“Me dijo, textual: carta abierta, lo que sea necesario. Lo que sea necesario para pacificar este país, abramos el debate”. Así se pronunció en un foro reciente la designada secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, sobre las palabras del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Tres días después de ganar las elecciones presidenciales, Sánchez Cordero hizo la propuesta de despenalizar el cultivo, transporte, distribución y consumo de marihuana y de estudiar hacer lo mismo con la siembra de amapola –precursora del opio, la morfina, la heroína y el fentanilo, entre otras drogas– con fines farmacéuticos.

Se trata de una propuesta aún poco detallada, pero que ha abierto un debate que muchos expertos consideran necesario en uno de los epicentros del narcotráfico mundial. México es el tercer productor de amapola en el mundo y un productor significativo de hierba de marihuana, según el Informe Anual sobre Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen, además del principal país de tránsito de narcóticos con destino a Estados Unidos.

La despenalización de algunas drogas supondría un giro radical en las políticas de México, que a finales de 2006 declaró una “guerra contra las drogas”

La despenalización de algunas drogas supondría un giro radical en las políticas de México, que a finales de 2006 declaró una “guerra contra las drogas”, desplegó al Ejército con el objetivo declarado de luchar contra los cárteles y vio aumentar dramáticamente la violencia en una etapa que llega hasta hoy. Aunque el nuevo gabinete no tomará posesión hasta el 1 de diciembre, la discusión ha comenzado. México se sumaría a la tendencia de Norteamérica para legalizar el uso de la marihuana, que ya han afrontado varios estados de Estados Unidos y está regulando Canadá.

Uno de los problemas de la criminalización del consumo y posesión de marihuana en México es que golpea a sectores vulnerables y tiene poco impacto sobre la prevención del crimen. Así lo cree Catalina Pérez Correa, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica de México (CIDE). “Despenalizar la marihuana por sí mismo no va a cambiar la violencia, pero podría cambiar la violencia que el Estado ejerce hacia ciertas poblaciones, que son jóvenes de ciertos sectores sociales o campesinos. Además, podría ayudar a enfocar esos recursos que hoy se utilizan en estos casos que no tienen ningún beneficio público”.

En sus investigaciones, Pérez Correa ha detectado que una gran proporción de personas que entran al sistema penitenciario lo hacen por delitos contra la salud. La primera Encuesta a Población Interna en Centros Federales de 2012, de la que Pérez Correa fue coordinadora, concluyó que el 60,2% de las personas privadas de libertad lo fueron por delitos contra la salud, un porcentaje que en las mujeres alcanzaba el 80%. De todos ellos, cuatro de cada diez por transportar drogas y casi otros tantos por posesión. Otra investigación, el Programa de Políticas de Droga del CIDE señaló que el 73’3% de las personas detenidas por delitos de drogas en el sistema federal entre 2006 y 2014 –un total de 332.182 personas– eran poseedoras o consumidoras de alguna sustancia ilícita.

Pérez Correa sostiene además que “a través de un sistema de regulación, el Estado puede proteger mejor la salud de las personas de lo que lo hace con el uso del derecho penal”, ya que podría crear una agencia que revise la calidad del producto y las condiciones de su distribución para evitar que los usuarios recurran a los mercados ilegales.

“Uno de los beneficios es que el Estado tome cargo del mercado. Que se ocupe de la parte financiera y cobre impuestos y, por otra parte, utilice las herramientas jurídicas para los potenciales usuarios, dando información acerca de cuáles son los riesgos de consumir estas sustancias”, explica.

El secretario de Derechos Humanos de Morena –el partido de López Obrador– y miembro de su ejecutiva, Carlos Figueroa, explica que el debate sobre la despenalización de algunas sustancias forma parte de una estrategia integral para pacificar el país y solucionar el problema del narcotráfico.

Pérez Correa: "a través de un sistema de regulación, el Estado puede proteger mejor la salud de las personas de lo que lo hace con el uso del derecho penal"

Su análisis también asume que algunos jóvenes y campesinos constituyen los principales grupos en riesgo de involucrarse en actividades delictivas por necesidad económica. Y por eso, el nuevo gobierno quiere proponer sendos “planes de rescate”: uno para integrar a los jóvenes en el trabajo, enseñándoles oficios con prácticas remuneradas y dándoles becas para estudiar, y otro para recuperar la producción del campo y que México se abastezca de productos básicos como el maíz o el frijol que ahora importa en buena medida.

Complementariamente, Morena plantea la opción de despenalizar la marihuana. “Esto es una situación muy delicada. Mi opinión, y creo que es lo que se ha dicho, tiene que ser objeto de una consulta para que la población decida”, dijo Figueroa.

Otra clave de un eventual proceso de pacificación anunciado ya durante la campaña sería una amnistía para personas involucradas en delitos no violentos relacionados con el narcotráfico y la producción de marihuana y amapola. “Hay mucho campesino que está preso por ser productor de amapola y marihuana”, apostilla Figueroa.

La investigadora Pérez Correa va más lejos y sostiene que hay que tener en cuenta precisamente a esos campesinos a la hora de regular la marihuana y el cultivo de amapola para darles una alternativa formal. “Es muy importante que se permita el ingreso de ciertos sectores que normalmente han sido afectados por la criminalización”. Los campesinos de las sierras de Guerrero, Durango o Sinaloa han sufrido al mismo tiempo la explotación de los cárteles y la destrucción de cultivos con químicos como el paraquat un tóxico que, fumigado desde aviones militares, también destruye otros cultivos lícitos.

“Si abrimos el mercado y terminan siendo Monsanto y las grandes tabacaleras las que se apoderan del mercado, y les pagan la misma miseria a los campesinos, vamos a estar en lo mismo”, opina la investigadora del CIDE.

A falta de cuatro meses para que el nuevo gobierno comience a trabajar, los plazos y los detalles para una eventual regulación de la marihuana son una incógnita, pero el contexto es más propicio que nunca. En 2016, un fallo de la Corte Suprema de Justicia reconoció el derecho de demandantes individuales a consumir marihuana y, en 2017, las cámaras legislativas aprobaron el uso de la droga con fines terapéuticos y de investigación, aunque la regulación del acceso ha sido insuficiente.

Al mismo tiempo, el contexto regional no puede ser más favorable, ahora que Canadá afronta la regulación de la marihuana para uso recreativo y 30 de los 50 estados de Estados Unidos ya han legalizado su uso terapéutico, y otros nueve el lúdico. Sería paradójico que el vecino del norte tratara de entorpecer un proceso regularizador en México mientras que permite su uso a nivel interno.

Además, una política de regularización de las drogas enmarcada en un esfuerzo de pacificación del país cuenta con un consenso fuerte entre expertos, académicos y organizaciones de la sociedad civil. El 24 de julio, México Unido Contra la Violencia, una asociación civil que lleva dos décadas trabajando con víctimas de violencia e instituciones del Estado para mejorar los sistemas de justicia, publicó una carta abierta al presidente firmada por centenares de especialistas y organizaciones de la sociedad civil.

“A diferencia de hace doce años, México cuenta hoy con una población lista para construir otros caminos. Existe una masa crítica de ciudadanos y ciudadanas que –desde la academia, la sociedad civil organizada y el periodismo– estamos proponiendo políticas de drogas alternativas (…). De ahí que estamos convencidos que la discusión no consiste en preguntarnos si debemos o no regular las drogas, sino en cómo hacerlo”, escriben en la carta.