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Última sesión de control al Gobierno antes del día del referéndum. Rajoy, ausente. Estaba regresando de su viaje a Estados Unidos donde Donald Trump, ese dador de legitimidades democráticas, ha amparado al Gobierno con un argumento a la altura oratoria de nuestro Presidente: sería una tontería la independencia, reflexionó Trump, porque España es un país grande y bonito y tal. Así, nuestro líder se libró de un miércoles plagado de preguntas e interpelaciones sobre la cuestión catalana.

Quedó clara una cuestión de fondo durante el pleno. El debate –la reyerta parlamentaria- a nivel de Madrid consiste en luchar por condecorarse como demócrata. Por lo visto, la democracia sólo puede atribuirse a uno de los bandos. En España, hoy, se otorga un significado estrecho a la palabra democracia que no da como para albergar a las dos opciones: o lo es una o lo es otra. Gran parte del debate entre independentistas, autoproclamados constitucionalistas (PP y Cs) y la porosa tercera vía de Unidos Podemos consistió en eso; en cazar el título. 

Se dice que en situaciones excepcionales puede comprobarse la verdadera altura de Estado de cada actor político. Nadie sabe muy bien qué es ese elemento llamado altura de Estado, pero sí sabemos que la fórmula, al menos en el percal actual, sirve para abrir un espacio maniqueo: suspendiendo los matices e invisibilizando la pluralidad. Sí es cierto, no obstante, que las circunstancias extremas eliminan el maquillaje con el que los partidos enseñan la cara en épocas de reposo. 

Ciudadanos muestra un ejemplo claro. En la sesión de control, Albert Rivera abrió la ronda, pero no preguntó nada. Utilizó el turno para insistir en su apoyo rotundo al Gobierno. Dijo que el domingo no iba a darse el golpe a la democracia que se pretendía y se enorgulleció de que concejales, policías, jueces y fiscales (“nuestros demócratas”) lo habían impedido “como auténticos héroes”. Desde su irrupción nacional, los naranjas han venido desplegando un discurso contrario a la corrupción que, a la vez, cuestiona la politización de la justicia; han ido inventando líneas rojas contra la corrupción que luego han retirado una por una. Con su voto, se reprobó (acción no vinculante) al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, y al ministro de Justicia; es decir, se emprendieron acciones sin consecuencias tangibles. Lo hicieron, no obstante, aparentando convicción. Pero Cataluña, sin pretenderlo, está levantando faldas. Ciudadanos aplaude y espolea decisiones como el envío masivo de efectivos policiales (cosa previsible) o las actuaciones de Ramírez Sunyer, un juez altamente ideologizado que actuó al margen de la Fiscalía siguiendo unas denuncias presentadas por VOX y el abogado Miguel Durán, antiguo compañero político de Rivera y defensor del número dos de Correa en la trama Gürtel (cosa previsible también, aunque ellos pensaban que lo notábamos menos).

Otra evidencia del pleno: el PSOE es un partido esclerótico, padece una parálisis degenerativa. A cuatro días del 1O, el orden del día no reflejaba una sola pregunta ni interpelación sobre Cataluña por parte de los socialistas. La interpretación literal de este escaqueo es la siguiente: ante el mayor desafío al que se ha enfrentado el régimen del 78, los de Ferraz creen que no hay que controlar al Gobierno en nada. No es opinión, sino pura semántica. Tras la ofensiva policial y judicial del pasado miércoles 20, los socialistas se escondieron. Pedro Sánchez no apareció hasta el sábado, y entonces defendió el diálogo. Sin embargo, con la actual acumulación de despropósitos y contumacias a ambos lados de la trinchera, el diálogo es la posición más urgente, lo cual debería obligar al PSOE a moverse. Por otra parte, muchas de las preguntas que registran los partidos en las sesiones de control no buscan tanto solucionar dudas como escenificar posturas. Los socialistas tampoco han utilizado esa vía. Para justificar su silencio y su apoyo de facto al Gobierno, sí se han ocupado de esparcir razones en los últimos días: han dicho que no descartan una declaración unilateral de independencia el día 6 de octubre (aniversario de la proclamación del Estado catalán de Lluis Companys), cuando ya Puigdemont lo había descartado ante Jordi Évole.  

