Nueve días después de la renuncia forzada de su presidente constitucional Evo Morales, Bolivia se duele de 28 muertos y 750 heridos por bala. El conteo incluye las seis personas muertas este 19 de noviembre de 2019 en la zona de Senkata (ciudad de El Alto), y también los tres miembros de las facciones cívicas opositoras que murieron en choques entre ‘cívicos’ y ‘oficialistas’ a partir del 21 de octubre tras las elecciones presidenciales. Entre los muertos también se cuentan dos policías: uno fallecido en un accidente de moto en medio de una operación represiva, y otro recientemente fallecido, en el hospital, como secuela de la golpiza que recibiera de manos de una multitud.

La mayoría de las víctimas —todas o casi todas— es gente pobre. Los demás murieron en acciones punitivas combinadas del ejército y la policía, por el hecho de salir a las calles a exigir la renuncia de la actual presidenta de facto. 

La defensa popular se activó el día mismo del primer motín policial en contra de Morales, durante el cual varios uniformados quemaron la wiphala —la bandera indígena— o la arrancaron de sus uniformes. 

Imágenes del agravio a la bandera indígena circularon ampliamente por redes sociales y por algunos canales de televisión. Según la actual Constitución, la wiphala del Kollasuyo, considerada como la bandera ancestral de las naciones indígenas de las tierras altas de Bolivia, es uno de los emblemas de la patria. 

Aquella quema, tan real como simbólica, resultó profundamente ofensiva para los indígenas: el día del golpe, el máximo dirigente cívico de Santa Cruz introdujo en palacio de gobierno una biblia y una bandera boliviana, poniendo de manifiesto su desprecio por la actual Constitución (que señala tanto el carácter laico del Estado como la coexistencia en la nación de una pluralidad de pueblos indígenas). Encima de ello, propició que policías con el rostro cubierto arriaran la wiphala de la plaza de armas y la arrancaran con violencia del frontis del palacio. 

La caída de Evo Morales, de adelante hacia atrás

La policía comenzó a amotinarse el viernes 8 de noviembre en favor del movimiento cívico, opositor a Evo Morales. La tarde del 10, las fuerzas armadas conminaron al presidente a renunciar. Acorralado por las fuerzas de coerción estatal, Morales renunció al cargo hacia las cinco a través de un mensaje televisado. 

Como antecedente de aquel suceso está la huelga cívica que, desde el 22 de octubre —dos días después de las elecciones generales— asfixiaba con un paro y bloqueo de caminos e instituciones públicas las ciudades de Bolivia. 

Dicha medida contó con la participación activa, entusiasta y muchas veces furiosa y racista de las clases medias y los estudiantes universitarios. Avanzó a partir de una demanda de segunda vuelta electoral exigida por Carlos Mesa (candidato de la centro-derecha) el día mismo de las elecciones hasta desembocar, 21 días más tarde, en el pedido de renuncia del presidente constitucional Evo Morales. 

En el interim, los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), presidida por Luis Almagro, ya habían vertido juicios de valor considerando el proceso electoral “colmado de vicios”. Dichas declaraciones fueron el detonante de la furia cebada y abonada, con meses de antelación, por todos los oponentes a Morales. Y ello porque el presidente participó en la contienda electoral pese a haber perdido, el 21 de febrero de 2016, un referéndum para habilitarse a una nueva elección, contraviniendo así, con apoyo del Tribunal Constitucional, un artículo expreso de la Constitución Política que sólo permite presentarse a dos elecciones consecutivas a cualquier presidente. 

El 24 de octubre, Evo Morales convocó a veedores de la OEA para realizar una auditoría completa –cuyo resultado tendría carácter vinculante, prometió– de las actas electorales; actas que le habían dado el triunfo con un 47% de los votos sobre su contendor inmediato, Carlos Mesa, quien obtuvo en el cómputo oficial algo más del 36% de los votos. 

