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La pasada semana dos jóvenes eran detenidos en Lleida acusados de un delito de odio contra la Guardia Civil. Las fuerzas del orden llamaban a las puertas de casa y del trabajo de Meritxell y Kenneth ante las miradas de familiares y compañeros de curro, espectadores en primera fila de aquel “tiene usted que acompañarme”, tan típico en las primeras temporadas de Cuéntame. Al parecer los jóvenes se habían pasado tres pueblos en las redes sociales –soportales donde viven ahora vagos y maleantes- y tocaba llevarlos al calabozo para ponerlos a disposición del tribunal correspondiente. En su acto de odio, Meritxell y Kenneth llegaron incluso a la burla, señalan con escándalo algunos periodistas en sus crónicas sobre el caso. Los jóvenes leridanos habían acompañado un texto en Facebook --“cuidado que hay  sueltos guardias civiles y policías provocando altercados por Cataluña”-- con la foto de algún animal cuya especie es aún secreto de sumario. Se sospecha fuertemente del cerdo. Tras pasar una noche entre rejas con el móvil en un cajón con candado para ponerle diques al odio, los jóvenes eran puestos a disposición judicial y a continuación en libertad con cargos. “No odiamos a la Guardia Civil, señoría, sólo criticábamos su actuación el 1 de octubre”, señalaron para defenderse ante el tribunal sin mucho éxito. Llegados a ese punto, el odio de uno --al igual que la vagancia antiguamente-- no la explica el acusado, la decide un profesional.

Antes que a Meritxell y a Kenneth, el proceso de la llamada a la puerta, el calabozo y el paso por el tribunal les había tocado a otros en Cataluña. A bastantes. Durante las tres primeras semanas del mes de octubre, la cifra de denuncias por delitos de odio interpuestas por las fuerzas y cuerpos de seguridad alcanzaba un récord histórico en Cataluña: 150 tramitaciones en sólo tres semanas. En proporción, una subida del 2.300% respecto a los datos de 2016, año en el que, al parecer, se odiaba menos. Y no sólo en Cataluña, sino en el conjunto de la península. Necesitamos un mapa de isobaras que nos adelante estos cambios bruscos en el telediario. El supuesto penal del delito de odio, diseñado para defender a minorías discriminadas y atacadas por raza, orientación sexual, origen o creencias religiosas, había sido aplicado de forma prudente y discreta hasta este momento en España. Los insultos homófobos, los chistes xenófobos y machistas, en las redes y en la calle, la apología de según qué violencia o terror, quedaban tradicionalmente en el ámbito de la libertad de expresión o en el de “cosas de la chavalada”. Pero de un tiempo a esta parte, ese discreto uso del código penal ha dado paso a una nueva etapa en la que las fuerzas de seguridad no dan abasto en la defensa de una nueva minoría discriminada: las propias fuerzas de seguridad.

Los delitos de odio o injurias son sólo parte del amplio catálogo de un código penal que sirve de sustituto democrático de la antigua ley de vagos y maleantes. El funcionamiento es el mismo: la ley puesta al servicio de quien puede interpretarla y activarla. Manifestantes, tuiteros, facebookeros sin tacha violenta imputados por delitos de odio; directores de revistas satíricas denunciados por injurias en forma de chiste contra la policía nacional; cantantes condenados por letras a las que se les puede aplicar alguno de estos delitos recién desempolvados y tan poco usados para su fin primero: defender minorías discriminadas. La actual ley de vagos y maleantes tiene grandes ventajas sobre la anterior. La primera, el nombre: ya no se llama así. El acusado ya no es vago o maleante –qué desfachatez subjetiva-- sino injuriador, odiador, ofensivo o enaltecedor, conceptos con tal carga legalista que da gusto sentarse a ver pasar siempre al mismo tipo de denunciados y a disfrutar de nuestra democracia. Ejemplar.