos son básicamente inservibles: un diputado podría presentar una moción o convencer al líder de la oposición para que la presente, pero en realidad ninguno de estos procedimientos tendría un efecto real. Por lo general, todas las mociones acaban quedando en nada porque el gobierno marca la agenda de la Cámara de los Comunes (algo casi inconcebible en un Estado moderno) y no va a dedicar tiempo a nada que cuestione su autoridad ejecutiva. Si el líder de la oposición presenta una moción, el gobierno también podría neutralizarla estableciendo una comisión legislativa. Según Dunt, este tipo de comisiones son lugares donde se habla mucho y no se hace nada, ya que carecen de poder real. Apenas si quedaría un foco estructural de resistencia legislativa: la Cámara de los Lores. Irónicamente, los Lores se están enfrentando a esta supuesta pérdida de legitimidad democrática.

Y así termina la partida: el gobierno está redactando el proyecto de gran ley de derogación, el parlamento no desempeña ningún papel en el proceso, no se realizará ninguna consulta, la Cámara de los Comunes sacará adelante el proyecto de ley porque rechazarlo significaría básicamente acabar con el Brexit, y por el momento los dos partidos principales lo apoyan. No obstante, a pesar de la retórica laborista, su posición no está del todo clara. Si los laboristas evaluaran el resultado final del acuerdo utilizando los test de su responsable para el Brexit Keir Starmer, como en ocasiones han afirmado que harían, finalmente se opondrían al proyecto de ley. Aun así, los tories siempre podrían sobornar al Partido Unionista Democrático con otros mil millones de libras para conseguir una mayoría en la Cámara, excepto si algunos diputados conservadores se rebelan. Y tal vez sea esto lo que los laboristas están esperando.

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Este texto se publicó originalmente en  Flassbeck Economic International

Traducción de Álvaro San José.