La red bipartidista que ayuda a los fondos buitre
De cómo la falta de democracia engrasa el expolio económico
Madrid , 23/01/2019
Fondos buitre
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Para el visionario economista Joseph Schumpeter, el capitalismo avanza gracias a la denominada ‘destrucción creativa’, es decir, a los emprendedores que, introduciendo innovaciones, acaban con las viejas formas de hacer e incorporan nuevos productos al mercado.
El problema de dicha destrucción es sobre quién caen los escombros: ¿qué ocurre cuando la economía avanza a costa de aprovechar las crisis y la debilidad estatal para obtener cuantiosas plusvalías a partir de bienes imprescindibles? La de los denominados fondos buitre es una historia de complejidad financiera, pero, sobre todo, es un relato sobre el poder y sobre cómo el expolio que ha sufrido España tiene mucho que ver con una estructura institucional escasamente democrática.
El estallido de la crisis mundial, hace ya más de diez años, acabó con las innovadoras ‘hipotecas subprime’, préstamos de difícil devolución empaquetados y enviados a todas partes del mundo por bancos de inversión que llegaron a apostar grandes cantidades de dinero a que dichos préstamos no se devolverían nunca.
Esta orgía delictiva nunca se detuvo, únicamente cambió de escenario: la podredumbre del cadáver de Lehman Brothers condujo al rescate y a la sumisa recapitalización de algunos de los bancos que habían incurrido en las peores prácticas. Salvado del castigo, el espíritu ‘creativo-destructor’ encontró en la necrosis del resto de los sectores de las economías nacionales nuevos focos de ‘plusvalía’: los buitres habían detectado la carroña.
La podredumbre del cadáver de Lehman Brothers condujo al rescate y a la sumisa recapitalización de algunos de los bancos que habían incurrido en las peores prácticas
Participados por un amplio abanico de inversores institucionales, particulares, bancos y otras entidades, grandes fondos de inversión, provenientes en su mayoría de Wall Street, han adquirido todo tipo de activos a precios de ocasión para una venta con una enorme plusvalía. Están de moda, hasta tal punto que medios como el Financial Times consideran que han llegado a sustituir buena parte de las funciones de una banca todavía con achaques; además, los bajos tipos de interés actuales han hecho del inmobiliario un objetivo casi irrenunciable, de nuevo.
Pero para dar el verdadero pelotazo, estos fondos necesitan una serie de condiciones: en primer lugar, un contexto crítico que rebaje los precios de los activos a adquirir; en segundo lugar, unas instituciones que, bajo presión financiera, tengan ‘empatía’ con los inversores; en tercer lugar, los cambios legislativos que permitan que estas adquisiciones relámpago para una venta lucrativa no sean solo legales sino fiscalmente óptimas. España iba a ser el escenario perfecto para esta ‘doctrina del shock’.
Rajoy: el gobierno ‘de los mejores’
En enero de 2012, la derecha aunaba la mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado, con el poder en casi todas las capitales importantes y las comunidades autónomas. El Partido Popular no tenía oposición, salvo un conjunto de protestatarios en las calles a los que había comenzado a reprimir y multar.
En abril de aquel año, la patronal Círculo de Empresarios homenajeó en Madrid a su presidente cesante, Claudio Boada Pallarés. Boada recordó en aquel evento a su padre, Claudio Boada Villalonga. Presidente franquista del Instituto Nacional de Industria (INI) y primer ejecutivo de Ford en España, Boada había pasado de la dictadura autárquica a la democracia, protagonizando una exitosa carrera de saneamiento y reducción de costes empresariales. Sus colaboradores y discípulos Miguel Boyer, Mariano Rubio y Carlos Solchaga lo pondrían al frente del establishment empresarial público para impulsar la reconversión industrial en los años ochenta.
