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Unidad es una de las palabras más repetidas durante las últimas semanas en la UE. Unidad frente al Brexit, unidad como símbolo de la concordia, en palabras del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, al recibir en Oviedo el Princesa de Asturias en nombre de la UE, o unidad como un sueño para Europa, en sus propias palabras. Unidad con España, apoyo cerrado con la actuación del Gobierno español frente a la Generalitat.

La integridad territorial --la unidad-- es uno de los principios reguladores de la UE, su base para posicionarse ante los desafíos soberanistas que cualquiera de sus 300 regiones puedan plantear a los Estados miembros que la forman. El proyecto comunitario es, antes que nada, una unión de países que profundizan sus relaciones económicas y políticas. Nació así en los años cincuenta y a lo largo de sus siete décadas de historia nunca se ha producido un vuelco en el territorio de uno sus socios, salvo la unificación alemana. “En Bruselas no interesa a nadie el primer cambio de las fronteras en Europa occidental desde la Segunda Guerra Mundial, ni el primero dentro de la UE ni que se produzca unilateralmente”. Así resume un eurodiputado español la postura de las instituciones europeas, y los socios de España, desde el 1 de octubre en torno al desafío soberanista catalán.

El gobierno español tuvo que soportar casi dos semanas de ligero chaparrón internacional, político y mediático, por la intervención policial decretada para evitar la celebración del referéndum el pasado 1 de octubre. El primer ministro belga, Charles Michel, tuiteó a primera hora de esa mañana condenando “toda forma de violencia” porque no podía “ser la respuesta”, y apostando por una “llamada al diálogo político”. Varios dirigentes europeos mostraron su preocupación por las imágenes que difundían las redes sociales y los medios de comunicación. El impacto de la violencia policial al desalojar colegios electorales forzó a la Comisión Europea a decir que  “la violencia nunca podía ser un instrumento en política” y a pedir “a todos los actores relevantes” moverse “rápidamente desde la confrontación al diálogo”.

El debate fue importante en el Parlamento Europeo durante los días posteriores, obligó a incluir a última hora una discusión en el pleno de Estrasburgo sobre la defensa de la Constitución, el Estado de derecho y los derechos fundamentales en España. Además los eurodiputados catalanes se movilización para exigir a la UE que mediase. Incluso voces conservadoras del Parlamento Europeo pidieron a las partes, Gobierno y Generalitat, sentarse a dialogar. Pero las principales capitales echaron el freno.

Para Reino Unido lo importante era la fuerza y la unidad de España como aliado. El presidente galo, Emmanuel Macron, es desde el primer momento un firme defensor de la línea seguida por Mariano Rajoy. A Francia, la república centralista con sus problemas corso o bretón, no le interesa el proceso soberanista catalán porque afecta directamente a su frontera sur, el paso de los Pirineos y la costa mediterránea, un flujo comercial de mercancías y personas dentro del Mercado Único, de interconexiones europeas y destino turístico compartido.En Alemania, la canciller Merkel no contempla abrir un debate que debilitaría a Rajoy, su principal socio entre los gobiernos de la gran familia política del PP europeo, donde también están Tusk y el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker.

Para la UE, el debate catalán es molesto porque cuestiona principios básicos de su organización y funcionamiento. Además del respeto a la integridad territorial, una interferencia europea tiene difícil encaje en las normas comunitarias porque el Gobierno sólo sigue las leyes y el orden constitucional, frente a la Generalitat que ha paralizado la actividad del Parlamento y vulnerado el Estatut; y sentaría un precedente arriesgado por sus potenciales repercusiones políticas.

En una época de cuestionamiento de la UE, en medio de las históricas negociaciones del Brexit y con la extrema derecha presente en muchos parlamentos nacionales, una intervención de Bruselas sería combustible para el discurso euroescéptico. Por eso, la Comisión siempre ha dejado claro que su llamada al diálogo entre las fuerzas políticas españolas es “dentro del pleno respeto al orden constitucional” para “asegurar la unidad y el respeto a la Constitución”.

Moncloa desplegó con éxito durante las últimas semanas en las reuniones europeas a sus representantes políticos, en una diplomacia de pasillo, para insistir en que en España debía imperar el Estado de derecho y compartir las inquietantes repercusiones que tendría el proceso catalán en la estabilidad fronteriza y económica del continente. En este movimiento, Cataluña no se incorporó a las agendas del Eurogrupo ni del Ecofin o del Consejo de Exteriores, los espacios más importantes a nivel ministerial. En estos encuentros Luis de Guindos y Alfonso Dastis transmitieron a sus colegas que la respuesta del gobierno cumplía con las leyes. Un mensaje atractivo para la UE “basada en dos grandes rocas, el Estado de derecho como valor y la integridad territorial, interés de sus Estados”, según un eurodiputado.

Bruselas suele tomarse su tiempo para reaccionar ante los problemas domésticos de cada socio y, cuando toma partido, lo hace del lado legalista velando primero por sus intereses y, luego, por los nacionales. En España, después del 1 de octubre, los acontecimientos se han sucedido demasiado rápido para los ojos comunitarios: una declaración suspendida de independencia, comparecencias públicas de Rajoy, de Puigdemont y de sus gobiernos, un cruce epistolar entre Madrid y Barcelona y la decisión de intervenir la autonomía catalana vía artículo 155 de la Constitución. Las llamadas al diálogo entre las partes no han sido atendidas: Puigdemont levantó momentáneamente el pie del acelerador independentista tras la petición de Tusk para que no se cerrase una puerta y, mientras, Rajoy no movió su guión jurídico para tratar un problema político. Sin petición de Madrid, la crisis española no puede entrar en la agenda formal de las reuniones europeas hasta que el choque de trenes con Barcelona sea irreversible y sus consecuencias continentales. Bruselas se ha agarrado a su roca. “Nuestra posición, la de las instituciones y la de los Estados Miembros es clara, no hay margen para algún tipo de mediación o de iniciativa o acción internacional”, afirmaron los dirigentes europeos en el último Consejo Europeo, celebrado el pasado jueves 19 de octubre en Bruselas.

Por si quedaba alguna duda de este cierre de filas con Rajoy, baste recordar que sólo hubo una voz discordante en la UE, la del primer ministro belga, Charles Michel, cuyo socio de gobierno y sostenedor es la N-VA, formación flamenca partidaria de la independencia de Flandes y afín al proceso catalán. El presidente francés había marcado el paso a sus colegas a la entrada de esa cumbre: “Este Consejo Europeo está enmarcado por un mensaje de unidad. Unidad en todos nuestros Estados Miembros ante las crisis que afrontan y conocen. Unidad en torno a España”. El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, que enfila ya su final de mandato, con la convicción de que la recuperación económica sopla ya en Europa y con el horizonte parcialmente despejado de euroescépticos como Le Pen o Farage, está preocupado por los nubarrones catalanes: “Estoy en contra de todos los separatismos. No me gusta lo que se está haciendo en Cataluña”.