Alejarse nueve mil kilómetros de casa para ganar calidad de vida fue la apuesta de Lila (nombre ficticio a petición de la fuente), igual que lo es para otros miles de mujeres que migran solas procedentes de América Latina. Una apuesta motivada, en muchos casos, por la posibilidad de enviar dinero a familiares que dejan en el país de origen. Aunque no fue así para Lila, que reconoce haber tenido una posición acomodada antes de cruzar el Atlántico. “Me fui de mi país huyendo de la violencia, para tener menos inseguridad, y aquí, en una posición bastante vulnerable, me encontré con otra violencia más soterrada”, resume. Al migrar, Lila conoció la soledad. Y, también, al padre de sus hijos. Compartió con él 15 años que la mandaron al hospital y le generaron dependencia económica. Romper esta relación fue “una decisión de supervivencia”, relata.

Las mujeres migradas aparecen sobrerrepresentadas en los casos de violencia machista. Según la última macroencuesta de violencia contra la mujer del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la violencia física se duplica entre las parejas y exparejas de las mujeres que han experimentado un proceso migratorio. Reconocen haberla sufrido un 20,5%, frente a un 9,5% de las nacidas en el España,  según recoge la macroencuesta del Gobierno, elaborada en 2015.

La desproporción entre mujeres migradas y no migradas se mantiene –cercana o superior al doble– en las otras formas de violencia que recoge la encuesta: sufren más violencia económica (experimentada por más del 21%), violencia sexual (más del 15%) y comportamientos de control (reconocidos por más de cuatro de cada diez). También tienen más miedo de sus parejas, un indicativo de sufrir comportamientos violentos, que sienten una de cada cuatro mujeres no nacidas en España.

Las mujeres que han experimentado un proceso migratorio reconocen haber sufrido algún tipo de violencia física un 20,5%, frente a un 9,5% de las nacidas en el España

Diversos factores aparecen tras el hecho de que estas mujeres sufran más violencia machista. El impacto que puede tener en las personas provenir de entornos en los que a menudo el discurso público dominante refuerza la consideración de las mujeres como seres subordinados a los hombres, y en los que el marco legal no reconoce el derecho a protección y reparación ante situaciones agudas de abusos por razón de género, es uno de los detectados. Ahora bien, las múltiples vulnerabilidades que implica el hecho de migrar son determinantes para explicar la mayor incidencia, reincidencia y gravedad de la violencia que sufren.

“Si asumimos que es una cuestión cultural, asumimos que son víctimas de hombres extranjeros, cuando, de forma recurrente, los agresores de las extranjeras son españoles”, apunta Lorena Antón, abogada de SOS Racismo. “Cualquier persona en un país extranjero está en una situación estructural más compleja que hace que pueda ser víctima en mayor proporción que una persona nacional”, añade. 

También en su forma más extrema, la violencia machista impacta más contra las mujeres que han vivido un proceso migratorio. La prevalencia de feminicidios por cada millón de mujeres extranjeras multiplica por seis la tasa detectada por cada millón de mujeres españolas, según indica la Asociación de Investigación y Especialización Sobre Temas Iberoamericanos (AIETI) en el estudio ‘Mujeres migrantes víctimas de violencia de género en España’.

Durante 2019, 55 mujeres han sido asesinadas a manos de su pareja o expareja. Un 60% de ellas (33) habían nacido en España. Un 40% (22 mujeres), en otros países. Sobre los presuntos asesinos, un 61,8% (34 hombres) son nacidos en España y un 38,2% (21 hombres), no. “La cadena de vulnerabilidades, como son la incomunicación con sus familias y el temor a ser expulsadas, construyen un muro de aislamiento en la víctima que la lleva a soportar altos niveles de violencia, sin que pueda evitar su muerte”, explica Graciela Atencio, directora del observatorio feminicidio.net.

Cúmulo de violencias 

Exclusión laboral o bien dilatadas jornadas de trabajo en condiciones altamente precarizadas, sumadas a la necesidad de enviar remesas a familiares que han dejado en el país de origen, componen uno de los grandes muros con el que topan muchas mujeres migradas para salir de la violencia machista.

Al cúmulo de dificultades para la autonomía económica (discriminación laboral, asunción de trabajo de cuidados dentro de la propia familia, presión de mantener a familiares a cargo…), a menudo hay que añadirle un extra: el que genera la falta de red social en el país de llegada. Así como el que provoca desconocer sus derechos y la lejanía de los recursos de apoyo existentes. Una distancia que se agudiza para las mujeres que no hablan ninguno de los idiomas propios del territorio en el que ahora residen. 

“La administración tiene que reconocer las dificultades añadidas de las mujeres migradas y las especificidades que nos cruzan al mismo tiempo que nos cruza la desigualdad de género”, reclama Iskra Orrillo, psicóloga especializada en violencias de género y presidenta de la asociación de mujeres latinoamericanas Amalgama. “Si los recursos de atención psicosocial y jurídica, así como los cuerpos de seguridad, responden a una mirada etnocéntrica; si no cuentan con profesionales que conocen y comprenden las dificultades de las mujeres migrantes; si no se tiene en cuenta que hay mujeres que no podrán acudir a los servicios si no atienden durante los fines de semana, ellas no accederán a lo que tienen derecho a acceder para salir de la violencia de género”, reclama.