Si Boada padre había formado parte de la beautiful people posindustrial socialista, el hijo había terminado adhiriéndose a la financiera. En aquel homenaje a Claudio Boada Jr. estuvieron presentes importantes representantes del gobierno del PP, como los ministros Miguel Arias Cañete (Agricultura), Pedro Morenés (Defensa) y altos cargos gubernamentales como Pedro Argüelles (secretario de Estado de Morenés) y Fernando Eguidazu (una de las bazas del Ministerio de Exteriores para vender la Marca España).
Morenés y Eguidazu habían entrado en el ejecutivo de Rajoy provenientes precisamente del equipo directivo de Boada en el Círculo de Empresarios, como también el entonces nuevo presidente del Instituto Nacional de Estadística, Gregorio Izquierdo. Además, el aristócrata Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós, secretario de Estado de la Marca España, había sido presidente del Círculo de Empresarios.
Blackstone adquirió a precios irrisorios 40.000 hipotecas de Catalunya Bank (unos 5.000 millones por una cartera valorada en 30.000) y 1.860 viviendas de protección oficial propiedad del Ayuntamiento de Madrid, por solo 125 millones
Boada Jr., ingeniero industrial como su progenitor, dejaba el Círculo y se consolidaba como senior officer –hombre fuerte y ‘abrepuertas’– del fondo de inversión Blackstone en España. Después de trabajar durante casi veinte años en Lehman Brothers, especializado en la venta y reventa de paquetes tóxicos de viviendas y otros activos, Boada dirigiría la estrategia de adquisición, arreglo –con desahucios– y posterior puesta en el mercado de todo tipo de inmuebles en manos de bancos y otras instituciones públicas y privadas. Una reconversión financiera, fiscal y contable de la que su padre se habría sentido orgulloso.
El gobierno popular le esperaba a él y a sus colegas con los brazos abiertos: fondos como Blackstone servirían para desatascar la banca de las llaves de los pisos sin vender y contribuirían a producir una ilusión de recuperación económica que mantendría al Partido Popular en el poder.
El ejecutivo Rajoy sabía de finanzas y, por tanto, entendía. El ministro De Guindos y una de sus manos derechas en el Ministerio de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, habían pasado por Lehman Brothers y por otros bancos; el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, había fundado en 2006 ‘Montoro y Asociados’ –después ‘Equipo Económico’–, una consultoría dedicada a minimizar el pago de impuestos de las empresas, y había llevado a buena parte de su equipo a su cartera ministerial, desde la que iniciaría su mandato con una subida de impuestos a la mayoría de la población.
La auditora y consultora PriceWaterHouseCoopers (PwC), implicada en el escándalo de paraísos fiscales ‘Lux-Leaks’, contaba también con varios ex directivos en en el gobierno. Uno de ellos, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre-Navarrete, presidente, además, de la Agencia Tributaria; otro, el director del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Antonio Carrascosa, que se encargaría de gestionar los activos tóxicos de las antiguas Cajas de Ahorro, carne de fondo buitre. Ambos altos cargos habían trabajado con De Guindos en PwC.
Las nuevas SOCIMI
Con la presión de la deuda pública, la prima de riesgo y la nacionalización y el rescate de Bankia, la élite gubernamental precipitó los cambios legales: la Ley 16/2012, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 28 de diciembre, día de los Inocentes, supuso una sustancial modificación de los requisitos a las denominadas Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, las ‘SOCIMI’.
Inspiradas en las ‘Reit’ estadounidenses, las SOCIMI habían sido concebidas en 2009 para incentivar la inversión en un mercado inmobiliario hundido. En 2012, la virtuosa interacción entre la gran empresa y el nuevo Estado del PP –dos actores que resultaban difíciles de distinguir– contribuiría a una flexibilización de dicha legislación para que casi cualquier rico pudiera tener una SOCIMI, promoviendo un entramado societario con el objeto de que los grandes fondos consiguieran las mayores plusvalías sin apenas tributar. El pelotazo inmobiliario estaba servido. El sueño del libre mercado consistía, en realidad, en una reducida red social de poderosos capaz de hacer casi todo posible.