Durante el tiempo en que la auditoría se realizaba, los opositores encabezados por el fundamentalista de extrema derecha Luis Fernando Camacho, al mando del Comité Cívico de Santa Cruz, ni un solo día cesaron de provocar con marchas, bloqueos de calles y caminos, agresiónes y amedrentamientos a los sectores afines al gobierno, paseando en las principales ciudades sus grupos parapoliciales organizados bajo el ambiguo denominativo de “Resistencia Juvenil”. Se trata de grupos altamente móviles —se desplazan en motocicletas— armados con bates, palos y bazukas de fabricación artesanal para contrarrestar las ora tímidas y ora rabiosas manifestaciones de los simpatizantes del oficialismo. Los grupos de “Resistencia Juvenil” operaban con la anuencia de la policía. 

Mediadas por la parcialización de la prensa, las agresiones de los grupos cívicos de choque se registraron con mayor fuerza en los alrededores de Santa Cruz, en el populoso Plan Tres mil, bastión del oficialismo, y en la ciudad intermedia de Montero, donde en un enfrentamiento, confuso incluso ahora la falta de información ecuánime, resultaron muertos dos miembros de la facción cívica. 

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra era —y es— el territorio por excelencia del Comité Cívico de Camacho, quien legitima su mando con “cabildos” multitudinarios. El Comité, con centenares de voluntarios y voluntarias, controlaba todas las acciones públicas en la ciudad, dictaminaba el cierre de instituciones, regulaba el control de los desplazamientos de la ciudadanía mediante la emisión de salvoconductos y permisos para desempeñar algunas actividades “esenciales” durante los días del paro.

El 4 de noviembre, en pleno pico de la embestida cívica, el gobierno otorgó un bono extra de tres mil bolivianos a todos los miembros de la policía, agotados por tantas semanas resistiendo el embate de las multitudes opositoras. El paliativo llegó tarde: esa misma noche, en el autodenominado “Cabildo de la Unidad”, multitudinario y melodramático, el cívico de Santa Cruz se mofó del monto erogado por el gobierno y anunció públicamente compromisos previos, consolidados, con la policía y el ejército. 

El Comité Cívico comunicó además su nueva táctica, que podría parecer histérica, para forzar la renuncia de Evo Morales: Camacho se trasladaría a La Paz para llevar personalmente la petición de renuncia al primer mandatario, llevando consigo al palacio de gobierno una biblia y la bandera tricolor boliviana. 

El apoyo que anunció públicamente Camacho se tradujo, días después, en el amotinamiento policial general que comenzó el viernes 8 en las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz y Sucre y se completó al día siguiente con el resto de ciudades, culminando en La Paz, donde la policía dejó sin protección alguna a las instituciones gubernamentales. 

En aquella semana, la del 4 al 8 de noviembre, las fuerzas de choque de los comités cívicos registraron una serie de hazañas agresivas en contra de organizaciones de origen campesino, indígena y de los barrios pobres de algunas ciudades. El miércoles 6, las fuerzas opositoras en Cochabamba vejaron públicamente a la alcaldesa oficialista del municipio aledaño de Vinto, agredieron a campesinas cocaleras llegadas del Chapare, desnudaron y apalearon a un ex viceministro del gobierno. Del bando opuesto, murió un joven de 21 años, a quien posiblemente le reventó una bazuka casera en el mentón (las que maneja la “Resistencia Juvenil Cjochala”) durante un enfrentamiento, sobre un puente, con simpatizantes del oficialismo. (La información sobre la bazuka fue declarado por un médico y luego ocultado por los informes forenses).

Por su lado, el jueves 7 de noviembre, los cívicos del sur del país enviaron a la sede de gobierno delegaciones de jóvenes universitarios y grupos de mineros cooperativistas y de algunos miembros de una comunidad indígena aliada para ayudar a ejercer presión sobre La Paz, donde a punta de dinamitazos y palos, los mineros sindicalizados, indígenas de Oruro y del norte de Potosí, y miembros de otras organizaciones sociales estaban defendiendo al gobierno.

