Mucho se ha hablado en las semanas precedentes a la falta de desarrollo del artículo 155 de la Constitución, dibujándolo como una incógnita que sería oportunamente desvelada por el ejecutivo cuando las autoridades catalanas colmaran definitivamente su paciencia. Sin embargo, prácticamente no se ha prestado atención a las consecuencias de la falta de desarrollo del artículo en cuestión: las enormes limitaciones prácticas que debería plantear su aplicación.

Que la actuación del Parlament y el Govern, al menos desde el pasado 7 de septiembre, se sitúa extramuros del marco constitucional, perjudicando gravemente el interés general y socavando los principios democráticos es, me parece, algo fuera de toda duda. Ahora bien, que para subvertir esa situación sean válidas las medidas anunciadas hoy por el Presidente del Gobierno tampoco debería ser una cuestión pacífica. 

La falta de desarrollo del artículo 155 de la Constitución no debería traducirse en la absoluta libertad del Gobierno a la hora de aplicarlo, sino en su aplicación dentro de los límites marcados por la propia Constitución. Por ello, en principio parecería difícil que el Senado pueda, de forma válida, autorizar al Gobierno a adoptar medidas que, por el reparto de competencias establecido en la propia Constitución, están atribuidas a otros órganos. La asunción por el Presidente del Gobierno de cualquier función que tenga atribuida el Parlamento Autonómico –o su presidenta– supone la irrupción del Poder Ejecutivo estatal en el ámbito competencial del Poder Legislativo autonómico, para lo cual difícilmente puede encontrarse habilitación en la Constitución. En cuanto a las facultades para cesar al President o a los miembros de su consejo, fuera del Parlamento autonómico el único poder constitucional y estatutariamente habilitado para ordenarlo es el Poder Judicial. Menor cobertura aún hubiera ofrecido la suspensión de la Autonomía, cuya habilitación constitucional sería nula.

La cuestión, llegados a este punto, es si, colocados ante la necesidad de estirar el significado de algún precepto constitucional, no hubiera sido menos lesiva una interpretación amplia del artículo 92, que hubiera permitido una consulta no vinculante, y valorar posibles reformas a partir de su resultado. Porque, de declararse la inconstitucionalidad de alguna de las medidas anunciadas hoy, me temo que las ruptura constitucional será difícilmente reconducible.

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Andrés Martínez Olmedo (Granada, 1982) es abogado.