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Por primera vez en treinta años hay un intento serio y creíble de reformar la ley electoral española, que data de 1985 (con una reforma parcial de 2011 que no altera nada esencial). Podemos y Ciudadanos tantean un frente para la reforma puenteando al Partido Popular, aunque no parece que el PSOE vaya a prestarse al juego. Está todo tan en mantillas que cualquier análisis suena prematuro y extemporáneo, y yo me siento muy escéptico sobre el alcance de los cambios, porque para que sean verdaderamente significativos deben incluir una reforma de al menos dos artículos de la Constitución.

Parece que el sentido de la reforma es hacer del sistema español algo más parecido a un proporcional puro. Ahora mismo, el sistema es casi mixto. Su espíritu y sus grandes líneas son proporcionales, pero en la práctica se comporta como mayoritario en muchas circunscripciones (tal vez no esté de más recordar que los sistemas proporcionales, más propios de la tradición continental europea, buscan que los parlamentos sean una representación demoscópica de la realidad política del país, mientras que los mayoritarios, propios del mundo anglosajón, buscan conformar mayorías incontestables por el procedimiento de otorgar el 100% de los escaños de una circunscripción a la candidatura que obtenga la mayoría de los votos). El sistema electoral español es casi proporcional puro en Madrid y Barcelona; casi mayoritario en Soria, Teruel o Zamora, y mixto en las provincias que mezclan grandes ciudades con una extensa población rural, como Sevilla o Zaragoza. Esto no es así por la Ley D’Hont, que es una simple fórmula matemática de reparto, sino por el tamaño de las circunscripciones. La Ley D’Hont se aplica también en Madrid y en Barcelona sin que se resienta la proporcionalidad entre el porcentaje de votos y de escaños. El desequilibrio se produce en las provincias menos pobladas, donde un escaño cuesta menos votos (y, por tanto, un voto vale hasta seis veces el de un madrileño o un barcelonés) y donde una parte considerable de los electores (entre el 30% y 40%) se queda sin representación.

El objetivo es bastante timorato para quienes irrumpieron en la política con el ánimo de transformarla en su esencia y en su espíritu

Creo que los promotores de esta reforma van a emplear muchísimo tiempo y esfuerzo, con el consiguiente desgaste, en algo que apenas va a cambiar el sistema o, lo que es peor, que sólo va a servir para reforzar el sistema de partidos vigente, porque su fin es integrar a las nuevas fuerzas en él, con una representación más ajustada al porcentaje de votos que obtienen (y, por tanto, con mayor peso parlamentario). Es un objetivo bastante timorato para quienes irrumpieron en la política con el ánimo de transformarla en su esencia y en su espíritu.

Si ambos partidos surgen por desbordamiento de los antiguos o institucionalizados, se presentaban como abanderados de una regeneración democrática cuyas ambiciones iban mucho más allá de unos tecnicismos y una modificación aritmética. Surgidas como respuesta a lo que se percibía como una crisis de representatividad, su evolución coincide con un debate sobre la vigencia de muchos modos, rituales e instituciones diseñados en el siglo XIX. El 15M hacía una enmienda al concepto mismo de democracia representativa, abogando por un asambleísmo que, aunque fuera simple, informe, inconcreto y, en ocasiones, inquietante, manifestaba la insatisfacción de una parte notable de la sociedad hacia una democracia que se quedaba pequeña y a la que exigían mucho más. 

¿Por qué no aprovechar este debate para llevar a las instituciones estas inquietudes? Es una discusión mucho más profunda, a largo plazo y de resultados inciertos y seguramente difíciles de plasmar en el diseño del estado, pero si somos una sociedad adulta, no deberíamos tener miedo a plantearla.

No abogo por la democracia directa o asamblearia, por una razón muy sencilla: creo que es radicalmente incompatible con un mundo plural, abierto y centrado en el trabajo como el nuestro. Una asamblea puede funcionar en mundos pequeños y homogéneos si toma decisiones sobre cuestiones locales que afectan directamente a los miembros de la asamblea, pero es muy peligroso que se arrogue el poder de decidir sobre asuntos que afectan a toda una colectividad. Incluso en su expresión más común, el barrio, donde se ha ensayado en forma de presupuestos participativos en muchas ciudades, plantea un problema enorme de legitimidad que no tiene una asamblea de representantes elegidos. Si se abre la toma de decisiones a todos, en la práctica, se dejan esas decisiones a una minoría que las monopoliza. La mayoría de la población (y la mayoría más activa, la que trabaja y contribuye con impuestos) no podrá participar, incluso aunque quiera, de algo que requiere mucho tiempo y dedicación. La gente tiene que ir a trabajar, llevar a los niños al colegio y tomarse cervezas con sus amigos. En la práctica, como se ha visto en muchos lugares donde funciona el presupuesto participativo, la asamblea queda en manos de activistas vecinales, jubilados y entusiastas con tiempo y ganas para dedicarse a ello. El resultado es que toman decisiones a su gusto que, en muchas ocasiones, no representan a la mayoría, porque la asamblea está formada por elementos marginales muy alejados del ciudadano medio del lugar.

Hay propuestas muy interesantes que se debaten en democracias avanzadas, como Canadá: recuperar la elección por insaculación

Y, sin embargo, la democracia ya no puede reducirse a un ritual anticuado, lleno de liturgias completamente vacuas, que consiste en meter una papeleta en una urna. Los ciudadanos podemos hacer mucho más y mejor sin necesidad de convertir el país en una junta de comunidad de vecinos. Hay propuestas muy interesantes que se debaten en democracias avanzadas, como Canadá. Por ejemplo, recuperar la elección por insaculación, en vez de por sufragio. Lo defiende David van Reybrouck en un librito provocador titulado Contra las elecciones. En él compila varias experiencias de asambleas legislativas formadas por ciudadanos elegidos por sorteo, utilizando los mismos métodos estadísticos que se usan para hacer los sondeos electorales o los estudios de mercado, es decir, buscando que en la asamblea haya una representación proporcional de los grupos de edad, socioeconómicos, de sexo y demás parámetros que existen en la sociedad, con la idea de que, en un país donde el 20% de la población es mayor de sesenta años, ese 20% se sentirá representado si en la asamblea hay un 20% de miembros mayores de sesenta años. 

Van Reybrouck documenta procesos experimentales pero de calado, en los que se han abordado reformas constitucionales mediante este procedimiento. No se trataría de una asamblea, sino de muchas de carácter temporal, cuya vida y competencias se ciñan exclusivamente a la misión legislativa que tengan encomendada. Una vez proclamada la ley, se disolverían y cada ciudadano volvería a su vida cotidiana. El objetivo a largo plazo sería que la política se desprofesionalizara y dejase de estar controlada por unas organizaciones de idearios monolíticos con las que difícilmente puede identificarse nadie que no sea un militante. La acción política, asimismo, dejaría de ser una cuestión de minorías ideologizadas con un proyecto de moldear la sociedad de acuerdo a sus creencias, para convertirse en una discusión permanente donde fuera imposible el triunfo de una facción con su proyecto del mundo. 

Restringir este riquísimo debate sobre la forma y el alcance de las democracias avanzadas a una negociación sobre reparto de escaños y fórmulas matemáticas es decepcionante. Si los nuevos actores políticos se metieron en este fregado para un debate de tan corto alcance, tal vez se pasaron mucho al elegir el tamaño de las alforjas para su viaje.