Francia: abolido en 2013 tras sentencia del TEDH

Enric Bonet

Desde 2013, no existe el delito de injurias al jefe del estado en Francia. La mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional votaron en mayo de ese año a favor de la supresión de un artículo incluido en la ley sobre libertad de la prensa de 1881, que penaba con un máximo de 45.000 euros de multa (y ninguna pena de prisión) las ofensas al presidente de la República francesa. Desde entonces, las injurias al jefe de estado en Francia son penadas con una multa máxima de 12.000 euros, de la misma forma que se castigan los insultos a los ministros o diputados.

La Asamblea Nacional decidió derogar el delito de injurias al jefe del estado solo dos meses después de que Estrasburgo dejara en evidencia a Francia por esta cuestión. El 14 de marzo de ese año, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó por “violación de la libertad de expresión” a las autoridades francesas por el caso del militante socialista Hervé Eon, castigado con una multa de 30 euros por haber llevado en agosto de 2008 una pancarta ante el presidente Nicolas Sarkozy, en la que aparecía escrito: “Cállate, pobre cabrón”. Este mensaje hacía referencia a las bonitas palabras que el mismo Sarkozy había utilizado para insultar a un campesino unos meses antes.

El caso de Eon fue la última condena, luego rectificada por el TEDH, dictada en Francia por un delito de injurias al jefe del Estado. Este había quedado antes prácticamente en desuso después de que no hubiera sido utilizado desde finales de los años sesenta. Durante las presidencias de Valéry Giscard, François Mitterrand y Jacques Chirac, no se recurrió a esta condena en ninguna ocasión.

Reino Unido: God Save The Queen, incluso borracha

Irene G. Pérez

Las fuentes jurídicas consultadas por CTXT apuntan que en Reino Unido “no hay límites formales a la libertad de expresión en relación con la reina, la familia real, ni el primer ministro”, como tampoco hay tipificaciones de delito contra la Corona. Así, faltarle al respeto a alguien de la familia real británica podría entrar en un tipo general de infracción penal (general offence), como el uso de palabras o actitudes amenazantes, ofensivas o insultantes que puedan causar hostigamiento, alarma o angustia, pero no se trataría de un tipo agravado.

Esto explica, por ejemplo, que los Sex Pistols pudieran cantar aquello de “God Save the Queen, the Fascist regime…she’s not a human being, there is no future in England’s dreaming” (Dios Salve a la Reina, el régimen fascista…ella no es un ser humano, no hay futuro en el sueño de Inglaterra) y no tuvieran que defender su letra en un juzgado, a pesar de faltar a su majestad y, en una suerte de doble o nada, mofarse del himno, que empieza precisamente con la misma frase. Eso sí, la canción, que se lanzó coincidiendo con el 25º aniversario del reinado de Isabel II, fue excluida de la lista de reproducción de BBC Radio 1, algunas cadenas, como WH Smith y Woolworths, se negaron a venderlo, y antes de que acabara la semana del jubileo, al diseñador de la portada del single con la imagen de la reina y un imperdible en los labios, Jamie Reid, le partieron la nariz y la pierna, y a John Lydon, el cantante, le atacaron con un machete al grito de “amamos a nuestra reina, capullo”, según relata Dorian Lynskey en el libro 33 revoluciones por minuto: Historia de la canción protesta (Malpaso Ediciones).

En otros ámbitos de la cultura popular, destacan series como The Windsors, una comedia de Channel 4 que va por su segunda temporada, en la que se imagina la vida de la familia real y se presenta a un Príncipe Carlos ansioso por alcanzar el trono, y años atrás, Spitting Image (se emitió entre 1984 y 1996), unos guiñoles que satirizaban a las figuras políticas de la época, como Margaret Thatcher, y la familia real. De hecho, fueron los primeros en caricaturizar a la Reina Madre como una insigne bebedora de ginebra.

Holanda: putas, molineros y lesa majestad

Sebastiaan Faber

“¡Que se joda el Rey! ¡Que se joda la Casa Real” gritó Abulkasim Al-Jaberi en una manifestación en Amsterdam a finales de 2014. Tuvo que presentarse ante un tribunal, imputado por un crimen de lesa majestad. El juicio provocó un gran revuelo social. Al año siguiente, la Fiscalía decidió abandonar la causa.

Fue el último caso en que se invocó una sección del código penal que data de 1881 (los artículos 111 a 113) y que estipula multas de hasta veinte mil euros y cinco años de cárcel para los que ofendan al Jefe de Estado. Hay otros artículos que criminalizan las ofensas a funcionarios en servicio y a los Jefes de Estados amigos. (En los años sesenta, los holandeses que se manifestaban contra la guerra de Vietnam gritaban, por si las moscas, “Johnson molinero”, molenaar, palabra fonéticamente similar a “asesino”, moordenaar.)