Las mujeres pueden llegar a obtener el permiso de residencia al ser reconocidas víctimas de violencia de género tras el proceso judicial, pero se logra en muy pocos casos

Estar en situación administrativa irregular –situación a la cual la ley de extranjería condena como mínimo tres años a las personas migradas al Estado español– se convierte en un escollo de temor a menudo demasiado grande para optar a protección frente a la violencia machista. Según el estudio de AIETI, su tasa de denuncia es “anecdótica”, cosa que “estaría indicando que las mujeres en situación de irregularidad jurídica no piden ayuda [institucional] cuando sufren violencia de género”.

Las mujeres pueden llegar a obtener el permiso de residencia al ser reconocidas víctimas de violencia de género tras el proceso judicial, pero se logra en muy pocos casos, advierte la abogada de SOS racismo Lorena Antón. Sin embargo, una mujer que denuncie violencia machista fuera del marco de la pareja –la única forma de violencia de género que reconoce la ley estatal– “puede acabar con una orden de expulsión”. “Ahora mismo si denuncias una agresión sexual y estás en situación administrativa irregular dependes de la sensibilidad del policía que te atiende y, si a la mujer se le pregunta sobre su situación administrativa, no va a volver a denunciar. Falta una confianza básica en las administraciones”, lamenta Orrillo. Por eso, la asociación Amalgama ha organizado una red de mujeres que facilita a otras acercarse a los recursos públicos, a la vez que promueve la prevención de la violencia machista desde los barrios.

Trabajo de cercanía

El trabajo de sensibilización de cercanía es prioritario también para Aissatou Diallo, impulsora de la organización Unión de Mujeres Africanas y de la Asociación Humanitaria contra la Ablación de la Mujer Africana. Tiene claro que la violencia contra las mujeres hay que problematizarla con los hombres, a la vez que trabajar con los y las jóvenes. “Tienen que saber qué es violencia de género antes de que se casen”, expone esta mediadora, originaria de Guinea. 

Diallo asegura que el peso del estigma de separarse, así como el temor al rechazo de los familiares y la comunidad, dificultan mucho que las mujeres de países subsaharianos salgan de relaciones violentas y, aún más, que denuncien a los agresores. La barrera lingüística, destaca, a menudo las mantiene lejos de los servicios públicos. “Al participar en reuniones o fiestas de la comunidad, también hablamos de nuestros problemas y las que somos activistas empezamos a sensibilizar. Poco a poco, la mujer que lo necesita habla con nosotras, le aconsejamos y le decimos qué puede servirle de ayuda”, explica.

El peso del estigma de separarse, así como el temor al rechazo de los familiares y la comunidad, dificultan mucho que las mujeres de países subsaharianos salgan de relaciones violentas y, aún más, que denuncien a los agresores

Aparecen puntos en común al escuchar el relato de Xhiu Zhu Ma, que dejó Cantón (China), donde ejercía de profesora de literatura, motivada por “abrir los ojos” fuera del sistema de su país. Lleva más de veinte años en el barrio de Sant Roc de Badalona. A su lado, está Leila, una de sus compañeras mediadoras culturales en el Consorcio de Badalona Sud. En su caso, hace once años que tomó la decisión de probar suerte fuera de Marruecos. Con título y experiencia de abogada bajo el brazo, cruzó la frontera mediante un contrato laboral de limpiadora. Ambas han experimentado la dificultad de insertarse en el mercado laboral en trabajos con buenas condiciones laborales. “Los horarios no lo ponen fácil para aprender un nuevo idioma”, destaca Xhiu Zhu Ma.

Antes de ser mediadora, ya hacía años que, desde la informalidad, intentaba facilitar la relación entre las personas de su comunidad que no conocen bien el castellano y los servicios públicos del territorio. “Les digo que en el Ayuntamiento hay un servicio para ayudar a las mujeres, pero ninguna quiere ir. Sienten vergüenza y miedo de perder a los hijos”, explica sobre algunas mujeres que llegan a hablar de la situación de violencia que sufren, una vez se han ganado su confianza. En la medida de sus posibilidades, Xhiu Zhu intenta enseñar un poco de castellano a las que más lo necesitan para encontrar otro trabajo. Es habitual que las migrantes chinas se ocupen en negocios familiares, explica, por lo que hay casos en los que trabajan con quien las agrede y no tienen acceso a ingresos propios.

Leila explica que entre las mujeres procedentes de Marruecos también prevalece la idea de que sufrir violencia es algo vergonzoso. "Sienten que tienen que aguantar por sus hijos y por la familia que han dejado. Ahora bien, las que tienen independencia no aguantan lo que aguantan las que no tienen trabajo”, afirma. “Tienen miedo y la barrera del idioma las paraliza. Pero cuando dejan de aguantar, a menudo cuando tocan a sus hijos, llega la revolución”, añade Leila. 