Las delegaciones cívicas fueron interceptadas y apedreadas por los simpatizantes del oficialismo a lo largo del camino que cruza el altiplano orureño. Un minero cooperativista resultó herido con arma de fuego. La prensa y las redes sociales se ocuparon de propagar noticias, que resultaron falsas, sobre la violación y el rapto de dos muchachas universitarias. 

El viernes 8 empezó el motín policial. Para el sábado 9, ya el gobierno y sus instituciones estaban sin protección alguna. Desde la oposición –tal vez para acelerar el golpe– se insinuaba que el presidente podía sacar a las fuerzas armadas. Pero el gobierno se negaba a convocarlas. A esas alturas, el ejército dio un paso al frente para anunciar “que no iba a salir a reprimir a su pueblo”.

Las horas oscuras

En horas tempranas de la mañana del domingo 10 de noviembre, la OEA hizo conocer su veredicto sobre la auditoría, anunciando que las elecciones habían sido fraudulentas –posteriormente, expertos internacionales han dado a conocer que la auditoría misma fue la que estuvo amañada. 

Horas después, el presidente de Bolivia, rodeado de dirigentes sociales, anunció desde el Chapare que la Asamblea Legislativa, donde su partido tiene el control de los dos tercios de votos, anularía las elecciones, destituiría a las autoridades electorales, elegiría nuevas y convocaría a una nueva elección.

Pero esa mañana las huestes furiosas de la oposición ya no le dieron tregua. Salieron en Potosí, la otrora ciudad proletaria, a quemar casas y agredir a los familiares de un ministro y de asambleístas plurinacionales. Lo mismo pasaba en Cochabamba y otros lugares. Cerca de mediodía la Central Obrera Boliviana, con escaso poder de convocatoria y con muchas de sus confederaciones cooptadas por los Comités Cívicos, sugirió la renuncia del presidente. Por la tarde lo hizo el ejército. 

Así se precipitaron los acontecimientos de lo que el candidato Carlos Diego Mesa se había apurado a proclamar un “primavera boliviana”. Primavera que no floreció: otra gran mayoría todavía no se estaba expresando. 

Por la noche, los vecinos de los barrios ricos y zonas relativamente acomodadas de La Paz, presas de pánico colectivo, se encerraron en sus casas y algunos levantaron barricadas que colmaron, por si acaso, de wiphalas: los policías difundían el rumor de que “hordas” que estaban bajando de El Alto a saquear y quemar los hogares paceños.

Y es que esa noche, la del 10 de noviembre, grupos que aún no han sido investigados intentaron asaltar la embajada de Venezuela. Por la madrugada, otros grupos, tampoco investigados ni identificados hasta hoy, quemaron enteramente la flota de modernos autobuses de la alcaldía de La Paz, los Pumakatari. En El Alto se dice que los pobladores asaltaron algunas tiendas, que tumbaron la antena de un canal de televisión afín a los cívicos y saquearon la alcaldía, afín a la derecha. Ese tipo de actos vandálicos/terroristas ya no se repitieron por el día. 

Los motivos de un pueblo

Es necesario decir algo más acerca de la quema de la wiphala. El 11 de noviembre, los policías de la plaza Murillo, en pleno centro del gobierno ausente, organizaron un pequeño acto de desagravio a la bandera indígena. 

Pero era tarde para las disculpas. La furia no sólo se desató en forma de marchas y manifestaciones sino en la quema de casi todas las estaciones policiales de la ciudad aymara de El Alto y algunas estaciones policiales en la zona sur de La Paz. No sólo por la afrenta a la wiphala sino lo que la percepción popular interpretaba como una traición evidente de la policía: la entrega del proceso democrático boliviano a las fuerzas más reaccionarias y antidemocráticas, oscurantistas y racistas del espectro político.

