¡Hola! El proceso al procés arranca en el Supremo y CTXT tira la casa through the window. El relator Guillem Martínez se desplaza tres meses a vivir a Madrid. ¿Nos ayudas a sufragar sus largas y merecidas noches de fiesta? Pincha ahí: agora.ctxt.es/donaciones

Graciela Gallego dejó su Colombia natal rumbo a España en julio de 2001. Tenía formación como docente y experiencia como administrativa en el sector bancario. “Pero ya me dijeron que no venía a ninguna oficina”, recuerda.

Llegó un sábado y el lunes ya tenía trabajo. Lleva dieciocho años como empleada doméstica interna, cuidando de personas mayores. “Es el nicho laboral que encuentras”, explica. “La Ley de Extranjería nos tiene ahorcadas”.

Para Graciela, que atiende a una persona de 91 años, la vida de las internas es difícil, monótona y solitaria. Dice que no siempre se respetan los derechos de las empleadas, como disponer de una habitación propia o de dos horas de descanso después de comer. Las jornadas son largas y el trabajo se acumula.

“Es muy complicado, no hay horarios, no hay una definición de las tareas”, apunta Rafaela Pimentel, que vino de la República Dominicana hace 27 años. Allí trabajaba en una ONG que defendía los derechos de las mujeres y reivindicaba servicios públicos en los barrios populares. Aquí es empleada doméstica. Trabaja para la misma familia desde hace 21 años, en régimen externo. Está contenta con ellos. Afirma que la situación de sus compañeras varía muchísimo en función del empleador.

En España hay unas 405.000 personas afiliadas a la Seguridad Social a través del Sistema Especial de Empleados del Hogar, según los datos de enero del Ministerio de Trabajo. El 95,5% son mujeres. No tienen derecho a la prestación por desempleo. En cuanto a la pensión, el sistema especial no cubre las lagunas de cotización en la vida laboral. La integración en el régimen general es una de las principales reivindicaciones del sector.  Estaba previsto que se produjera este año, pero en mayo, el Partido Popular introdujo una enmienda a los presupuestos que retrasaba esta medida hasta 2024. Los colectivos de trabajadoras domésticas se movilizaron. Pimentel, que pertenece al grupo Territorio Doméstico, define estas protestas como “un hito” en la organización del sector. 

Trabajo sumergido

El problema de la precariedad, sin embargo, va más allá. En 2016, un estudio de la Organización Internacional del Trabajo calculaba que casi un tercio del trabajo doméstico en España forma parte de la economía sumergida. Cerca de 200.000 personas.

La Ley de Extranjería requiere tres años de residencia acreditada en territorio nacional y una oferta de contrato para poder obtener el permiso de residencia y trabajo por “arraigo social”. “Muchas trabajadoras aguantan esos años en una situación de neoesclavismo y cuando llega el momento de regularizar su situación, la persona de la que están cuidando fallece, o las despiden”.

Lo explica Josefina Roco, miembro del grupo Trabajadoras No Domesticadas y una de las autoras del estudio del mismo nombre, una “investigación militante” que analiza la situación de las trabajadoras domésticas en Euskadi, publicada el año pasado.

“Hay situaciones muy duras, internas que cobran 300 o 400 euros al mes por seis días a la semana”, señala Pimentel. “Una que cobra 700 u 800 euros va que chuta. También las hay que cobran 1.000 o 1.200”, apunta, “pero a lo mejor es una de cada diez”.

Roco enumera las anomalías de una relación laboral que tiende a no percibirse como tal. Los empleadores no suelen tener experiencia en la contratación. No se exigen condiciones de sanidad, seguridad e higiene en la vivienda. La inspección de trabajo no ejerce el mismo control que en otros sectores debido a la inviolabilidad del domicilio, un espacio privado. Además, las características del trabajo favorecen el chantaje emocional: “Tú entras a una casa y ya eres parte de la familia. El afecto se vuelve en contra de las trabajadoras, y se utiliza como medio para pagarles menos, para no darlas de alta en la seguridad social, para hacer promesas que nunca se cumplen, a cuenta de que bueno, estamos en crisis, hay que aguantar...”, dice Roco.

Gallego señala que, en ocasiones, las personas dependientes de las que cuidan tienen carencias afectivas graves. “A veces solo ven a los hijos una vez a la semana, o menos”, lamenta. “No puede ser que el sostén de la vida recaiga en las trabajadoras domésticas, siempre mujeres”, dice Rafaela Pimentel. Reclama políticas públicas que favorezcan la corresponsabilidad en el trabajo de cuidados, y que este se valore como merece. “Sin nosotras no se mueve el mundo”, afirma Graciela Gallego, quien no se plantea hacer huelga el 8 de marzo porque “es imposible”, dice, “una persona depende de mí”.  

“El Estado del bienestar tiene muchas carencias aún en España”, sentencia. “¿Qué hacemos con una abuela que tiene una pensión de 600 o 700 euros, para pagarle a una cuidadora 900, que es el salario mínimo?” Para Roco las trabajadoras domésticas están cubriendo “un vacío en la sociedad”. 

A Gallego, el aislamiento del trabajo como interna no le ha impedido reivindicar los derechos del sector. Trabaja en la puesta en marcha de una cooperativa de cuidados. Rafaela Pimentel está organizada desde 1995, empezó en el ámbito del feminismo, más tarde ingresó en Territorio Doméstico. Ambas destacan la importancia de las reuniones de estos colectivos, donde además de prestar apoyo en cuestiones como ir al médico o a juicios, las trabajadoras domésticas se dedican a “hablar, reír, cantar, desconectar”.

El 23 de febrero, representantes de diversas asociaciones de trabajadoras domésticas se reunieron en Zaragoza con el objetivo de coordinar acciones y poner en marcha una red estatal de cuidados. “Tenemos que saber que no estamos solas” dice Pimentel.