Según se extrae del informe del CGPJ sobre víctimas mortales de la violencia de género, al analizar la década 2009-2018, el porcentaje de mujeres asesinadas que habían tramitado una denuncia es algo superior entre las víctimas extranjeras (28,6%, frente al 26,8% de las víctimas españolas). El dato apunta a una mayor desprotección para las mujeres migrantes que denuncian sufrir violencia machista, ya que, pese a denunciar más, la tasa de feminicidios es mayor.

Nuevas agresiones una vez en el sistema judicial

El dolor de andar por el camino que presuponía protector, lo tiene aún a flor de piel. “La primera vez que fui a la policía se me rieron en la cara. Lo que esperan de una víctima de violencia de género es una mujer totalmente destruida física y emocionalmente. Y en el sistema judicial, me sentí tan desprotegida… tan vulnerable”, recuerda Lila. Explica que confundir las fechas de algunos hechos, hizo que el juez la considerara “incongruente”. Su causa fue denegada. “El padre de mis hijos argumentó que soy extranjera y que me los quería llevar lejos de España. Consiguió cumplir la amenaza de quitarme a los niños si yo lo dejaba”, narra Lila.

La abogada Lorena Antón denuncia “un cuestionamiento de la credibilidad mucho mayor que el que afecta a las españolas”. “Los prejuicios que tienen los jueces son muy relevantes, cosa que tiene que ver con desconocer otras vidas que no sean de poder y estatus social alto, por lo que, cuando se encuentran con mujeres con situaciones familiares especialmente complejas, no entienden por qué siguen ahí, por qué no denuncian antes… Si los jueces no están formados y sensibilizados, esto no cambiará”, alerta. 

Durante el proceso, la barrera idiomática, de nuevo, aparece como un escollo demasiado grande. “El derecho de interpretación lo conciben como si fuera un derecho de los jueces”, lamenta la abogada de SOS Racismo, que advierte que “la mujer migrada con barrera idiomática está en una posición de desventaja en el sistema judicial, cuando no debería ser así para ninguna víctima”. “En la mayoría de los juzgados, no dejan traducir la declaración del agresor y de los testigos, por lo que la víctima no sabe qué pasa a lo largo del juicio. No puede darse cuenta de alguna mentira o de algo erróneo y comunicarlo a su abogado”, denuncia Antón.

Las entrevistadas insisten en que denunciar no es una opción viable para las mujeres que ven en la violencia de su pareja tan solo uno de los problemas que afrontar

Denunciar no es la panacea frente a las situaciones de violencia machista en el marco de la pareja y parece que lo es aún menos para las mujeres migradas, que acceden en menor medida a los recursos asociados a la denuncia de la violencia machista. Según detecta el análisis realizado por AIETI, “las migrantes sufren la violencia de género de forma desproporcionada comparado con las españolas y, sin embargo, son en menor medida beneficiarias de los recursos económicos que se disponen para ayudar a que salgan de dichas situaciones para evitar, entre otros hechos, un menoscabo a su integridad o su asesinato”, concluye el citado estudio. 

A la vez, las entrevistadas insisten en que denunciar no es una opción viable para las mujeres que ven en la violencia de su pareja tan solo uno de los problemas que afrontar. “Las carencias que tienen las mujeres migradas a menudo son muy básicas como para decir denuncio y me largo”, remarca Wendy Espinosa, coordinadora de proyectos de la cooperativa Mujeres Pa’lante. “La red de servicios de apoyo a mujeres no resuelve todas las situaciones que viven: no te dará un trabajo y mandará dinero a tu familia”, ejemplifica. 

Aprender los idiomas del territorio en el que residen, explorar opciones de acceder o generarse empleo y activar redes de apoyo, es a menudo el plan más viable que pueden asumir las mujeres para lograr salir, lo antes posible, del techo del agresor, explica Espinosa. “Las mujeres necesitan un abanico de soluciones que no pasen solo por el sistema penal”, reclama también Antón. “Hay que garantizar que estén informadas de que lo que están viviendo se considera violencia, que no es una forma aceptable de relación y que, si lo quieren denunciar, pueden hacerlo. Y si no quieren denunciar, deben poder acceder a otras opciones que impliquen recursos económicos. De otro modo, muchas mujeres no podrán hacer nada respecto a la situación que están viviendo”, expone la abogada.

Al migrar, Lila ha conocido la dificultad de superar la violencia machista lejos de todas las personas de confianza. Y también, ha conocido su resiliencia. En el proceso de recuperación, la actividad dentro de la asociación Amalgama, mediante la que rompió el aislamiento que envuelve a muchas de las mujeres que llegan al Estado, ha sido un factor importante, remarca. Ahora colabora en su red de promotoras comunitarias. “Ayudando a otras mujeres me he sanado. He substituido recuerdos terribles que tenía con los casos de éxito de otras”. Con éxito, aclara Lila, se refiere a experiencias en las que las mujeres “han sido escuchadas y bien atendidas”.