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Vista de la fábrica de celulosa de ENCE en Pontevedra, en 2011.
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España tiene cada vez más complicado cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones de gases invernadero (GEI) de la UE para 2030. Un informe de la Secretaría Confederal de Medio Ambiente y Movilidad de Comisiones Obreras (CCOO) sostiene que estas emisiones aumentaron un 4,46% en 2017 con respecto al año anterior, el crecimiento anual más alto desde que se puso en marcha el Protocolo de Kioto en 2005. Si bien la reducción en la última década ha sido significativa (un 22,8%) si se la compara con los niveles máximos de entonces, que se registraron en 2007, este retroceso pone en peligro el horizonte del 40% de reducción para dentro de 12 años firmado en el Acuerdo de París.
El informe de CCOO detalla que, desde 1990 –primer año en el que se recopilaron datos–, los gases de efecto invernadero aumentaron un 17,91%. Este porcentaje se traduce en 339 millones de emisiones de dióxido de carbono (CO2), uno de los compuestos químicos de efecto invernadero que más contribuyen al aumento de la temperatura de la tierra. Lo que más creció (un 31,8%) fue la producción de gas natural de las centrales de ciclo combinado, mientras que la producción del carbón creció un 21%. Por último, el consumo de gas natural subió un 9,8% y el de consumo de petróleo, un 0,5%.
En abril, datos publicados por la Comisión Europea señalaban que las emisiones de los sectores de la energía y la industria, claves en estos balances al acumular un 40% de los GEI totales, habían aumentado un 10% en 2017. Las empresas españolas de estos sectores expulsaron 136 millones de toneladas de CO2, 16 millones más que en 2016. Además, este año Eurostat ha colocado a España como el cuarto país de la Unión Europea donde más crecieron estos gases, colocándose con un 7,3% de crecimiento, solo por detrás de Malta (+12,8%), Estonia (+11,3%) y Bulgaria (+8,3%).
El documento de CCOO expone la necesidad de que se saque adelante la nueva ley de cambio climático y transición energética, todavía atascada en el Congreso, y una “elaboración urgente del plan integrado de energía y clima al que obliga la normativa comunitaria”. El texto señala como soluciones, entre otras, el fomento de medidas de ahorro y eficiencia energética en la industria que permitan ahorrar en demanda. Por otro lado, se sugieren propuestas para “potenciar” la energía renovable como quitar las barreras para el autoconsumo en los hogares y empresas, modificar el sistema de subastas para incrementar la energía eólica y fotovoltaica, y el desarrollo de tecnologías “renovables gestionables”. La movilidad sostenible, la disminución del consumo de carbón o una reforma fiscal energética son también otras de las recomendaciones finales de la Secretaría Confederal de CCOO.
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Espacio de información realizado con la colaboración del Observatorio Social de “la Caixa”.