La estrategia unilateral del procés ha sido un fiasco. La mezcla de bravatas, palabras solemnes y brindis al sol no ha dado más resultado que una reacción del Estado español represiva e intolerante, muy alejada de los estándares democráticos que se estilan en los países avanzados. El Gobierno de Mariano Rajoy usó una violencia policial desproporcionada e ilógica con motivo de la consulta del 1-O, puso en marcha la maquinaria judicial y aplicó el artículo 155 de la Constitución sin intentar antes diálogo alguno que pudiera reconducir la situación.

Durante seis años, el procesismo se vino arriba generando expectativas que eran irrealizables y que ni sus mismos líderes se creían. Cuando quiso bajar a tierra, se encontró con que no había pista de aterrizaje. La pista de aterrizaje no es algo inconcreto. Consiste en fabricar un espacio plano y acogedor, en el que sea posible el encuentro y el diálogo racional. Ese espacio, esa posibilidad de que el procesismo se serene y hable por fin de política, y de que el Gobierno español también hable de política, debe comenzar por un gesto al que es preciso llamar por su nombre: la excarcelación de los políticos independentistas.

Al margen de si los consideramos políticos presos o presos políticos, un debate más bien bizantino, creemos que los líderes catalanes no deberían estar un minuto más en prisión. Su encarcelamiento, entre otras cosas, ha desvirtuado el mandato democrático y representativo de las elecciones del 21 de diciembre. Si permanecen en prisión a pesar de no haber sido condenados aún es consecuencia de una interpretación muy elástica del “riesgo de reiteración delictiva”. Resulta irónico que se aplique ese razonamiento cuando los hechos han demostrado que los líderes procesistas no tuvieron voluntad ni ganas en momento alguno de cumplir con lo prometido a la sociedad catalana. No nos corresponde a nosotros señalar cómo debería llevarse a cabo esa excarcelación, ni es competencia del Ejecutivo, pero sí nos corresponde hacernos eco del sinsentido de una prisión que habría podido evitarse con una aplicación "natural" del Derecho, exenta de un énfasis persecutorio que contrasta llamativamente con la naturaleza política de los hechos enjuiciados.

En cuanto a la acusación de rebelión, iniciada por el Fiscal General del anterior Gobierno, debe recordarse en primer lugar que no ha sido reconocida en ninguno de los países que están resolviendo los procesos de extradición de políticos exiliados. El delito de rebelión remite a una violencia que en la crisis catalana no se ha materializado en momento alguno. Los jueces del Tribunal Supremo han retorcido la razón y la ley para poder sostener el tipo penal de la rebelión. Que así continúe sucediendo se debe a la ausencia de control político y periodístico y, más en general, a la debilidad de nuestra sociedad civil, pues una parte sustancial de la misma se encuentra cómoda con la aplicación de medidas punitivas a los políticos que han protagonizado una crisis política y constitucional.

Es cierto que en el auto confirmatorio del procesamiento, conocido el 27 de junio, se ha dicho más claramente aún que en los anteriores que la calificación de los hechos como "rebelión" no es sino una simple posibilidad que no puede descartarse todavía. Es decir, se está diciendo que hay una interpretación "posible" de los contornos de la rebelión que incluiría un alzamiento protagonizado por autoridades de una parte del territorio contra el orden constitucional, y que hay una interpretación posible del término "violencia" que incluiría la instigación para ir a votar en un referéndum de independencia y resistir la acción policial para impedirlo mediante barreras humanas (lo cual introduce en el esquema clásico de "declarar la independencia mediante un levantamiento violento", un eslabón intermedio, que es una votación, al que iría referida la violencia exigida por el tipo penal).

Reconoce, pues, la sala del Supremo que hay otras interpretaciones que lo impedirían (por ejemplo, una interpretación literal y restrictiva, que es la preferible en el ámbito penal), y deja muy abierta la posibilidad de absolver por ese delito en la sentencia final. Entre tanto, la "provisional calificación" como rebelión ya ha cumplido algunas funciones: ha servido para atribuir la competencia al Tribunal Supremo (y no al TSJ de Cataluña), ha servido para acordar la prisión de los investigados, y ha servido para conseguir el efecto de la "suspensión" del cargo de los diputados presos. La absolución final no logrará restañar la impresión de que la acusación e imputación por rebelión ha tenido un carácter instrumental para esos fines.

Si queremos probar una vía alternativa a la del énfasis persecutorio y a la de una utilización del proceso penal como pieza de una estrategia política, hay que crear las condiciones para que se pueda establecer un debate franco y abierto en el seno de la sociedad catalana y entre Cataluña y el resto de España. Y esas condiciones requieren que no haya políticos independentistas en la cárcel mientras no sean condenados por sentencia firme. Por supuesto, el Gobierno no puede conseguir ese objetivo interfiriendo en la división de poderes, que se encuentra bajo mínimos tras los años de Rajoy al frente del Ejecutivo. Es urgente que el Gobierno acerque los presos preventivos a Cataluña, pero es más importante todavía que la Fiscalía se plantee, sin hacer dejación de sus funciones, un cambio de criterio y una renuncia a las acusaciones de rebelión. Y si finalmente los jueces siguen adelante con la farsa de la rebelión, el Gobierno tendrá que armarse de valor y dignidad democrática y conceder el indulto a los condenados.

Mientras, el Ejecutivo de Sánchez puede ir avanzando para el futuro modificando el tipo de rebelión en el Código Penal, cuya reforma "a la baja" tendría efectos retroactivos por imperativo constitucional.

Sea como sea, y sin perdernos en laberintos jurídicos, es preciso encontrar una solución que posibilite, ya, la salida de los presos. La solución urge por tres razones. Porque es una aberración democrática. Porque los presos deben volver a Catalunya para dar explicaciones a su sociedad, a la que engañaron de manera absoluta. Y –si bien de esto no hay ninguna garantía– para que cese la utilización sentimental de lo que ha pasado; para que cesen las sardanas vestidas de amarillo, las misas vestidas de amarillo, la ausencia de política vestida de amarillo. Para que regrese la política a Catalunya y acaben de una vez la no-política, la propaganda, la confrontación y el victimismo.