“Es el mercado, amigos”: red social de poder Estado-gran empresa. Los lazos en forma de flecha indican la prestación de determinados servicios o normativas favorables. Elaboración propia.
El resto de esta historia ha sido narrado por la mayoría de los medios de comunicación. Blackstone adquirió a precios irrisorios 40.000 hipotecas de Catalunya Bank –en manos del FROB–, la mitad del ladrillo del extinto Banco Popular (unos 5.000 millones de euros por una cartera valorada en 30.000) y, con un mayor revuelo mediático, 1.860 viviendas de protección oficial propiedad del Ayuntamiento de Madrid, por solo 125 millones.
Parte del equipo de aquel consistorio, presidido por Ana Botella, ha sido condenado por el Tribunal de Cuentas por malvender este patrimonio público por debajo del precio de mercado y con numerosas irregularidades procedimentales. El esposo de Ana Botella, José María Aznar, se ha prestado recientemente a ‘abrir puertas’ a más fondos de esta estirpe en España para aprovechar las incertidumbres financieras del probable brexit. Uno de sus hijos, José María, dirige el fondo buitre Cerberus en España, que se hizo con casi todo el negocio inmobiliario del banco BBVA por 4.000 millones de euros y lo que los medios financieros denominan eufemísticamente “un importante descuento”.
El proceso judicial por el caso del Ayuntamiento de Madrid continúa al margen del dictamen contable del Tribunal de Cuentas, aunque los abogados de la acusación no se hacen grandes ilusiones. Más esperanzador es el que afecta a la venta de casi 3.000 viviendas públicas propiedad del Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) al fondo Azora-Goldman Sachs en 2013 por el gobierno regional del fenecido Ignacio González.
En dicha venta sobresalen conexiones ilustrativas. Una de las mayores directivas del IVIMA, Ana Gomendio, pertenece a una familia de la construcción y es, además, prima de Montserrat Gomendio Kindelán, entonces número dos del ministro de Educación José Ignacio Wert; más sospechosas son aún las redes del exconsejero de Vivienda, el multimillonario Pablo Cavero, cuya SICAV estaba gestionada por BBVA y Goldman Sachs, precisamente el propietario de Azora.
El saqueo del patrimonio público y la especulación sobre la economía nacional tienen soporte en una red de poder, un entramado de relaciones en el que Estado y grandes empresas se confunden
La repercusión del caso del IVIMA y de la condena a Botella y compañía no ha impedido, sin embargo, que la rapacería financiera continúe en todo el territorio nacional: los fondos buitre crecen por el ecosistema económico para hacerse con todo tipo de locales, cadenas de hoteles, empresas y relevantes paquetes accionariales. Los portavoces de estas empresas se jactan, además, de haber sacado a España de la crisis, contribuyendo a “estabilizar” los precios de las viviendas. Otro eufemismo que los mortales han experimentado en forma de incremento de precios de venta y alquiler.
Su capacidad para influir queda fuera de toda duda recordando las amenazas de Blackstone al gobierno de Pedro Sánchez para que no regulara el alquiler. El propio Claudio Boada reprochó a la ministra de Economía, Nadia Calviño, que Blackstone había invertido hasta 25.000 millones de euros en España y que podría llegar a marcharse ante una legislación más restrictiva. Un consejo que la disciplinada ministra se tomaría muy en serio al retirar la propuesta de limitación de los precios del alquiler de los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a 2019. El martes 22 de enero, Podemos retiró su apoyo al Decreto sobre alquileres del Gobierno por considerar que este había cedido a las presiones de Blackstone para no regular los precios.
El expolio continúa. Los buitres han hecho negocios que hubieran sido imposibles sin la complicidad de determinadas élites políticas. El saqueo del patrimonio público y la especulación sobre la economía nacional tienen soporte en una red de poder, un entramado de relaciones en el que Estado y grandes empresas se confunden y se combinan gracias a acuerdos implícitos, puertas giratorias y comunión de intereses. Una estructura antidemocrática que difícilmente garantiza un horizonte económico estable y próspero para la mayoría.
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