Aquella acción motivó las marchas a La Paz desde ese mismo lunes y las consecutivas marchas multitudinarias, bloqueos y manifestaciones populares que pese a los muertos, centenares de heridos, presos, gente entrada a la clandestinidad y amenazada de muerte, no cesan en toda Bolivia y se han decantado, este 19 de noviembre, en el asedio a la estación de hidrocarburos de Senkata, desde donde se distribuye todo el combustible de ciudad de La Paz.

Se trata de la trágica repetición de un asedio similar, ocurrido en octubre de 2003. Pero ahora sin el apoyo y la solidaridad de las clases medias. 

Los motivos del odio

Resulta imperativo, asimismo, contar algo de la emergencia del actual gobierno de facto.

El pasado 12 de noviembre la senadora Jeanine Añez, en calidad de vicepresidente de la Cámara de senadores, por parte de la bancada minoritaria de derecha Unidad Demócrata (que logró apenas un 8% de votos en las pasadas elecciones), se autoproclamó presidenta de Bolivia. Puso como pretexto la ausencia de asambleístas plurinacionales, la renuncia de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y del presidente de la Cámara de diputados, Víctor Borda. Es decir, se basó en la ausencia de gobierno. A la par, hizo correr la voz de que la bancada mayoritaria del Movimiento al Socialismo se negaba a presentarse para sesionar en la Asamblea Legislativa —aunque luego se supo que la mayoría de los representantes nacionales del Oficialismo estaba amenazada, y que muchos no pudieron llegar por el bloqueo cívico que se prolongó hasta poner a Añez en el gobierno.

Inmediatamente tras su asunción, con el fundamentalista Camacho a su costado sosteniendo una biblia de aspecto medieval, y ante una pequeña tropa de policías, militares, periodistas y sacerdotes que la observaban desde la plaza Murillo, Áñez anunció que el suyo sería un gobierno provisional y se dedicaría a convocar prontamente a elecciones. 

Al día siguiente, la autoproclamada nombró parte de su gabinete de ministros, y empezó a ejecutar acciones agresivas en política internacional, a ordenar la caza de subversivos mediante su ministro de gobierno, a amedrentar a la prensa extranjera y nacional mediante su ministra de comunicación. Junto a todo eso, dictó un decreto eximiendo al ejército y a la policía de responsabilidades penales en caso de generar muerte entre civiles; es decir sacó toda la represión a la calle dotándola de impunidad.

La resistencia popular y multitudinaria contra Áñez se ha ido intensificando. Pero se trata de multitudes de gran vulnerabilidad, comunidades campesinas enteras que bloquean las rutas del país, juntas vecinales alteñas que a grito furioso exigen la renuncia de la autoproclamada. Entre tanto, la intelectualidad en las ciudades se manifiesta por redes sociales, o se mantiene en la clandestinidad, temerosa de represalias.

Todo ocurre en medio de un cerco mediático que han extendido prácticamente todos los periódicos impresos del país, los canales televisivos, y una gran cantidad de radioemisoras para no informar con la ecuanimidad y proporción necesarias sobre los sucesos, evitando dar voz o cobertura a los sectores en rebeldía, y más bien abocándose a amplificar las falsas pruebas que con que el gobierno pretende desprestigiar el levantamiento para arrasar con él. 

Resultado son los muertos de Montero, los muertos de Yapacaní (en el departamento de Santa Cruz), los muertos de la población de Sacaba (sobre la ruta al Chapare) y la zona sur de Cochabamba, los muertos de la zona sur de La Paz, del norte de Potosí y ahora de El Alto. 

También del lado del actual gobierno, en actitudes incluso vergonzantes, se alinean importantes segmentos de la clase media: los que antes luchaban contra la “dictadura” de Evo, temerosos de que los simpatizantes de su odiado tirano logren retornarlo al país, claman ahora, ante todo, por “la pacificación”.

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Soledad Domínguez es periodista independiente y documentalista boliviana basada en la ciudad de Sucre. Directora del largometraje documental Hermana Constitución.