En los últimos 137 años, la aplicación de los artículos de lesa majestad ha sido esporádica y –dicen sus críticos– sumamente arbitraria. En 2012, un hombre con discapacidad mental recibió una pena por mandar al infierno a la entonces reina Beatriz. En 2007, una persona sin hogar tuvo que pagar una multa de 400 euros porque, en una conversación con unos policías, había dicho que la reina era una puta. (También se había explayado sobre los actos sexuales que –aseguraba– le chiflaban a la monarca.) Pero en todos estos años, muchos otros casos de ofensas dirigidas a los miembros de la Casa Real han quedado impunes.

Este febrero pasado, el parlamento holandés debatió si es hora de revocar los artículos del código penal en cuestión, que muchos consideran arcaicos. Se hizo evidente que, por primera vez, puede haber una mayoría parlamentaria a favor de su abolición. La apoyan los partidos progresistas tanto como los liberales y hasta los populistas de Geert Wilders. Los democristianos están en contra. “Si el Rey se siente ofendido”, dijo el diputado Kees Verhoeven, que está promoviendo una proposición de ley en ese sentido, “puede presentarse en comisaría y poner una denuncia, como cualquier otro ciudadano”.

Bélgica: discreción y autocensura

Alexandre Mato

Independizada de Holanda en 1831 como monarquía parlamentaria, Bélgica incorporó en 1847 en su código penal el ‘crimen de lesa majestad’ para perseguir los insultos a la “figura del Rey”. Cuatro décadas después, en 1885, lo reforzó con la asimilación de “crimen contra la seguridad del Estado”. Cualquiera que insulte públicamente al Rey corre el riesgo de sufrir, según la ley del 1847, de 6 meses a 3 años de prisión y/o una multa. Por desacato a un miembro de la familia real, las penas serían económicas. Pero las condenas por ese crimen son muy poco habituales. Los ‘ataques’ al Jefe del Estado proceden de figuras solitarias, escritores o periodistas que escriben libros sobre los secretos e intimidades de la familia real. El más popular fue publicado en 2012 por el periodista Cristophe Deborsu. Su Cuestiones reales revelaba infidelidades en el matrimonio real y la supuesta homosexualidad del entonces Príncipe Felipe, ahora Rey. La Casa Real belga simplemente denunció el contenido ante el Consejo de deontología periodística (CDJ), el organismo que regula las normas éticas en los medios francófonos belgas. La resolución del Consejo fue declarar que Deborsu había recurrido a insinuaciones y abusado de la práctica del off. No hubo multa ni proceso judicial, ambas partes quedaron satisfechas, pero el periodista de la cadena pública RTBF fue marginado y terminó cogiéndose un año sabático.

Dividida en dos mitades por motivos lingüísticos, Flandes y Valonia, en Bélgica los medios de comunicación francófonos suelen ser más precavidos con la familia real, mientras sus compañeros flamencos, que emplean el idioma neerlandés, son más críticos. El nacionalismo flamenco, hegemónico en el norte, es independentista y republicano y de sus dirigentes salen las críticas a la figura del monarca y propuestas para acabar con el crimen de lesa majestad.

Hace 5 años, Kristien Van Vaerenbergh y Theo Francken, actual secretario de Estado de Asilo e Inmigración, ambos diputados de la formación nacionalista flamenca N-VA, la garante de Carles Puigdemont en Bélgica, presentaron un proyecto de ley para abolir la ley de 1847 sobre el crimen de lèse-majesté. "No es sostenible en una democracia moderna que un jefe de estado no electo se beneficie de leyes que solo lo protegen a él y a su familia", dijo entonces Van Vaerenbergh. El Parlamento Federal no aprobó el proyecto de ley y la N-VA, ahora principal socio en la coalición de gobierno, no ha vuelto a presentar una moción similar.

Italia: un anacronismo avalado por el TC

Pierluigi Morena

Hay delitos que un ciudadano puede cometer contra una abstracción: la personalidad del Estado. En Italia se llama “vilipendio político”, y delinea las injurias al Estado. Apareció en el Código Penal de 1889, se mantuvo en el llamado Código Rocco (1930), como parte del sistema penal del Estado fascista de Mussolini. Con la democracia, las cosas cambiaron poco: cinco años de cárcel por injurias al presidente de la República. Hace unos años, un proyecto de reforma del Senado propuso sustituir la pena de prisión por una multa de 5.000 a 20.000 euros. No prosperó, aunque importantes expertos en derecho constitucional subrayaron que ese delito de opinión contrasta con los principios fundamentales de la libertad de expresión. Pese a las presiones abolicionistas, el Tribunal Constitucional declaró la norma penal compatible con el sistema. Y así, el alto tribunal salvó el prestigio de las instituciones…

Las condenas por injurias al jefe del Estado son raras. En 2015, un tribunal de Bérgamo, ciudad lombarda feudo de la Liga Norte, condenó a 18 meses de reclusión a Umberto Bossi. En 2011, el exlíder leguista había empleado un tono encendido, durante un mitin, contra el entonces presidente de la República, Giorgio Napolitano. Mientras hacía el gesto de los cuernos, el senador definió a Napolitano --político comunista de origen napolitano--, como un “terùn”, un garrulo del sur según el dialecto lombardo.