España acaba de recuperar sus niveles de empleo de 2008 registrando, por primera vez en diez años, más de 19 millones de afiliados a la Seguridad Social. Una década en el desierto para cientos de miles de trabajadores que parece estar terminando por la mejoría de los ratios, aupados este mes por la estacionalidad y la llegada de la temporada turística. El problema reside, una vez más, en la baja calidad y seguridad del trabajo que se está creando. Esta vez ha sido la OCDE la que ha llamado la atención sobre esta cuestión. En su informe Perspectivas de Empleo 2018, publicado recientemente, el organismo internacional asegura que el descenso del paro y la creación de empleo no se han visto acompañados en España de otros indicadores de calidad, como el del trabajo parcial: en 2017, un 9,3% del total de la fuerza laboral del país se encontraba en esta situación de forma no deseada, una cifra que triplica la media de la OCDE.

El estudio del organismo internacional advierte que España arroja peores datos que otros países desarrollados en cuestiones como la seguridad laboral, la oferta de trabajo, los bajos ingresos o la brecha en el empleo de grupos desfavorecidos. En el caso del trabajo a tiempo parcial forzado –es decir, personas que se acogen a esta modalidad aunque preferían estar en otra–, no se ha observado, además, ninguna mejoría respecto a los datos del año 2016, con un descenso de apenas un 0,1% en la tasa del indicador.

Pero es aún más preocupante si se compara con los números de hace una década. Al mismo tiempo que los datos de afiliación a la seguridad Social se han situado en los niveles de los años anteriores a la crisis, el trabajo parcial forzoso ha pasado del 3,9% en 2007 al 9,3% actual, lo que deja buena muestra de la devaluación laboral en términos de calidad e inclusión.

La distancia que nos separa del resto de países desarrollados se vuelve abismal si se evalúa el porcentaje de involuntariedad dentro del grupo de trabajadores a jornada parcial, y no sobre el total de la población laboral. En este caso, seis de cada diez trabajadores que tienen un trabajo bajo la formula de la parcialidad en España lo hacen de forma fozada. Este ratio –62%– es cuatro veces superior que la media de la OCDE –16,2%–, y nos sitúa segundos, solo después de Grecia, en la clasificación del organismo internacional.

En este caso, la comparativa histórica también muestra el empeoramiento laboral que se ha sufrido durante la crisis: en 2007, el porcentaje de trabajadores parciales forzosos era del 33,6%, casi la mitad que ahora.

Hace un año, el Banco de España ya alertó de los problemas que genera esta situación de devaluación generalizada en el empleo. Un estudio publicado por esta entidad en julio de 2017 advertía que la tasa de paro en España podría acercarse al 30% si en la definición oficial se incluyera a “trabajadores a tiempo parcial que desearían trabajar más horas [involuntarios]”

Por otro lado, los altos porcentajes de población en situaciones laborales no deseadas no son exclusivas del trabajo a tiempo parcial. El empleo temporal, otro de los componentes más extendidos en nuestro mercado de trabajo, también arroja ratios muy preocupantes. En España, el 22,4% del total de los trabajadores está en esta situación –trabaja de forma temporal aunque preferiría no hacerlo–,  lo que nos sitúa en el primer puesto de la lista de la UE en este indicador y nos aleja casi 15 puntos de la media regional (7,7%).