En un momento de la mañana, el diputado de PDeCAT Carles Campuzano expuso que el Estado español ya estaba tratando a Cataluña como si fuera un país ajeno. Pero, antes de eso, Rufián (acompañado tan solo por Tardà en la bancada) escenificó el reverso de esa idea: los independentistas han llegado a asumir que la relación con España ha dejado de existir. Dijo que Cataluña quiere recuperar el país “que le robaron hace 80 años” y terminó clamando: “¡Viva Castilla libre!, ¡Viva Andalucía libre!, ¡Gora Euskalherria askatuta!”. De esta forma, mentó la bicha de la desmembración de España alimentando un eslogan clásico de la derecha: “España se rompe”. Después de su turno, abandonó el pleno. Los escaños de ERC volvían a vaciarse hasta horas más tarde, cuando Tardà, acompañado sólo de Joan Olòriz, interpeló a la ministra Dolors Montserrat.

Unidos Podemos volvió a representar su tercera vía oscilante. De nuevo, atribuyó al Gobierno la mayor parte de la responsabilidad por su inmovilismo y, sobre todo, por la judicialización de un problema político y la movilización de un ejército policial para instaurar un clima pre-represivo en Cataluña. Sus desacuerdos con el independentismo, a pesar de enunciarse (“no compartimos la hoja de ruta de Puigdemont”), se limitaron a la generalidad: es imposible predecir cómo podría afectar al caladero de votos de la formación en Cataluña el hecho de que criticaran de manera más pormenorizada al Govern.

El diputado de UP Juan Antonio Delgado se interesó por qué hacía el Gobierno para garantizar el bienestar y los derechos de la Policía y la Guardia Civil. La cuestión, aparentemente tangencial, acabó revelando la percepción que el PP tiene del papel de las fuerzas de seguridad. “Los pone en el disparadero”, lamentó Delgado. “Abusan enviándolos a un conflicto que ustedes han provocado: ya está bien de hablar bien de la Guardia Civil para luego darles la espalda”, y se refirió a los sueldos y a las deficiencias laborales. Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior, no pudo soportar ese descenso a lo prosaico de un cuerpo cuya imagen utiliza el Gobierno para cubrir de gloria y heroísmo lo que en el fondo son decisiones políticas. Zoido se encabritó y quiso redefinir a las fuerzas de seguridad como lo que el PP cree que son: un artefacto ideológico que le pertenece. “Usted no defiende a la Guardia Civil cuando usted llama a Otegui hombre de paz”, terció.

Precisamente, en la salida hacia Cataluña de efectivos policiales de toda España se ha evidenciado una voluntad ideológica. El grito “¡a por ellos!”, la agitación de banderas, los vivas a España; se jaleaba a los agentes como si partieran hacia el frente. La distribución de hombres armados, la ebullición social y dialéctica y la enajenación del contrario que, poco a poco, va adquiriendo textura de enemigo indican que la cerilla está cerca de la mecha. Al PP se le acusó el miércoles de no haberse molestado nunca en intentar “convencer” a los catalanes. Nada indica que pretenda hacerlo a partir del 1-O. Pero hay otro grupo más numeroso que el Ejecutivo siempre ha tratado de conquistar y para lo cual goza ahora de una oportunidad. Se trata de esa mayoría silenciosa del resto del Estado a la que tanto aluden. Muchos leyeron el “¡a por ellos!” como una exhibición ultraderechista. Sin embargo, la escenificación no se correspondía con eso: las banderas sin aguilucho y los gritos futboleros hacían pensar más en personas no militantes, poco acostumbradas a la movilización. Asistimos a una radicalización del patriotismo español y para los populares será difícil resistirse a abanderarlo.

La duda flotaba en aire de la mañana del día 27: ¿conviene al Gobierno que los manifestantes independentistas caigan en la violencia? Tirar la primera piedra sería el principio de la deslegitimación de cualquiera de los bandos. La Policía necesita aplicar una cuota mucho mayor de violencia para que la sociedad la condene, y más para que lo haga esa mayoría silenciosa; pero en el caso del independentismo basta un coche ardiendo, algunos golpes o zarandeos a un agente por parte de un pequeño grupo exaltado. El Ejecutivo no tiene que pensar mucho para darse cuenta de esto.